El Gobierno de San Juan reafirmó su decisión de garantizar la continuidad del ciclo lectivo tras el paro docente que, según cifras oficiales del Ministerio de Educación, alcanzó un acatamiento cercano al 70% en la provincia. El secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, aseguró que la administración provincial continuará privilegiando el diálogo con los sindicatos, aunque dejó en claro que utilizará las herramientas previstas en la legislación vigente para proteger el derecho de los estudiantes a recibir clases.

En declaraciones a la prensa, el funcionario remarcó que la realidad sanjuanina difiere de la disputa que atraviesa el sistema educativo a nivel nacional. «Nosotros no tenemos conflictos gremiales en San Juan entre gobierno y gremios; defendemos el derecho a la educación y queremos que los alumnos reciban clases», afirmó.

Achem destacó que la gestión encabezada por Marcelo Orrego sostiene una política de equilibrio fiscal que, según explicó, permitió mantener los salarios docentes por encima de la inflación sin comprometer las cuentas públicas ni el cumplimiento de las obligaciones del Estado provincial. En ese sentido, señaló que el objetivo es preservar el poder adquisitivo de los trabajadores sin poner en riesgo la sustentabilidad financiera de la provincia.

Al mismo tiempo, cuestionó las medidas de fuerza promovidas por las conducciones sindicales nacionales y consideró que responden, en muchos casos, a motivaciones ajenas a la realidad local. «No queremos que los conflictos nacionales, que muchas veces tienen carácter ideológico, afecten a la provincia», expresó, al tiempo que recordó las diferencias en la cantidad de paros registrados durante la actual gestión nacional respecto de administraciones anteriores.

El funcionario también confirmó que San Juan permanece a la espera de las definiciones que adopten el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Trabajo de la Nación para avanzar con la implementación de la Ley de Modernización Laboral. Explicó que ambos organismos ya solicitaron información a las provincias como parte del proceso previo a la aplicación de la normativa.

«El Gobierno está obligado a aplicar la ley, no puede elegir si la aplica o no», sostuvo Achem al referirse al alcance de la nueva legislación. En ese marco, indicó que la provincia recurrirá a todos los instrumentos legales disponibles para resguardar el derecho a la educación y reducir el impacto que los conflictos gremiales puedan tener sobre el desarrollo del calendario escolar.

La movilización convocada para el 7 de agosto unirá la Basílica de San Cayetano con Plaza de Mayo bajo la consigna «Tierra, Techo y Trabajo». UTEP, la CGT, las dos CTA y numerosas organizaciones sociales prevén una convocatoria multitudinaria para reclamar contra el ajuste económico, exigir la apertura de la paritaria federal y reivindicar derechos sociales y laborales.

Las organizaciones sociales y sindicales preparan para el próximo viernes 7 de agosto una de las manifestaciones más numerosas de los últimos años. En el marco de la tradicional peregrinación de San Cayetano, la convocatoria recorrerá el trayecto entre la Basílica del barrio porteño de Liniers y la Plaza de Mayo con la consigna «Tierra, Techo y Trabajo», una de las banderas impulsadas por el papa Francisco. Los organizadores sostienen que será «la marcha más grande de la década» y la presentan como el inicio de un período de mayor conflictividad frente a las políticas económicas del Gobierno nacional.

La protesta reunirá a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la CGT, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y el espacio Territorios en Lucha, del que forman parte organizaciones como Libres del Sur. También confirmaron su participación agrupaciones estudiantiles, organismos de derechos humanos, colectivos de mujeres y entidades profesionales, en una convocatoria que busca expresar un amplio rechazo a las medidas de ajuste y reclamar la reapertura de la paritaria federal.

La jornada comenzará por la mañana con la tradicional bendición de herramientas en el cruce de las avenidas Rivadavia y Jujuy, un gesto simbólico que cada año reivindica la dignidad del trabajo. Posteriormente, la columna principal partirá desde la Basílica de San Cayetano y avanzará por la avenida Rivadavia rumbo al centro porteño.

Durante el recorrido se incorporarán nuevas columnas. Libres del Sur y otras organizaciones nucleadas en Territorios en Lucha prevén concentrarse en el Obelisco para marchar junto a las dos CTA, antes de confluir con el resto de los manifestantes en Plaza de Mayo, donde se desarrollará el acto central.

El secretario general de ADICUS, Jaime Barcelona, aseguró que el paro nacional de docentes universitarios registró una elevada adhesión en San Juan, denunció el deterioro salarial acumulado desde fines de 2023 y sostuvo que el Gobierno nacional continúa sin cumplir las resoluciones judiciales que ordenan recomponer el financiamiento de las universidades públicas. Además, anticipó que el plan de lucha continuará durante el segundo semestre si no se reabren las negociaciones paritarias.

El conflicto universitario volvió a ocupar el centro de la agenda nacional con un nuevo paro de docentes convocado por las federaciones universitarias, en coincidencia con una jornada de protesta del sistema educativo. En San Juan, la medida de fuerza alcanzó una amplia adhesión y reavivó el reclamo por la recomposición salarial, el financiamiento de las universidades públicas y el cumplimiento de las decisiones judiciales que ordenan actualizar los recursos destinados al sistema.

En diálogo con Mundo Laboral San Juan, el secretario general de ADICUS, Jaime Barcelona, aseguró que la convocatoria tuvo una respuesta contundente en la provincia. Explicó que en la Facultad de Filosofía el acatamiento alcanzó aproximadamente el 75 %, mientras que en los colegios preuniversitarios osciló entre el 75 y el 95 %. También señaló una importante participación de docentes de la Escuela de Ciencias de la Salud y de distintas cátedras de las facultades de Exactas y Arquitectura.

Para el dirigente gremial, la elevada adhesión refleja el profundo malestar existente entre los trabajadores de la educación. En ese sentido, sostuvo que el conflicto excede al ámbito universitario y forma parte de una política de ajuste que, según afirmó, alcanza a todos los niveles del sistema educativo. Por esa razón destacó la coordinación nacional entre las federaciones docentes universitarias y los gremios nucleados en CTERA.

Barcelona vinculó la protesta con el deterioro del poder adquisitivo de los salarios y con la insuficiente actualización presupuestaria de las universidades nacionales. Indicó que, desde diciembre de 2023, la pérdida frente a la inflación supera ampliamente el cien por ciento, mientras que la recomposición otorgada por el Gobierno apenas alcanzó el 21 % luego de las masivas movilizaciones universitarias.

A su entender, esa diferencia compromete tanto los ingresos de los trabajadores como el funcionamiento cotidiano de las casas de altos estudios, ya que afecta la capacidad de afrontar gastos operativos, sostener proyectos académicos, desarrollar investigaciones y garantizar otras funciones esenciales del sistema universitario.

Frente a ese panorama, confirmó que el gremio comenzará una nueva etapa del plan de lucha durante el segundo semestre. En los próximos días, ADICUS debatirá en asamblea la postura que llevará al congreso de su federación nacional, donde se definirán las próximas medidas de fuerza. Entre las acciones previstas figuran nuevas jornadas de paro y la realización de clases públicas, una modalidad que buscará visibilizar el conflicto ante la sociedad sin interferir con las mesas de exámenes.

Según explicó, la intención es retomar esas actividades durante la segunda quincena de agosto, cuando todas las universidades hayan reiniciado plenamente el ciclo lectivo, y mantener la presión hasta que el Ejecutivo convoque a una nueva negociación salarial dentro de los plazos establecidos en el acta paritaria firmada en junio.

Barcelona también rechazó los cuestionamientos oficiales sobre el gasto universitario y defendió el rol de la educación superior para el desarrollo del país. Sostuvo que ninguna nación puede crecer sin un sistema universitario sólido y afirmó que las propias empresas demandan cada vez más profesionales formados en las universidades públicas.

A modo de ejemplo, advirtió sobre la alta demanda de ingenieros generada por la minería y advirtió que existe preocupación en el sector productivo por la futura disponibilidad de recursos humanos altamente calificados. En ese marco, insistió en que financiar la educación superior constituye una inversión indispensable para el crecimiento económico y no un gasto prescindible.

El titular de ADICUS también cuestionó la política económica del Gobierno nacional al considerar que el ajuste recae sobre los trabajadores mientras se reducen cargas tributarias para los sectores de mayores ingresos y para grandes exportadores. Desde su perspectiva, esa orientación explica buena parte del conflicto que atraviesan las universidades nacionales.

Respecto del diálogo institucional, Barcelona sostuvo que actualmente no existen canales de negociación abiertos con el Gobierno nacional y manifestó preocupación por la demora en la convocatoria a nuevas paritarias. No obstante, señaló que el acta firmada en junio establece que la próxima reunión deberá realizarse, como máximo, antes del 10 de septiembre, por lo que expresó su expectativa de que el Ejecutivo cumpla con ese compromiso y avance en una solución que permita recomponer salarios y garantizar el financiamiento del conjunto de instituciones académicas.

El conflicto docente universitario ingresa así en una nueva etapa, con medidas de fuerza ya anunciadas, reclamos judiciales aún pendientes de cumplimiento y una negociación salarial que aparece como la principal instancia para intentar descomprimir una disputa que, lejos de resolverse, amenaza con intensificarse durante el segundo semestre.