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La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de San Juan (ADICUS) ratificó el paro de 72 horas que comienzó este miércoles 30 de septiembre y se extenderá hasta el viernes 2 de octubre, en adhesión a la medida nacional convocada por CONADU y CONADU Histórica. La huelga alcanzará el dictado de clases en las facultades y en los colegios preuniversitarios de la UNSJ.

El reclamo combina dos puntos centrales: la recuperación de los salarios docentes y el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria. La norma establece mecanismos de actualización para los haberes docentes y nodocentes y dispone la recomposición de programas destinados a estudiantes.

En medio de la escalada judicial, el juez Martín Cormick —titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11— ratificó este miércoles la intimación al Gobierno nacional para que acate la cautelar universitaria en un lapso de cinco días. El magistrado consideró insuficientes los argumentos del Ejecutivo y advirtió que mantendrá las multas diarias en caso de persistir el incumplimiento.

La resolución se produjo después de que el Gobierno apelara la primera intimación y sostuviera ante la Justicia que ya había cumplido con las obligaciones alcanzadas por la cautelar. La controversia judicial se concentra en la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, referidos a salarios universitarios y programas de becas.

En San Juan, además, ADICUS cuestionó la presentación judicial impulsada por familias de estudiantes de los colegios preuniversitarios que procuran evitar nuevas interrupciones de clases. La secretaria gremial Edith Liquitay sostuvo que ni el sindicato ni la UNSJ habían recibido una notificación formal del planteo y defendió la continuidad de las medidas mientras persista el reclamo salarial.

La dirigente también anticipó que dentro del gremio se analizan alternativas de mayor alcance para el próximo ciclo académico. Entre ellas aparecen la suspensión de las mesas de exámenes finales y la posibilidad de no iniciar las clases de 2027, aunque ADICUS aclaró que ninguna de esas medidas constituye por ahora una decisión adoptada.

El conflicto sumará una nueva convocatoria el 15 de octubre con la realización de la quinta Marcha Federal Universitaria, promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional y respaldada por agrupaciones de docentes, nodocentes y estudiantes. La protesta exigirá el acatamiento de la normativa vigente, una actualización de los salarios y un mayor presupuesto para las casas de altos estudios públicas

La huelga de esta semana y el nuevo requerimiento judicial al Ejecutivo nacional trasladan la crisis universitaria a tres dimensiones simultaneamente: la puja salarial, la ejecución de la ley sancionada y el litigio en tribunales. En la órbita local, ADICUS continúa con la protesta en la UNSJ y analiza nuevas medidas que dependerán estrictamente de la evolución del escenario general.

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Ir al dentista se vuelve un privilegio: el 65% de los argentinos tiene caries sin tratar

El encarecimiento de los tratamientos y las dificultades para acceder a coberturas médicas alejan a miles de personas de los consultorios odontológicos. Una consulta inicial ronda los $60.000, una restauración simple cuesta $95.000 y un implante puede alcanzar los $700.000.

La atención odontológica comienza a convertirse en un gasto difícil de afrontar para una parte creciente de la población argentina. El costo de los tratamientos, la reducción de las coberturas privadas y las dificultades económicas de los hogares están modificando los hábitos de cuidado bucal: cada vez más personas postergan los controles preventivos y recurren al profesional cuando el dolor o una infección ya no permiten seguir esperando.

Las cifras del sector reflejan la dimensión del problema. Más del 65% de los argentinos convive con caries sin tratar o enfermedades en las encías, mientras que apenas cuatro de cada diez concurren al odontólogo al menos una vez al año. La atención preventiva pierde terreno frente a las urgencias, una tendencia que incrementa el riesgo de complicaciones y tratamientos de mayor complejidad.

Los valores de la atención privada permiten dimensionar las barreras económicas. Una consulta inicial con control y fichado ronda los $60.000; una restauración por una caries simple alcanza los $95.000 y una limpieza dental se ubica en torno a los $120.000. Cuando se requieren intervenciones más complejas, los importes aumentan considerablemente: una extracción simple cuesta aproximadamente $137.500, un tratamiento de conducto llega a $280.000 y un implante dental puede demandar $700.000 por pieza. El conjunto de perno y corona alcanza los $750.000.

La ortodoncia también representa un desembolso significativo. Los tratamientos con alineadores invisibles se cotizan alrededor de los 1.100 dólares para la primera etapa, mientras que los brackets metálicos rondan los 1.300 dólares. Son montos que quedan fuera del alcance de numerosos presupuestos familiares, especialmente cuando deben afrontarse sin reintegros ni cobertura médica.

Detrás de estos valores existe una estructura de costos que también presiona sobre los profesionales. Los insumos descartables, los materiales odontológicos y buena parte del equipamiento dependen de componentes importados, mientras que el mantenimiento de los consultorios exige gastos permanentes. Según las entidades del sector, el valor de referencia de la hora odontológica supera los $71.000, una cifra que refleja el esfuerzo económico necesario para sostener la atención.

A esa dificultad se suma el desfasaje entre los aranceles reconocidos por obras sociales y empresas de medicina prepaga y los costos reales de cada prestación. Las organizaciones profesionales advierten que numerosos convenios dejaron de resultar sostenibles, lo que llevó a odontólogos a interrumpir acuerdos, establecer copagos o limitar la atención a determinados planes. Entre las coberturas afectadas por estas dificultades aparecen PAMI e IOMA.

La pérdida de capacidad de pago de los pacientes también profundiza el problema. Los aumentos de las cuotas de medicina prepaga llevaron a numerosos usuarios a modificar sus planes o abandonar esas prestaciones, mientras que otros debieron recurrir a obras sociales con dificultades para garantizar turnos y servicios. El resultado es una mayor demanda sobre los establecimientos públicos y universitarios.

En hospitales-escuela y centros municipales de atención primaria, las consultas y las filas para conseguir asistencia evidencian la presión sobre el sistema. Sin embargo, la atención de guardia tiene alcances limitados: permite aliviar el dolor o tratar una infección puntual, pero no necesariamente resolver la enfermedad que originó el cuadro.

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Tía Maruca cambia de dueño: qué pasará con la planta industrial de San Juan

La compañía del grupo Pérez Companc acordó adquirir la tradicional marca de galletitas y sus derechos comerciales en Argentina y otros mercados regionales. La fábrica Dilexis, ubicada en Albardón, quedó expresamente fuera de la operación, una aclaración relevante para la estructura industrial sanjuanina.

El mercado argentino de alimentos registró un nuevo movimiento empresario con la incorporación de Tía Maruca al portafolio de Molinos Río de la Plata. La compañía presidida por Luis Pérez Companc firmó un acuerdo para adquirir el 100% de la tradicional marca de galletitas, en una operación que comprende sus derechos comerciales en Argentina y determinados mercados de la región. Sin embargo, la transacción no incluye la planta industrial Dilexis, ubicada en Albardón, San Juan.

La aclaración tiene especial relevancia para la provincia, debido a la trayectoria que la marca construyó alrededor de su establecimiento industrial sanjuanino. Según precisaron fuentes consultadas por medios locales, el acuerdo comprende exclusivamente la marca y no contempla la transferencia de la fábrica. De esta manera, la adquisición anunciada por Molinos no implica un cambio de titularidad de la planta de Albardón.

La operación representa un nuevo avance de Molinos en el negocio de las galletitas, una categoría en la que busca ampliar su participación y competir con empresas de fuerte presencia en las góndolas. El movimiento se produce pocos días después de que completara la adquisición de un complejo industrial en Banda del Río Salí, Tucumán, que incorporó activos productivos y personal a su estructura. La combinación de capacidad industrial y una marca reconocida le permite avanzar en el desarrollo de esta nueva línea comercial.

Fundada en 1998, Tía Maruca construyó su identidad a partir de productos tradicionales como pepas, surtidos y bizcochos, con una propuesta orientada al consumo masivo. Su recorrido empresarial, sin embargo, estuvo atravesado por dificultades financieras: en 2019 ingresó en concurso preventivo y posteriormente atravesó un proceso de reorganización. En 2024, Argensun Foods asumió el control operativo y estratégico de la compañía, en una etapa de recuperación y reposicionamiento de la marca.

Desde Molinos, su CEO, Agustín Llanos, destacó el reconocimiento que conserva Tía Maruca entre los consumidores y afirmó que el objetivo será preservar su identidad y potenciarla mediante las capacidades industriales, comerciales y de construcción de marcas de la compañía. Por la parte vendedora, Pablo Tamburo consideró que el proceso de recuperación permitió reposicionar a la firma y abrir una nueva etapa para su desarrollo.

La incorporación amplía el catálogo de una empresa que ya comercializa marcas tradicionales como Matarazzo, Lucchetti, Granja del Sol, Gallo, Exquisita, Cocinero, Blancaflor y La Salteña. La concreción definitiva del acuerdo, no obstante, permanece sujeta a las autorizaciones regulatorias correspondientes y al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de transacciones.

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Elecciones 2027: 11 provincias ya anticiparon el desdoblamiento, mientras que San Juan aún no comunicó una decisión definitiva

La organización electoral de 2027 comienza a delinear un calendario que podría extenderse durante buena parte del año. Al menos 11 provincias anunciaron que separarán sus comicios locales de las elecciones presidenciales previstas para el 24 de octubre, aunque por ahora solo Neuquén y Tucumán formalizaron sus convocatorias mediante decretos. La definición de los demás distritos dependerá de decisiones políticas y administrativas que todavía están pendientes.

Neuquén será el primer distrito en votar: el gobernador Rolando Figueroa estableció el 14 de febrero como fecha para elegir autoridades provinciales y municipales. Tucumán concurrirá a las urnas el 9 de mayo, mientras Santa Fe anunció primarias para el 18 de abril y elecciones generales para el 13 de junio. En Salta, el gobierno provincial proyecta los comicios para el 16 de mayo, aunque la convocatoria aún debe formalizarse.

También confirmaron su intención de desdoblar Chubut, Río Negro, Chaco, Mendoza, Corrientes, Jujuy y Tierra del Fuego. En varios de esos distritos todavía no se estableció una fecha. Corrientes, que renovó la gobernación en 2025, elegirá cargos legislativos y locales, mientras que Tierra del Fuego tiene disposiciones electorales propias que determinan la separación respecto de los comicios nacionales.

En sentido contrario, Catamarca confirmó que votará el 24 de octubre, en simultáneo con la elección presidencial. La Rioja todavía no definió su modalidad. Santiago del Estero, por su parte, no tendrá elecciones provinciales durante 2027, ya que renovó la gobernación y la Legislatura en 2025.

Actualmente, San Juan se encuentra entre las jurisdicciones que todavía no oficializaron una resolución. Dicha falta de definición comprende también a Córdoba, Misiones, Entre Ríos, San Luis, La Pampa, Formosa y Santa Cruz, entre otros distritos

Las mayores incógnitas se concentran en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Axel Kicillof y Jorge Macri aún no comunicaron si convocarán a elecciones separadas o si unificarán sus calendarios con el nacional. La definición bonaerense también estará atravesada por el futuro de las PASO, cuya eliminación o suspensión forma parte de la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional.

Con las primeras fechas ya establecidas y numerosas convocatorias todavía pendientes, la disputa electoral comenzará a desarrollarse en distintos momentos del año. La modalidad que adopte cada provincia no solo determinará cuándo votarán sus ciudadanos: también condicionará los tiempos de armado de candidaturas, las alianzas partidarias y la articulación de las campañas locales con la competencia presidencial.

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