El frente sindical que nuclea a los trabajadores del PAMI resolvió reanudar las medidas de fuerza luego de considerar “inaceptable” la oferta del Gobierno, que propuso incrementos menores al 1% mensual hasta fin de año. Con un año de salarios congelados, los gremios convocan a asambleas y ceses de actividades desde el lunes, mientras el Ejecutivo anuncia un préstamo de 500 millones de dólares del BID destinado a “fortalecer” el organismo.

El conflicto salarial en el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) vuelve al centro de la escena. Tras una oferta oficial que los gremios calificaron de “irrisoria”, el frente sindical que representa a los trabajadores del organismo estatal decidió reanudar su plan de lucha nacional con medidas de fuerza escalonadas durante toda la próxima semana.

La negociación paritaria, convocada por el Gobierno nacional luego de casi un año de inactividad, terminó en un nuevo punto muerto. La propuesta consistió en un aumento de apenas 1,2% para octubre, 0,8% en noviembre y 0,8% en diciembre, cifras que los sindicatos consideran simbólicas y alejadas de la inflación acumulada.

La oferta fue rechazada unánimemente por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación de Profesionales del PAMI y Afines (Appamia), el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados del PAMI (SUTEPA) y la Unión de Trabajadores del Instituto (UTI). En un comunicado conjunto, las organizaciones expresaron que el aumento “no guarda relación alguna con la pérdida salarial acumulada ni con la responsabilidad de quienes sostienen el funcionamiento de la mayor obra social de la Argentina”.

“La unidad de los trabajadores es el camino”, señalaron los gremios, convocando a una serie de medidas que comenzarán el lunes 27 de octubre con asambleas generales en todas las sedes del país a partir del mediodía. El martes habrá un cese de actividades de 12 a 14, mientras que el miércoles la interrupción se extenderá de 11 a 14. El jueves, los trabajadores cesarán tareas desde las 12 y se concentrarán en el edificio central de la calle Corrientes 655 para movilizarse hacia el Ministerio de Desregulación a las 13.30.

El frente sindical no descarta nuevas medidas de mayor impacto si el Ejecutivo no presenta una propuesta superadora. Desde septiembre, los trabajadores del PAMI vienen sosteniendo un plan de lucha que incluyó tres jornadas de paro nacional y asambleas informativas en todo el país.

Un conflicto que se profundiza

El reclamo salarial en el PAMI se inscribe en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo del sector público. Según fuentes gremiales, el personal lleva más de doce meses sin actualización salarial, mientras la inflación interanual supera ampliamente el 180%. “El personal del PAMI sostiene con su esfuerzo una institución esencial para los jubilados, pero el Gobierno responde con aumentos simbólicos que no alcanzan ni para cubrir los gastos básicos”, sostuvieron desde ATE.

El malestar, aseguran los dirigentes, no se limita al aspecto salarial. Se denuncia también la falta de personal, el atraso en los pagos a prestadores y la creciente sobrecarga de tareas administrativas derivada del ajuste presupuestario. En paralelo, la conducción del organismo enfrenta cuestionamientos por la lentitud en la ejecución de programas de asistencia y por el retraso en las prestaciones médicas y de cuidado domiciliario.

Un préstamo millonario bajo la lupa

Mientras el conflicto gremial se intensifica, el Gobierno anunció la aprobación de un préstamo de 500 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a “fortalecer la gestión y los servicios” del PAMI.

El decreto, publicado este viernes en el Boletín Oficial, faculta al ministro de Economía y al secretario de Finanzas a firmar el contrato de financiamiento, sujeto aún a la aprobación final del Directorio del BID. Según el informe técnico del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), el programa apunta a mejorar el acceso a servicios de cuidado para personas con dependencia funcional y a modernizar los sistemas de atención.

Entre los objetivos específicos, el documento menciona la ampliación de la cobertura para hipertensión, diabetes y enfermedades renales, junto con la reducción de tiempos de espera en cirugías oncológicas. El préstamo prevé un plazo de amortización de 25 años, con 5 años y medio de gracia y una tasa de interés ajustada al índice SOFR, vinculado al costo de financiamiento de la Reserva Federal estadounidense.

No obstante, la coincidencia temporal entre el anuncio del crédito internacional y la oferta salarial “testimonial” fue interpretada por los gremios como un gesto de insensibilidad política. “El Gobierno gestiona un préstamo de medio billón de dólares mientras ofrece menos del 1% a los trabajadores que sostienen la estructura del PAMI. Es una contradicción difícil de justificar”, remarcaron fuentes sindicales.

El Sindicato de Empleados de Comercio de San Juan enfrenta una situación sin precedentes. En apenas dos semanas, 180 trabajadores se acercaron a la sede gremial tras recibir telegramas de despido, un promedio de 20 por día hábil. La secretaria general, Mirna Moral, alertó por el aumento de los casos de maltrato laboral, hostigamiento y retiros voluntarios forzados. La crisis del consumo, que acumula nueve meses de caída en todo el país, golpea con fuerza a la provincia.

“Estamos recibiendo un promedio de 20 trabajadores por día que vienen al sindicato con telegramas de despido o consultas por liquidaciones”, señaló Moral. La dirigente advirtió que esa cifra representa apenas una parte de la realidad: “Hay muchos que no se acercan, especialmente quienes están en negro o con contratos informales. Los atendemos igual, pero sabemos que hay casos que ni siquiera se registran”.

La magnitud del fenómeno llevó al sindicato a abrir una mesa de diálogo con empresarios grandes y pequeños del rubro, que también manifiestan preocupación por la abrupta caída de las ventas. “Los comercios están al límite, y eso se traduce en reducción de personal, suspensiones o retiros ‘voluntarios’ que en realidad son despidos encubiertos”, describió Moral.

Empresarios en alerta y ventas en caída

La crisis también fue confirmada por la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan, cuyo presidente, Hermes Rodríguez, presentó un balance negativo del último fin de semana largo, coincidente con el Día de la Madre. “Las ventas fueron similares en cantidad a las del año pasado, pero con una marcada baja en el valor de los regalos”, indicó.

El ticket promedio fue de 33.500 pesos, lo que implica una caída significativa en términos reales. Los rubros más elegidos —indumentaria, calzado, decoración, gastronomía y cuidado personal— mostraron un comportamiento conservador por parte del consumidor. “La gente cuidó el bolsillo, compró lo justo y buscó ofertas”, resumieron desde la entidad.

Los comercios, sobre todo los de escala mediana, operan con márgenes mínimos y ventas planchadas, una situación que ya empieza a reflejarse en suspensiones y despidos.

Un fenómeno nacional: el consumo en retroceso

La situación local no es aislada. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas cayeron 17,8% interanual en septiembre de 2025, acumulando nueve meses consecutivos de contracción. La tendencia recesiva golpea con más fuerza a los rubros de alimentos y bebidas (-22%), indumentaria (-19%) y calzado (-15%).

Aunque el INDEC informó una inflación interanual del 43,5% en mayo, la mejora en los índices de precios no se tradujo en una recuperación del consumo. Los salarios reales permanecen rezagados y el poder adquisitivo de las familias continúa en retroceso.

Un informe del Centro de Estudios para la Recuperación Argentina (Centro RA) de la UBA reveló que las ventas en supermercados mayoristas se redujeron un 22% desde el inicio de la gestión de Javier Milei, mientras que en los comercios minoristas la baja fue del 8%.

A su vez, la consultora Scentia registró que el 83% de los hogares argentinos redujo o eliminó compras habituales, y casi la mitad considera que su capacidad de consumo está “mucho peor” que el año pasado. Este deterioro sostenido explica, en parte, la ola de cierres y despidos que atraviesa el sector comercial en todo el país.

Impacto social y desprotección laboral

En San Juan, la retracción del consumo se combina con una estructura laboral frágil. Una proporción significativa de los trabajadores del comercio se desempeña bajo contratos precarios o fuera de convenio, lo que agrava las consecuencias de los despidos. “Hay empleados que se quedan sin trabajo y no tienen cobertura, ni indemnización, ni obra social”, advirtió Moral.

El sindicato sostiene que las políticas de ajuste y la caída del consumo generan un círculo vicioso: menos ventas implican menos empleo, y menos empleo implica aún menos consumo. A eso se suma la falta de asistencia específica para las pymes comerciales, que concentran la mayoría de los puestos del sector en la provincia.

“Estamos ante una crisis inédita. El comercio está agotado, el salario no alcanza y el consumidor desapareció. Es una situación que no se soluciona con parches”, sintetizó la titular del SEC.

La situación de los Empleados de Comercio de San Juan sintetiza el impacto humano de la recesión que atraviesa la Argentina. La pérdida de puestos de trabajo, los retiros forzados y la caída del consumo no son hechos aislados, sino los síntomas de un modelo económico que combina ajuste, contracción y pérdida de poder adquisitivo.

Mientras los empresarios piden alivio impositivo y los sindicatos reclaman una urgente reactivación, el mercado interno se vacía y el empleo formal se erosiona día a día. Si la tendencia continúa, San Juan —como tantas otras provincias— podría convertirse en el espejo de una crisis social y económica que todavía no alcanzó su piso.

El proceso de venta de Carrefour en la Argentina encendió las alarmas en el sindicalismo. Con al menos cuatro grupos empresarios interesados en la operación, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) exige una reunión urgente con la compañía para garantizar los 24.000 puestos de trabajo y la preservación de los convenios colectivos. La incertidumbre crece entre los empleados y las filiales locales ya activan mecanismos de diálogo para evitar conflictos.

El posible cambio de manos de Carrefour Argentina, una de las mayores cadenas de supermercados del país, generó una inmediata reacción en el ámbito sindical. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), encabezada por Armando Cavalieri, busca establecer contacto directo con la conducción de la empresa para conocer los alcances del proceso de venta y exigir garantías sobre la continuidad laboral de los 24.000 trabajadores que dependen de la compañía.

Fuentes de la FAECYS confirmaron que se realizaron reuniones internas en las últimas horas para definir una estrategia común frente a un escenario de incertidumbre creciente. El objetivo es claro: asegurar la estabilidad del empleo y evitar cualquier intento de flexibilización laboral que pueda derivarse del cambio de control.

“La prioridad es preservar cada puesto de trabajo y asegurar la continuidad de los convenios colectivos vigentes, sin importar quién resulte adjudicatario de la compra”, señalaron desde el gremio.

Según trascendió, el grupo francés Carrefour avanza en negociaciones con al menos cuatro potenciales compradores: Chango Más, Coto, Cencosud y un cuarto oferente cuyo nombre aún no fue revelado. Directivos de la empresa mantuvieron en las últimas semanas reuniones en París con representantes de una firma argentina, aunque sin brindar información oficial sobre el estado de las tratativas. Esa falta de claridad alimentó la preocupación sindical y encendió las alertas en las filiales regionales.

Reclamos por transparencia y preservación de derechos

La FAECYS pidió formalmente que la operación se realice con pleno respeto de los derechos adquiridos y que se mantenga el cumplimiento de los convenios colectivos. “Los trabajadores no pueden ser variables de ajuste en una negociación empresarial”, remarcaron fuentes cercanas al gremio.

La falta de información oficial sobre los términos de la operación generó inquietud también entre las seccionales del interior. En Mar del Plata, el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA), conducido por Guillermo Bianchi, presentó una nota formal a la dirección local de Carrefour, invocando el acuerdo internacional firmado entre Carrefour Argentina y UNI Global Union.

Ese documento, en su punto 3.1, resalta la importancia del diálogo social y la protección de los derechos laborales, principios que ahora los gremios reclaman como marco indispensable del proceso de venta.

“Es fundamental conservar cada uno de los puestos de trabajo y las condiciones alcanzadas. Son más de 240 familias que han contribuido al crecimiento de la empresa en nuestra ciudad”, expresó el SECZA en un comunicado público.

La conducción marplatense también instó a evitar decisiones unilaterales que puedan afectar las fuentes de empleo, y advirtió que, sin información clara, el malestar podría derivar en medidas de fuerza en las próximas semanas.

Un proceso que tensiona el mapa laboral del retail

La eventual venta de Carrefour no solo afecta a sus empleados directos, sino que podría reconfigurar el mapa del sector supermercadista argentino, concentrando aún más la actividad en pocas manos.
La competencia por el control de la cadena se da en un contexto de consumo deprimido, caída del poder adquisitivo y cierre de locales minoristas, lo que incrementa la presión sobre los trabajadores.

Analistas del sector advierten que, detrás del proceso de venta, hay factores estructurales: márgenes cada vez más ajustados, aumento de costos logísticos y una lenta recuperación del consumo masivo.
En ese escenario, la negociación sindical adquiere un carácter estratégico, no solo por los empleos directos sino por su impacto en las condiciones laborales del comercio en general.