El Gobierno excluyó a empresas estatales extranjeras del Belgrano Cargas
El Gobierno nacional incorporó al pliego de concesión del Belgrano Cargas una cláusula que impide competir a empresas controladas directa o indirectamente por gobiernos extranjeros. Aunque la medida es conocida como “cláusula anti-China”, su alcance jurídico es más amplio y también comprende compañías estatales argentinas.
El Gobierno de Javier Milei incorporó una condición específica a la privatización del Belgrano Cargas que impedirá participar de la licitación a empresas bajo control directo o indirecto de gobiernos extranjeros.
La disposición fue publicada este jueves en el Boletín Oficial y establece un filtro previo para acceder a la concesión de la infraestructura ferroviaria. Aunque en el ámbito empresario y político ya es conocida como la “cláusula anti-China”, el texto no menciona al país asiático ni prohíbe expresamente la participación de sus compañías.
La restricción alcanza a sociedades controladas por Estados soberanos extranjeros, ya sea de manera directa o a través de otras empresas, además de organismos y compañías estatales. El mismo criterio se aplica a empresas públicas argentinas, tanto nacionales como provinciales.
De esta manera, una compañía privada extranjera podrá competir si cumple con las condiciones del pliego, mientras que quedarán fuera aquellas cuya propiedad o control efectivo corresponda a un Estado.
Una concesión por 50 años
El proceso comprende la concesión por 50 años de las vías y los inmuebles vinculados con las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, que en conjunto abarcan actualmente unos 7.594 kilómetros distribuidos en 16 provincias.
El esquema previsto incorpora el sistema de acceso abierto (open access). El concesionario tendrá a su cargo la infraestructura ferroviaria, pero otras empresas podrán utilizar las vías mediante el pago de un peaje.
La adjudicación tampoco dependerá exclusivamente del canon ofrecido al Estado. Las propuestas deberán combinar el volumen de inversiones comprometidas con el costo de utilización de las vías. El diseño busca favorecer ofertas que contemplen mayores desembolsos para mejorar la infraestructura junto con menores costos de acceso para los operadores.
El Gobierno calcula que la concesión podría movilizar alrededor de US$1.000 millones en inversiones para las tres líneas. Además, algunos proyectos vinculados con el proceso podrían acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
El antecedente de otras concesiones
La exclusión de empresas controladas por gobiernos extranjeros no constituye una novedad absoluta dentro de la política de privatizaciones impulsada por Milei. El Ejecutivo ya utilizó criterios similares en procesos vinculados con infraestructura, entre ellos la Hidrovía y el proyecto de transporte eléctrico AMBA I.
La particularidad del Belgrano Cargas radica en el peso que tienen las empresas estatales chinas en el financiamiento y desarrollo de infraestructura ferroviaria a nivel internacional. Por eso, aunque la cláusula tiene alcance general, su aplicación es interpretada como un límite concreto para eventuales postulantes vinculados con el Estado chino.
Con esta condición, el Gobierno busca que la administración privada de la red quede en manos de compañías sin control estatal, mientras avanza con una de las principales concesiones ferroviarias previstas dentro de su programa de venta y transferencia de activos públicos.
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La provincia amplía el acceso digital con nuevas entregas de equipos escolares
El Gobierno de San Juan distribuyó 1.392 notebooks entre estudiantes de Chimbas, Zonda y Ullum, en una nueva etapa del programa provincial “Maestro de América, Cultivando el Futuro”, destinado a ampliar el acceso a herramientas digitales en las escuelas públicas.
La entrega se realizó en el estadio Aldo Cantoni y estuvo encabezada por el gobernador Marcelo Orrego, acompañado por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, y otras autoridades provinciales.
Del total de equipos, 1.131 fueron asignados a alumnos de quinto grado de escuelas primarias de Chimbas, mientras que otros 151 correspondieron a estudiantes de segundo año de establecimientos secundarios de Zonda y 110 a jóvenes del mismo nivel educativo de Ullum.
Con esta nueva etapa, el programa llegó a aproximadamente 15.400 beneficiarios en lo que va de 2026. El despliegue ya comprendió a estudiantes de Rawson, Capital, Albardón, Jáchal, San Martín, Angaco, 9 de Julio, Pocito, Caucete y Sarmiento, además de escuelas de Vallecito y Bermejo.
La iniciativa también contempla al personal educativo. Durante este año se distribuyeron 3.000 computadoras para docentes de especialidades, celadores, equipos móviles y profesionales de las Unidades Educativas de Primaria para Adultos (UEPA).
El cronograma continuará este viernes con alumnos secundarios de Chimbas y Pocito, y el lunes con estudiantes de los niveles primario y secundario de Santa Lucía.
La política de equipamiento se complementa con propuestas pedagógicas como el programa de alfabetización “Comprendo y Aprendo”, EDUGE, “Transformar la Secundaria” y “Modo Matemática”, además de acciones de formación digital para docentes. La adquisición de los dispositivos contó con el acompañamiento de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) durante los procesos de compra.
La continuidad de las entregas busca extender el acceso a recursos tecnológicos en las aulas. El desafío educativo será convertir esa disponibilidad de equipos en mejores oportunidades de aprendizaje, mediante su integración efectiva a la enseñanza y el acompañamiento pedagógico.
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ASIJEMIN llevó a Santa Cruz el reclamo por mejores condiciones laborales para las mujeres mineras
La Coordinación de Género de ASIJEMIN recorrió yacimientos entre el 6 y el 14 de octubre, organizó talleres con trabajadoras y se reunió con responsables empresariales para discutir condiciones laborales y avanzar en la implementación del convenio de licencias por cuidados.
La mejora de las condiciones laborales de las mujeres mineras y la aplicación efectiva de sus derechos quedaron en el centro de una recorrida sindical por yacimientos de Santa Cruz, donde el sindicato de jerarquicos mineros promovió espacios de diálogo con trabajadoras y representantes de las empresas.
Las visitas se desarrollaron entre el 6 y el 14 de octubre y estuvieron encabezadas por la secretaria adjunta del gremio, Carla Costabile, junto con Julieta Baesa, secretaria general de la Comisión Interna de Cerro Negro, y Eliana Funes, politóloga y asesora sindical.
Durante las jornadas se organizaron talleres para relevar las principales necesidades de las trabajadoras en cada establecimiento y analizar el papel de la organización gremial en la defensa de sus condiciones de empleo. El objetivo fue recoger inquietudes concretas y trasladarlas a una agenda de trabajo sindical.
La delegación también mantuvo encuentros con las gerencias de Recursos Humanos, ante las cuales planteó la necesidad de establecer mesas de diálogo para abordar mejoras laborales y de vida. Uno de los puntos centrales fue la aplicación del convenio de licencias por cuidados suscripto entre ASIJEMIN y la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), cuya implementación, según informó el sindicato, permanece frenada por el Gobierno nacional.
La solicitud enfatiza la importancia de consolidar los consensos alcanzados en garantías laborales efectivas, mediante mecanismos de consulta continua que aseguren la atención de las necesidades del sector.
Desde la organización agradecieron especialmente la recepción y el compromiso de los delegados de Cerro Vanguardia, Cerro Negro y Minera Santa Cruz, además del acompañamiento de la Delegación Regional Sur.
La recorrida refuerza la presencia de ASIJEMIN y la representación de las mujeres en la minería. El próximo paso será concretar respuestas a sus necesidades, en particular sobre licencias de cuidado y ambiente laboral.
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La Legislatura dio luz verde para la obra vial más esperada del sur sanjuanino
La transformación de la Ruta Nacional 40 Sur en autopista superó una instancia decisiva: la Cámara de Diputados de San Juan autorizó por unanimidad el crédito de hasta US$160 millones solicitado a la Corporación Andina de Fomento (CAF). La votación reunió 35 adhesiones y registró una sola ausencia, la del diputado Gabriel Sánchez Barón, quien no concurrió por razones de salud.
El resultado tuvo un componente político relevante: el bloque justicialista acompañó el financiamiento, aunque condicionó su respaldo a que el convenio completo regrese a la Legislatura para una nueva aprobación. Juan Carlos Quiroga Moyano, presidente del bloque, sostuvo que la obra es necesaria para la conectividad provincial y regional, especialmente por su incidencia en el transporte de cargas, la minería, el turismo y los vínculos comerciales con Chile.
Un préstamo a 15 años para dos tramos
El crédito financiará las secciones I y III del proyecto, que suman aproximadamente 48 kilómetros. El primer tramo se extiende desde el límite con Mendoza hasta Tres Esquinas, en Sarmiento; el tercero comprende el recorrido desde Cochagual hasta la intersección de la Ruta 40 con calle 8, en Pocito.
La sección intermedia, de unos 26 kilómetros entre Tres Esquinas y Cochagual, quedará a cargo del Gobierno nacional. De esta manera, la ejecución de los tres tramos dependerá de dos fuentes de financiamiento: el préstamo internacional gestionado por la Provincia y los fondos comprometidos por la Nación.
El acuerdo con la CAF contempla un plazo de devolución de 15 años y un período de gracia de 66 meses para la amortización del capital. Los intereses se calcularán sobre la tasa SOFR a seis meses, más un adicional anual de 1,75 puntos porcentuales, y se abonarán semestralmente. Los desembolsos se realizarán conforme avance la obra y se certifiquen los trabajos ejecutados.
Durante la presentación previa al debate, el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, explicó que, con una SOFR del 4,20%, el costo financiero estimado rondaría el 5,95% anual. La operación tendrá garantía del Estado nacional y contempla la posibilidad de afectar recursos de la coparticipación federal para respaldar las obligaciones.
El próximo paso: las licitaciones
Con la autorización legislativa, el Ejecutivo provincial podrá avanzar en los procedimientos administrativos para licitar las dos secciones financiadas por la CAF. La intención oficial es contratar los tres tramos por separado, pero ejecutar los trabajos en simultáneo, con un plazo estimado de 36 meses.
Durante la sesión también se modificó el artículo 8 del proyecto aprobado. El acompañamiento opositor permitió reunir un respaldo político amplio para el financiamiento, aunque el pedido justicialista de revisar nuevamente el convenio completo introduce una instancia adicional en su instrumentación.
La obra apunta a mejorar la seguridad vial, reducir los tiempos de circulación y fortalecer uno de los principales corredores de conexión entre San Juan y Mendoza. Su concreción, sin embargo, dependerá de que los procedimientos de contratación avancen y de que los fondos nacionales para el tramo central se materialicen en los plazos previstos.
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