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El último informe del INDEC confirmó que la dotación del Sector Público Nacional volvió a contraerse durante mayo. Desde el inicio de la actual gestión se eliminaron más de 70.000 puestos de trabajo, mientras la reducción alcanza ministerios, organismos descentralizados, empresas públicas y sociedades estatales, consolidando una transformación estructural de la administración nacional.

La reducción del aparato estatal continúa avanzando a un ritmo sostenido y ya constituye uno de los ejes más profundos de la política de reorganización impulsada por el Gobierno nacional. Los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) muestran que, al cierre de mayo de 2026, el Sector Público Nacional empleaba a 273.365 personas, una cifra que representa una disminución del 22% respecto de noviembre de 2023, cuando la administración de Javier Milei inició su mandato con una planta cercana a los 343.000 trabajadores.

La magnitud del proceso permite dimensionar el alcance de la denominada «motosierra» sobre la estructura estatal. En apenas un año se perdieron más de 17.000 empleos y, desde el cambio de gobierno, las desvinculaciones ya superan las 70.000, entre despidos, retiros, jubilaciones no reemplazadas y contratos que dejaron de renovarse.

El informe oficial también evidencia que la tendencia no muestra señales de desaceleración. Solo durante mayo la dotación volvió a reducirse un 0,5% respecto del mes anterior, mientras que la comparación interanual refleja un retroceso del 6,1%, confirmando que el achicamiento continúa extendiéndose sobre prácticamente toda la estructura estatal.

Ministerios con menos personal

Dentro de la administración centralizada, que actualmente reúne a 38.452 trabajadores, el ajuste presentó comportamientos diferenciados según cada cartera, aunque predominó una reducción prácticamente generalizada.

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado encabezó la disminución mensual con una baja del 2,9%, seguido por la Jefatura de Gabinete, que redujo su plantilla un 2,2%, y el Ministerio de Justicia, con una caída del 1,3%.

Las áreas de mayor dimensión también continuaron disminuyendo su personal. El Ministerio de Economía redujo un 0,8% su dotación y quedó con 7.853 agentes, mientras que Capital Humano registró una merma del 0,6%, alcanzando los 7.919 trabajadores.

Las únicas excepciones fueron los ministerios de Defensa e Interior, que exhibieron incrementos marginales, insuficientes para modificar la tendencia descendente del conjunto de la administración nacional.

Organismos estratégicos bajo revisión

El mayor volumen de empleo continúa concentrándose en la administración descentralizada, integrada por 112.112 trabajadores. Sin embargo, también allí el proceso de reducción mantiene un ritmo significativo, con una caída interanual del 7,1%.

Uno de los casos más relevantes corresponde a la ANSES. El organismo previsional registró una reducción mensual del 7,5%, operando actualmente con 11.228 empleados, una contracción que vuelve a instalar interrogantes sobre la capacidad operativa de una de las dependencias con mayor volumen de atención al público.

El ajuste también alcanzó a organismos técnicos y científicos.

El Servicio Meteorológico Nacional sufrió una disminución del 13,3% en apenas un mes, constituyéndose en uno de los organismos más afectados del período.

El Instituto Nacional de Semillas redujo su estructura un 2,5%, mientras que el CONICET logró sostener sin cambios su planta durante mayo, aunque continúa condicionado por la virtual paralización del ingreso de nuevos investigadores y personal especializado, una situación que el sistema científico viene señalando desde hace meses como uno de los principales desafíos para el desarrollo del sector.

Empresas públicas: menos personal y avance de las liquidaciones

La política de racionalización también alcanzó al universo empresarial del Estado.
Actualmente las empresas y sociedades con participación estatal reúnen 87.867 trabajadores, lo que representa una disminución interanual del 4,8%. Aunque Aerolíneas Argentinas mantuvo estable su dotación durante mayo, otras compañías continuaron reduciendo personal.

BICE Fideicomisos encabezó las bajas del sector con una contracción mensual del 10,1%, seguida por Nación Bursátil (-6,3%) y Nación Reaseguros (-5,9%).

La Operadora Ferroviaria S.E., la empresa pública con mayor cantidad de empleados del país, también redujo su plantilla un 0,5%, quedando con 19.725 trabajadores.

Paralelamente, el informe oficial refleja que la reorganización estatal ya no se limita a la reducción de personal sino que avanza sobre la propia arquitectura del sector público empresarial.

Durante mayo desapareció del relevamiento el Centro de Ensayos de Alta Tecnología (CEATSA), cuya disolución redujo de 123 a 122 el número de empresas relevadas por el INDEC. A ello se suma la incorporación formal de la Administración General de Puertos S.A.U. al listado de sociedades en proceso de liquidación, una señal de que la estrategia oficial continúa orientada a disminuir la participación estatal en actividades empresariales.

Una transformación de fondo

Las cifras del INDEC consolidan una de las modificaciones más profundas registradas en la administración pública nacional durante las últimas décadas. La reducción de personal dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en una política transversal que alcanza ministerios, organismos descentralizados, institutos científicos y empresas estatales.

Mientras el Gobierno sostiene que el objetivo es reducir el gasto público, mejorar la eficiencia administrativa y equilibrar las cuentas fiscales, las organizaciones sindicales advierten que la continuidad de los recortes compromete la capacidad operativa del Estado, deteriora áreas estratégicas y limita la prestación de servicios esenciales.

Con más de 70.000 puestos eliminados desde diciembre de 2023 y un proceso que aún permanece activo, la reconfiguración del empleo público se consolida como uno de los cambios estructurales más significativos de la actual gestión y uno de los principales focos de disputa entre la administración nacional y los gremios estatales.

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Feriado del lunes 23: cómo funcionarán el comercio, los bancos y el transporte en San Juan

Por el traslado del Día de la Soberanía Nacional, el próximo lunes habrá modificaciones en la actividad de distintos servicios. Los comercios permanecerán cerrados, las entidades bancarias no atenderán al público y los colectivos circularán con frecuencias reducidas.

El próximo lunes 23 de noviembre, San Juan tendrá una jornada de actividad limitada por el feriado nacional correspondiente al Día de la Soberanía Nacional. La medida, que trasladó la conmemoración del 20 de noviembre, modificará el funcionamiento del comercio, los bancos, las escuelas y el transporte público durante el fin de semana largo.

Según informó la Cámara de Comercio y Servicios, los locales comerciales de la provincia permanecerán cerrados durante toda la jornada del lunes y retomarán su atención habitual el martes 24. De esta manera, quienes necesiten realizar compras, gestiones o trámites presenciales deberán anticipar sus actividades y tener en cuenta la interrupción de la atención al público.

Qué pasará con los bancos

La actividad bancaria también quedará suspendida durante el feriado. Las entidades financieras no abrirán sus puertas ni brindarán atención presencial, por lo que las operaciones que requieran concurrir a una sucursal deberán realizarse antes o después de esa fecha.

Los canales electrónicos, como las aplicaciones bancarias, el home banking y los cajeros automáticos, continuarán disponibles para las operaciones habilitadas por cada entidad.
En el ámbito educativo, las escuelas permanecerán cerradas durante el lunes, en consonancia con el calendario del feriado nacional.

Cómo funcionará el transporte público

El servicio de colectivos de la Red Tulum circulará con frecuencias reducidas, de acuerdo con el esquema previsto para los días feriados. Por ese motivo, los usuarios deberán contemplar mayores tiempos de espera y consultar los horarios disponibles antes de trasladarse.

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El empleo formal perdió más de 626.000 cuentas sueldo en menos de dos años

La reducción del empleo registrado durante el gobierno de Javier Milei sumó un nuevo indicador de magnitud: entre diciembre de 2024 y agosto de 2026 desaparecieron 626.001 cuentas sueldo del sistema bancario argentino. El retroceso representa una caída del 6% y estuvo acompañado por una disminución prácticamente equivalente en la cantidad de empresas que utilizan entidades financieras para pagar las remuneraciones de sus trabajadores.

Las cifras surgen del informe de Información de Entidades Financieras del Banco Central de la República Argentina (BCRA), cuyos registros fueron analizados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y difundidos por la diputada nacional Julia Strada. El relevamiento muestra que las cuentas destinadas a acreditar salarios pasaron de 10.511.100 a 9.885.099 durante el período considerado.

En simultaneo, las empresas que utilizaban el sistema bancario para depositar haberes se redujeron de 662.181 a 622.693. Son 39.488 empleadores menos dentro de ese registro, una contracción cercana al 6% que acompaña la evolución de las cuentas sueldo y aporta otra señal sobre el debilitamiento del universo de trabajadores y empresas vinculados al empleo formal.

Aunque la desaparición de una cuenta sueldo no representa necesariamente un puesto de trabajo perdido —también puede responder a cambios en la modalidad de pago o en la entidad bancaria—, la reducción simultánea de las empresas pagadoras adquiere relevancia al contrastarla con otras estadísticas laborales. En conjunto, los indicadores muestran una tendencia descendente que excede las variaciones propias del sistema financiero.

Más de 437.000 puestos registrados menos

El deterioro también aparece en los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Según un relevamiento de CEPA, entre noviembre de 2023 y julio de 2026 se perdieron 437.611 puestos de trabajo registrados en unidades productivas de todo el país, equivalente a una contracción del 4,4%.

La cantidad de trabajadores comprendidos en ese universo pasó de 9.857.173 a 9.419.562. La reducción estuvo acompañada por una caída en el número de empleadores: durante el mismo período dejaron de figurar 32.290 unidades productivas, un descenso del 6,3%, al pasar de 512.357 a 480.067.

Se trata de registros diferentes, con períodos de comparación que tampoco son idénticos. Mientras el BCRA contabiliza cuentas sueldo y empresas que acreditan remuneraciones mediante bancos, la SRT releva trabajadores y empleadores comprendidos en el sistema de riesgos del trabajo. Sin embargo, la evolución de ambas series permite observar una contracción coincidente del empleo formal y de la estructura empresarial que lo sostiene.

Buenos Aires concentra una parte importante de las pérdidas

La provincia de Buenos Aires también refleja el impacto de esta dinámica. De acuerdo con información del Observatorio Económico bonaerense y CEPA, entre noviembre de 2023 y julio de 2026 se perdieron 113.167 puestos de trabajo registrados en unidades productivas del territorio provincial.

Esa reducción representa el 25,9% de la pérdida nacional contabilizada por el relevamiento. En el mismo período desaparecieron de los registros 9.151 empleadores bonaerenses, una disminución del 6% que evidencia el retroceso de la estructura productiva y laboral en el principal distrito económico del país.

La reforma laboral y los límites de los nuevos indicadores

La evolución de estas cifras también permite examinar el comportamiento del mercado de trabajo después de la aprobación de la Ley de Modernización Laboral. La norma fue sancionada por el Congreso el 27 de febrero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo. Por lo tanto, el relevamiento bancario hasta agosto comprende varios meses posteriores a su aprobación.

No obstante, la coincidencia temporal no alcanza para establecer que la reforma haya provocado la caída de las cuentas sueldo ni para determinar, por sí sola, su eficacia sobre la creación de empleo. Los datos describen una tendencia que ya se manifestaba con anterioridad y cuya evolución requiere considerar otros factores económicos, productivos y laborales.

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Departamentales

Ciencias de la Salud seguirá en Albardón y ampliará su infraestructura académica

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) avanzará con la consolidación de su sede de Ciencias de la Salud en Albardón, donde comenzará el próximo martes la construcción de dos nuevas aulas destinadas a fortalecer la infraestructura académica y acompañar el crecimiento de su oferta educativa, incluida la carrera de Medicina.

El decano Ángel Pinto confirmó que el edificio ya pertenece formalmente a la universidad, luego de la cesión concretada por el Gobierno provincial. La definición despeja la continuidad institucional de la sede en ese departamento y permite proyectar nuevas inversiones sobre un inmueble que se convertirá en el espacio definitivo de funcionamiento de la unidad académica.

En declaraciones a la prensa, Pinto explicó que las primeras intervenciones se realizarán en la parte posterior del predio y estarán financiadas con recursos propios de la institución. El proyecto contempla dos aulas híbridas, diseñadas para responder a distintas modalidades de enseñanza y a las necesidades de las carreras que actualmente se dictan en el establecimiento.

Una de ellas tendrá capacidad para 35 estudiantes y estará especialmente adaptada al trabajo grupal previsto en Medicina, carrera que cuenta con un cupo de 50 ingresantes. La segunda dispondrá de espacio para 80 personas y tendrá una estructura flexible, con la posibilidad de dividirse para desarrollar actividades simultáneas o adecuarse a diferentes requerimientos pedagógicos.

El decano reconoció que el año estuvo atravesado por dificultades presupuestarias que impactaron sobre el funcionamiento universitario, tanto para docentes como para estudiantes. Sin embargo, aseguró que los recursos para esta primera etapa de construcción ya están garantizados, lo que permitirá iniciar los trabajos sin depender de nuevas partidas externas.

Un proyecto de ampliación a futuro

La planificación edilicia no se limitará a las dos aulas que comenzarán a construirse. Detrás de la biblioteca Cecilia Grierson, uno de los sectores más recientes del establecimiento, la universidad ya cuenta con un proyecto aprobado por Planeamiento y Desarrollo Urbano para levantar un nuevo bloque de espacios académicos.

Según adelantó Pinto, el próximo paso será gestionar el financiamiento necesario para concretar esa segunda etapa. La iniciativa responde al crecimiento de la matrícula, la diversificación de las propuestas de formación y las demandas de infraestructura que genera la incorporación de nuevas carreras.

La ampliación adquiere particular relevancia por el desarrollo de Medicina, pero también contempla las necesidades del resto de la oferta académica. El objetivo es disponer de instalaciones que permitan sostener la expansión institucional y mejorar las condiciones de cursado, investigación y formación profesional.

De escuela universitaria a Facultad

El afianzamiento de la sede en Albardón acompaña un cambio institucional profundo. Por unanimidad, la Asamblea Universitaria convirtió la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud en Facultad, un paso que valida el desarrollo de esta unidad académica dentro de la UNSJ.

Pinto valoró el respaldo de los representantes universitarios y destacó que la resolución fue acompañada por la totalidad de los asambleístas, luego de haber sido tratada previamente en el Consejo correspondiente. Para el decano, el nuevo estatus institucional refleja una dimensión académica y territorial que ya excedía las características de una escuela universitaria.

Actualmente, Ciencias de la Salud dicta cinco carreras de grado, desarrolla diplomaturas y propuestas de posgrado, impulsa proyectos de investigación y mantiene actividades de extensión en distintos puntos de la provincia. Su presencia alcanza localidades de los valles sanjuaninos, con iniciativas en Jáchal, Calingasta y Valle Fértil.

El crecimiento de la demanda de formación sanitaria también fue señalado por Pinto como un factor determinante en esta evolución. El decano vinculó la expansión de las carreras con el mayor protagonismo que adquirieron las profesiones de la salud después de la pandemia, un proceso que incrementó el interés por la capacitación y la formación de nuevos profesionales.

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