Aceiteros rompió el límite impuesto por el Gobierno y elevó el salario inicial a $2,7 millones
Tras semanas de conflicto, huelgas y negociaciones al borde de un nuevo paro nacional, la Federación Aceitera y el SOEA San Lorenzo impusieron una recomposición que supera la pauta oficial. El acuerdo con las principales cámaras agroexportadoras incorpora aumentos escalonados, pagos retroactivos y vuelve a instalar el debate sobre el salario como herramienta para preservar el poder adquisitivo frente al proceso inflacionario y las reformas laborales impulsadas por la Casa Rosada.
La paritaria del complejo agroexportador terminó convirtiéndose en mucho más que una discusión salarial. Después de más de un mes de confrontación, con medidas de fuerza, conciliación obligatoria y audiencias que se prolongaron hasta la madrugada, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo lograron quebrar la estrategia empresaria de limitar las actualizaciones a la evolución del índice de inflación y alcanzaron una recomposición que vuelve a ubicar a la actividad entre las mejores remuneradas del país.
El entendimiento, suscripto con la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), la Cámara de la Industria de Aceites Vegetales y Aditivos (CIAVEC) y la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), establece un nuevo piso salarial para la categoría inicial de peón de $2.578.400 desde el 1 de julio, mientras que a partir del 1 de septiembre ascenderá a $2.719.040. A ese esquema se suma una compensación retroactiva correspondiente a mayo y junio, que será liquidada junto con los haberes del sexto mes del año.
La magnitud del resultado trasciende las cifras. En un contexto donde el Gobierno nacional procura contener las negociaciones colectivas dentro de parámetros compatibles con su política de desaceleración inflacionaria, la paritaria aceitera terminó consolidándose como uno de los pocos acuerdos capaces de perforar ese límite y modificar sustancialmente el ingreso real de los trabajadores del sector.
Una pulseada que mantuvo en vilo al principal complejo exportador
La negociación fue llevada a una escalada progresiva de confrontación al límite. La huelga nacional iniciada el 27 de mayo, la conciliación obligatoria, las prórrogas dispuestas por la Secretaría de Trabajo y las audiencias sin avances concretos mantuvieron bajo presión al principal complejo agroindustrial generador de divisas de la Argentina.
La disputa se concentró en dos modelos antagónicos para determinar los incrementos salariales. Las cámaras empresarias procuraban atar las actualizaciones al Índice de Precios al Consumidor (IPC), siguiendo la lógica de las previsiones oficiales y del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central. Los sindicatos, en cambio, rechazaron esa metodología al sostener que consolidaba la pérdida del poder adquisitivo y defendieron un esquema basado en el costo efectivo que demanda sostener un hogar trabajador.
Ese desacuerdo mantuvo paralizada la negociación durante semanas. Incluso cuando vencía la conciliación obligatoria, la posibilidad de una nueva paralización total de las terminales portuarias aparecía como un escenario prácticamente inevitable.
La audiencia decisiva comenzó el jueves por la mañana y se extendió durante doce horas consecutivas. Recién cerca de las dos de la madrugada del viernes, sin consenso definitivo, las autoridades laborales dispusieron un cuarto intermedio hasta este lunes para evitar una inmediata reanudación de la huelga.
Durante ese lapso, los gremios suspendieron las medidas de fuerza como gesto hacia la continuidad del diálogo, aunque dejaron en claro que regresarían con mandato de asamblea para retomar el plan de lucha si las empresas insistían en mantener la pauta inflacionaria como único criterio de actualización.
El salario como eje del debate sindical
Lejos de presentar el acuerdo exclusivamente como un incremento económico, las organizaciones sindicales buscaron darle una dimensión institucional y constitucional al resultado alcanzado.
En el documento difundido tras la firma del convenio, sostuvieron que toda la negociación estuvo respaldada por el principio del Salario Mínimo, Vital y Móvil previsto en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Bajo ese criterio, remarcaron que la remuneración debe garantizar el acceso efectivo a alimentación adecuada, vivienda, educación, salud, transporte, vestimenta, recreación, vacaciones y previsión social, rechazando la idea de que el salario quede subordinado exclusivamente a variables macroeconómicas o financieras.
La reforma laboral volvió a ocupar el centro de la escena
El comunicado conjunto también inscribió la negociación dentro del clima político que atraviesa el movimiento obrero.
Los sindicatos advirtieron que el acuerdo fue alcanzado en medio de un proceso de confrontación con el Gobierno nacional y cuestionaron las modificaciones laborales impulsadas por la administración de Javier Milei, al considerar que representan un retroceso sobre derechos históricos y restringen el ejercicio constitucional de la huelga.
Asimismo, denunciaron la existencia de campañas destinadas a desacreditar las demandas sindicales y defendieron la legitimidad del conflicto que precedió al acuerdo.
Para la conducción aceitera, la contundencia de la huelga nacional realizada el 27 de mayo constituyó el elemento determinante que modificó la relación de fuerzas durante la negociación y terminó abriendo el camino hacia un entendimiento más favorable para los trabajadores.
La experiencia deja además una señal de alcance nacional. Mientras buena parte de las negociaciones colectivas continúan condicionadas por la estrategia oficial de moderación salarial, el convenio alcanzado por los aceiteros vuelve a colocar sobre la mesa una discusión de fondo: hasta dónde pueden las paritarias preservar el poder adquisitivo frente a la inflación y cuál será el margen de acción del sindicalismo en un cuadro marcado por la ofensiva gubernamental sobre las relaciones laborales. Más allá de los porcentajes pactados, la pulseada del complejo agroexportador se convirtió en uno de los precedentes sindicales más relevantes del año.
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Un mismo producto, distintos precios: cuánto cambia el costo según la región
El precio de un mismo producto puede variar hasta un 9,2% según el supermercado en el que se compre, con las mayores diferencias concentradas en frutas y verduras. La dispersión promedio entre cadenas fue del 3,6% durante septiembre, de acuerdo con un relevamiento del Centro de Estudios Cuantitativos en Negocios (CECN) de la Universidad de San Andrés.
El estudio fue elaborado a partir de información del Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA), dependiente de la Secretaría de Comercio, y permite comparar los valores publicados por distintas cadenas para productos idénticos.
La categoría Frutas y verduras encabezó el ranking de septiembre, con una diferencia del 9,2%, más de dos veces y media por encima del promedio general. La elevada dispersión no constituye un fenómeno aislado: este rubro ocupó el primer lugar en 51 de los 64 meses analizados desde junio de 2021 y quedó segundo en otros diez períodos.
Le siguieron Comidas preparadas, con una brecha del 5,8%; Carnes, con 3,9%; y Almacén, con 3,7%. En el extremo de mayor homogeneidad se ubicaron Farmacia, con 1,8%; Electro, con 2,1%; y Panadería, con 2,4%.
La Patagonia, con los precios más altos
Las diferencias también aparecen al comparar regiones. El indicador Pulso Regional de Precios ubicó nuevamente a la Patagonia como la zona más cara del país, con valores promedio 3,4% superiores a la media nacional.
La región registró los mayores precios en seis de las 18 categorías relevadas. Las diferencias fueron particularmente marcadas en Golosinas, con un sobrecosto del 16,1%; Frescos, con 9,7%; y Bebidas, con 7,9%.
La Patagonia fue además la región más costosa en 61 de los últimos 64 meses considerados por el estudio. En el extremo contrario quedaron el Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, con precios promedio 5,5% y 5,2% inferiores, respectivamente, a la media nacional.
El presupuesto para la misma canasta varía un 11,3% promedio según la región, confirmando que el lugar donde se vive es un factor determinante para el bolsillo.
Estos resultados demuestran, una vez más, que es clave comparar precios antes de comprar. Aunque la diferencia promedio entre cadenas es moderada, esta brecha crece notablemente en ciertos productos y se vuelve aún mayor al sumar las variaciones por zona, impactando de lleno en el bolsillo familiar.
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La CGT vuelve a la calle este jueves en defensa de la industria nacional
La central obrera se moviliza este jueves a las 15 frente a la Secretaría de Industria, en el microcentro porteño, bajo la consigna “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también”. La protesta pone el foco en la caída de la producción, el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo.
La CGT decidió avanzar con la protesta mientras mantiene sus cuestionamientos al rumbo económico del Gobierno de Javier Milei. El reclamo sindical apunta al deterioro de la producción manufacturera, el cierre de empresas y la pérdida de puestos laborales, en contraste con la lectura oficial sobre la evolución de la economía.
Uno de los datos utilizados por la central sindical para fundamentar la movilización es la continuidad de la caída de la industria pyme, que acumularía ocho meses consecutivos de retroceso. A eso suma el cierre de 138 empresas manufactureras durante junio, indicadores que, según la central, reflejan el impacto de la menor actividad sobre la economía real.
La conducción cegetista reclama una política industrial que combine producción, empleo formal y capacidad de generación de valor. Jorge Sola, integrante del triunvirato de la CGT, cuestionó que sectores como la minería, el litio, el cobre, el petróleo y el gas puedan compensar por sí solos los puestos laborales que se pierden en otras ramas productivas. El dirigente planteó la necesidad de avanzar hacia un proyecto industrial orientado a la creación de empleo registrado y salarios con derechos.
La movilización tendrá además una fuerte carga simbólica. La CGT eligió como consigna una adaptación de la bandera que la Selección argentina exhibió tras el triunfo frente a Inglaterra en el Mundial: “Las Malvinas son argentinas. La industria nacional también”. Frente a la Secretaría de Industria está previsto un acto con la participación de los integrantes del triunvirato cegetista: Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello.
La protesta no estará acompañada por un paro general. La conducción de la central resolvió continuar con un esquema de movilizaciones escalonadas y, por ahora, mantener abierta la discusión sobre una nueva huelga nacional.
El próximo capítulo de ese cronograma será el 15 de octubre, cuando la CGT acompañará la quinta Marcha Federal Universitaria. La central también mantiene en agenda su participación en actividades vinculadas con el mundo del trabajo durante la visita del papa León XIV a la Argentina en noviembre.
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La UTA mantiene la medida y el transporte seguirá paralizado este jueves
La UTA mantuvo la retención de servicios pese a la conciliación obligatoria dictada por la Subsecretaría de Trabajo y el transporte público continuará paralizado este jueves.La medida, que inicialmente había sido anunciada como retenciones intermitentes, terminó extendiéndose durante toda la jornada del miércoles y dejó paralizado el transporte urbano e interurbano.
La primera audiencia de conciliación fue convocada para este jueves a las 11:30, con la discusión salarial como punto central. El gremio sostiene que las empresas no cumplieron con las recomposiciones acordadas el 23 de septiembre ante la Secretaría de Trabajo de la Nación y reclama que se actualicen los haberes de los choferes.
Según explicó la conducción sindical, un trabajador debería percibir actualmente alrededor de $2,3 millones, mientras que los salarios efectivamente abonados rondarían los $1,4 millones. La diferencia, de acuerdo con el planteo de la UTA, se aproxima al millón de pesos por trabajador.
Desde la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), que reúne a las empresas del transporte sanjuanino, respondieron que las compañías abonaron los montos que estuvieron en condiciones de afrontar y argumentaron que no cuentan con los recursos suficientes para cubrir la totalidad de las sumas reclamadas.
El panorama cambió durante la tarde del miércoles cuando Trabajo dictó la conciliación obligatoria, lo que obligó a frenar la medida de fuerza y normalizar el transporte. Desde el organismo oficial criticaron la postura del gremio, argumentando que el paro no se notificó bajo los canales formales y que se descuidó el porcentaje de servicio que exige la ley para actividades esenciales.
La orden, sin embargo, no modificó la decisión de los choferes. Un dirigente gremial sostuvo que el servicio no fue restablecido porque los trabajadores no recibieron una propuesta concreta para recomponer los salarios adeudados. De esta manera, la conciliación comenzó sin que se produjera el retorno efectivo a las calles.
La audiencia de este jueves será, por lo tanto, el primer ámbito formal para intentar acercar posiciones entre UTA, empresas y autoridades laborales. El Gobierno provincial podría exigir previamente el levantamiento de la medida como condición para avanzar en la negociación, mientras que el sindicato reclama que el cumplimiento salarial forme parte de la discusión.
El impacto sobre los usuarios
Desde el Ministerio de Educación se comunicó que quedarían exceptuadas del cómputo de inasistencias aquellas personas —tanto estudiantes como educadores— afectadas por el paro de micros. La ausencia de colectivos también incrementó la demanda sobre las plataformas de transporte particular. Usuarios que recurrieron a servicios como Uber afrontaron tarifas superiores a las habituales, especialmente durante los horarios de mayor demanda.
Con posiciones encontradas, las partes se miden hoy en una instancia clave de conciliación. La UTA mantiene su reclamo por la deuda salarial, frente a unas empresas que se declaran en crisis para pagarla. Del resultado de este jueves dependerá si se restablece el servicio o se prolonga el paro.
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