La nueva ola privatizadora avanza sobre sectores estratégicos y reactiva el recuerdo de los años noventa
La administración de Javier Milei profundiza su programa de desregulación y desprendimiento de activos estatales con la venta y concesión de empresas vinculadas a energía, infraestructura, transporte y servicios esenciales. Mientras el Gobierno apuesta a obtener divisas y reducir la participación estatal, sindicatos y especialistas advierten sobre pérdida de soberanía, deterioro del empleo y riesgo de concentración privada en áreas sensibles.
La frase de Rodolfo Dromi que marcó el ciclo de privatizaciones de los años noventa vuelve a resonar con fuerza en la Argentina actual. “Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado”, sintetizaba entonces el exfuncionario menemista que encabezó uno de los procesos de transferencia de activos públicos más profundos de la historia reciente. Tres décadas después, el gobierno de Javier Milei retoma buena parte de aquella lógica y acelera un esquema de ventas, concesiones y reprivatizaciones que vuelve a colocar en el centro de la discusión el rol del Estado en áreas estratégicas.
La publicación de los pliegos para desprenderse de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) terminó de confirmar una orientación que ya venía tomando forma desde el inicio de la gestión libertaria. Energía, rutas nacionales, logística ferroviaria, infraestructura vial, servicios públicos y hasta sectores vinculados al desarrollo nuclear aparecen dentro de un programa oficial que busca reducir la participación estatal y, al mismo tiempo, generar ingresos extraordinarios para fortalecer las reservas y afrontar compromisos financieros.
Según estimaciones difundidas en ámbitos oficiales y económicos, la Casa Rosada proyecta recaudar cerca de 3.000 millones de dólares antes de fin de año mediante concesiones, licitaciones y ventas de activos públicos.
La estrategia no se limita únicamente a una política de ajuste fiscal. También implica un rediseño profundo del esquema de administración pública construido durante décadas, particularmente en sectores considerados históricamente sensibles para la autonomía energética, el transporte y la prestación de servicios esenciales.
Uno de los capítulos que mayor resistencia sindical generó es el vinculado al sistema energético. La decisión de avanzar sobre Transener y el intento de privatizar parte del paquete accionario de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima encendieron fuertes cuestionamientos de gremios y especialistas del área.
Carlos Minucci, titular de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), advirtió que el retiro del Estado del control energético implica resignar capacidad estratégica en un sector determinante para el desarrollo nacional. La preocupación también alcanza a trabajadores nucleares y científicos ligados a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
Desde ATE, el investigador Rodolfo Kempf alertó sobre un “desmembramiento” del sistema nuclear argentino. El dirigente cuestionó especialmente la posibilidad de privatizar áreas vinculadas a la minería de uranio, la producción de radioisótopos destinados a la salud y el freno al proyecto CAREM, uno de los desarrollos tecnológicos más importantes del país en materia nuclear.
“El área nuclear constituye un sector de alta complejidad tecnológica donde Argentina posee capacidades reconocidas internacionalmente”, remarcan desde el sindicato estatal, que prepara nuevas medidas de protesta para rechazar el avance privatizador.
La ofensiva oficial también alcanzó a la infraestructura vial. En los últimos días, el Ministerio de Economía adjudicó distintos corredores nacionales bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje, profundizando un esquema que reduce progresivamente el papel operativo de Vialidad Nacional.
La Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) denunció que las rutas “no pueden quedar subordinadas a intereses privados” y sostuvo que la infraestructura vial constituye una herramienta central para la integración territorial, la producción y la conectividad federal.
El gremio cuestionó además la utilización de garantías estatales para respaldar financieramente futuras concesiones privadas. Según la organización sindical, el Gobierno está transfiriendo recursos públicos para sostener negocios privados mientras se debilita la estructura técnica y operativa del organismo vial.
El caso de AySA terminó por darle visibilidad masiva a un proceso que ya venía avanzando en distintas áreas. La empresa responsable del servicio de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires volverá a quedar bajo control privado si prospera el esquema diseñado por la administración nacional.
El plan contempla una primera etapa de venta del paquete mayoritario a operadores privados mediante licitación internacional y posteriormente la colocación del resto de las acciones en mercados bursátiles. El Estado conservaría únicamente una participación minoritaria, mientras que los trabajadores mantendrían el 10 por ciento a través del Programa de Propiedad Participada.
La decisión reabrió viejos cuestionamientos sobre la gestión privada de servicios esenciales. Sectores opositores y referentes vinculados al saneamiento recuerdan las dificultades registradas durante la anterior concesión privada del servicio en los años noventa, cuando las deficiencias operativas, la falta de inversiones y el deterioro de la prestación derivaron finalmente en la reestatización impulsada durante el gobierno de Néstor Kirchner.
“El problema no es solamente económico; también está en discusión quién garantiza el acceso a servicios básicos”, señalan desde distintos espacios sindicales y técnicos que siguen de cerca el proceso.
La avanzada privatizadora ya tuvo antecedentes concretos durante los primeros meses de gestión libertaria. La venta de IMPSA marcó el inicio formal del proceso, mientras que las concesiones hidroeléctricas del Comahue permitieron al Gobierno obtener más de 700 millones de dólares.
Ahora, la lista de empresas bajo análisis continúa ampliándose. Intercargo, Belgrano Cargas y Logística, centrales térmicas, el astillero Tandanor y la Casa de la Moneda aparecen entre los activos que podrían quedar bajo control privado en los próximos meses.
Para el oficialismo, el objetivo central es reducir el peso del Estado y abrir espacios de participación privada en áreas donde considera que la administración pública resultó ineficiente o económicamente inviable. Para los sindicatos, en cambio, se trata de una reedición de políticas que en el pasado dejaron pérdida de empleo, deterioro de servicios estratégicos y concentración económica.
El debate, en definitiva, trasciende la discusión presupuestaria. Lo que vuelve a ponerse en juego es el modelo de país: hasta dónde debe llegar el Estado, qué sectores pueden quedar sujetos exclusivamente a la lógica empresarial y cuál es el costo social de una transformación estructural que vuelve a dividir aguas en la Argentina.
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Elecciones 2027: 11 provincias ya anticiparon el desdoblamiento, mientras que San Juan aún no comunicó una decisión definitiva
La organización electoral de 2027 comienza a delinear un calendario que podría extenderse durante buena parte del año. Al menos 11 provincias anunciaron que separarán sus comicios locales de las elecciones presidenciales previstas para el 24 de octubre, aunque por ahora solo Neuquén y Tucumán formalizaron sus convocatorias mediante decretos. La definición de los demás distritos dependerá de decisiones políticas y administrativas que todavía están pendientes.
Neuquén será el primer distrito en votar: el gobernador Rolando Figueroa estableció el 14 de febrero como fecha para elegir autoridades provinciales y municipales. Tucumán concurrirá a las urnas el 9 de mayo, mientras Santa Fe anunció primarias para el 18 de abril y elecciones generales para el 13 de junio. En Salta, el gobierno provincial proyecta los comicios para el 16 de mayo, aunque la convocatoria aún debe formalizarse.
También confirmaron su intención de desdoblar Chubut, Río Negro, Chaco, Mendoza, Corrientes, Jujuy y Tierra del Fuego. En varios de esos distritos todavía no se estableció una fecha. Corrientes, que renovó la gobernación en 2025, elegirá cargos legislativos y locales, mientras que Tierra del Fuego tiene disposiciones electorales propias que determinan la separación respecto de los comicios nacionales.
En sentido contrario, Catamarca confirmó que votará el 24 de octubre, en simultáneo con la elección presidencial. La Rioja todavía no definió su modalidad. Santiago del Estero, por su parte, no tendrá elecciones provinciales durante 2027, ya que renovó la gobernación y la Legislatura en 2025.
Actualmente, San Juan se encuentra entre las jurisdicciones que todavía no oficializaron una resolución. Dicha falta de definición comprende también a Córdoba, Misiones, Entre Ríos, San Luis, La Pampa, Formosa y Santa Cruz, entre otros distritos
Las mayores incógnitas se concentran en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Axel Kicillof y Jorge Macri aún no comunicaron si convocarán a elecciones separadas o si unificarán sus calendarios con el nacional. La definición bonaerense también estará atravesada por el futuro de las PASO, cuya eliminación o suspensión forma parte de la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional.
Con las primeras fechas ya establecidas y numerosas convocatorias todavía pendientes, la disputa electoral comenzará a desarrollarse en distintos momentos del año. La modalidad que adopte cada provincia no solo determinará cuándo votarán sus ciudadanos: también condicionará los tiempos de armado de candidaturas, las alianzas partidarias y la articulación de las campañas locales con la competencia presidencial.
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La paritaria docente volvió a trabarse y el aumento salarial quedó pendiente hasta diciembre
La negociación salarial docente de San Juan volvió a quedar sin acuerdo. Los representantes de UDAP, UDA y AMET rechazaron el ofrecimiento del Gobierno provincial durante la tercera sesión de la Comisión Paritaria Negociadora y presentaron una contrapropuesta que amplía los reclamos hasta enero de 2027. La falta de coincidencias obligó a postergar la resolución salarial y fijar una nueva reunión para el 10 de diciembre.
El encuentro se desarrolló en el Centro Cívico con la participación de la ministra de Educación, Silvia Fuentes; el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem. Por la representación sindical asistieron Patricia Quiroga, por UDAP; Karina Navarro, por UDA, y Adrián Ruiz, por AMET.
Los sindicttos plantearon que el valor índice de los salarios se actualice de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior para noviembre, diciembre y enero. A ese mecanismo sumaron tres demandas concretas para el primer mes de 2027: seis puntos adicionales en todos los cargos del nomenclador docente, diez puntos más en el ítem E60 y una mejora en el concepto de conectividad.
La respuesta oficial no modificó el ofrecimiento vigente. El Ejecutivo argumentó que la inflación de octubre, que alcanzó el 2,2%, y la proximidad de los plazos administrativos para liquidar los haberes de noviembre y diciembre impedían formular una nueva propuesta. En consecuencia, ratificó el incremento del valor índice para noviembre según el IPC del mes anterior, publicado por el INDEC.
La decisión dejó sin respuesta los reclamos gremiales para los meses siguientes y mantuvo abierta la discusión sobre los adicionales. Frente a la distancia entre ambas posiciones, la parte empleadora propuso pasar a un cuarto intermedio, aceptado por los representantes sindicales.
La próxima audiencia quedó establecida para el 10 de diciembre a las 14 horas, cuando las partes deberán retomar la discusión sobre los salarios de diciembre y enero. Hasta entonces, la negociación permanecerá sin un acuerdo que defina la pauta de actualización para el cierre del año y el comienzo de 2027.
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YPF aumentó los combustibles en San Juan: llenar un tanque de Súper cuesta $111.950
La petrolera aplicó una suba de entre el 1% y el 1,5% en sus estaciones de servicio. La nafta Súper llegó a $2.239 por litro, mientras que la Infinia alcanzó los $2.445. El incremento también impactó en los precios del gasoil.
Los precios de los combustibles volvieron a subir en San Juan. YPF actualizó sus valores desde el viernes 13 de noviembre, con incrementos de entre el 1% y el 1,5% que modificaron el costo de cargar nafta y gasoil. Con la nueva tarifa, completar un tanque de 50 litros de nafta Súper demanda $111.950, unos $1.200 más que antes de la actualización.
La suba más visible se registró en la variedad Súper, que pasó de $2.215 a $2.239 por litro. La diferencia representa una suba de $24 por litro, equivalente al 1,08%. En tanto, la nafta Infinia quedó en $2.445, mientras que el Diesel 500 se comercializa a $2.425 y la Infinia Diesel llegó a $2.615.
El impacto se refleja también en el gasto que deben afrontar los conductores según la capacidad del tanque y el combustible elegido. Una carga de 40 litros de nafta Súper cuesta ahora $89.560, mientras que completar 50 litros requiere $111.950. Para quienes utilizan Infinia, los importes ascienden a $97.800 y $122.250, respectivamente.
En el caso del gasoil, llenar un tanque de 50 litros representa un desembolso de $121.250 con Diesel 500 y de $130.750 con Infinia Diesel.
La actualización se produce en un mercado en el que los valores pueden presentar diferencias entre estaciones de servicio. YPF aplica un sistema de precios dinámicos o micropricing, que contempla variables como la demanda, la ubicación, la competencia y las franjas horarias. A estos factores se suman los costos vinculados con el petróleo, el tipo de cambio y la carga impositiva.
Más allá de las variaciones que puedan registrarse en cada establecimiento, el nuevo ajuste vuelve a elevar el gasto de los usuarios que dependen del vehículo para trabajar o trasladarse diariamente. También incorpora mayores costos para las actividades vinculadas con el transporte y la distribución, en una cadena donde el combustible constituye un componente relevante de los gastos operativos.
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