La administración de Javier Milei profundiza su programa de desregulación y desprendimiento de activos estatales con la venta y concesión de empresas vinculadas a energía, infraestructura, transporte y servicios esenciales. Mientras el Gobierno apuesta a obtener divisas y reducir la participación estatal, sindicatos y especialistas advierten sobre pérdida de soberanía, deterioro del empleo y riesgo de concentración privada en áreas sensibles.

La frase de Rodolfo Dromi que marcó el ciclo de privatizaciones de los años noventa vuelve a resonar con fuerza en la Argentina actual. “Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado”, sintetizaba entonces el exfuncionario menemista que encabezó uno de los procesos de transferencia de activos públicos más profundos de la historia reciente. Tres décadas después, el gobierno de Javier Milei retoma buena parte de aquella lógica y acelera un esquema de ventas, concesiones y reprivatizaciones que vuelve a colocar en el centro de la discusión el rol del Estado en áreas estratégicas.

La publicación de los pliegos para desprenderse de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) terminó de confirmar una orientación que ya venía tomando forma desde el inicio de la gestión libertaria. Energía, rutas nacionales, logística ferroviaria, infraestructura vial, servicios públicos y hasta sectores vinculados al desarrollo nuclear aparecen dentro de un programa oficial que busca reducir la participación estatal y, al mismo tiempo, generar ingresos extraordinarios para fortalecer las reservas y afrontar compromisos financieros.

Según estimaciones difundidas en ámbitos oficiales y económicos, la Casa Rosada proyecta recaudar cerca de 3.000 millones de dólares antes de fin de año mediante concesiones, licitaciones y ventas de activos públicos.

La estrategia no se limita únicamente a una política de ajuste fiscal. También implica un rediseño profundo del esquema de administración pública construido durante décadas, particularmente en sectores considerados históricamente sensibles para la autonomía energética, el transporte y la prestación de servicios esenciales.

Uno de los capítulos que mayor resistencia sindical generó es el vinculado al sistema energético. La decisión de avanzar sobre Transener y el intento de privatizar parte del paquete accionario de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima encendieron fuertes cuestionamientos de gremios y especialistas del área.

Carlos Minucci, titular de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), advirtió que el retiro del Estado del control energético implica resignar capacidad estratégica en un sector determinante para el desarrollo nacional. La preocupación también alcanza a trabajadores nucleares y científicos ligados a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Desde ATE, el investigador Rodolfo Kempf alertó sobre un “desmembramiento” del sistema nuclear argentino. El dirigente cuestionó especialmente la posibilidad de privatizar áreas vinculadas a la minería de uranio, la producción de radioisótopos destinados a la salud y el freno al proyecto CAREM, uno de los desarrollos tecnológicos más importantes del país en materia nuclear.

“El área nuclear constituye un sector de alta complejidad tecnológica donde Argentina posee capacidades reconocidas internacionalmente”, remarcan desde el sindicato estatal, que prepara nuevas medidas de protesta para rechazar el avance privatizador.

La ofensiva oficial también alcanzó a la infraestructura vial. En los últimos días, el Ministerio de Economía adjudicó distintos corredores nacionales bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje, profundizando un esquema que reduce progresivamente el papel operativo de Vialidad Nacional.

La Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) denunció que las rutas “no pueden quedar subordinadas a intereses privados” y sostuvo que la infraestructura vial constituye una herramienta central para la integración territorial, la producción y la conectividad federal.

El gremio cuestionó además la utilización de garantías estatales para respaldar financieramente futuras concesiones privadas. Según la organización sindical, el Gobierno está transfiriendo recursos públicos para sostener negocios privados mientras se debilita la estructura técnica y operativa del organismo vial.

El caso de AySA terminó por darle visibilidad masiva a un proceso que ya venía avanzando en distintas áreas. La empresa responsable del servicio de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires volverá a quedar bajo control privado si prospera el esquema diseñado por la administración nacional.

El plan contempla una primera etapa de venta del paquete mayoritario a operadores privados mediante licitación internacional y posteriormente la colocación del resto de las acciones en mercados bursátiles. El Estado conservaría únicamente una participación minoritaria, mientras que los trabajadores mantendrían el 10 por ciento a través del Programa de Propiedad Participada.

La decisión reabrió viejos cuestionamientos sobre la gestión privada de servicios esenciales. Sectores opositores y referentes vinculados al saneamiento recuerdan las dificultades registradas durante la anterior concesión privada del servicio en los años noventa, cuando las deficiencias operativas, la falta de inversiones y el deterioro de la prestación derivaron finalmente en la reestatización impulsada durante el gobierno de Néstor Kirchner.

“El problema no es solamente económico; también está en discusión quién garantiza el acceso a servicios básicos”, señalan desde distintos espacios sindicales y técnicos que siguen de cerca el proceso.

La avanzada privatizadora ya tuvo antecedentes concretos durante los primeros meses de gestión libertaria. La venta de IMPSA marcó el inicio formal del proceso, mientras que las concesiones hidroeléctricas del Comahue permitieron al Gobierno obtener más de 700 millones de dólares.

Ahora, la lista de empresas bajo análisis continúa ampliándose. Intercargo, Belgrano Cargas y Logística, centrales térmicas, el astillero Tandanor y la Casa de la Moneda aparecen entre los activos que podrían quedar bajo control privado en los próximos meses.

Para el oficialismo, el objetivo central es reducir el peso del Estado y abrir espacios de participación privada en áreas donde considera que la administración pública resultó ineficiente o económicamente inviable. Para los sindicatos, en cambio, se trata de una reedición de políticas que en el pasado dejaron pérdida de empleo, deterioro de servicios estratégicos y concentración económica.

El debate, en definitiva, trasciende la discusión presupuestaria. Lo que vuelve a ponerse en juego es el modelo de país: hasta dónde debe llegar el Estado, qué sectores pueden quedar sujetos exclusivamente a la lógica empresarial y cuál es el costo social de una transformación estructural que vuelve a dividir aguas en la Argentina.