Un informe reveló el deterioro social de la agricultura familiar en distintas provincias
Un relevamiento privado expuso el fuerte deterioro económico y social que atraviesan miles de familias rurales en la Argentina. Pese a sostener parte del abastecimiento alimentario y las economías regionales, la mayoría de los hogares campesinos enfrenta pobreza, sobrecarga laboral y dificultades crecientes para continuar produciendo.
Mientras buena parte del debate público sobre el agro argentino gira alrededor de exportaciones, divisas y grandes complejos productivos, otra realidad avanza lejos de los indicadores de rentabilidad y los discursos oficiales. En vastas regiones rurales del país, quienes producen alimentos sobreviven en condiciones de marcada fragilidad económica, con ingresos insuficientes, jornadas agotadoras y una capacidad cada vez más limitada para sostener la actividad.
Un estudio privado elaborado a partir de relevamientos territoriales en Misiones, Jujuy, Córdoba, Mendoza y Neuquén reveló que cerca del 70% de los hogares campesinos se encuentra por debajo de la línea de pobreza. El trabajo retrata la situación de familias vinculadas a la agricultura familiar, producción agroecológica y circuitos locales de comercialización.
El docuemnto advierte que más del 79% de los hogares rurales desarrolla producción primaria diversificada y participa de ferias, ventas directas o redes comunitarias. Sin embargo, la mayoría no logra generar ingresos suficientes para cubrir una canasta básica y depende, en gran medida, del autoconsumo para garantizar alimentación cotidiana.
La investigación vuelve a exponer una de las contradicciones más profundas del sistema productivo argentino: una parte importante de quienes abastecen de alimentos frescos a mercados locales y regionales permanece atrapada en condiciones económicas extremadamente precarias.
Aunque siete de cada diez familias comercializan al menos una parte de lo que producen, el esfuerzo cotidiano no alcanza para consolidar estabilidad económica ni mejorar condiciones materiales de vida. La reducción de márgenes de rentabilidad, el aumento de costos y la limitada capacidad de inversión profundizaron durante los últimos años la vulnerabilidad de pequeños productores rurales.
A esa realidad se suma el impacto cada vez más visible de la crisis climática sobre las economías campesinas. Sequías prolongadas, olas de calor, incendios y tormentas severas comenzaron a alterar de manera directa los ciclos productivos y la sostenibilidad de numerosas explotaciones familiares.
El reporte señala que el 78,7% de los hogares rurales atravesó episodios de sequía en los últimos años y que más del 60% sufrió pérdidas económicas severas derivadas de fenómenos climáticos extremos. Como consecuencia, el 65,3% debió modificar sistemas de producción para intentar sostener la actividad.
La vulnerabilidad estructural del sector se vuelve todavía más visible en territorios con escasa infraestructura, dificultades de acceso al agua, conectividad limitada y menor presencia estatal. En esos escenarios, la continuidad productiva suele depender exclusivamente del esfuerzo familiar.
Uno de los aspectos más duros del relevamiento aparece vinculado a la situación de las mujeres rurales. La investigación impulsada por el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra expone que numerosas trabajadoras campesinas e indígenas sostienen jornadas activas de entre 16 y 18 horas diarias.
Además, el 61,7% realiza simultáneamente tareas productivas, domésticas y de cuidado, configurando una dinámica de sobrecarga permanente que especialistas describen como “pobreza de tiempo estructural”.
Ese concepto refleja una realidad frecuente en hogares rurales: la ausencia de servicios, infraestructura y asistencia adecuada obliga a compensar carencias mediante más trabajo familiar, especialmente femenino. El resultado es una vida cotidiana atravesada por agotamiento físico, menor acceso a descanso y limitadas posibilidades de desarrollo personal o económico.
El deterioro social de la agricultura familiar también abre interrogantes sobre el futuro de las pequeñas producciones regionales y la continuidad de modelos agroalimentarios vinculados al abastecimiento local, la diversidad productiva y las economías de cercanía.
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El consumo masivo sigue en retroceso: supermercados y mayoristas acumulan ocho meses de caída
Los datos del Indec muestran que las ventas en supermercados bajaron 2,8% entre enero y agosto, mientras que los autoservicios mayoristas retrocedieron 2,9%. Los centros comerciales registraron una mejora interanual del 3,7% en agosto, aunque todavía acumulan una caída en 2026.
El consumo cotidiano continúa sin encontrar una recuperación sostenida. Las ventas en supermercados y autoservicios mayoristas volvieron a caer en agosto y prolongaron una tendencia negativa que contrasta con el crecimiento registrado por los centros comerciales, según los últimos relevamientos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
En los supermercados, las ventas disminuyeron 3,7% interanual en agosto y acumularon una contracción del 2,8% durante los primeros ocho meses de 2026. La comparación mensual también fue desfavorable: el indicador retrocedió 0,8% frente a julio. Con este resultado, el rubro completó ocho meses consecutivos de bajas interanuales, después del último registro positivo de diciembre pasado, cuando había avanzado 0,5%.
Los autoservicios mayoristas tampoco lograron revertir la tendencia. Sus ventas cayeron 3,6% frente a agosto de 2025 y acumularon una merma del 2,9% entre enero y agosto. Además, registraron una disminución mensual del 1,2% y sumaron siete meses consecutivos de retrocesos interanuales.
Los precios suben, pero las cantidades no acompañan
La evolución de la facturación nominal contrasta con la caída de las ventas medidas en términos reales. En supermercados, los ingresos a precios corrientes crecieron 24,2% interanual, mientras que en mayoristas aumentaron 23,7%. Esos incrementos, por sí solos, no indican una expansión del consumo: deben distinguirse de las variaciones de precios y de las cantidades efectivamente vendidas.
En los supermercados, el ticket promedio alcanzó los $35.569, con un aumento interanual del 15,8%. Las tarjetas de crédito concentraron el 43% de los pagos, seguidas por las de débito, con el 23,9%, y el efectivo, con el 17%. El resto correspondió a otros medios de pago.
En los mayoristas, el gasto promedio por compra llegó a $47.067, un 29% más que un año antes. Allí, las transferencias, los pagos con QR y otros medios alternativos representaron el 32,7% de las operaciones; las tarjetas de crédito explicaron el 26,8% y el efectivo, el 24,8%.
Los shoppings, la excepción
Los centros comerciales mostraron un comportamiento diferente: sus ventas aumentaron 3,7% interanual en agosto y avanzaron 3,3% respecto de julio. Sin embargo, el balance acumulado de los primeros ocho meses del año continúa en terreno negativo, con una baja del 1,2%.
Los datos dibujan así una evolución desigual del comercio. Mientras los shoppings registran un repunte, supermercados y mayoristas —canales centrales para las compras habituales de los hogares— siguen acumulando retrocesos. La persistencia de esa caída plantea interrogantes sobre la capacidad de recuperación del poder de compra y sobre el ritmo al que podrá reactivarse la demanda interna.
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La provincia amplía el acceso digital con nuevas entregas de equipos escolares
El Gobierno de San Juan distribuyó 1.392 notebooks entre estudiantes de Chimbas, Zonda y Ullum, en una nueva etapa del programa provincial “Maestro de América, Cultivando el Futuro”, destinado a ampliar el acceso a herramientas digitales en las escuelas públicas.
La entrega se realizó en el estadio Aldo Cantoni y estuvo encabezada por el gobernador Marcelo Orrego, acompañado por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, y otras autoridades provinciales.
Del total de equipos, 1.131 fueron asignados a alumnos de quinto grado de escuelas primarias de Chimbas, mientras que otros 151 correspondieron a estudiantes de segundo año de establecimientos secundarios de Zonda y 110 a jóvenes del mismo nivel educativo de Ullum.
Con esta nueva etapa, el programa llegó a aproximadamente 15.400 beneficiarios en lo que va de 2026. El despliegue ya comprendió a estudiantes de Rawson, Capital, Albardón, Jáchal, San Martín, Angaco, 9 de Julio, Pocito, Caucete y Sarmiento, además de escuelas de Vallecito y Bermejo.
La iniciativa también contempla al personal educativo. Durante este año se distribuyeron 3.000 computadoras para docentes de especialidades, celadores, equipos móviles y profesionales de las Unidades Educativas de Primaria para Adultos (UEPA).
El cronograma continuará este viernes con alumnos secundarios de Chimbas y Pocito, y el lunes con estudiantes de los niveles primario y secundario de Santa Lucía.
La política de equipamiento se complementa con propuestas pedagógicas como el programa de alfabetización “Comprendo y Aprendo”, EDUGE, “Transformar la Secundaria” y “Modo Matemática”, además de acciones de formación digital para docentes. La adquisición de los dispositivos contó con el acompañamiento de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) durante los procesos de compra.
La continuidad de las entregas busca extender el acceso a recursos tecnológicos en las aulas. El desafío educativo será convertir esa disponibilidad de equipos en mejores oportunidades de aprendizaje, mediante su integración efectiva a la enseñanza y el acompañamiento pedagógico.
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ASIJEMIN llevó a Santa Cruz el reclamo por mejores condiciones laborales para las mujeres mineras
La Coordinación de Género de ASIJEMIN recorrió yacimientos entre el 6 y el 14 de octubre, organizó talleres con trabajadoras y se reunió con responsables empresariales para discutir condiciones laborales y avanzar en la implementación del convenio de licencias por cuidados.
La mejora de las condiciones laborales de las mujeres mineras y la aplicación efectiva de sus derechos quedaron en el centro de una recorrida sindical por yacimientos de Santa Cruz, donde el sindicato de jerarquicos mineros promovió espacios de diálogo con trabajadoras y representantes de las empresas.
Las visitas se desarrollaron entre el 6 y el 14 de octubre y estuvieron encabezadas por la secretaria adjunta del gremio, Carla Costabile, junto con Julieta Baesa, secretaria general de la Comisión Interna de Cerro Negro, y Eliana Funes, politóloga y asesora sindical.
Durante las jornadas se organizaron talleres para relevar las principales necesidades de las trabajadoras en cada establecimiento y analizar el papel de la organización gremial en la defensa de sus condiciones de empleo. El objetivo fue recoger inquietudes concretas y trasladarlas a una agenda de trabajo sindical.
La delegación también mantuvo encuentros con las gerencias de Recursos Humanos, ante las cuales planteó la necesidad de establecer mesas de diálogo para abordar mejoras laborales y de vida. Uno de los puntos centrales fue la aplicación del convenio de licencias por cuidados suscripto entre ASIJEMIN y la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), cuya implementación, según informó el sindicato, permanece frenada por el Gobierno nacional.
La solicitud enfatiza la importancia de consolidar los consensos alcanzados en garantías laborales efectivas, mediante mecanismos de consulta continua que aseguren la atención de las necesidades del sector.
Desde la organización agradecieron especialmente la recepción y el compromiso de los delegados de Cerro Vanguardia, Cerro Negro y Minera Santa Cruz, además del acompañamiento de la Delegación Regional Sur.
La recorrida refuerza la presencia de ASIJEMIN y la representación de las mujeres en la minería. El próximo paso será concretar respuestas a sus necesidades, en particular sobre licencias de cuidado y ambiente laboral.
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