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El máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional para intervenir de manera directa en la causa que discute la validez de la reforma laboral. La decisión llegó en medio de una compleja pulseada judicial por la competencia del expediente y representó un nuevo obstáculo para la estrategia oficial de obtener una definición rápida sobre uno de los pilares centrales de su programa económico.

La reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional volvió a quedar en el centro de la disputa institucional luego de que la Corte Suprema rechazara el pedido de per saltum presentado por la Procuración del Tesoro para acelerar una resolución definitiva sobre la constitucionalidad de la norma. La decisión del máximo tribunal no sólo frustró el intento oficial de llevar el conflicto directamente a la instancia suprema, sino que además dejó expuesta la complejidad jurídica y política que rodea a una de las iniciativas más sensibles de la administración libertaria.

Con las firmas de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, la Corte entendió que no se encuentran acreditadas las condiciones excepcionales previstas por el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para habilitar la vía extraordinaria del per saltum. El mecanismo, de aplicación restrictiva, permite omitir las instancias judiciales ordinarias únicamente cuando existe una cuestión federal de gravedad institucional manifiesta y una necesidad impostergable de intervención inmediata.

El Gobierno había recurrido a esa herramienta luego de que un juez de primera instancia declarara la inconstitucionalidad de varios puntos centrales de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. Aquella resolución representó el primer gran traspié judicial para la reforma. Sin embargo, posteriormente la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revirtió ese fallo y restituyó la vigencia plena de la normativa, modificando parcialmente el tablero jurídico que enfrentaba el oficialismo.

Aun así, la administración nacional insistió en llevar el expediente de manera directa a la Corte Suprema con el objetivo de obtener una definición definitiva que despejara incertidumbres alrededor del nuevo régimen laboral. El rechazo del per saltum desactivó esa posibilidad y obligó al Ejecutivo a continuar transitando el recorrido judicial ordinario.

La decisión del máximo tribunal se conoció en simultáneo con otra disputa de alto voltaje institucional: la pelea por el fuero que debe intervenir en la causa promovida por la CGT. Esa discusión, lejos de ser un tecnicismo procesal, se convirtió en un elemento central dentro de la estrategia política y jurídica de cada sector involucrado.

La Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal había ordenado recientemente al juez laboral Raúl Ojeda remitir en un plazo de 24 horas el expediente al fuero contencioso administrativo. La resolución, firmada por los camaristas Rogelio Vincenti, Jorge Eduardo Morán y Marcelo Daniel Duffy, incluyó además la habilitación de días y horas inhábiles para garantizar el traslado inmediato de la causa.

La definición fue interpretada en ámbitos judiciales como un avance favorable para el Gobierno, que busca desplazar el tratamiento del expediente fuera de la Justicia laboral, un ámbito históricamente más receptivo a los planteos sindicales. De hecho, fue allí donde la CGT consiguió inicialmente una medida cautelar contra varios artículos de la reforma.

La central obrera sostiene que buena parte de los cambios introducidos por la ley afectan derechos adquiridos y alteran principios fundamentales del derecho laboral argentino. Entre otros puntos, el sindicalismo cuestiona modificaciones vinculadas a indemnizaciones, modalidades contractuales, mecanismos de registración y regulaciones sobre conflictos colectivos.

Para el oficialismo, en cambio, la reforma constituye una pieza clave dentro de su programa de desregulación económica y flexibilización del mercado laboral. El argumento central del Gobierno apunta a reducir costos de contratación, fomentar la formalización y generar condiciones más favorables para la inversión privada. Sin embargo, la resistencia sindical y las objeciones judiciales terminaron convirtiendo el debate en uno de los principales focos de confrontación política y social de los últimos meses.

La negativa de la Corte a intervenir de forma inmediata también deja entrever la decisión del máximo tribunal de evitar, al menos por ahora, involucrarse anticipadamente en una discusión atravesada por fuertes implicancias institucionales y económicas. En los hechos, el expediente continuará su curso en instancias inferiores mientras persiste la disputa sobre la competencia y sobre el fondo de la cuestión.

Detrás del debate jurídico subyace una discusión mucho más profunda: el alcance de las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno y los límites constitucionales de esos cambios. La controversia alrededor de la reforma laboral ya excede el terreno estrictamente técnico y se proyecta sobre el vínculo entre el Estado, el sindicalismo, el sector empresario y el modelo de relaciones laborales que pretende instalar la actual administración.

Con el rechazo del per saltum, la Corte Suprema no resolvió la cuestión de fondo, pero sí trazó un límite claro a la estrategia oficial de acelerar los tiempos judiciales. La reforma laboral seguirá atravesando un extenso recorrido en tribunales, mientras el Gobierno busca sostener uno de los ejes más ambiciosos de su proyecto político y la CGT redobla su ofensiva para frenar modificaciones que considera regresivas para los trabajadores.

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El EPRE prepara la red eléctrica ante el impacto del “Super Niño”

El EPRE reunió a Hidráulica, Protección Civil, Policía, EPSE y Naturgy San Juan para preparar la respuesta ante posibles contingencias durante el verano 2026/2027. Las distribuidoras deberán garantizar enlaces operativos las 24 horas y contar con equipamiento crítico para restablecer rápidamente el suministro.

El organismo puso en marcha una mesa de coordinación para reforzar la continuidad del servicio eléctrico durante el verano 2026/2027, período en el que San Juan prevé mayores riesgos asociados a tormentas severas y a los efectos del fenómeno El Niño.

La reunión se realizó dentro del Plan Operativo de Emergencia del Comité de Crisis Provincial y convocó a representantes del Departamento de Hidráulica, Protección Civil, Policía de San Juan, Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), Naturgy San Juan y el propio organismo regulador.

La prioridad definida es acortar los tiempos de respuesta frente a eventuales cortes o daños en la infraestructura. Para ello, el EPRE estableció que las distribuidoras deberán disponer de enlaces operativos las 24 horas, los siete días de la semana, que permitan una comunicación inmediata entre los organismos que deban intervenir ante una emergencia.

El dispositivo también contempla la disponibilidad inmediata de equipamiento crítico, entre ellos hidroelevadores, torres de iluminación para trabajos nocturnos y grupos electrógenos de respaldo. La preparación busca evitar que una contingencia climática derive en interrupciones prolongadas o dificulte las tareas de recuperación.

Uno de los puntos centrales será además el restablecimiento prioritario del suministro en hospitales y centros de salud, instalaciones de bombeo de agua potable y domicilios de personas electrodependientes. Estos servicios fueron incorporados como destinos críticos dentro de los esquemas de recuperación.

La coordinación adquiere especial relevancia ante el pronóstico de una temporada con mayor disponibilidad hídrica en la cordillera y la posibilidad de episodios meteorológicos severos. El fenómeno El Niño puede modificar las condiciones hidrológicas y atmosféricas, aunque su evolución concreta dependerá de la intensidad y distribución de las precipitaciones y del deshielo.

El operativo busca que esa mayor variabilidad climática encuentre a los organismos con protocolos de comunicación, recursos técnicos y responsabilidades previamente definidos. La preparación se extenderá durante toda la temporada estival, con la meta de preservar la seguridad y la capacidad de recuperación de la red eléctrica provincial.

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León XIV en Argentina: el 9 de noviembre será feriado nacional

El Decreto 1103/2026 estableció un feriado nacional para el lunes 9 de noviembre y otros dos con alcance territorial limitado: el martes 10 en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires. La medida fue adoptada para facilitar la seguridad, la logística y la circulación durante la visita de León XIV.

El esquema fue definido en función de los desplazamientos y las actividades previstas durante la estadía del Pontífice, que se extenderá del 8 al 11 de noviembre. Según el decreto, la decisión busca facilitar los operativos de seguridad, la organización logística y el ordenamiento de la circulación en los lugares alcanzados.

Así queda el calendario

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país.
Martes 10 de noviembre: feriado en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.
Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires.

El dictamen también establece que las declaraciones alcanzan a los organismos, dependencias y actividades sujetos a jurisdicción nacional que funcionen dentro de los territorios comprendidos. El objetivo es facilitar una aplicación coordinada de las medidas de seguridad y organización durante las jornadas de mayor concentración de personas.

Qué pasa con quienes tengan que trabajar

Al tratarse de feriados, para los trabajadores alcanzados rige el régimen establecido por la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 166 dispone que quienes presten servicios durante un feriado nacional deben cobrar la remuneración normal correspondiente a ese día más una suma igual, es decir, el equivalente al pago doble previsto para estas jornadas.

Por lo tanto, esa regla será aplicable al 9 de noviembre en todo el país, al 10 en Córdoba y CABA y al 11 en la provincia de Buenos Aires, siempre dentro del ámbito territorial establecido por el decreto.

La diferencia con un día no laborable también resulta relevante. En estos últimos casos, la prestación laboral es optativa para el empleador y, si se trabaja, corresponde el salario simple. El Decreto 1103/2026, en cambio, utiliza expresamente la figura de feriado, por lo que corresponde aplicar el régimen específico de la Ley 20.744.

Además de establecer los feriados, el Gobierno creó en el ámbito de la Jefatura de Gabinete la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”. El organismo tendrá a su cargo coordinar las acciones de la Administración Pública Nacional vinculadas con la organización de la visita y podrá funcionar hasta un máximo de 12 meses.

El decreto fue dictado el 25 de septiembre y publicado en el Boletín Oficial el 28 de septiembre. La visita papal, prevista del 8 al 11 de noviembre, tendrá así un dispositivo extraordinario que combina medidas laborales, de circulación y coordinación estatal en las jurisdicciones directamente involucradas.

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Concesionarias en alerta: despidos y retiros voluntarios ante el nuevo mapa del mercado

El mercado automotor acumula una caída cercana al 13% y las concesionarias enfrentan una combinación de menor volumen, mayor competencia y márgenes más estrechos. En las últimas semanas se multiplicaron los despidos, retiros voluntarios y cierres de sucursales, mientras las agencias buscan reducir costos y adaptar sus estructuras a un mercado con más marcas y menos operaciones.

El ajuste comenzó a hacerse visible en las concesionarias de automóviles después de varios meses de contracción de las ventas y de una transformación acelerada de la oferta. El mercado automotor se encamina a cerrar 2026 por debajo de las 550.000 unidades, según las estimaciones citadas por el informe de A Rodar Post, lejos de las 700.000 unidades que algunos ejecutivos proyectaban a comienzos del año.

La reducción del volumen comercial se trasladó al empleo. De acuerdo con un relevamiento realizado entre concesionarias, al menos la mitad de las agencias consultadas reconoció haber reducido personal durante los últimos dos meses. Entre los casos mencionados aparecen grupos empresarios de la zona norte del Gran Buenos Aires, con operaciones en Pilar, Escobar y Zárate, donde unas 40 personas habrían sido desvinculadas, y otro grupo de trayectoria en el sur del conurbano, que habría prescindido de alrededor de 15 trabajadores.

La magnitud del proceso resulta difícil de cuantificar porque buena parte de las salidas se canaliza mediante retiros voluntarios y acuerdos individuales, sin intervención directa de los sindicatos. Las desvinculaciones se concentran, según fuentes del mercado, especialmente entre empleados incorporados durante los últimos dos o tres años, cuando las redes comerciales habían vuelto a ampliar sus dotaciones.

El fenómeno tiene una particularidad: las concesionarias de vehículos no enfrentan solamente una caída de la demanda, sino un cambio en la composición de la oferta. La incorporación de nuevas marcas, especialmente de origen chino, y el regreso de fabricantes importados ampliaron la competencia en segmentos donde históricamente predominaban las terminales con producción local.

Ese desplazamiento modificó la participación de las marcas tradicionales. Mientras algunas automotrices radicadas industrialmente en la Argentina registran retrocesos de sus patentamientos, varias compañías sin producción local muestran una evolución positiva. El resultado es un mercado con más competidores disputando un volumen menor de operaciones.

La presión se trasladó directamente a la rentabilidad de las agencias. Las terminales fijan objetivos comerciales que, según fuentes del sector, en algunos casos resultan difíciles de alcanzar con el ritmo actual de patentamientos. Para sostener las ventas, las concesionarias recurren a descuentos cada vez mayores y reducen el margen por unidad, con la expectativa de compensarlo mediante bonificaciones asociadas al cumplimiento de objetivos.

La alternativa es todavía más costosa: mantener vehículos sin vender implica financiar inventarios con tasas elevadas. Por eso, algunas agencias comenzaron a cuestionar los volúmenes de unidades que las terminales les solicitan adquirir y optaron por reducir sus compras para evitar una acumulación de stock que presione sobre sus cuentas.

Hasta hace pocos meses, parte de ese ajuste podía absorberse mediante la redistribución de empleados dentro de los propios grupos empresarios. El personal de las marcas con peor desempeño era trasladado hacia operaciones que mostraban mayor dinamismo. Esa posibilidad se redujo a medida que la contracción alcanzó a una mayor cantidad de redes.

La evolución también empieza a modificar la estructura física de las empresas. Algunas concesionarias avanzan con el cierre de sucursales y puntos de venta, concentrando operaciones en establecimientos principales para reducir alquileres, costos administrativos y dotaciones.

La diferencia con el período 2020-2023 es significativa. Durante aquellos años, las restricciones a las importaciones limitaron la disponibilidad de vehículos y redujeron el volumen de unidades comercializadas, pero la escasez permitió sostener precios y márgenes elevados en determinadas operaciones. Con una oferta ahora mucho más amplia, esa ecuación se modificó: hay más vehículos disponibles, más marcas compitiendo y una presión creciente sobre los precios de transacción.

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