El secretario general de la UOM San Jaun, Martín Solazzo, describió el presente del sector como “uno de los peores momentos de la historia reciente”, con fábricas paralizadas, caída en el empleo y un panorama que remite a los años noventa. Apuntó contra la apertura indiscriminada de importaciones, advirtió sobre un “efecto dominó” en todo el país y ratificó el compromiso sindical con la defensa de la industria nacional, la educación, la salud y los jubilados.

La voz de alerta resuena desde el corazón industrial cuyano. Martín Solazo, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en la provincia de San Juan, advirtió que el sector atraviesa “uno de los peores momentos de la historia reciente”, con un nivel de actividad comparable al registrado durante la pandemia y una pérdida de empleos que, según datos gremiales, supera los 5.000 puestos en todo el país.

En diálogo con Mundo Laboral SJ, el dirigente explicó que las fábricas sanjuaninas están “estancadas” y que la situación se replica en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y otras provincias con fuerte presencia metalúrgica. “Estamos en estado de alerta permanente. Cada cierre en una planta repercute en toda la cadena y genera un efecto dominó que tarde o temprano nos alcanza”, sostuvo.

La preocupación no es abstracta. En las últimas semanas, el cierre de una planta de motos en Campana dejó a 70 trabajadores en la calle; en el sector siderúrgico ya se contabilizan 350 despidos, y en Santa Fe una empresa metalúrgica bajó sus persianas con 120 empleados cesanteados. “La industria cuando no tiene trabajo no puede sostener el mismo nivel de empleo. Nosotros defendemos la cultura del trabajo, pero sabemos que sin producción no hay manera de mantener las fábricas abiertas”, subrayó Solazo.

El fantasma de los 90 y la importación indiscriminada

El dirigente comparó el escenario actual con los años noventa, cuando la apertura de las importaciones derivó en la reconversión forzada de numerosas industrias nacionales. “Muchos empresarios están dejando de producir para convertirse en importadores. Una fábrica que empleaba a cien trabajadores hoy se limita a importar piezas, ponerles una etiqueta y reducir la plantilla a veinte embolsadores. El resto son familias que quedan sin sustento”, graficó.

Solazo retomó una idea clásica del pensamiento industrialista: “Cuando exportamos materia prima sin procesarla, lo que estamos haciendo es generar empleo en otro país. Argentina tiene recursos y capacidad, pero sin una política de protección y desarrollo lo único que logramos es destruir nuestra propia base productiva”.

En este punto, el titular de la UOM San Juan reclamó un cambio de rumbo: “Antes de abrir de manera indiscriminada la importación, el Gobierno debería haber fortalecido a la industria local, promovido la competitividad y la innovación tecnológica. De lo contrario, el resultado es condenar a la industria nacional y a la mano de obra argentina”.

Más allá de la fábrica: derechos en riesgo

El diagnóstico de la UOM excede la cuestión industrial. Solazzo anunció que el gremio se sumará al “súper miércoles” de movilización convocado por la CGT, junto a organizaciones universitarias, médicas y científicas, en rechazo al veto presidencial a la ley de emergencia pediátrica. “Siempre vamos a estar del lado de la igualdad y la equidad. No queremos un país para unos pocos. No se puede vetar leyes que garantizan salud y futuro a una generación entera”, advirtió.

En la misma línea, defendió a la universidad pública y al Hospital Garrahan, al que calificó como “el mejor de Sudamérica”. “Son conquistas de décadas que no vamos a dejar caer. Cada derecho que costó lucha y sacrificio, lo vamos a defender. Siempre van a contar con la UOM, en San Juan y en todo el país”, enfatizó.

Un discurso presidencial bajo la lupa

Consultado sobre el mensaje que el presidente Javier Milei pronunció esta semana, en el que defendió su plan económico y aseguró que “lo peor del ajuste ya pasó”, Solazzo fue categórico: “Da pena escucharlo. Parece que hablara de otro país. Dice que los salarios están en 1.200 dólares, pero eso no existe en la realidad de los trabajadores. Estamos muy lejos de lo que describe”.

El sindicalista recordó que Milei ya había hecho la misma promesa hace un año. “En agosto pasado aseguró que lo peor había pasado. Hoy estamos peor que entonces. Cada vez que lo escuchamos repetir ese discurso sentimos que es una burla para quienes vivimos la crisis en la base. No hay señales de reactivación ni en la industria ni en el comercio”, afirmó.

Para el dirigente, la distancia entre el relato oficial y la vida cotidiana de los trabajadores erosiona la credibilidad política: “Cuando el presidente insiste en un diagnóstico que no coincide con lo que pasa en las fábricas, lo único que genera es desesperanza”.

La radiografía que traza la UOM San Juan refleja con nitidez el dilema que enfrenta la Argentina: una industria debilitada por la apertura indiscriminada de importaciones, despidos que se multiplican en todo el país y un Estado que no logra articular políticas de protección y desarrollo. A la vez, el sindicalismo se muestra dispuesto a dar la disputa no solo por los puestos de trabajo, sino también por la salud, la educación y los derechos sociales conquistados.

El contraste entre los discursos oficiales y la realidad que describen los trabajadores anticipa que la conflictividad laboral y social seguirá en aumento. El desenlace dependerá de la capacidad política de generar consensos que permitan reactivar la producción sin resignar soberanía ni justicia social.

El titular nacional de ASIJEMIN, Marcelo Mena, participó de un encuentro en el Senado donde reclamó una nueva legislación minera y defendió el proyecto de jubilación anticipada para los trabajadores del sector. Además, criticó el índice de inflación difundido por el INDEC y ratificó la presencia sindical en el “supermiércoles” legislativo.

Los jerárquicos mineros llevaron al Congreso un reclamo que busca abrir una discusión profunda: qué minería quiere la Argentina para el siglo XXI. Mena, sostuvo que la legislación vigente responde a un modelo del siglo XIX y ya no alcanza para los desafíos actuales.

“Tenemos trabajadores formados en el siglo XX y queremos una minería del siglo XXI. Necesitamos una ley moderna, que piense en el federalismo, en la participación de las provincias, en el agregado de valor con refinerías y en la distribución equitativa de la riqueza”, señaló.

En el mismo encuentro, Mena insistió en la necesidad de aprobar un régimen previsional diferenciado para los trabajadores mineros, presentado el año pasado en el Congreso. El proyecto propone que los varones puedan jubilarse a los 55 años y las mujeres a los 50, con los aportes correspondientes de empleadores y empleados.

“Es muy difícil sostener una vida laboral a 4.000 metros de altura con 20 grados bajo cero, o bajo tierra en la Patagonia profunda. La salud se deteriora antes y necesitamos un marco legal que reconozca esas condiciones extremas”, explicó.

Ausencia de San Juan, presencia de otras provincias

El dirigente destacó la participación de legisladores de La Rioja y de diversos representantes provinciales y del sector privado, pero cuestionó la ausencia del Ministerio de Minería de San Juan. “Fue un vacío llamativo en una provincia clave para la actividad”, observó.

Inflación: la brecha entre la estadística y la vida cotidiana

Más allá del debate sobre minería, Mena se refirió a la situación económica y cuestionó los datos oficiales de inflación. “El 1,9% que marcó el INDEC en agosto no refleja la realidad de las familias. Cuando suben el combustible y los servicios, todo se encarece. La gente prioriza la comida y la educación de sus hijos antes que el consumo. Con esos números es imposible discutir paritarias serias”, advirtió.
El referente gremial aseguró que la mesa sindical, de la que ASIJEMIN forma parte, trabaja en un planteo conjunto para reclamar un índice que refleje con mayor fidelidad el costo de vida.

Solidaridad entre gremios y defensa de lo público

Aunque reconoció que el sector minero atraviesa un buen momento con paritarias favorables, Mena subrayó que el movimiento sindical no puede mirar hacia otro lado. “Hay compañeros de otros gremios que sufren despidos, cierres de fábricas y recortes en obra pública. No se trata solo de defender lo propio, sino de ser solidarios”, expresó.

Camino al “supermiércoles”

Finalmente, el dirigente anticipó la participación de la mesa sindical en la jornada legislativa conocida como “supermiércoles”, donde se tratarán leyes vinculadas a la ciencia, la universidad y la salud. “Vamos a estar presentes porque no es una cuestión de desestabilizar, sino de reclamar lo que es justo. Queremos que al país le vaya bien, pero con la verdad y con los trabajadores adentro”, concluyó.

La voz de ASIJEMIN en el Congreso reflejó una doble preocupación: por un lado, modernizar la legislación minera y garantizar condiciones de retiro justas para quienes trabajan en contextos extremos; por otro, defender el poder adquisitivo de los salarios frente a una inflación que, según los sindicatos, se mide con criterios alejados de la realidad. Con la vista puesta en el “supermiércoles” legislativo, el sindicalismo minero ratifica que la discusión sobre el modelo productivo no puede separarse de la justicia social.

La Confederación de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), encabezada por Sonia Alesso y Roberto Baradel, expresó un contundente rechazo al Proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el presidente Javier Milei al Congreso. La entidad denunció que el plan oficial “consolida un ajuste estructural” que impactará de lleno en la educación, la ciencia y la tecnología, sectores que consideró “estratégicos para el desarrollo soberano del país”.

El eje central de las críticas radica en la reducción del financiamiento en relación al Producto Bruto Interno (PBI). Según CTERA, el presupuesto prevé una baja progresiva que pasó del 1,44% en 2023 al 0,86% en 2024, con una proyección de apenas 0,75% para 2026.
“Este retroceso implica un golpe severo a la escuela pública, a las universidades y a la investigación científica”, advirtió la central docente, que agrupa a más de veinte sindicatos de todo el país.

Además, el artículo 30 del proyecto plantea la derogación de marcos legales claves que garantizan la inversión educativa y científica. Entre ellos, el artículo 9º de la Ley de Educación Nacional (26.206), que establece un mínimo del 6% del PBI para el sector; los artículos 5º, 6º y 7º de la Ley 27.614, que regulan el financiamiento de la ciencia y la tecnología; y la continuidad del Fondo Nacional para Escuelas de Educación Técnico Profesional. También se propone frenar el aumento progresivo del Fondo de Defensa Nacional (FONDEF).

El gremio docente también cuestionó las previsiones macroeconómicas incluidas en el texto. El Gobierno estima una inflación del 24,5% para diciembre de 2025 y del 10,1% para 2026. Sin embargo, la central recordó que hasta agosto de 2025 la inflación acumulada ya llegaba al 19,5% con un piso mensual del 2%, lo que proyecta un cierre de año en torno al 28-30%.
En la misma línea, calificó como “poco serias” las previsiones de crecimiento económico (+5,4% para 2025 y +5% para 2026), en un contexto de caída sostenida de la actividad.

Un “estado de alerta” en defensa de la escuela pública

En un comunicado oficial, la conducción nacional expresó: “Este presupuesto no solo consolida el ajuste, sino que representa un ataque directo a la educación pública, a la ciencia y a la tecnología. De aprobarse, desarticularía de manera permanente el esquema de financiamiento educativo, científico y tecnológico en la Argentina”.

Ante este panorama, la confederación resolvió declararse en “estado de alerta y movilización”. En los próximos días, convocará a una reunión de Secretarios Generales para definir los pasos a seguir y eventuales medidas de fuerza.

Para CTERA, el debate no es meramente fiscal sino político: se trata de la definición del rol que el Estado debe cumplir en la garantía del derecho social a la educación. El presupuesto, según la mirada sindical, “desconoce el mandato constitucional y las leyes sancionadas democráticamente”, a la vez que “debilita la posibilidad de un modelo inclusivo y soberano”.

Con este posicionamiento, CTERA se suma al conjunto de organizaciones sindicales, universitarias y científicas que ya anticiparon su rechazo al proyecto oficial, en lo que promete ser un nuevo capítulo de conflicto social y político en torno al rumbo del país.