Escándalo en el Acueducto Gran Tulum: un informe técnico advierte que los caños no son aptos para agua potable
Un estudio encargado por OSSE y certificado por Bureau Veritas concluyó que las tuberías instaladas no cumplen con los estándares para transporte de agua potable. La investigación ya está en manos de la Fiscalía y podría derivar en responsabilidades penales y en un millonario perjuicio económico.
La obra del Acueducto Gran Tulum, concebida como la solución estructural para garantizar el abastecimiento de agua potable a gran parte de la población de San Juan, quedó envuelta en un escándalo técnico, político y judicial tras la difusión de un informe que cuestiona la calidad de sus materiales centrales.
El estudio fue encargado por Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) a la consultora Interacción y certificado por Bureau Veritas, una firma internacional especializada en auditorías y control de calidad. Las conclusiones son contundentes: las cañerías instaladas por la empresa Krah “aplican para desagües pluviales y cloacales”, lo que las vuelve inadecuadas para el transporte de agua destinada al consumo humano.
El informe advierte, además, que estos tubos no están diseñados para soportar presión —condición esencial en sistemas de agua potable— y que podrían liberar partículas potencialmente tóxicas, lo que introduce un riesgo sanitario de magnitud. En términos técnicos, se trata de materiales que no cumplen con las normativas exigidas para redes de agua potable, lo que compromete la integridad de toda la obra.
La magnitud del problema es proporcional a la envergadura del proyecto. El Acueducto Gran Tulum fue impulsado como una infraestructura estratégica para abastecer a una población proyectada cercana al millón de habitantes. Su financiamiento se estructuró a partir de un crédito internacional de 100 millones de dólares, que la provincia ya comenzó a amortizar.
Derivaciones judiciales y responsabilidades en la mira
El caso ya tiene impacto en el plano judicial. La investigación está en manos del Ministerio Público Fiscal, a partir de una denuncia presentada por el abogado Marcelo Arancibia, que apunta a presuntas irregularidades en la licitación, posible malversación de fondos y deficiencias en los controles de calidad.
La causa es llevada adelante por los fiscales Francisco Pizarro y Sebastián Gómez, quienes ya cuentan con más de un centenar de cajas de documentación remitidas por OSSE. A esto se suman inspecciones oculares en distintos tramos del acueducto —incluyendo el ramal que conecta el dique Punta Negra con la planta potabilizadora de Marquesado— para verificar tanto la calidad como la correcta instalación de las tuberías.
En consecuencia, el Estado provincial decidió constituirse como querellante, lo que refuerza la dimensión institucional del conflicto. No se descartan nuevas medidas, como pedidos de información a empresas privadas involucradas e incluso allanamientos.
Una licitación bajo cuestionamiento
Las cañerías fueron provistas por la empresa alemana Krah, adjudicataria de dos licitaciones clave entre 2015 y 2017, durante las gestiones de José Luis Gioja y Sergio Uñac. En total, el Estado desembolsó más de 1.300 millones de pesos por estos materiales.
Desde el inicio del proceso licitatorio existieron advertencias. Una empresa competidora, General Plastics, había cuestionado el carácter “experimental” de las tuberías ofrecidas por Krah, así como el hecho de que la oferta económica superaba el presupuesto oficial.
El apoderado de la firma era Gustavo Monti —primo del entonces gobernador—, un dato que ahora vuelve a cobrar relevancia en el marco de la investigación judicial.
Impacto económico y futuro incierto
El escenario que se abre es crítico. Si un segundo estudio independiente, encargado al INTI, confirma las conclusiones del informe de Interacción, la provincia podría verse obligada a retirar las cañerías instaladas. Esto implicaría no sólo la paralización total de la obra, sino también un impacto económico severo: continuar pagando el crédito internacional sin contar con una infraestructura operativa.
A ello se suma la incertidumbre sobre el financiamiento futuro, ya que no existen actualmente recursos asignados para una eventual reposición completa del sistema.
El informe técnico sobre el Acueducto Gran Tulum no sólo pone en duda la calidad de una obra pública emblemática, sino que expone posibles fallas estructurales en los mecanismos de control estatal. Entre riesgos sanitarios, perjuicios económicos y responsabilidades políticas en evaluación, el caso se perfila como uno de los mayores escándalos de infraestructura reciente en la provincia.
La confirmación —o refutación— de estos hallazgos por parte del INTI será determinante para definir si se trata de una falla técnica grave o de un caso de negligencia con consecuencias institucionales profundas. Mientras tanto, la obra permanece bajo una sombra de incertidumbre que compromete tanto su viabilidad como la confianza pública.
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CTA de los Trabajadores: Carla Costabile encabeza la Lista 26 de Julio en San Juan
La secretaria adjunta nacional de ASIJEMIN, Carla Costabile, encabeza la Lista 26 de Julio para las elecciones de la CTA de los Trabajadores del 3 de noviembre. El espacio reúne a referentes sindicales y organizaciones sociales y plantea una central con mayor participación interna, autonomía respecto de los gobiernos y articulación entre trabajadores registrados, estatales, industriales e informales. La conducción nacional de la central oficializó la convocatoria para ese día, con elecciones en los distintos niveles de la organización para el período 2026-2030.
Entre los espacios que, según la presentación de la lista, participan del armado aparecen dirigentes y referentes de SUTEPA (Sindicato de trabajadores de PAMI), ASIJEMIN (Sindicato de supervisores, técnicos y profesionales de la minería), AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina) Alternativa Docente (docentes provinciales), FETIA (Federación de trabajadores de la industria, la energía, servicios y afines) referentes de ATE (Asociación de Trabajadores del estado), y de organizaciones sociales formadas por trabajadores y trabajadoras informales que se contienen y organizan cada día en los territorios. De acá en adelante, es necesario que estén a disposición pública los padrones, para que cada trabajador/a pueda saber si está habilitado para votar. Y se hagan públicos los lugares de votación para comenzar a organizar la campaña electoral.
Costabile, sostuvo que la propuesta busca integrar realidades laborales diferentes, desde trabajadores industriales y estatales hasta quienes desarrollan tareas en la economía informal. La lista también plantea fortalecer la articulación entre organizaciones para abordar reclamos vinculados con salarios, empleo, jubilaciones, salud y educación.
Cuando una familia debe elegir qué gasto pagar y cuál postergar, cuando los servicios aumentan y el salario pierde poder adquisitivo, no hay discurso que pueda ocultar esa situación. Necesitamos una organización que mire la realidad de frente, escuche a los/as trabajadores/as y tenga el coraje de decir lo que otros prefieren callar. Nuestra responsabilidad es transformar esa realidad en una lucha concreta por mejores condiciones de vida para todos los trabajadores y trabajadoras sanjuaninas.

Contra el desguace de todo el patrimonio nacional y de los bienes comunes que sólo fortalece a Trump, el FMI y enriquece a sus socios locales. Creemos que la deuda a saldar es con las trabajadoras y trabajadores. Hay que luchar por un aumento de los salarios y de las jubilaciones. Como también por un aumento del presupuesto en salud y educación. Se tienen que generar puestos de trabajo genuino para todos/as. Llamamos a defender el derecho a la huelga, a la protesta, y todos los derechos consagrados avasallados por la reforma laboral esclavista.Uno de los pedidos formulados por el espacio apunta al proceso electoral. La Lista 26 de Julio reclama que los padrones y los lugares de votación tengan difusión pública, de manera que los afiliados puedan verificar su habilitación y conocer dónde deberán concurrir el día de los comicios. La CTA-T, por su parte, informó oficialmente que ya publicó la convocatoria y el listado federal de mesas, domicilios y horarios de votación.
La disputa por la conducción de la CTA-T en San Juan se inscribe en un año de renovación de las principales estructuras sindicales provinciales. En septiembre, la CGT San Juan renovó autoridades con Eduardo Cabello al frente de una lista única respaldada por 54 organizaciones gremiales; ahora la CTA llegará a las urnas con competencia entre dos listas y con el desafío de definir su conducción para el próximo período.
La elección del 3 de noviembre definirá así la nueva conducción de la central en San Juan y pondrá en juego dos concepciones sobre su funcionamiento, representación y relación con el poder político, en una etapa marcada por reclamos salariales, cambios en el mercado laboral y una fuerte discusión dentro del movimiento sindical.
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En el Día del Empleado de Comercio, Hermes Rodríguez alertó por la caída del consumo y el cierre de locales
El comercio de San Juan atraviesa meses de menor nivel de ventas y cierre de locales, de acuerdo con el diagnóstico planteado por Hermes Rodríguez, titular de la Cámara de Comercio de la provincia. El dirigente empresario vinculó la contracción con el momento económico que atraviesan los negocios y advirtió que sus efectos alcanzan tanto a empleadores como a trabajadores.
La preocupación quedó expuesta en el Día del Empleado de Comercio, una fecha que Rodríguez aprovechó para reconocer el desempeño de quienes sostienen diariamente la atención de los establecimientos. Según señaló, muchos trabajadores mantienen su compromiso incluso frente a dificultades para trasladarse o cuando deben prestar tareas durante jornadas especiales.
El dirigente destacó que este compromiso diario ayuda a sostener los comercios. Asimismo, afirmó que las empresas intentan respaldar a su personal según los recursos de cada negocio, especialmente ahora que la caída en los ingresos presiona la estructura de costos.
Rodríguez resumió el momento con una definición contundente: hay “poco para festejar” desde el punto de vista económico. La expresión refleja la preocupación de la entidad por la evolución de las ventas y por la continuidad de establecimientos que no logran sostener el nivel de operaciones necesario para afrontar sus gastos.
El cierre de locales constituye una de las consecuencias más visibles señaladas por la Cámara. Cada baja supone no solo la desaparición de un punto comercial, sino también la pérdida potencial de puestos de trabajo y de una fuente de ingresos para proveedores y otros servicios vinculados al consumo.
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El EPRE prepara la red eléctrica ante el impacto del “Super Niño”
El EPRE reunió a Hidráulica, Protección Civil, Policía, EPSE y Naturgy San Juan para preparar la respuesta ante posibles contingencias durante el verano 2026/2027. Las distribuidoras deberán garantizar enlaces operativos las 24 horas y contar con equipamiento crítico para restablecer rápidamente el suministro.
El organismo puso en marcha una mesa de coordinación para reforzar la continuidad del servicio eléctrico durante el verano 2026/2027, período en el que San Juan prevé mayores riesgos asociados a tormentas severas y a los efectos del fenómeno El Niño.
La reunión se realizó dentro del Plan Operativo de Emergencia del Comité de Crisis Provincial y convocó a representantes del Departamento de Hidráulica, Protección Civil, Policía de San Juan, Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), Naturgy San Juan y el propio organismo regulador.
La prioridad definida es acortar los tiempos de respuesta frente a eventuales cortes o daños en la infraestructura. Para ello, el EPRE estableció que las distribuidoras deberán disponer de enlaces operativos las 24 horas, los siete días de la semana, que permitan una comunicación inmediata entre los organismos que deban intervenir ante una emergencia.
El dispositivo también contempla la disponibilidad inmediata de equipamiento crítico, entre ellos hidroelevadores, torres de iluminación para trabajos nocturnos y grupos electrógenos de respaldo. La preparación busca evitar que una contingencia climática derive en interrupciones prolongadas o dificulte las tareas de recuperación.
Uno de los puntos centrales será además el restablecimiento prioritario del suministro en hospitales y centros de salud, instalaciones de bombeo de agua potable y domicilios de personas electrodependientes. Estos servicios fueron incorporados como destinos críticos dentro de los esquemas de recuperación.
La coordinación adquiere especial relevancia ante el pronóstico de una temporada con mayor disponibilidad hídrica en la cordillera y la posibilidad de episodios meteorológicos severos. El fenómeno El Niño puede modificar las condiciones hidrológicas y atmosféricas, aunque su evolución concreta dependerá de la intensidad y distribución de las precipitaciones y del deshielo.
El operativo busca que esa mayor variabilidad climática encuentre a los organismos con protocolos de comunicación, recursos técnicos y responsabilidades previamente definidos. La preparación se extenderá durante toda la temporada estival, con la meta de preservar la seguridad y la capacidad de recuperación de la red eléctrica provincial.
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