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Sindicatos, organizaciones estudiantiles y movimientos sociales movilizaron por el centro sanjuanino en rechazo al proyecto de Reforma Laboral que se debate en el Congreso. Anunciaron medidas de fuerza inmediatas y advirtieron que el conflicto podría extenderse durante todo el cuatrimestre universitario.

En una postal que combinó banderas gremiales, pancartas estudiantiles y columnas de organizaciones sociales, cientos de sanjuaninos colmaron el microcentro capitalino para manifestar su oposición al proyecto de Reforma Laboral impulsado por el gobierno nacional.

La concentración tuvo como epicentro la Plaza 25 de Mayo y formó parte de una jornada de protesta replicada en distintos puntos del país.

La marcha, que se desplegó en un clima de firmeza y alta participación, buscó enviar un mensaje directo a los senadores que analizaban la iniciativa en el Congreso. Los organizadores remarcaron que no se trata de una reacción aislada, sino de la expresión territorial de un frente amplio que considera la propuesta oficial como un retroceso en materia de derechos adquiridos.

Entre los referentes sindicales que tomaron la palabra se destacó Carlos Ordoñez, de Viales Nacionales, quien apeló a la tradición histórica del movimiento obrero. “La unión hace la fuerza y la calle es el ámbito donde se han defendido siempre las conquistas laborales”, afirmó, al tiempo que rechazó cualquier modificación que implique —según su interpretación— una regresión normativa.

Desde el ámbito universitario, la advertencia fue aún más concreta. Guadalupe Aguiar, dirigente de SIDUNJ, confirmó la convocatoria a paro para la jornada y su continuidad el lunes próximo. En su intervención, vinculó el rechazo a la reforma con el cuestionamiento al proyecto de “libertad educativa”, al que calificó como perjudicial para el sistema público. El sector docente, sostuvo, se mantiene en estado de alerta y movilización.

El frente universitario suma otro foco de tensión. Edith Liquitay, representante de ADICUS en la Universidad Nacional de San Juan, advirtió que el inicio del cuatrimestre podría verse seriamente afectado. “Habrá paro sin asistencia a los lugares de trabajo y este cuatrimestre completo va a estar atravesado por el conflicto”, anticipó. El reclamo central gira en torno a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya ejecución —según denuncian— no avanza al ritmo esperado.

La presencia de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) reforzó el perfil industrial de la protesta. El gremio ratificó su adhesión a la jornada nacional y acompañó la convocatoria local, consolidando una foto de unidad entre sectores estatales, privados y académicos.

En el diagnóstico compartido por los organizadores, la convocatoria superó las expectativas y consolidó un bloque de resistencia que promete sostener la presión en las próximas semanas.

La hoja de ruta incluye paros, movilizaciones y posibles acciones coordinadas a nivel federal si el proyecto avanza en el Senado.

Más allá del número de asistentes, el dato político que dejó la jornada fue la articulación entre actores diversos bajo una consigna común: la defensa de la estabilidad laboral y del entramado normativo vigente. En una provincia donde la actividad pública y la universidad tienen peso específico en la economía local, el conflicto adquiere una dimensión que trasciende lo sectorial.

La escena, por lo tanto, no se agota en una marcha puntual. Configura el preludio de un escenario de mayor tensión social si el Congreso convierte en ley una reforma que, para amplios sectores sindicales y académicos, representa una amenaza directa a la seguridad jurídica y a la protección del trabajo. En San Juan, al menos, la calle ya marcó posición.

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Crece la preocupación en la construcción por la paralización de proyectos públicos


La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) volvió a manifestar su preocupación por la prolongada retracción que atraviesa el sector y reclamó medidas urgentes para recuperar el nivel de actividad, en un escenario marcado por la paralización de proyectos, la caída de inversiones y el deterioro de una cadena productiva que involucra a miles de empresas y trabajadores en todo el país.

Desde la entidad empresaria señalaron que el freno de numerosas obras de infraestructura comenzó a generar consecuencias cada vez más visibles sobre constructoras, proveedores de insumos, transportistas, industrias asociadas y mano de obra especializada, configurando un cuadro que amenaza con profundizarse si no se adoptan medidas de estímulo en el corto plazo.

Frente a este panorama, CAMARCO insistió en la necesidad de reactivar los proyectos suspendidos, regularizar pagos pendientes con contratistas y establecer una hoja de ruta que permita recuperar la inversión en infraestructura estratégica. Según planteó la organización, la ejecución de obras constituye una herramienta central para impulsar la actividad económica, fortalecer la competitividad y generar empleo formal en distintos puntos del territorio nacional.

La entidad propuso avanzar en un programa federal de infraestructura que contemple obras viales, ampliación de redes energéticas, modernización portuaria, desarrollo ferroviario y ampliación de sistemas de agua y saneamiento. A criterio del sector, estas iniciativas no sólo mejorarían la conectividad y la productividad, sino que también tendrían un efecto multiplicador sobre numerosas ramas de la economía.

El nerviosismo empresario surge en un entorno en el que la construcción continúa exhibiendo dificultades para recuperar el dinamismo perdido durante los últimos meses. La reducción de proyectos financiados por el Estado nacional, sumada a la cautela inversora del sector privado, impactó de manera directa sobre los niveles de ocupación y sobre la demanda de materiales vinculados a la actividad.

CAMARCO sostienen que la infraestructura debe ser considerada una política de desarrollo de largo alcance y no únicamente una variable de ajuste presupuestario. La entidad remarcó que la inversión en obras estratégicas resulta indispensable para acompañar el crecimiento económico, reducir costos logísticos y generar condiciones más favorables para la producción y el comercio.

Para empresarios y especialistas del sector, la discusión ya no se limita exclusivamente a la ejecución de proyectos pendientes. Lo que está en juego, sostienen, es la capacidad del país para sostener empleo, potenciar su competitividad y construir las bases materiales necesarias para acompañar cualquier estrategia de crecimiento a largo plazo.

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Jerárquicos de Comercio acusan a ChangoMás de reemplazar salarios por órdenes de compra

Un nuevo foco de conflicto se abrió en el sector supermercadista luego de que la Asociación del Personal Profesional y Jerárquico de Comercio (APPYJC) denunciara públicamente a Dorinka, empresa controlante de la cadena ChangoMás, por una propuesta de recomposición salarial que el gremio considera lesiva para los trabajadores.

El sindicato cuestionó una propuesta de recomposición del 9% al considerar que no constituye un aumento salarial real. Advirtió que parte de los montos se abonaría mediante órdenes de compra y reintegros de gastos, sin incorporarse al salario básico.

La Asociación del Personal Profesional y Jerárquico de Comercio (APPYJC) denunció a la firma Dorinka, controlante de la cadena ChangoMás, por impulsar una modalidad de actualización de ingresos que, según el gremio, perjudica los derechos laborales de supervisores y mandos medios.

La controversia surgió tras la presentación de una propuesta de recomposición del 9%, luego de más de siete meses sin modificaciones salariales para ese segmento de trabajadores. De acuerdo con la organización sindical, el esquema contempla un 6% a través de créditos de compra utilizables en los propios supermercados de la empresa y un 3% mediante reintegros de gastos sujetos a la presentación de comprobantes.

Desde APPYJC sostienen que estos conceptos no constituyen salario genuino y alertan que, al no integrarse al sueldo básico, afectan el cálculo del aguinaldo, las vacaciones, las indemnizaciones y los aportes previsionales.

La entidad que conduce Gastón Gallo calificó la propuesta como una práctica que recuerda mecanismos de flexibilización laboral aplicados durante la década de 1990 y anunció el estado de alerta, exigiendo la apertura inmediata de una mesa de negociación.

Entre sus reclamos, el sindicato exige incrementos remunerativos incorporados al básico, el cese de cualquier modalidad que considere precarizadora y una negociación salarial que permita recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores.

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Orrego puso en valor a las empresas que invierten y generan trabajo en San Juan

Durante una visita a la planta ubicada en 9 de Julio, el gobernador Marcelo Orrego destacó la trayectoria de Taranto, una de las firmas autopartistas más importantes del país, y remarcó la necesidad de acompañar a los sectores productivos que impulsan el empleo, la innovación y la diversificación económica en la provincia.

La consolidación del entramado industrial sanjuanino sumó este viernes un nuevo episodio con la visita del gobernador Marcelo Orrego a la planta de Taranto, ubicada en el departamento 9 de Julio. La recorrida permitió conocer de primera mano la evolución de una de las compañías autopartistas de mayor relevancia del país, cuya presencia en la provincia se traduce en generación de puestos de trabajo, incorporación de tecnología y permanentes desembolsos destinados a ampliar su capacidad productiva.

Acompañado por el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, y funcionarios del área económica, el mandatario provincial fue recibido por el empresario Norberto Taranto, quien encabezó el recorrido por los distintos sectores de la fábrica. Durante la visita, las autoridades pudieron interiorizarse sobre los procesos industriales que se desarrollan en el establecimiento y dialogar con los trabajadores que integran una plantilla cercana a las 300 personas.

En ese marco, Orrego resaltó la importancia de respaldar a quienes eligen producir en la provincia y sostienen proyectos de largo plazo. El gobernador remarcó que San Juan dispone de recursos humanos capacitados, experiencia industrial y condiciones favorables para continuar ampliando su perfil productivo, factores que —afirmó— permiten proyectar nuevas oportunidades de crecimiento.

El mandatario también destacó la decisión de la empresa de incorporar infraestructura vinculada a la generación de energía solar, una iniciativa que se alinea con el perfil energético que la provincia ha desarrollado en los últimos años. Según señaló, este tipo de inversiones contribuyen a fortalecer la competitividad de las industrias y consolidan una visión de desarrollo asociada a la innovación y la sustentabilidad.

Con una trayectoria que trascendió las fronteras provinciales y nacionales, Taranto se ha convertido en una referencia dentro del sector autopartista argentino. Desde su planta sanjuanina abastece distintos mercados, mientras mantiene operaciones en otras provincias y una red logística que alcanza destinos internacionales, particularmente en América Latina.

La compañía, además, ha diversificado sus actividades hacia la producción agroindustrial mediante emprendimientos vinculados al cultivo y procesamiento de uvas en el departamento San Martín, ampliando así su aporte a la economía local y fortaleciendo distintos eslabones de la cadena productiva.

La visita oficial volvió a poner de relieve la relevancia de la articulación entre el Estado y el sector privado para promover inversiones, generar empleo genuino y sostener el crecimiento económico. En una provincia que busca ampliar su matriz productiva, experiencias empresariales como la de Taranto aparecen como ejemplos de continuidad, expansión y confianza en el potencial de San Juan.

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