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Tras la protesta convocada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación frente al Palacio de Tribunales, Alfredo Collado —referente de Judiciales Nacionales en San juan— cuestionó el eventual traspaso del fuero laboral a la órbita porteña y advirtió que, si se aprueba la reforma laboral, las centrales sindicales avanzarán con planteos de inconstitucionalidad. La Confederación General del Trabajo acompañó la manifestación y anticipó acciones judiciales.

La discusión por la reforma laboral sumó en las últimas horas un nuevo frente de rigidez: el intento de transferir el fuero laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Para el sindicalismo judicial, la medida no es un cambio administrativo sino un movimiento con profundas implicancias institucionales y sociales.

“Desfederalizar la Justicia del Trabajo sería un retroceso enorme”, sostuvo Alfredo Collado en diálogo con Mundo Laboral SJ, luego de la movilización realizada frente al Palacio de Tribunales. La protesta, impulsada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y respaldada por la CGT, buscó visibilizar el rechazo a una iniciativa que —según el dirigente— alteraría el acceso a la tutela judicial efectiva.

El eje del conflicto: competencia y alcance

El fuero laboral nacional tiene competencia en conflictos que involucran a trabajadores y empleadores de alcance federal. Su eventual traspaso a la órbita porteña implicaría concentrar en la Ciudad de Buenos Aires litigios que hoy se tramitan con una lógica federal.

Collado graficó el impacto con un ejemplo concreto: “Si un trabajador del interior tiene un conflicto con una empresa de alcance nacional, hoy puede litigar en su jurisdicción. Con el traspaso, debería hacerlo en Buenos Aires”. A su juicio, ello encarecería y dificultaría el acceso a la Justicia, además de reducir la cantidad de magistrados especializados.

El planteo sindical interpreta la medida como parte de una estrategia más amplia vinculada a la reforma laboral en debate. “No es un hecho aislado. Viene de la mano de cambios que tienden a debilitar la protección del trabajador”, afirmó.

Reforma laboral: entre la calle y los tribunales

En este sentido al debate parlamentario, las centrales obreras anticiparon una batería de presentaciones judiciales en caso de que la norma sea sancionada. La CGT ya anunció que, de avanzar el proyecto, recurrirá a la Justicia para impugnarlo por inconstitucionalidad y solicitar medidas cautelares que suspendan su aplicación hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.

Collado fue categórico: “Según la doctrina y la jurisprudencia vigentes, hay aspectos que colisionan con garantías constitucionales”. El dirigente señaló que la estrategia incluiría pedidos de suspensión inmediata para evitar que la eventual entrada en vigencia genere efectos difíciles de revertir.

La movilización frente a Tribunales tuvo, además, un componente simbólico: trasladar la discusión al ámbito judicial antes incluso de que el Senado defina el texto concluyente. “Es una señal institucional y social”, explicó.

Impacto político y social

El debate no se agota en el plano técnico. Para el sindicalismo, la reforma laboral supone una redefinición del equilibrio entre empleadores y trabajadores. “Recuperar derechos perdidos después es extremadamente complejo”, advirtió Collado, al tiempo que cuestionó a los legisladores que acompañen la iniciativa sin considerar sus consecuencias.

El referente gremial convocó a los trabajadores a participar de las movilizaciones en sus respectivas provincias, más allá de sus afinidades partidarias. “Esto no tiene que ver con banderas políticas sino con condiciones laborales”, sostuvo, en un mensaje que busca ampliar el alcance del reclamo.

Ante una situación económica marcada por tensiones fiscales y desaceleración inflacionaria, el Gobierno sostiene que la reforma apunta a modernizar el mercado laboral y promover la creación de empleo. El sindicalismo, en cambio, advierte que la flexibilización podría traducirse en mayor precarización y litigiosidad.

Una disputa de fondo

La eventual transferencia del fuero laboral y la reforma en debate comparten un mismo trasfondo: la reorganización del sistema de relaciones laborales en la Argentina. Para los judiciales, el riesgo es doble: por un lado, limitar el acceso a la Justicia especializada; por otro, alterar el andamiaje normativo que regula la protección del empleo.

La ofensiva legal anunciada por la CGT abre un nuevo capítulo que podría trasladar la discusión desde el Congreso hacia los estrados judiciales. Allí se dirimirá no sólo la constitucionalidad de artículos específicos, sino también el alcance de los derechos laborales en la etapa que se inicia.

En ese escenario, la advertencia de Collado sintetiza el clima que atraviesa al sector: más allá del resultado parlamentario, la disputa recién comienza. Y su resolución definirá el equilibrio entre modernización normativa y garantías históricas del trabajo.

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Crece la preocupación en la construcción por la paralización de proyectos públicos


La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) volvió a manifestar su preocupación por la prolongada retracción que atraviesa el sector y reclamó medidas urgentes para recuperar el nivel de actividad, en un escenario marcado por la paralización de proyectos, la caída de inversiones y el deterioro de una cadena productiva que involucra a miles de empresas y trabajadores en todo el país.

Desde la entidad empresaria señalaron que el freno de numerosas obras de infraestructura comenzó a generar consecuencias cada vez más visibles sobre constructoras, proveedores de insumos, transportistas, industrias asociadas y mano de obra especializada, configurando un cuadro que amenaza con profundizarse si no se adoptan medidas de estímulo en el corto plazo.

Frente a este panorama, CAMARCO insistió en la necesidad de reactivar los proyectos suspendidos, regularizar pagos pendientes con contratistas y establecer una hoja de ruta que permita recuperar la inversión en infraestructura estratégica. Según planteó la organización, la ejecución de obras constituye una herramienta central para impulsar la actividad económica, fortalecer la competitividad y generar empleo formal en distintos puntos del territorio nacional.

La entidad propuso avanzar en un programa federal de infraestructura que contemple obras viales, ampliación de redes energéticas, modernización portuaria, desarrollo ferroviario y ampliación de sistemas de agua y saneamiento. A criterio del sector, estas iniciativas no sólo mejorarían la conectividad y la productividad, sino que también tendrían un efecto multiplicador sobre numerosas ramas de la economía.

El nerviosismo empresario surge en un entorno en el que la construcción continúa exhibiendo dificultades para recuperar el dinamismo perdido durante los últimos meses. La reducción de proyectos financiados por el Estado nacional, sumada a la cautela inversora del sector privado, impactó de manera directa sobre los niveles de ocupación y sobre la demanda de materiales vinculados a la actividad.

CAMARCO sostienen que la infraestructura debe ser considerada una política de desarrollo de largo alcance y no únicamente una variable de ajuste presupuestario. La entidad remarcó que la inversión en obras estratégicas resulta indispensable para acompañar el crecimiento económico, reducir costos logísticos y generar condiciones más favorables para la producción y el comercio.

Para empresarios y especialistas del sector, la discusión ya no se limita exclusivamente a la ejecución de proyectos pendientes. Lo que está en juego, sostienen, es la capacidad del país para sostener empleo, potenciar su competitividad y construir las bases materiales necesarias para acompañar cualquier estrategia de crecimiento a largo plazo.

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Jerárquicos de Comercio acusan a ChangoMás de reemplazar salarios por órdenes de compra

Un nuevo foco de conflicto se abrió en el sector supermercadista luego de que la Asociación del Personal Profesional y Jerárquico de Comercio (APPYJC) denunciara públicamente a Dorinka, empresa controlante de la cadena ChangoMás, por una propuesta de recomposición salarial que el gremio considera lesiva para los trabajadores.

El sindicato cuestionó una propuesta de recomposición del 9% al considerar que no constituye un aumento salarial real. Advirtió que parte de los montos se abonaría mediante órdenes de compra y reintegros de gastos, sin incorporarse al salario básico.

La Asociación del Personal Profesional y Jerárquico de Comercio (APPYJC) denunció a la firma Dorinka, controlante de la cadena ChangoMás, por impulsar una modalidad de actualización de ingresos que, según el gremio, perjudica los derechos laborales de supervisores y mandos medios.

La controversia surgió tras la presentación de una propuesta de recomposición del 9%, luego de más de siete meses sin modificaciones salariales para ese segmento de trabajadores. De acuerdo con la organización sindical, el esquema contempla un 6% a través de créditos de compra utilizables en los propios supermercados de la empresa y un 3% mediante reintegros de gastos sujetos a la presentación de comprobantes.

Desde APPYJC sostienen que estos conceptos no constituyen salario genuino y alertan que, al no integrarse al sueldo básico, afectan el cálculo del aguinaldo, las vacaciones, las indemnizaciones y los aportes previsionales.

La entidad que conduce Gastón Gallo calificó la propuesta como una práctica que recuerda mecanismos de flexibilización laboral aplicados durante la década de 1990 y anunció el estado de alerta, exigiendo la apertura inmediata de una mesa de negociación.

Entre sus reclamos, el sindicato exige incrementos remunerativos incorporados al básico, el cese de cualquier modalidad que considere precarizadora y una negociación salarial que permita recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores.

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Orrego puso en valor a las empresas que invierten y generan trabajo en San Juan

Durante una visita a la planta ubicada en 9 de Julio, el gobernador Marcelo Orrego destacó la trayectoria de Taranto, una de las firmas autopartistas más importantes del país, y remarcó la necesidad de acompañar a los sectores productivos que impulsan el empleo, la innovación y la diversificación económica en la provincia.

La consolidación del entramado industrial sanjuanino sumó este viernes un nuevo episodio con la visita del gobernador Marcelo Orrego a la planta de Taranto, ubicada en el departamento 9 de Julio. La recorrida permitió conocer de primera mano la evolución de una de las compañías autopartistas de mayor relevancia del país, cuya presencia en la provincia se traduce en generación de puestos de trabajo, incorporación de tecnología y permanentes desembolsos destinados a ampliar su capacidad productiva.

Acompañado por el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, y funcionarios del área económica, el mandatario provincial fue recibido por el empresario Norberto Taranto, quien encabezó el recorrido por los distintos sectores de la fábrica. Durante la visita, las autoridades pudieron interiorizarse sobre los procesos industriales que se desarrollan en el establecimiento y dialogar con los trabajadores que integran una plantilla cercana a las 300 personas.

En ese marco, Orrego resaltó la importancia de respaldar a quienes eligen producir en la provincia y sostienen proyectos de largo plazo. El gobernador remarcó que San Juan dispone de recursos humanos capacitados, experiencia industrial y condiciones favorables para continuar ampliando su perfil productivo, factores que —afirmó— permiten proyectar nuevas oportunidades de crecimiento.

El mandatario también destacó la decisión de la empresa de incorporar infraestructura vinculada a la generación de energía solar, una iniciativa que se alinea con el perfil energético que la provincia ha desarrollado en los últimos años. Según señaló, este tipo de inversiones contribuyen a fortalecer la competitividad de las industrias y consolidan una visión de desarrollo asociada a la innovación y la sustentabilidad.

Con una trayectoria que trascendió las fronteras provinciales y nacionales, Taranto se ha convertido en una referencia dentro del sector autopartista argentino. Desde su planta sanjuanina abastece distintos mercados, mientras mantiene operaciones en otras provincias y una red logística que alcanza destinos internacionales, particularmente en América Latina.

La compañía, además, ha diversificado sus actividades hacia la producción agroindustrial mediante emprendimientos vinculados al cultivo y procesamiento de uvas en el departamento San Martín, ampliando así su aporte a la economía local y fortaleciendo distintos eslabones de la cadena productiva.

La visita oficial volvió a poner de relieve la relevancia de la articulación entre el Estado y el sector privado para promover inversiones, generar empleo genuino y sostener el crecimiento económico. En una provincia que busca ampliar su matriz productiva, experiencias empresariales como la de Taranto aparecen como ejemplos de continuidad, expansión y confianza en el potencial de San Juan.

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