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El comienzo del ciclo lectivo 2026 quedó envuelto en incertidumbre tras la convocatoria a un paro nacional docente anunciada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera). La medida de fuerza, prevista para el lunes 2 de marzo, forma parte de un plan de lucha que incluye movilizaciones, acampes y caravanas en todo el país.

La decisión fue adoptada durante el Congreso Ordinario y Extraordinario de la entidad, con participación de delegados de todas las jurisdicciones. Allí, la secretaria general, Sonia Alesso, presentó un informe crítico sobre la situación del sistema educativo y cuestionó el impacto de las políticas de ajuste impulsadas por la administración nacional.

Reclamos salariales y financiamiento en el centro

El eje del conflicto combina demandas salariales y estructurales. Ctera exige la convocatoria a la paritaria nacional docente —instancia que fija el piso salarial y ordena la negociación en las provincias—, la sanción de una nueva ley de financiamiento educativo y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), componente que complementaba los ingresos de maestros y profesores con recursos federales.

La conducción sindical sostiene que la pérdida de ese fondo y la falta de actualización presupuestaria deterioraron el poder adquisitivo y ampliaron las asimetrías entre distritos. En ese marco, también expresó su rechazo al proyecto oficial de reforma laboral y a la denominada Ley de Libertad Educativa, iniciativa que retomaría la propuesta de campaña de reemplazar subsidios directos a instituciones por un sistema de vouchers destinados a las familias.

Para la organización gremial, ese esquema podría profundizar desigualdades territoriales y debilitar el rol del Estado como garante del derecho a la educación.

Provincia de Buenos Aires y efecto dominó

El escenario se complejiza en la provincia de Buenos Aires. La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) ya había resuelto un paro para la misma fecha tras rechazar la oferta salarial del gobierno provincial. Por su parte, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) confirmó su adhesión a la medida nacional, aunque aclaró que mantiene abiertas las negociaciones con la administración de Axel Kicillof, lo que deja margen para eventuales cambios de último momento.

Más allá de Ctera —enrolada en la CTA de los Trabajadores—, los sindicatos docentes vinculados a la Confederación General del Trabajo (CGT), como la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), advirtieron que el inicio de clases también podría verse afectado si no se reabre la paritaria nacional. Aunque todavía no anunciaron huelgas, el riesgo de una convergencia sindical amplía la dimensión del conflicto.

Un frente político en expansión

El paro docente se inscribe en una secuencia de tensiones entre el Gobierno nacional y distintos sectores sindicales. La educación, por su capilaridad territorial y su impacto social, constituye un terreno especialmente sensible.

El Ejecutivo, que ha defendido su política de reducción del gasto público y promovido reformas estructurales, enfrenta así un nuevo desafío en el plano federal. La negociación paritaria no solo implica discutir cifras, sino también definir el alcance del financiamiento educativo y el rol de la Nación en la coordinación del sistema.

Para las provincias, el escenario tampoco es neutro: sin un piso salarial nacional actualizado ni transferencias complementarias, la presión presupuestaria se incrementa en distritos con menor capacidad fiscal.

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Crece la preocupación en la construcción por la paralización de proyectos públicos


La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) volvió a manifestar su preocupación por la prolongada retracción que atraviesa el sector y reclamó medidas urgentes para recuperar el nivel de actividad, en un escenario marcado por la paralización de proyectos, la caída de inversiones y el deterioro de una cadena productiva que involucra a miles de empresas y trabajadores en todo el país.

Desde la entidad empresaria señalaron que el freno de numerosas obras de infraestructura comenzó a generar consecuencias cada vez más visibles sobre constructoras, proveedores de insumos, transportistas, industrias asociadas y mano de obra especializada, configurando un cuadro que amenaza con profundizarse si no se adoptan medidas de estímulo en el corto plazo.

Frente a este panorama, CAMARCO insistió en la necesidad de reactivar los proyectos suspendidos, regularizar pagos pendientes con contratistas y establecer una hoja de ruta que permita recuperar la inversión en infraestructura estratégica. Según planteó la organización, la ejecución de obras constituye una herramienta central para impulsar la actividad económica, fortalecer la competitividad y generar empleo formal en distintos puntos del territorio nacional.

La entidad propuso avanzar en un programa federal de infraestructura que contemple obras viales, ampliación de redes energéticas, modernización portuaria, desarrollo ferroviario y ampliación de sistemas de agua y saneamiento. A criterio del sector, estas iniciativas no sólo mejorarían la conectividad y la productividad, sino que también tendrían un efecto multiplicador sobre numerosas ramas de la economía.

El nerviosismo empresario surge en un entorno en el que la construcción continúa exhibiendo dificultades para recuperar el dinamismo perdido durante los últimos meses. La reducción de proyectos financiados por el Estado nacional, sumada a la cautela inversora del sector privado, impactó de manera directa sobre los niveles de ocupación y sobre la demanda de materiales vinculados a la actividad.

CAMARCO sostienen que la infraestructura debe ser considerada una política de desarrollo de largo alcance y no únicamente una variable de ajuste presupuestario. La entidad remarcó que la inversión en obras estratégicas resulta indispensable para acompañar el crecimiento económico, reducir costos logísticos y generar condiciones más favorables para la producción y el comercio.

Para empresarios y especialistas del sector, la discusión ya no se limita exclusivamente a la ejecución de proyectos pendientes. Lo que está en juego, sostienen, es la capacidad del país para sostener empleo, potenciar su competitividad y construir las bases materiales necesarias para acompañar cualquier estrategia de crecimiento a largo plazo.

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Jerárquicos de Comercio acusan a ChangoMás de reemplazar salarios por órdenes de compra

Un nuevo foco de conflicto se abrió en el sector supermercadista luego de que la Asociación del Personal Profesional y Jerárquico de Comercio (APPYJC) denunciara públicamente a Dorinka, empresa controlante de la cadena ChangoMás, por una propuesta de recomposición salarial que el gremio considera lesiva para los trabajadores.

El sindicato cuestionó una propuesta de recomposición del 9% al considerar que no constituye un aumento salarial real. Advirtió que parte de los montos se abonaría mediante órdenes de compra y reintegros de gastos, sin incorporarse al salario básico.

La Asociación del Personal Profesional y Jerárquico de Comercio (APPYJC) denunció a la firma Dorinka, controlante de la cadena ChangoMás, por impulsar una modalidad de actualización de ingresos que, según el gremio, perjudica los derechos laborales de supervisores y mandos medios.

La controversia surgió tras la presentación de una propuesta de recomposición del 9%, luego de más de siete meses sin modificaciones salariales para ese segmento de trabajadores. De acuerdo con la organización sindical, el esquema contempla un 6% a través de créditos de compra utilizables en los propios supermercados de la empresa y un 3% mediante reintegros de gastos sujetos a la presentación de comprobantes.

Desde APPYJC sostienen que estos conceptos no constituyen salario genuino y alertan que, al no integrarse al sueldo básico, afectan el cálculo del aguinaldo, las vacaciones, las indemnizaciones y los aportes previsionales.

La entidad que conduce Gastón Gallo calificó la propuesta como una práctica que recuerda mecanismos de flexibilización laboral aplicados durante la década de 1990 y anunció el estado de alerta, exigiendo la apertura inmediata de una mesa de negociación.

Entre sus reclamos, el sindicato exige incrementos remunerativos incorporados al básico, el cese de cualquier modalidad que considere precarizadora y una negociación salarial que permita recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores.

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Orrego puso en valor a las empresas que invierten y generan trabajo en San Juan

Durante una visita a la planta ubicada en 9 de Julio, el gobernador Marcelo Orrego destacó la trayectoria de Taranto, una de las firmas autopartistas más importantes del país, y remarcó la necesidad de acompañar a los sectores productivos que impulsan el empleo, la innovación y la diversificación económica en la provincia.

La consolidación del entramado industrial sanjuanino sumó este viernes un nuevo episodio con la visita del gobernador Marcelo Orrego a la planta de Taranto, ubicada en el departamento 9 de Julio. La recorrida permitió conocer de primera mano la evolución de una de las compañías autopartistas de mayor relevancia del país, cuya presencia en la provincia se traduce en generación de puestos de trabajo, incorporación de tecnología y permanentes desembolsos destinados a ampliar su capacidad productiva.

Acompañado por el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, y funcionarios del área económica, el mandatario provincial fue recibido por el empresario Norberto Taranto, quien encabezó el recorrido por los distintos sectores de la fábrica. Durante la visita, las autoridades pudieron interiorizarse sobre los procesos industriales que se desarrollan en el establecimiento y dialogar con los trabajadores que integran una plantilla cercana a las 300 personas.

En ese marco, Orrego resaltó la importancia de respaldar a quienes eligen producir en la provincia y sostienen proyectos de largo plazo. El gobernador remarcó que San Juan dispone de recursos humanos capacitados, experiencia industrial y condiciones favorables para continuar ampliando su perfil productivo, factores que —afirmó— permiten proyectar nuevas oportunidades de crecimiento.

El mandatario también destacó la decisión de la empresa de incorporar infraestructura vinculada a la generación de energía solar, una iniciativa que se alinea con el perfil energético que la provincia ha desarrollado en los últimos años. Según señaló, este tipo de inversiones contribuyen a fortalecer la competitividad de las industrias y consolidan una visión de desarrollo asociada a la innovación y la sustentabilidad.

Con una trayectoria que trascendió las fronteras provinciales y nacionales, Taranto se ha convertido en una referencia dentro del sector autopartista argentino. Desde su planta sanjuanina abastece distintos mercados, mientras mantiene operaciones en otras provincias y una red logística que alcanza destinos internacionales, particularmente en América Latina.

La compañía, además, ha diversificado sus actividades hacia la producción agroindustrial mediante emprendimientos vinculados al cultivo y procesamiento de uvas en el departamento San Martín, ampliando así su aporte a la economía local y fortaleciendo distintos eslabones de la cadena productiva.

La visita oficial volvió a poner de relieve la relevancia de la articulación entre el Estado y el sector privado para promover inversiones, generar empleo genuino y sostener el crecimiento económico. En una provincia que busca ampliar su matriz productiva, experiencias empresariales como la de Taranto aparecen como ejemplos de continuidad, expansión y confianza en el potencial de San Juan.

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