Gremios opositores endurecen su postura y llaman a marchar mientras la CGT define su estrategia
El espacio sindical que integran la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y las dos CTAs convocó a marchar este viernes frente al Congreso en rechazo al proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei. ATE confirmó un paro nacional y la CGT evaluará si acompaña la protesta.
En un nuevo episodio del conflicto por la reforma laboral, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) resolvió movilizar este viernes 27 de febrero al Congreso para manifestarse contra la posible aprobación en el Senado del proyecto de flexibilización que impulsa el presidente Milei. La convocatoria se definió tras una reunión realizada en la sede de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), en la Ciudad de Buenos Aires, con participación de dirigentes de más de un centenar de organizaciones gremiales.
El FreSU nuclea, entre otros, a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el Sindicato de Aceiteros, gremios aeronáuticos, las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la denominada Mesa Sindical. El colectivo dejó en libertad de acción a cada organización para evaluar la convocatoria a un paro que acompañe la movilización. En ese marco, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un paro nacional para la jornada.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cargó con dureza contra el proyecto oficial. “Esta reforma laboral es la continuidad de la que inició a sangre y fuego hace 50 años la dictadura militar. Tenemos que evitar que salga del Congreso”, afirmó, y cuestionó la estrategia de la Confederación General del Trabajo (CGT), que hasta ahora mantuvo una postura más cautelosa respecto de las movilizaciones.
La central obrera reunirá este miércoles a su Consejo Directivo para definir si se suma a la convocatoria. El contraste estratégico quedó expuesto en el paro general del jueves 19, cuando el FreSU decidió marchar al Congreso mientras la CGT se limitó a la huelga sin convocatoria a movilización. Esa diferenciación consolidó al frente sindical como un polo de mayor confrontación directa frente al oficialismo.
Tensión interna y respaldo a Furlán
En simultaneo al rechazo parlamentario, el FreSU hizo pública una declaración de apoyo al titular de la UOM, Abel Furlán, en la antesala de elecciones clave en el gremio metalúrgico. El espacio denunció una “campaña de hostigamiento” y “operaciones mediáticas” destinadas a debilitar su conducción.
El comunicado apuntó también contra el empresario Paolo Rocca, a quien identificaron como uno de los principales exponentes del poder económico enfrentado con la UOM en la discusión por salarios y condiciones laborales en el sector siderúrgico y metalúrgico. Según el FreSU, los cuestionamientos a Furlán buscan intervenir indirectamente en el proceso electoral interno y erosionar una conducción que calificaron de “valiente” frente a las presiones empresariales.
La disputa excede la coyuntura legislativa. En el trasfondo se cruzan la pulseada por el rumbo del movimiento obrero, la estrategia frente al Gobierno y la reorganización interna de los gremios en un ámbito de caída del poder adquisitivo y reformas estructurales.
Con el Senado como próximo escenario decisivo, el conflicto sindical vuelve a ocupar el centro de la escena política. El grado de adhesión que logre la movilización del viernes y la eventual participación de la CGT marcarán el volumen real de la resistencia gremial frente al oficialismo.
Más allá del resultado parlamentario, la convocatoria del FreSU confirma que el movimiento obrero atraviesa una etapa de reconfiguración interna y de redefinición de liderazgos. La discusión ya no se limita al texto de la reforma laboral: también pone en juego el modelo de representación sindical y la capacidad de articulación frente a un Gobierno decidido a avanzar con cambios estructurales en el mercado de trabajo.
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Crece la preocupación en la construcción por la paralización de proyectos públicos
La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) volvió a manifestar su preocupación por la prolongada retracción que atraviesa el sector y reclamó medidas urgentes para recuperar el nivel de actividad, en un escenario marcado por la paralización de proyectos, la caída de inversiones y el deterioro de una cadena productiva que involucra a miles de empresas y trabajadores en todo el país.
Desde la entidad empresaria señalaron que el freno de numerosas obras de infraestructura comenzó a generar consecuencias cada vez más visibles sobre constructoras, proveedores de insumos, transportistas, industrias asociadas y mano de obra especializada, configurando un cuadro que amenaza con profundizarse si no se adoptan medidas de estímulo en el corto plazo.
Frente a este panorama, CAMARCO insistió en la necesidad de reactivar los proyectos suspendidos, regularizar pagos pendientes con contratistas y establecer una hoja de ruta que permita recuperar la inversión en infraestructura estratégica. Según planteó la organización, la ejecución de obras constituye una herramienta central para impulsar la actividad económica, fortalecer la competitividad y generar empleo formal en distintos puntos del territorio nacional.
La entidad propuso avanzar en un programa federal de infraestructura que contemple obras viales, ampliación de redes energéticas, modernización portuaria, desarrollo ferroviario y ampliación de sistemas de agua y saneamiento. A criterio del sector, estas iniciativas no sólo mejorarían la conectividad y la productividad, sino que también tendrían un efecto multiplicador sobre numerosas ramas de la economía.
El nerviosismo empresario surge en un entorno en el que la construcción continúa exhibiendo dificultades para recuperar el dinamismo perdido durante los últimos meses. La reducción de proyectos financiados por el Estado nacional, sumada a la cautela inversora del sector privado, impactó de manera directa sobre los niveles de ocupación y sobre la demanda de materiales vinculados a la actividad.
CAMARCO sostienen que la infraestructura debe ser considerada una política de desarrollo de largo alcance y no únicamente una variable de ajuste presupuestario. La entidad remarcó que la inversión en obras estratégicas resulta indispensable para acompañar el crecimiento económico, reducir costos logísticos y generar condiciones más favorables para la producción y el comercio.
Para empresarios y especialistas del sector, la discusión ya no se limita exclusivamente a la ejecución de proyectos pendientes. Lo que está en juego, sostienen, es la capacidad del país para sostener empleo, potenciar su competitividad y construir las bases materiales necesarias para acompañar cualquier estrategia de crecimiento a largo plazo.
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Jerárquicos de Comercio acusan a ChangoMás de reemplazar salarios por órdenes de compra
Un nuevo foco de conflicto se abrió en el sector supermercadista luego de que la Asociación del Personal Profesional y Jerárquico de Comercio (APPYJC) denunciara públicamente a Dorinka, empresa controlante de la cadena ChangoMás, por una propuesta de recomposición salarial que el gremio considera lesiva para los trabajadores.
El sindicato cuestionó una propuesta de recomposición del 9% al considerar que no constituye un aumento salarial real. Advirtió que parte de los montos se abonaría mediante órdenes de compra y reintegros de gastos, sin incorporarse al salario básico.
La Asociación del Personal Profesional y Jerárquico de Comercio (APPYJC) denunció a la firma Dorinka, controlante de la cadena ChangoMás, por impulsar una modalidad de actualización de ingresos que, según el gremio, perjudica los derechos laborales de supervisores y mandos medios.
La controversia surgió tras la presentación de una propuesta de recomposición del 9%, luego de más de siete meses sin modificaciones salariales para ese segmento de trabajadores. De acuerdo con la organización sindical, el esquema contempla un 6% a través de créditos de compra utilizables en los propios supermercados de la empresa y un 3% mediante reintegros de gastos sujetos a la presentación de comprobantes.
Desde APPYJC sostienen que estos conceptos no constituyen salario genuino y alertan que, al no integrarse al sueldo básico, afectan el cálculo del aguinaldo, las vacaciones, las indemnizaciones y los aportes previsionales.
La entidad que conduce Gastón Gallo calificó la propuesta como una práctica que recuerda mecanismos de flexibilización laboral aplicados durante la década de 1990 y anunció el estado de alerta, exigiendo la apertura inmediata de una mesa de negociación.
Entre sus reclamos, el sindicato exige incrementos remunerativos incorporados al básico, el cese de cualquier modalidad que considere precarizadora y una negociación salarial que permita recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores.
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Orrego puso en valor a las empresas que invierten y generan trabajo en San Juan
Durante una visita a la planta ubicada en 9 de Julio, el gobernador Marcelo Orrego destacó la trayectoria de Taranto, una de las firmas autopartistas más importantes del país, y remarcó la necesidad de acompañar a los sectores productivos que impulsan el empleo, la innovación y la diversificación económica en la provincia.
La consolidación del entramado industrial sanjuanino sumó este viernes un nuevo episodio con la visita del gobernador Marcelo Orrego a la planta de Taranto, ubicada en el departamento 9 de Julio. La recorrida permitió conocer de primera mano la evolución de una de las compañías autopartistas de mayor relevancia del país, cuya presencia en la provincia se traduce en generación de puestos de trabajo, incorporación de tecnología y permanentes desembolsos destinados a ampliar su capacidad productiva.
Acompañado por el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, y funcionarios del área económica, el mandatario provincial fue recibido por el empresario Norberto Taranto, quien encabezó el recorrido por los distintos sectores de la fábrica. Durante la visita, las autoridades pudieron interiorizarse sobre los procesos industriales que se desarrollan en el establecimiento y dialogar con los trabajadores que integran una plantilla cercana a las 300 personas.
En ese marco, Orrego resaltó la importancia de respaldar a quienes eligen producir en la provincia y sostienen proyectos de largo plazo. El gobernador remarcó que San Juan dispone de recursos humanos capacitados, experiencia industrial y condiciones favorables para continuar ampliando su perfil productivo, factores que —afirmó— permiten proyectar nuevas oportunidades de crecimiento.
El mandatario también destacó la decisión de la empresa de incorporar infraestructura vinculada a la generación de energía solar, una iniciativa que se alinea con el perfil energético que la provincia ha desarrollado en los últimos años. Según señaló, este tipo de inversiones contribuyen a fortalecer la competitividad de las industrias y consolidan una visión de desarrollo asociada a la innovación y la sustentabilidad.
Con una trayectoria que trascendió las fronteras provinciales y nacionales, Taranto se ha convertido en una referencia dentro del sector autopartista argentino. Desde su planta sanjuanina abastece distintos mercados, mientras mantiene operaciones en otras provincias y una red logística que alcanza destinos internacionales, particularmente en América Latina.
La compañía, además, ha diversificado sus actividades hacia la producción agroindustrial mediante emprendimientos vinculados al cultivo y procesamiento de uvas en el departamento San Martín, ampliando así su aporte a la economía local y fortaleciendo distintos eslabones de la cadena productiva.
La visita oficial volvió a poner de relieve la relevancia de la articulación entre el Estado y el sector privado para promover inversiones, generar empleo genuino y sostener el crecimiento económico. En una provincia que busca ampliar su matriz productiva, experiencias empresariales como la de Taranto aparecen como ejemplos de continuidad, expansión y confianza en el potencial de San Juan.
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