El plenario de delegados de UDAP resolvió rechazar la oferta presentada por el Gobierno provincial en la mesa paritaria y confirmó el paro previsto para el 2 de marzo, fecha de inicio del ciclo lectivo en San Juan. El gremio consideró insuficiente la propuesta y dejó abierta la posibilidad de adherir a medidas nacionales convocadas por Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

El conflicto docente en la provincia sumó un nuevo capítulo este viernes. Tras analizar durante varias horas la oferta salarial presentada el 12 de febrero por el Ejecutivo provincial, el plenario de delegados de UDAP decidió rechazarla por considerarla insuficiente y ratificó la medida de fuerza ya definida para el 2 de marzo, día en que está previsto el inicio de clases en el nivel primario.

La decisión fue comunicada oficialmente mediante un parte firmado por la secretaria general, Patricia Quiroga. En el documento, el gremio mayoritario de los docentes sanjuaninos dejó en claro que insistirá con el pedido de recomposición salarial planteado en el acta paritaria de diciembre de 2025 y ratificó las medidas de fuerza votadas el 9 de febrero.

Además, el plenario facultó a sus congresales a adherir a eventuales paros o acciones de protesta que convoque CTERA a nivel nacional, central obrera a la que responde orgánicamente el sindicato.

La oferta oficial

La propuesta fue presentada en la segunda reunión paritaria del año, que se extendió por más de siete horas y estuvo encabezada por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, y el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez. También participaron los gremios UDA y AMET.

El Ejecutivo propuso:

. Elevar la ayuda escolar a $100.000 por hijo, a abonarse con el salario de febrero.
. Un pago por equipamiento docente de $128.801,76, también en febrero.
. Un incremento del 5% en el Valor Índice en marzo de 2026, tomando como base diciembre de 2025.
. Otro aumento del 5% en junio de 2026, calculado sobre el índice de marzo.
. Una suba de seis puntos en el código E60 desde marzo.

Tras la presentación, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el 20 de febrero a las 14, fecha en la que debía formalizarse la respuesta gremial. Con el rechazo de UDAP, la negociación ingresa ahora en una fase decisiva.

Desde el Gobierno habían destacado que San Juan fue una de las primeras provincias en abrir la discusión paritaria docente, en un intento por anticipar el conflicto antes del inicio del ciclo lectivo.

Impacto en el inicio de clases

La huelga ratificada para el 2 de marzo coincide con el comienzo formal del ciclo lectivo en las escuelas primarias de la provincia. De confirmarse la medida, es posible que se realicen los actos de apertura, pero que los docentes adheridos no dicten clases durante esa jornada.

El escenario abre interrogantes sobre la continuidad del conflicto si no se alcanza un acuerdo antes del inicio efectivo de las actividades. En un momento de fuerte presión inflacionaria y pérdida del poder adquisitivo, el salario docente vuelve a convertirse en eje de tensión política y social.

La última medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirmó que la canasta básica total para una familia tipo alcanzó más de $1,360.000, el umbral que determina la línea de pobreza. En consecuencia, los salarios registrados —tanto del sector público como privado— quedaron casi tres puntos por debajo de la inflación acumulada en 2025, profundizando la pérdida del poder adquisitivo.

El deterioro del salario real vuelve a instalarse como una de las principales preocupaciones económicas y sociales del año. La suba sostenida del costo de vida, impulsada por alimentos, servicios y bienes esenciales, continúa desfasada respecto de la evolución de los ingresos formales.

El dato de la canasta básica total no es un número aislado: fija el piso a partir del cual una familia tipo es considerada pobre. Que ese umbral haya trepado a más de $1,360.000 revela la magnitud del esfuerzo económico que deben realizar los hogares trabajadores para sostener un nivel mínimo de consumo.

Al mismo tiempo, los sueldos registrados no lograron acompañar la dinámica inflacionaria. Según los últimos estudios oficiales, el promedio de ingresos del sector formal quedó casi tres puntos por debajo del alza general de precios acumulada en 2025. El resultado es una nueva contracción del poder adquisitivo, que se suma a la pérdida arrastrada en los últimos años.

La brecha entre precios e ingresos

La combinación de inflación persistente y paritarias que corren desde atrás genera un círculo complejo. Aun cuando los acuerdos salariales intentan incorporar cláusulas de revisión o ajustes escalonados, la aceleración de precios en rubros clave termina erosionando cualquier mejora nominal.

El impacto es particularmente visible en alimentos, tarifas y transporte, componentes que concentran buena parte del gasto mensual de los hogares. Cuando esos rubros crecen por encima del promedio, el salario real se deteriora incluso en contextos de recomposición parcial.

Desde el ámbito gremial, el desfasaje vuelve a encender alarmas. La pérdida de casi tres puntos frente a la inflación implica que el ingreso formal —históricamente un resguardo frente a la informalidad— ya no garantiza estabilidad en términos de capacidad de compra.

La discusión no es solo porcentual. También involucra la periodicidad de los ajustes, la inclusión de sumas fijas o bonos compensatorios y la posibilidad de cláusulas automáticas de indexación, en un contexto donde la política económica nacional transita un año de ajustes y redefiniciones.

Las paritarias, una vez más, se convierten en el principal instrumento de defensa del ingreso formal. Su eficacia —y la voluntad política de sostener la recomposición— determinarán si 2026 profundiza la pérdida o logra revertir la tendencia.

Con 42 votos afirmativos y 30 negativos, el Senado aprobó de madrugada la reforma laboral impulsada por Javier Milei. La clave estuvo en el respaldo articulado de gobernadores y bloques provinciales, que ampliaron la base libertaria más allá del PRO y la UCR. El proyecto ahora será tratado en Diputados antes del 1° de marzo.

La media sanción de la reforma laboral no fue únicamente el resultado de la cohesión del oficialismo. Fue, sobre todo, la expresión de una arquitectura política más amplia, construida en las semanas previas con gobernadores que, más allá de su identidad partidaria, decidieron acompañar al Ejecutivo.

La Libertad Avanza aportó su núcleo duro en la Cámara alta, con senadores como Bartolomé Abdala, Ezequiel Atauche, Vilma Bedia, María Emilia Orozco y Francisco Paoltroni, entre otros.

A ese bloque se sumaron de manera compacta los diez legisladores de la Unión Cívica Radical —entre ellos Maximiliano Abad, Carolina Losada y Eduardo Vischi— y los representantes del PRO, como Enrique Goerling Lara y Carmen Álvarez Rivero.

Esa base, sin embargo, no alcanzaba por sí sola para garantizar la aprobación. El umbral político se superó con el aporte decisivo de senadores vinculados a gobernadores provinciales, algunos de ellos peronistas no alineados con la conducción nacional del PJ.

Los gobernadores que inclinaron la balanza

El oficialismo logró consolidar acuerdos con mandatarios provinciales que ordenaron a sus representantes en el Senado acompañar el proyecto. Entre los respaldos más relevantes se cuentan:
Tucumán (Osvaldo Jaldo): Beatriz Ávila confirmó su voto positivo, en sintonía con la estrategia del Ejecutivo provincial.
Neuquén (Rolando Figueroa): Julieta Corroza (La Neuquinidad) aportó un voto clave.
Salta (Gustavo Sáenz): Flavia Royón (Primero los Salteños) acompañó la iniciativa.
Córdoba (Martín Llaryora): Alejandra Vigo, referenciada en el schiarettismo, respaldó el proyecto.
Misiones (Hugo Passalacqua): Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia) votaron a favor.
Chubut (Ignacio “Nacho” Torres): Edith Terenzi (Despierta Chubut) se sumó al oficialismo.

También acompañaron senadores del espacio Provincias Unidas, como Carlos Mauricio Espínola, ampliando el carácter transversal de la mayoría.

El resultado evidenció una dinámica política que trasciende la clásica grieta nacional: gobernadores priorizando negociación fiscal, gobernabilidad y vínculos institucionales por sobre alineamientos partidarios estrictos.

Quiénes votaron a favor

La votación reflejó una coalición amplia y heterogénea integrada por:
La Libertad Avanza
PRO
UCR
Frente Renovador de la Concordia (Misiones)
Bloques provinciales de Neuquén, Salta y Chubut
Peronismo federal o disidente (Provincias Unidas, Córdoba)
En total, 42 senadores levantaron la mano afirmativamente.

El rechazo: peronismo cohesionado y bloques patagónicos

El bloque de Unión por la Patria lideró el rechazo con 30 votos negativos, acompañado por espacios como Convicción Federal, representantes santacruceños y otros senadores provinciales.

Figuras como José Mayans, Juliana Di Tullio, Eduardo “Wado” de Pedro, Alicia Kirchner y Sergio Uñac encabezaron la resistencia parlamentaria, en línea con el posicionamiento del sindicalismo y la CGT, que durante las últimas semanas movilizó en distintas provincias contra el proyecto.

La votación dejó en evidencia una fractura dentro del universo peronista: mientras la conducción nacional sostuvo una postura unificada en contra, gobernadores con peso territorial optaron por una estrategia de diálogo y acompañamiento parcial al Ejecutivo.

Un triunfo político con impacto federal

Más allá del contenido específico de la reforma, el resultado constituye un triunfo político significativo para Javier Milei. No solo por haber superado la primera instancia legislativa, sino por haber logrado articular una mayoría con actores que no forman parte de su estructura partidaria.

La iniciativa ahora pasa a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo intentará replicar el esquema de alianzas para obtener la sanción definitiva antes del 1° de marzo, dentro del período de sesiones extraordinarias.

El Senado dejó una señal clara: en el nuevo mapa de poder, los gobernadores emergen como árbitros decisivos de la agenda nacional. Y en esta oportunidad, su respaldo fue determinante para que la reforma laboral avance un casillero más en el Congreso.