Reforma laboral: los gremios advierten un “daño irreversible” y profundizan la movilización
Con una masiva movilización en Córdoba, el Frente de Sindicatos Unidos dio el puntapié inicial a un plan de lucha contra el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. Así lo afirmó Martín Solazzo, titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) San Juan, quien advirtió sobre un retroceso histórico en derechos laborales y un impacto social de alcance estructural.
El conflicto en torno a la reforma laboral ingresó en una nueva etapa. La movilización realizada en la ciudad de Córdoba, frente a la Casa de Gobierno provincial, marcó el inicio formal de un plan de lucha que promete extenderse tanto en el tiempo como en el territorio.
La protesta, convocada por el Frente de Sindicatos Unidos y acompañada por numerosas organizaciones gremiales, tuvo una fuerte impronta política y sindical.
“Fue una convocatoria masiva, donde se sintió con claridad la presencia del movimiento obrero”, señaló Solazzo, quien participó de la jornada junto a delegaciones de distintos gremios. Según explicó, no fue casual que el plan de lucha comenzara en Córdoba, una provincia con una extensa tradición de defensa de los derechos laborales y, al mismo tiempo, con un gobierno alineado con la agenda del Ejecutivo nacional.
Durante la movilización se registraron restricciones en el recorrido de la marcha y cortes de accesos por parte de la policía provincial, lo que impidió que la columna llegara hasta la puerta de la Casa de Gobierno. No obstante, el dirigente remarcó que el objetivo central fue alcanzado. “Más allá de los obstáculos, el mensaje fue claro y contundente”, afirmó.

El eje del conflicto es el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, al que el sindicalismo define como una iniciativa de precarización más que de modernización. “No es una ley contra los gremios, es una ley contra los derechos de los trabajadores”, sostuvo Solazzo, al advertir que las modificaciones previstas afectan aspectos centrales como la jornada laboral, la estabilidad en el empleo, las vacaciones y las indemnizaciones.
Desde la mirada sindical, la reforma implica un retroceso profundo. “Venimos luchando desde hace años por un país industrial, con empleo registrado y salarios dignos. Todo eso se ve seriamente amenazado por este proyecto”, explicó el representante de los metalúrgicos, al tiempo que alertó sobre el impacto que tendría la norma en el empleo formal y en la calidad de vida de los trabajadores.
Para Solazzo, la iniciativa del proyecto de reforma laboral responde a intereses del poder económico concentrado y fue elaborada en ámbitos alejados de la realidad laboral. En esa línea, recordó que abogados laboralistas y especialistas del derecho del trabajo coincidieron en calificar la reforma como un retroceso al siglo XIX, en abierta contradicción con la Constitución Nacional, que establece que toda norma debe ser favorable al trabajador.
Lejos de tratarse de una protesta aislada, el plan de lucha continúa con nuevas acciones. Tras la movilización en Córdoba, este martes 10 de febrero habrá una nueva concentración en Rosario, provincia de Santa Fe. A nivel nacional, la CGT resolvió movilizar al Congreso el miércoles 11 de febrero, sin paro, en rechazo al tratamiento legislativo del proyecto.
En simultaneo, los gremios comenzaron a profundizar el debate hacia el interior de la base trabajadora. En ese marco, la Unión Obrera Metalúrgica de San Juan, convocó a un encuentro abierto para analizar en detalle el contenido de la reforma laboral. La actividad se realizará este sábado 7 de febrero, a partir de las 19 horas, en la sede provincial del sindicato, con ingreso por calle Rivadavia, entre Santiago del Estero y Salta.
“El objetivo es explicar claramente qué se puede perder con esta reforma y despejar dudas”, explicó Solazzo. El encuentro contará con la participación de dirigentes sindicales y asesoramiento legal, y estará abierto no sólo a afiliados metalúrgicos, sino también a trabajadores de otros sectores, estudiantes y público en general. Según advirtió, existe un alto nivel de desinformación que lleva a muchos trabajadores a creer que se trata de una ley antisindical, cuando en realidad afecta de manera directa a toda la clase trabajadora.
La disputa por la reforma laboral expone una discusión de fondo sobre el modelo de país y el lugar del trabajo en la organización social. Para el movimiento obrero, y en particular para la UOM, no se trata únicamente de frenar una ley, sino de defender un entramado de derechos que sostiene el empleo, la producción y la cohesión social.
La movilización en Córdoba fue apenas el primer capítulo de un proceso que promete escalar en intensidad. Con nuevas marchas, debates abiertos y la posibilidad de judicializar la norma si avanza en el Congreso, los sindicatos apuestan a la presión política y social como principal herramienta. En un momento de ajuste y pérdida del poder adquisitivo, la reforma laboral deja de ser un debate técnico para convertirse en una definición política de alto impacto.
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El FreSU reclamó un salario mínimo de $3,25 millones y convocó a profundizar la unidad sindical
El planteo fue presentado durante el 75° Congreso Nacional Ordinario Aceitero y Desmotador, realizado en Rosario. El frente sindical sostiene que ese monto permitiría cubrir las nueve necesidades vitales previstas en la legislación argentina y denunció una pérdida de poder adquisitivo superior a los $78,5 billones desde la asunción de Javier Milei.
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) reclamó que el Salario Mínimo, Vital y Móvil alcance los $3.251.462, una cifra que, según el cálculo de las organizaciones que integran el espacio, permitiría cubrir las necesidades esenciales de un trabajador y su familia. La propuesta fue presentada durante el cierre del 75° Congreso Nacional Ordinario Aceitero y Desmotador, realizado en Rosario, donde distintos referentes gremiales también plantearon la necesidad de coordinar un plan de lucha nacional frente a las políticas económicas del Gobierno.
El monto corresponde a una estimación para octubre y supera ampliamente el salario mínimo vigente. Su fundamento se encuentra en las nueve necesidades contempladas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo: alimentación, vivienda, educación, vestimenta, salud, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión social.
El cálculo contempla partidas de $691.291 para alimentación, $661.124 para vivienda y $397.377 para salud. También incorpora $295.463 destinados a educación y cultura, $697.646 para transporte, vacaciones y esparcimiento, $150.900 para vestimenta y $357.661 para previsión social. Para el FreSU, la distancia entre esta estimación y el ingreso mínimo actual refleja la magnitud del deterioro de las condiciones económicas de los trabajadores.
Un frente sindical que busca ampliar su capacidad de acción
Durante el encuentro, el secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora, Daniel Yofra, convocó a construir un paro nacional y sostuvo que la respuesta al rumbo económico requiere mayor organización del movimiento obrero. Además, manifestó la disposición del FreSU a incorporar nuevas organizaciones y ampliar su representación.
En la misma dirección, Pablo Biró, titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), defendió la coordinación entre distintos sectores de la actividad económica y los servicios públicos. Planteó la posibilidad de articular medidas que involucren puertos, universidades, hospitales, rutas y aeropuertos, y reclamó que cualquier proyecto político futuro presente definiciones concretas sobre el rumbo económico y la recuperación de los derechos laborales.
Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó el impacto del ajuste sobre los ingresos y sostuvo que la recuperación salarial y previsional debe ocupar un lugar central en la agenda sindical. También reivindicó la conformación del frente como una herramienta para coordinar reclamos y acciones entre organizaciones de distintas centrales obreras.
La presidenta de FESPROSA, María Fernanda Boriotti, llamó a profundizar la movilización y avanzar en una propuesta política y social con horizonte en 2027. A su vez, representantes de CONADU, UTA y el gremio de Molineros coincidieron en la necesidad de elaborar un programa común y definir medidas para defender las condiciones laborales.
Las cifras de la pérdida salarial
El FreSU también difundió estimaciones sobre el retroceso de los ingresos desde noviembre de 2023. Según sus cálculos, la pérdida acumulada de los trabajadores asalariados supera los $78,5 billones. El relevamiento distingue una caída real del 21% en los salarios estatales y del 7% en los ingresos del sector privado.
En términos individuales, las organizaciones estimaron que cada trabajador privado perdió, en promedio, $3.342.251, mientras que el deterioro para cada empleado estatal alcanzó los $17.454.606 durante el período considerado.
El planteo salarial retoma los lineamientos del programa «Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria», aprobado el 1° de mayo durante el primer plenario de delegados del frente. La iniciativa busca establecer una agenda compartida entre gremios industriales, estatales, docentes, aeronáuticos, sanitarios y de otros sectores.
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Primer empleo: el 92,5% de los jóvenes busca trabajo, pero solo el 43,3% está ocupado
Un relevamiento de Junior Achievement y ManpowerGroup expuso las dificultades de inserción laboral de las nuevas generaciones en Argentina. La falta de experiencia previa aparece como una de las principales barreras, mientras que los jóvenes reclaman mejores salarios, posibilidades de crecimiento y oportunidades de capacitación.
El acceso al mercado laboral se convirtió en uno de los principales desafíos para los jóvenes argentinos. Aunque la voluntad de incorporarse al mundo del trabajo es ampliamente mayoritaria, las posibilidades concretas de conseguir un puesto siguen siendo limitadas: el 92,5% busca empleo activamente, pero apenas el 43,3% logró insertarse laboralmente, según un estudio de Junior Achievement y ManpowerGroup.
Los resultados exponen una brecha significativa entre las expectativas de quienes intentan iniciar o consolidar una trayectoria profesional y las oportunidades que ofrece el mercado. La dificultad para acceder al primer empleo aparece como uno de los factores centrales, especialmente por la exigencia de antecedentes laborales en los procesos de selección. Para quienes todavía no pudieron incorporarse a una empresa, acreditar experiencia se convierte en una condición difícil de cumplir y, en muchos casos, en un obstáculo que prolonga la búsqueda.
El diagnóstico también permite identificar qué esperan las nuevas generaciones de un puesto de trabajo. El crecimiento profesional encabeza las prioridades, señalado por el 62,6% de los consultados, mientras que el 50,6% considera fundamental alcanzar una remuneración adecuada. La capacitación ocupa un lugar relevante para el 35,4%, en tanto que el 33,7% prioriza contar con condiciones laborales flexibles.
Las respuestas muestran que la demanda juvenil no se limita a conseguir una ocupación. También existe una expectativa de desarrollo, aprendizaje y mejores perspectivas económicas, aspectos que influyen cada vez más en la elección de una oportunidad laboral.
Formación y tecnología, dos herramientas para competir
Frente a las dificultades de contratación, una parte importante de los jóvenes busca fortalecer sus credenciales. El 48,1% afirmó que cursa estudios adicionales o dispone de certificaciones complementarias, una señal de la importancia que adquiere la formación continua para mejorar las posibilidades de inserción.
A ese proceso se suma la incorporación de herramientas digitales. El 91,7% manifestó utilizar inteligencia artificial, un dato que refleja la rápida adopción de estas tecnologías entre quienes buscan empleo y se preparan para responder a las nuevas demandas profesionales.
También cambian los canales de búsqueda. LinkedIn es utilizado por el 75% de los encuestados, seguido por las redes sociales, con el 56,8%, y los portales especializados, con el 50,3%. Sin embargo, la multiplicación de plataformas no garantiza que las postulaciones se conviertan en oportunidades concretas ni resuelve las dificultades que aparecen durante la selección.
La distancia entre las competencias que buscan las empresas y las posibilidades de quienes intentan ingresar al mercado plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de transición entre educación y empleo. Las prácticas formativas, los programas de primer trabajo, la capacitación vinculada con perfiles demandados y una revisión de los requisitos de experiencia podrían contribuir a reducir esa brecha.
El relevamiento deja planteado un desafío que involucra tanto al ámbito privado como a las políticas públicas: transformar la disposición de los jóvenes a trabajar y capacitarse en oportunidades reales de contratación. Sin vías efectivas de acceso al primer empleo, una generación que busca desarrollarse profesionalmente corre el riesgo de quedar relegada antes incluso de comenzar su trayectoria laboral.
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La CGT reclamó al Gobierno una nueva prórroga de la jubilación anticipada por desempleo
La Confederación General del Trabajo (CGT) respaldó el reclamo de los trabajadores desocupados mayores de 30 años de aportes y pidió formalmente al Gobierno nacional una nueva prórroga de la Prestación Anticipada por Desempleo, un régimen que permitía acceder a una jubilación antes de la edad ordinaria a quienes habían perdido su empleo pese a cumplir con los requisitos contributivos.
El planteo fue elevado al secretario de Trabajo, Julio Cordero, mediante una presentación firmada por los tres integrantes del triunvirato de conducción sindical: Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello. La central acompañó así la iniciativa del Movimiento de Trabajadores Desocupados con Más de 30 Años de Aportes (MTD+30AA), que busca recuperar una herramienta previsional vencida en septiembre de 2025.
El reclamo tuvo su origen en una reunión realizada el 6 de octubre, cuando Sola recibió a representantes del movimiento para analizar la situación de quienes, después de décadas de actividad y aportes, quedan fuera del mercado laboral sin haber alcanzado la edad necesaria para acceder a la jubilación ordinaria.
La prestación fue creada mediante el Decreto 674/2021 y extendida posteriormente por el Decreto 558/2023. Permitía anticipar hasta cinco años el acceso al beneficio jubilatorio: a partir de los 55 años para las mujeres y de los 60 para los hombres, siempre que acreditaran 30 años de aportes y se encontraran desocupados. No se trataba de una moratoria, sino de un mecanismo dirigido a trabajadores que ya habían cumplido con los requisitos contributivos.
En su presentación, la CGT advirtió sobre la vulnerabilidad de este grupo, que enfrenta obstáculos crecientes para conseguir un nuevo empleo debido a su edad y, al mismo tiempo, todavía no reúne las condiciones para jubilarse por el régimen ordinario. Desde el movimiento describen esa realidad como la de los nuevos «NI-NI»: personas que no son consideradas suficientemente jóvenes para reinsertarse laboralmente ni tienen la edad requerida para acceder a una jubilación.
La central obrera calificó la prestación como una herramienta transitoria, pero necesaria, para evitar que quienes acumularon más de tres décadas de aportes queden sin ingresos al perder su fuente de trabajo. Por eso, reclamó una nueva disposición del Poder Ejecutivo que permita recuperar el régimen y atender las necesidades de este universo de trabajadores.
El pedido también vuelve a poner en discusión otras demandas del movimiento, entre ellas la posibilidad de acceder a la cobertura del PAMI y establecer un mecanismo de devolución de los fondos percibidos anticipadamente. Según lo informado por la organización, esas propuestas tampoco obtuvieron hasta ahora una respuesta oficial.
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