Tras la renuncia de Marco Lavagna a la conducción del Indec, la Mesa Sindical —que nuclea a más de medio centenar de organizaciones gremiales— denunció que el Gobierno nacional se niega a actualizar la metodología del Índice de Precios al Consumidor para evitar mostrar un nivel inflacionario más elevado. Aseguran que trabajadores, jubilados y pensionados acumulan una pérdida del 23% por el uso de datos desactualizados.

Según denunciaron, Lavagna había anunciado la actualización de los criterios de ponderación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a partir de enero de este año. Sin embargo, esa iniciativa habría chocado con la oposición del ministro de Economía, Luis Caputo, y del propio presidente Javier Milei. La razón, sostienen desde el arco sindical, es política: con una canasta actualizada, la inflación de enero habría alcanzado el 3,4%, un dato incompatible con el relato oficial de desaceleración sostenida.

En ese marco, la Mesa Sindical advirtió que el Ejecutivo continuará utilizando un índice construido sobre patrones de consumo que datan de 2004, a pesar de los profundos cambios económicos y sociales registrados en las últimas dos décadas. “El nuevo método reflejaría un índice mayor y no es conveniente que esos datos se conozcan públicamente”, señalaron, al tiempo que alertaron que esta distorsión seguirá ampliándose mes a mes.

El cuestionamiento no se limita a una discusión técnica. Para los gremios, el uso de una inflación subestimada tiene consecuencias concretas y directas sobre los ingresos. Según sus cálculos, trabajadores, jubilados y pensionados acumulan una pérdida cercana al 23% como resultado de la “mala praxis gubernamental” en la medición del IPC, una brecha que impacta en salarios, haberes previsionales, paritarias y actualizaciones contractuales.

La crítica sindical se apoya además en la experiencia cotidiana. “El Gobierno quiere tapar el sol con las manos, pero la realidad lo deja desnudo”, afirmaron. Enumeraron aumentos en tarifas de luz, gas, agua y telecomunicaciones, subas pronunciadas en alquileres, incrementos persistentes en alimentos y un fuerte encarecimiento de los útiles escolares. “Son hechos, no opiniones”, remarcaron.

Incluso la metodología que proponía Lavagna fue considerada insuficiente por el colectivo gremial. A su entender, la actualización hubiera reflejado patrones de consumo de 2017, una referencia que también quedó desfasada tras años de crisis, inflación elevada y cambios en la estructura del gasto de los hogares. Por eso, reclaman un nuevo índice construido con participación de trabajadores y consumidores, quienes —subrayan— son los principales afectados por la distorsión estadística.

Para la Mesa Sindical, la disputa por el IPC excede la figura de un funcionario o una metodología puntual: expone una decisión política de negar la realidad económica. “Pelearse con la realidad no es bueno. Negarla es inútil. Los resultados son tristemente conocidos”, concluye el comunicado firmado por más de 50 organizaciones gremiales.

En un momento de gran pérdida sostenida del poder adquisitivo, la credibilidad de las estadísticas oficiales vuelve a quedar bajo sospecha y se transforma en un eje central del conflicto social y laboral que atraviesa el país.

La industria automotriz comenzó 2026 con un marcado retroceso productivo. En enero se fabricaron apenas 20.998 vehículos, lo que implicó una caída del 30,1% interanual y del 20,7% respecto de diciembre. También se contrajeron las exportaciones, mientras que las ventas internas lograron sostenerse levemente en un contexto de crisis sectorial, apertura importadora y creciente presión de los autos chinos.

El sector automotor argentino inició el año con señales contundentes de enfriamiento. Según datos de la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa), durante enero se produjeron 20.998 unidades entre automóviles y vehículos comerciales livianos, un volumen sensiblemente inferior al registrado tanto en diciembre como en igual mes de 2025, cuando la producción había alcanzado las 30.058 unidades.

El derrumbe del 30,1% interanual refleja el impacto combinado de la desaceleración económica, el freno de la actividad industrial y un contexto cada vez más desafiante para la producción local. A ello se suma la apertura de importaciones, con un crecimiento sostenido del ingreso de vehículos chinos, que ya representan el 11% del mercado automotriz nacional y presionan sobre la competitividad de las terminales instaladas en el país.

Desde Adefa explicaron que parte de la caída responde a factores estacionales y organizativos. En enero, la mayoría de las plantas implementó paradas por vacaciones, con tres días menos de producción respecto del mismo mes del año pasado, una dinámica que en ejercicios anteriores se distribuía entre diciembre y febrero. Además, varias terminales atravesaron procesos de adecuación de líneas para la producción de nuevos modelos, lo que redujo la cadencia diaria.

“Como estimamos a fin del año pasado, por la menor cantidad de días trabajados y la menor cadencia diaria por las adecuaciones en las plantas, los datos reflejaron una menor actividad comparado al mismo mes del año pasado”, explicó el presidente de Adefa, Rodrigo Pérez Graziano. No obstante, aclaró que para evaluar con mayor precisión el desempeño anual será necesario observar la evolución del primer trimestre.

Con un promedio diario de 1.750 unidades, los números de enero vuelven a encender luces de alerta en una industria que históricamente funciona como uno de los motores de la actividad manufacturera, el empleo y las exportaciones del país.

Exportaciones en retroceso y mercado interno estable

El deterioro también se reflejó en el frente externo. Las exportaciones totalizaron 9.759 unidades, equivalentes al 46,5% de la producción mensual. Esto implicó una caída del 51% respecto de diciembre y una baja interanual del 12,3%, profundizando las dificultades para sostener el perfil exportador del sector.

En contraste, el mercado interno mostró un comportamiento más estable. Las entregas a concesionarios alcanzaron las 34.333 unidades, lo que representó una contracción del 33,1% frente a diciembre, pero con una leve mejora del 0,7% en comparación con enero de 2025. Este dato sugiere que, pese al contexto recesivo, la demanda doméstica logró evitar un derrumbe mayor, aunque sin mostrar señales claras de recuperación.

Competitividad, impuestos y un escenario global adverso

Desde la conducción de Adefa advirtieron que el sector enfrenta un escenario internacional “cada vez más desafiante”, atravesado por la transformación tecnológica, la transición hacia nuevas motorizaciones y políticas activas de desarrollo industrial en los principales mercados del mundo. En ese marco, reclamaron profundizar el trabajo conjunto con el Estado para mejorar la competitividad sistémica.

Pérez Graziano destacó que en los últimos dos años se registraron avances a nivel nacional, especialmente en la reducción o eliminación de impuestos que tuvieron un impacto positivo en la actividad. Sin embargo, subrayó que resulta clave que provincias y municipios acompañen ese proceso, disminuyendo la carga fiscal que pesa sobre las exportaciones y facilitando el acceso a nuevos mercados.

El fuerte retroceso productivo de enero confirma que la industria automotriz atraviesa un momento crítico. La combinación de menor actividad, caída de exportaciones, apertura importadora y presión competitiva externa plantea un escenario complejo para uno de los sectores estratégicos de la economía argentina. Mientras el mercado interno muestra una estabilidad frágil, el desafío central sigue siendo recuperar volumen, competitividad y previsibilidad en un contexto económico que continúa mostrando señales de fragilidad.

La resolución del Ministerio de Desregulación limita contratos y obliga a jubilarse a trabajadores que no reúnen los años de aportes. El fin de la moratoria previsional agrava el impacto social y deja a miles sin empleo ni jubilación plena.

La política de ajuste sobre el Estado nacional sumó un nuevo capítulo de alto impacto social. Una resolución firmada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dispuso la desvinculación forzada de trabajadores estatales que alcanzaron la edad jubilatoria —65 años los hombres y 60 las mujeres— incluso cuando no cuenten con los aportes necesarios para acceder a una jubilación contributiva.

La medida establece que los contratos de trabajadores en edad jubilatoria solo podrán prorrogarse por un plazo máximo de seis meses. Cumplido ese período, deberán cesar, quedando los empleados obligados a iniciar trámites previsionales aun cuando no reúnan los requisitos mínimos. En los hechos, esto implica que miles de personas quedarán sin trabajo y sin jubilación.

Intimación sin distinción y sin alternativas

La resolución ordena a los organismos del Estado presentar constancias de intimación a jubilarse de todo el personal que haya alcanzado la edad establecida por ley. Esta exigencia se convierte en condición para que el Gobierno habilite la renovación de otras contrataciones no permanentes, generando un fuerte mecanismo de presión administrativa.

El punto más crítico es que la intimación no distingue entre quienes cuentan con los 30 años de aportes requeridos y quienes no. Para este último grupo, la consecuencia es directa: pérdida del empleo y ausencia total de herramientas para completar los aportes faltantes, ya que el Gobierno decidió no prorrogar la moratoria previsional prevista en la ley 27.705.

Durante 2024, seis de cada diez jubilaciones se otorgaron gracias a ese mecanismo. Su eliminación anticipa un escenario de exclusión previsional que ahora se profundiza con la desvinculación laboral forzosa.

La PUAM como única salida

Para quienes no logren jubilarse, la única alternativa será la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo haber equivale al 80% de la jubilación mínima y asciende actualmente a $279.443. Se trata de una prestación asistencial que no otorga derecho a pensión por fallecimiento ni los beneficios completos de una jubilación contributiva, y que solo garantiza el acceso a la cobertura de PAMI.

En un contexto de caída sostenida del empleo privado —especialmente para mayores de 60 años— la posibilidad de reinsertarse laboralmente aparece como una opción casi inexistente.

Ajuste incluso en áreas críticas

La resolución se aplicará incluso en dependencias donde el trabajador intimado a jubilarse es el único técnico con experiencia específica o en áreas que ya funcionan con dotaciones por debajo del mínimo operativo, producto de los sucesivos recortes. El impacto no solo será social, sino también funcional, afectando la capacidad operativa del Estado en áreas sensibles.

No es un hecho aislado. En octubre de 2024, la resolución 3/2024 de Sturzenegger ya había intimado a jubilarse a unos 10.000 trabajadores estatales que sí reunían los requisitos, más de 6.800 de ellos pertenecientes a la planta permanente. La nueva medida apunta, ahora, directamente a quienes no pueden jubilarse.

Casi 80 despidos por día

Las cifras dimensionan la magnitud del ajuste. La Administración Pública Nacional cerró diciembre de 2025 con 280.120 trabajadores, un 7,2% menos que en 2024, año que ya había registrado una caída superior al 10%.

Desde diciembre de 2023 se eliminaron aproximadamente 63.000 puestos de trabajo, lo que representa una reducción del 18,4% de la planta estatal. En términos concretos, son casi 80 despidos por día, según datos del Centro CEPA.

Rechazo sindical y alerta social

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, calificó la decisión como “cruel e inhumana”. “Esta medida condena a los trabajadores a quedarse sin trabajo, sin obra social y sin la posibilidad real de jubilarse. Hoy el Gobierno presiona a quienes tienen 29 años de aportes para que elijan entre una PUAM o la calle”, denunció.

La resolución se inscribe en una situación donde casi un millón de jubilados cobran la mínima y muchos se ven obligados a seguir trabajando para sobrevivir. La combinación de despidos, eliminación de la moratoria y retiro forzoso configura un ámbito de fuerte regresión en materia de derechos laborales y previsionales.

Un ajuste que redefine el rol del Estado

La ofensiva del Ministerio de Desregulación no solo busca reducir el gasto público, sino redefinir el vínculo del Estado con sus trabajadores, trasladando el costo del ajuste a los sectores más vulnerables. La desvinculación de empleados mayores sin aportes suficientes marca un punto de inflexión: por primera vez, el ajuste no solo recorta empleo, sino que clausura el acceso a la jubilación plena.

El impacto social de esta decisión recién comienza a desplegarse, pero sus consecuencias ya anticipan un aumento de la precariedad, la desigualdad y la exclusión previsional en la Argentina.