Docentes universitarios: el Gobierno impone un 2% de aumento y profundiza la pérdida del poder adquisitivo
El conflicto salarial en el sistema universitario vuelve a escalar tras la decisión del Ejecutivo de aplicar de manera unilateral un aumento del 2% a los salarios de los y las docentes universitarias, sin convocar a la paritaria específica del sector. La medida fue comunicada a través del Instructivo de Liquidación de Salarios, que también establece el pago de bonos extraordinarios por única vez, diferenciados según el tipo de cargo.
De acuerdo con lo dispuesto, los cargos simples percibirán un bono de 12.500 pesos, los semi exclusivos 25.000 pesos y los cargos exclusivos 50.000 pesos. Sin embargo, desde el ámbito universitario señalaron que estos montos no modifican la estructura salarial ni compensan la pérdida acumulada frente a la inflación, al tratarse de sumas no remunerativas y de carácter excepcional.
Las organizaciones docentes cuestionaron con dureza el alcance del incremento. “Está muy lejos de compensar la inflación acumulada”, advirtieron desde la representación gremial, al tiempo que señalaron que el aumento “sigue licuando los ingresos mes a mes”. En un contexto de inflación persistente y suba sostenida del costo de vida, el ajuste del 2% consolida, según los sindicatos, un deterioro que ya se arrastra desde meses anteriores.
Uno de los principales ejes del reclamo es la continuidad del congelamiento de la paritaria universitaria. Los gremios denunciaron que el Ejecutivo mantiene suspendido ese ámbito de negociación de manera “arbitraria e ilegal”, pese a los reiterados reclamos y a la normativa vigente que regula las relaciones laborales en el sector. “El Gobierno insiste en desconocer la paritaria universitaria e imponer aumentos por decreto, como si los salarios docentes fueran una variable de ajuste”, señalaron.
El conflicto salarial se inscribe, además, en un debate más amplio sobre el financiamiento del sistema universitario. Desde el sector docente recordaron que existe un fallo judicial que ordena la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y subrayaron que su cumplimiento permitiría destrabar de forma inmediata la discusión salarial. “La solución es simple: el Gobierno debe acatar el fallo de la Justicia y garantizar el financiamiento de las universidades”, afirmaron.
La falta de recomposición salarial impacta no sólo en el poder adquisitivo de los docentes, sino también en el funcionamiento cotidiano de las universidades públicas. Los gremios advierten que la precarización de los ingresos afecta la dedicación académica, la investigación y la calidad del sistema educativo, en un contexto de creciente presión presupuestaria sobre las casas de altos estudios.
Frente a este escenario, las organizaciones docentes anticiparon que se encaminan a retomar el plan de lucha en defensa de la universidad pública. Las medidas podrían intensificarse en las próximas semanas si no hay una convocatoria urgente a la paritaria universitaria y una propuesta salarial que contemple una recomposición acorde a la inflación y al costo de vida real.
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Elecciones 2027: 11 provincias ya anticiparon el desdoblamiento, mientras que San Juan aún no comunicó una decisión definitiva
La organización electoral de 2027 comienza a delinear un calendario que podría extenderse durante buena parte del año. Al menos 11 provincias anunciaron que separarán sus comicios locales de las elecciones presidenciales previstas para el 24 de octubre, aunque por ahora solo Neuquén y Tucumán formalizaron sus convocatorias mediante decretos. La definición de los demás distritos dependerá de decisiones políticas y administrativas que todavía están pendientes.
Neuquén será el primer distrito en votar: el gobernador Rolando Figueroa estableció el 14 de febrero como fecha para elegir autoridades provinciales y municipales. Tucumán concurrirá a las urnas el 9 de mayo, mientras Santa Fe anunció primarias para el 18 de abril y elecciones generales para el 13 de junio. En Salta, el gobierno provincial proyecta los comicios para el 16 de mayo, aunque la convocatoria aún debe formalizarse.
También confirmaron su intención de desdoblar Chubut, Río Negro, Chaco, Mendoza, Corrientes, Jujuy y Tierra del Fuego. En varios de esos distritos todavía no se estableció una fecha. Corrientes, que renovó la gobernación en 2025, elegirá cargos legislativos y locales, mientras que Tierra del Fuego tiene disposiciones electorales propias que determinan la separación respecto de los comicios nacionales.
En sentido contrario, Catamarca confirmó que votará el 24 de octubre, en simultáneo con la elección presidencial. La Rioja todavía no definió su modalidad. Santiago del Estero, por su parte, no tendrá elecciones provinciales durante 2027, ya que renovó la gobernación y la Legislatura en 2025.
Actualmente, San Juan se encuentra entre las jurisdicciones que todavía no oficializaron una resolución. Dicha falta de definición comprende también a Córdoba, Misiones, Entre Ríos, San Luis, La Pampa, Formosa y Santa Cruz, entre otros distritos
Las mayores incógnitas se concentran en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Axel Kicillof y Jorge Macri aún no comunicaron si convocarán a elecciones separadas o si unificarán sus calendarios con el nacional. La definición bonaerense también estará atravesada por el futuro de las PASO, cuya eliminación o suspensión forma parte de la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional.
Con las primeras fechas ya establecidas y numerosas convocatorias todavía pendientes, la disputa electoral comenzará a desarrollarse en distintos momentos del año. La modalidad que adopte cada provincia no solo determinará cuándo votarán sus ciudadanos: también condicionará los tiempos de armado de candidaturas, las alianzas partidarias y la articulación de las campañas locales con la competencia presidencial.
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La paritaria docente volvió a trabarse y el aumento salarial quedó pendiente hasta diciembre
La negociación salarial docente de San Juan volvió a quedar sin acuerdo. Los representantes de UDAP, UDA y AMET rechazaron el ofrecimiento del Gobierno provincial durante la tercera sesión de la Comisión Paritaria Negociadora y presentaron una contrapropuesta que amplía los reclamos hasta enero de 2027. La falta de coincidencias obligó a postergar la resolución salarial y fijar una nueva reunión para el 10 de diciembre.
El encuentro se desarrolló en el Centro Cívico con la participación de la ministra de Educación, Silvia Fuentes; el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem. Por la representación sindical asistieron Patricia Quiroga, por UDAP; Karina Navarro, por UDA, y Adrián Ruiz, por AMET.
Los sindicttos plantearon que el valor índice de los salarios se actualice de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior para noviembre, diciembre y enero. A ese mecanismo sumaron tres demandas concretas para el primer mes de 2027: seis puntos adicionales en todos los cargos del nomenclador docente, diez puntos más en el ítem E60 y una mejora en el concepto de conectividad.
La respuesta oficial no modificó el ofrecimiento vigente. El Ejecutivo argumentó que la inflación de octubre, que alcanzó el 2,2%, y la proximidad de los plazos administrativos para liquidar los haberes de noviembre y diciembre impedían formular una nueva propuesta. En consecuencia, ratificó el incremento del valor índice para noviembre según el IPC del mes anterior, publicado por el INDEC.
La decisión dejó sin respuesta los reclamos gremiales para los meses siguientes y mantuvo abierta la discusión sobre los adicionales. Frente a la distancia entre ambas posiciones, la parte empleadora propuso pasar a un cuarto intermedio, aceptado por los representantes sindicales.
La próxima audiencia quedó establecida para el 10 de diciembre a las 14 horas, cuando las partes deberán retomar la discusión sobre los salarios de diciembre y enero. Hasta entonces, la negociación permanecerá sin un acuerdo que defina la pauta de actualización para el cierre del año y el comienzo de 2027.
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YPF aumentó los combustibles en San Juan: llenar un tanque de Súper cuesta $111.950
La petrolera aplicó una suba de entre el 1% y el 1,5% en sus estaciones de servicio. La nafta Súper llegó a $2.239 por litro, mientras que la Infinia alcanzó los $2.445. El incremento también impactó en los precios del gasoil.
Los precios de los combustibles volvieron a subir en San Juan. YPF actualizó sus valores desde el viernes 13 de noviembre, con incrementos de entre el 1% y el 1,5% que modificaron el costo de cargar nafta y gasoil. Con la nueva tarifa, completar un tanque de 50 litros de nafta Súper demanda $111.950, unos $1.200 más que antes de la actualización.
La suba más visible se registró en la variedad Súper, que pasó de $2.215 a $2.239 por litro. La diferencia representa una suba de $24 por litro, equivalente al 1,08%. En tanto, la nafta Infinia quedó en $2.445, mientras que el Diesel 500 se comercializa a $2.425 y la Infinia Diesel llegó a $2.615.
El impacto se refleja también en el gasto que deben afrontar los conductores según la capacidad del tanque y el combustible elegido. Una carga de 40 litros de nafta Súper cuesta ahora $89.560, mientras que completar 50 litros requiere $111.950. Para quienes utilizan Infinia, los importes ascienden a $97.800 y $122.250, respectivamente.
En el caso del gasoil, llenar un tanque de 50 litros representa un desembolso de $121.250 con Diesel 500 y de $130.750 con Infinia Diesel.
La actualización se produce en un mercado en el que los valores pueden presentar diferencias entre estaciones de servicio. YPF aplica un sistema de precios dinámicos o micropricing, que contempla variables como la demanda, la ubicación, la competencia y las franjas horarias. A estos factores se suman los costos vinculados con el petróleo, el tipo de cambio y la carga impositiva.
Más allá de las variaciones que puedan registrarse en cada establecimiento, el nuevo ajuste vuelve a elevar el gasto de los usuarios que dependen del vehículo para trabajar o trasladarse diariamente. También incorpora mayores costos para las actividades vinculadas con el transporte y la distribución, en una cadena donde el combustible constituye un componente relevante de los gastos operativos.
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