La tarifa del transporte público de pasajeros volverá a actualizarse en San Juan desde enero de 2026. El pasaje de primera sección pasará de $810 a $1.070, en un contexto marcado por la inflación, el aumento de los costos operativos y un esquema de subsidios que el Gobierno provincial asegura sostener con un fuerte esfuerzo fiscal.

El transporte público enfrentará un nuevo incremento tarifario a partir del inicio de 2026. Según confirmaron fuentes oficiales, el boleto de colectivo de primera sección pasará a costar $1.070, lo que representa una suba cercana al 32% respecto del valor actual. La medida comenzará a regir desde enero y se inscribe en una dinámica de ajustes periódicos que busca acompañar la evolución de los costos del sistema.

Desde el Ejecutivo provincial explicaron que la actualización responde a un escenario de inflación persistente, aumento del precio de los combustibles, mantenimiento de unidades y costos salariales del sector. En ese marco, la ministra de Gobierno, Laura Palma, remarcó que la tarifa plena continúa siendo amortiguada por un esquema de subsidios que evita un impacto mayor en los usuarios.

“La Provincia realiza un esfuerzo muy importante para sostener el sistema”, señaló la funcionaria en declaraciones públicas, al detallar que el Estado sanjuanino destina más de $5.000 millones mensuales para cubrir subsidios al transporte. Según precisó, sin ese aporte la tarifa debería ser considerablemente más elevada para garantizar la continuidad del servicio.

Los datos oficiales refuerzan ese planteo: más del 45% de los pasajeros no paga el valor completo del boleto. Jubilados, trabajadoras de casas particulares y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo acceden a programas nacionales, mientras que otros usuarios cuentan con beneficios otorgados directamente por la Provincia. Este entramado de asistencias permite sostener la demanda y preservar el acceso al transporte público para los sectores de menores ingresos.

Sin embargo, el incremento vuelve a colocar sobre la mesa un debate recurrente: el equilibrio entre la sustentabilidad económica del sistema y el impacto social de las subas tarifarias. En un contexto donde el transporte constituye un gasto fijo para miles de familias, cada ajuste reaviva la discusión sobre el alcance y la eficiencia de los subsidios, así como sobre la capacidad del Estado para sostenerlos en el tiempo.

Cambios en el boleto escolar gratuito

Junto con la actualización del pasaje, el Gobierno de San juan anunció modificaciones en el régimen del boleto escolar gratuito, que comenzarán a aplicarse con el inicio del ciclo lectivo 2026. A partir de entonces, estudiantes y docentes deberán tener sus datos personales correctamente registrados y vinculados a la tarjeta SUBE para acceder al beneficio.

Palma aclaró que el pase estudiantil continuará siendo gratuito y sin límite de viajes, y que la incorporación de este requisito no implica una restricción del derecho, sino una mejora en los mecanismos de control. “Buscamos mayor orden, transparencia y una administración más eficiente del sistema”, explicó.

El trámite podrá realizarse a través de la aplicación SUBE digital, una herramienta que, según destacaron desde el Gobierno, ya tiene una amplia adopción entre los usuarios del transporte público en la provincia. La digitalización apunta a reducir irregularidades, optimizar recursos y garantizar que el beneficio llegue efectivamente a quienes corresponde.

El secretario general de AOMA San Juan e integrante de la conducción nacional del gremio, Iván Malla, confirmó la adhesión total del sindicato minero a la movilización convocada por la CGT en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Alertó sobre despidos, cierre de empresas, recesión productiva y un posible avance posterior sobre el sistema previsional.

La convocatoria a una movilización nacional contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional suma adhesiones en todo el país y consolida un frente sindical cada vez más amplio. En ese marco, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) confirmó su participación activa en la protesta convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), con presencia en más de 20 provincias.

“Adherimos totalmente a esta movilización en en San juan y en todo el país”, afirmó Iván Malla, titular de AOMA e integrante de la conducción nacional del gremio. Según explicó, la protesta busca visibilizar el rechazo a una iniciativa oficial que, lejos de generar empleo genuino, “profundiza la precarización y consolida un escenario de recesión”.

Desde la mirada sindical, el debate sobre la denominada “modernización laboral” se da en un contexto económico adverso, atravesado por despidos masivos, cierre de empresas y una fuerte contracción de la actividad productiva. “Lo vemos claramente: hay despidos todos los días, en el comercio, en la construcción, en la industria. Esto no se resuelve con una reforma laboral”, sostuvo Malla.

El dirigente fue categórico al cuestionar el argumento oficial que presenta la reforma como una herramienta para fomentar el empleo. “Engañan a la gente diciendo que así va a haber más trabajo. Eso no es cierto. El empleo se genera con políticas productivas, con industria en marcha y con un Estado que acompañe”, remarcó.

En ese sentido, subrayó la importancia de la unidad del movimiento obrero como factor clave para incidir en el tratamiento legislativo del proyecto. “Esperamos que nos acompañen todos los trabajadores, del sector público y del privado. Acá estamos perjudicados todos. Esto es el inicio de un avasallamiento general de los derechos laborales”, advirtió.

Pero las objeciones no se limitan al plano estrictamente laboral. Malla alertó sobre posibles derivaciones más profundas del proyecto: “Detrás de esta reforma viene un desfinanciamiento total de la ANSES, y eso abre la puerta a una reforma previsional, con aumento de la edad jubilatoria. Esto va mucho más allá de una simple modernización”.

La situación concreta del sector minero también refleja, según el dirigente, las consecuencias del actual modelo económico. En ese marco, confirmó despidos recientes en Cementos Avellaneda, donde seis trabajadores recibieron telegramas de cesantía. “Ya se están tomando las acciones necesarias, con asambleas y medidas de fuerza”, indicó.

Malla explicó que, dentro de la actividad minera, existen realidades muy diferentes. Mientras la minería metalífera mantiene cierta estabilidad por sus convenios y características productivas, otras ramas —como el cemento, la cal y la piedra— dependen directamente de la obra pública, hoy prácticamente paralizada. “Eso impacta de lleno en nuestro sector”, señaló.

La titular del sindicato Luz y Fuerza en San Juan, Lilia Martín, confirmó la adhesión plena del gremio a la movilización nacional convocada por la CGT contra la reforma laboral. En diálogo con Mundo Laboral SJ, cuestionó el proyecto oficial por inconstitucional, advirtió sobre despidos y cierres de empresas, y denunció un grave deterioro del servicio eléctrico provincial por la tercerización y la falta de personal capacitado.

En un panorama complejo y de creciente conflictividad social y sindical, el gremio Luz y Fuerza de San Juan se sumó formalmente a la movilización nacional impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a la reforma laboral que el Gobierno ya comenzó a debatir en el Congreso. La decisión fue ratificada tras una asamblea multitudinaria y reuniones de secretarios generales tanto a nivel nacional como provincial.

“Esta reforma es inconstitucional y nos retrotrae a principios del siglo pasado, cuando los trabajadores carecíamos de derechos básicos”, afirmó Lilia Martín, secretaria general del sindicato, al trazar un diagnóstico severo sobre el impacto de la iniciativa oficial. Desde su perspectiva, el proyecto no constituye una modernización, sino una reedición agravada de políticas ya implementadas en el país que derivaron en desocupación, pérdida de derechos y debilitamiento del entramado productivo.

La dirigente sindical contextualizó el debate en un escenario económico marcado por despidos masivos, suspensiones y cierres de empresas en sectores clave como el comercio, la construcción y la industria. “Lo que vemos es una destrucción del tejido social y del aparato productivo. Empresas que resistieron crisis muy profundas hoy están bajando las persianas y dejando trabajadores en la calle”, sostuvo.

Para Martín, la reforma laboral apunta además a reducir de manera sustancial el poder de negociación colectiva. “Está claramente orientada a debilitar al movimiento obrero organizado y a facilitar un esquema de mayor precariedad laboral”, advirtió, al tiempo que remarcó que la CGT ya activó presentaciones judiciales y gestiones políticas para frenar la iniciativa.

El conflicto sindical se entrelaza, en San Juan, con una problemática específica y sensible: la situación del servicio eléctrico provincial. En ese marco, Luz y Fuerza declaró el estado de alerta y movilización y se manifestó frente al Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), en reclamo por el accionar de la empresa concesionaria Naturgy.

Según explicó la referente sindical, el modelo de gestión adoptado por la empresa se basa en la reducción del plantel propio y la tercerización casi total de las tareas, una decisión que —aseguró— tiene consecuencias directas sobre la calidad del servicio y la seguridad laboral. “La empresa ha perdido cerca de la mitad de su personal especializado. Las vacantes no se cubren y se reemplazan por contratistas sin la formación adecuada”, señaló.

Martín puso el foco en los riesgos que esta situación implica en una actividad catalogada como de alto peligro. “La normativa es clara: el trabajo eléctrico requiere capacitación específica, evaluaciones y certificaciones formales. Eso no ocurre con las empresas contratistas, y los accidentes graves que hemos visto este año lo demuestran”, denunció.

En este sentido, la representante gremial desmintió uno de los argumentos más recurrentes en las audiencias públicas: la idea de que contar con más personal encarece la tarifa. “Es falso. La ley establece que la empresa debe garantizar calidad y continuidad del servicio, y eso incluye operación y mantenimiento con personal idóneo. Sin eso, el sistema falla, como está ocurriendo”, afirmó.

La problemática excede el plano gremial y adquiere una dimensión claramente social. Departamentos como Calingasta, uno de los más afectados, registraron cerca de cien cortes de energía en lo que va del mes, con interrupciones prolongadas del suministro. “Esto ya no es un reclamo sindical, es un reclamo de interés público”, enfatizó Martín.

La postura de Luz y Fuerza frente a la reforma laboral y al deterioro del servicio eléctrico sintetiza una preocupación más amplia: la tensión entre un modelo orientado a la rentabilidad financiera y la necesidad de preservar derechos laborales y servicios esenciales. Para el gremio energético, la defensa del empleo calificado, la seguridad laboral y la calidad del suministro no son consignas corporativas, sino pilares de un sistema que considera a la energía como un derecho humano y un factor estratégico del desarrollo.

“La tarifa no será más cara por tener personal capacitado; será más justa y el servicio, más eficiente”, concluyó Lilia Martín. En esa afirmación se condensa el eje de un conflicto que, lejos de agotarse en una protesta sectorial, interpela de lleno al rumbo de las políticas laborales y energéticas del país.