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El secretario general del Sindicato de Estaciones de Servicio de la provincia de San Juan y referente regional de Cuyo, Víctor Menéndez, analizó la renovación de autoridades en la CGT y advirtió sobre las reformas laborales, previsionales e impositivas que impulsa el Gobierno nacional. Afirmó que el movimiento obrero está dispuesto a debatir modernizaciones, pero “sin ceder derechos que costaron décadas de lucha”.

En diálogo con Mundo Laboral SJ, el dirigente Víctor Menéndez expresó su apoyo al nuevo triunvirato de la CGT para el período 2025-2029, integrado por Jorge Sola (Sindicato del Seguro), Cristian Jerónimo (Sindicato del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros) —quienes fueron elegidos en el congreso de la central obrera el 5 de noviembre.

Menéndez subrayó que esta conducción tripartita representa un equilibrio necesario en un momento complejo y consideró que la unidad sindical será clave: “Más de dos mil congresales participaron del congreso para elegir esta conducción colegiada… en esta época tan difícil, la unidad es clave para defender los derechos de los trabajadores ante los cambios que se avecinan”.

Reforma laboral, previsional e impositiva

El dirigente gremial aseguró que el movimiento obrero “observa con preocupación” los proyectos que el Gobierno nocional impulsa bajo presión de organismos internacionales, como una reforma laboral, una previsional e impositiva.

“Nos preocupa una agenda influenciada por el Fondo Monetario Internacional y la Reserva Federal de Estados Unidos. Las reformas que exigen implican retrocesos muy profundos si no se discuten con responsabilidad y consenso”.

Menéndez aclaró que no se oponen a la modernización del trabajo —“no tenemos miedo a la informática, a la inteligencia artificial, a la robotización” — pero enfatizó: “No vamos a permitir cercenar derechos adquiridos. Esas conquistas costaron lágrimas, sudor y sangre. No las vamos a regalar”.

Rechazó además de plano algunas propuestas de flexibilización: jornada de 12 horas, vacaciones fraccionadas, indemnización en cuotas. “Estas cosas no vamos a permitir que pasen. No estamos dispuestos a negociar la dignidad del trabajador”.

El representante sindical afirmó que la CGT y las organizaciones gremiales están “preparadas para el diálogo, sí, pero también para la lucha, para las movilizaciones, para acudir a la justicia laboral si el Gobierno actúa por decreto o DNU”.

“Si se avanza sin consulta, iremos a la justicia. No se va a entregar ni rifar lo que tanto costó”.

Modernización y convenios colectivos

Además de la resistencia, Menéndez abordó el tema de los convenios colectivos: “Estamos abiertos a actualizar los convenios colectivos de trabajo, a adaptarnos a los tiempos que corren, sí — pero no a que eso signifique perder lo que somos”.

Tal como explicó, cada día el mundo del trabajo cambia: tecnología, formación profesional, nuevas tareas. “Sí queremos actualizarnos, pero sin perder estabilidad, sin precarizar.”
Llamó a que la modernización se haga “desde la mesa de trabajo” y “desde el representante de los trabajadores”, y no vía mandatos que arrasan con derechos.

Gestión gremial y agenda interna

Menéndez también detalló la intensa agenda sindical de fin de año en la región de Cuyo:

Informó sobre una cena-gala que reunió a más de 500 personas para premiar el campeonato de fútbol entre delegados y afiliados en San Juan y Mendoza.

Anunció que el día 17 de noviembre, Día del Empleado de Estaciones de Servicio y Lavadero, inaugurarán once edificios propios en la provincia de San Luis: un salón multiuso, 12 consultorios, oficina gremial, depósito, todo construido sin recurrir a bancos, con financiación del propio sindicato.

“Hemos comprado un terreno de 2.000 metros en el centro de San Luis y construido una obra espectacular para nuestros compañeros”, indicó.
En cuanto al salario, adelantó que el año cerrará con negociación: “El último acuerdo del año finaliza en noviembre y en diciembre arrancamos la nueva paritaria para cubrir diciembre, enero y febrero, de modo que los compañeros puedan afrontar lo que viene”.

EL sindicalista sintetizó: “Estamos juntos con todos los afiliados de Cuyo, con una agenda de entrega, de contacto, de fortalecimiento de nuestra estructura gremial… pero también con la certeza de que se vienen tiempos difíciles”.

El mensaje de Víctor Menéndez resume el espíritu del sindicalismo argentino en un momento de tensiones económicas y sociales: unidad para resistir retrocesos, apertura al diálogo para adaptarse al futuro.

La CGT —y en particular las organizaciones de base como la de estaciones de servicio en Cuyo— vuelve a ocupar un rol central en la disputa por el modelo laboral que se viene. Mientras muchos sectores plantean acelerar reformas, el sindicalismo plantea un freno claro: modernizar sí, pero no a costa de perder lo que se ha ganado.
En definitiva: los trabajadores exigen ser parte del proceso de cambio, no figurantes de una reforma decidida por otros.

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El FreSU reclamó un salario mínimo de $3,25 millones y convocó a profundizar la unidad sindical

El planteo fue presentado durante el 75° Congreso Nacional Ordinario Aceitero y Desmotador, realizado en Rosario. El frente sindical sostiene que ese monto permitiría cubrir las nueve necesidades vitales previstas en la legislación argentina y denunció una pérdida de poder adquisitivo superior a los $78,5 billones desde la asunción de Javier Milei.

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) reclamó que el Salario Mínimo, Vital y Móvil alcance los $3.251.462, una cifra que, según el cálculo de las organizaciones que integran el espacio, permitiría cubrir las necesidades esenciales de un trabajador y su familia. La propuesta fue presentada durante el cierre del 75° Congreso Nacional Ordinario Aceitero y Desmotador, realizado en Rosario, donde distintos referentes gremiales también plantearon la necesidad de coordinar un plan de lucha nacional frente a las políticas económicas del Gobierno.

El monto corresponde a una estimación para octubre y supera ampliamente el salario mínimo vigente. Su fundamento se encuentra en las nueve necesidades contempladas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo: alimentación, vivienda, educación, vestimenta, salud, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión social.

El cálculo contempla partidas de $691.291 para alimentación, $661.124 para vivienda y $397.377 para salud. También incorpora $295.463 destinados a educación y cultura, $697.646 para transporte, vacaciones y esparcimiento, $150.900 para vestimenta y $357.661 para previsión social. Para el FreSU, la distancia entre esta estimación y el ingreso mínimo actual refleja la magnitud del deterioro de las condiciones económicas de los trabajadores.

Un frente sindical que busca ampliar su capacidad de acción

Durante el encuentro, el secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora, Daniel Yofra, convocó a construir un paro nacional y sostuvo que la respuesta al rumbo económico requiere mayor organización del movimiento obrero. Además, manifestó la disposición del FreSU a incorporar nuevas organizaciones y ampliar su representación.

En la misma dirección, Pablo Biró, titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), defendió la coordinación entre distintos sectores de la actividad económica y los servicios públicos. Planteó la posibilidad de articular medidas que involucren puertos, universidades, hospitales, rutas y aeropuertos, y reclamó que cualquier proyecto político futuro presente definiciones concretas sobre el rumbo económico y la recuperación de los derechos laborales.

Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó el impacto del ajuste sobre los ingresos y sostuvo que la recuperación salarial y previsional debe ocupar un lugar central en la agenda sindical. También reivindicó la conformación del frente como una herramienta para coordinar reclamos y acciones entre organizaciones de distintas centrales obreras.

La presidenta de FESPROSA, María Fernanda Boriotti, llamó a profundizar la movilización y avanzar en una propuesta política y social con horizonte en 2027. A su vez, representantes de CONADU, UTA y el gremio de Molineros coincidieron en la necesidad de elaborar un programa común y definir medidas para defender las condiciones laborales.

Las cifras de la pérdida salarial

El FreSU también difundió estimaciones sobre el retroceso de los ingresos desde noviembre de 2023. Según sus cálculos, la pérdida acumulada de los trabajadores asalariados supera los $78,5 billones. El relevamiento distingue una caída real del 21% en los salarios estatales y del 7% en los ingresos del sector privado.

En términos individuales, las organizaciones estimaron que cada trabajador privado perdió, en promedio, $3.342.251, mientras que el deterioro para cada empleado estatal alcanzó los $17.454.606 durante el período considerado.

El planteo salarial retoma los lineamientos del programa «Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria», aprobado el 1° de mayo durante el primer plenario de delegados del frente. La iniciativa busca establecer una agenda compartida entre gremios industriales, estatales, docentes, aeronáuticos, sanitarios y de otros sectores.

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Primer empleo: el 92,5% de los jóvenes busca trabajo, pero solo el 43,3% está ocupado

Un relevamiento de Junior Achievement y ManpowerGroup expuso las dificultades de inserción laboral de las nuevas generaciones en Argentina. La falta de experiencia previa aparece como una de las principales barreras, mientras que los jóvenes reclaman mejores salarios, posibilidades de crecimiento y oportunidades de capacitación.

El acceso al mercado laboral se convirtió en uno de los principales desafíos para los jóvenes argentinos. Aunque la voluntad de incorporarse al mundo del trabajo es ampliamente mayoritaria, las posibilidades concretas de conseguir un puesto siguen siendo limitadas: el 92,5% busca empleo activamente, pero apenas el 43,3% logró insertarse laboralmente, según un estudio de Junior Achievement y ManpowerGroup.

Los resultados exponen una brecha significativa entre las expectativas de quienes intentan iniciar o consolidar una trayectoria profesional y las oportunidades que ofrece el mercado. La dificultad para acceder al primer empleo aparece como uno de los factores centrales, especialmente por la exigencia de antecedentes laborales en los procesos de selección. Para quienes todavía no pudieron incorporarse a una empresa, acreditar experiencia se convierte en una condición difícil de cumplir y, en muchos casos, en un obstáculo que prolonga la búsqueda.

El diagnóstico también permite identificar qué esperan las nuevas generaciones de un puesto de trabajo. El crecimiento profesional encabeza las prioridades, señalado por el 62,6% de los consultados, mientras que el 50,6% considera fundamental alcanzar una remuneración adecuada. La capacitación ocupa un lugar relevante para el 35,4%, en tanto que el 33,7% prioriza contar con condiciones laborales flexibles.

Las respuestas muestran que la demanda juvenil no se limita a conseguir una ocupación. También existe una expectativa de desarrollo, aprendizaje y mejores perspectivas económicas, aspectos que influyen cada vez más en la elección de una oportunidad laboral.

Formación y tecnología, dos herramientas para competir

Frente a las dificultades de contratación, una parte importante de los jóvenes busca fortalecer sus credenciales. El 48,1% afirmó que cursa estudios adicionales o dispone de certificaciones complementarias, una señal de la importancia que adquiere la formación continua para mejorar las posibilidades de inserción.

A ese proceso se suma la incorporación de herramientas digitales. El 91,7% manifestó utilizar inteligencia artificial, un dato que refleja la rápida adopción de estas tecnologías entre quienes buscan empleo y se preparan para responder a las nuevas demandas profesionales.

También cambian los canales de búsqueda. LinkedIn es utilizado por el 75% de los encuestados, seguido por las redes sociales, con el 56,8%, y los portales especializados, con el 50,3%. Sin embargo, la multiplicación de plataformas no garantiza que las postulaciones se conviertan en oportunidades concretas ni resuelve las dificultades que aparecen durante la selección.

La distancia entre las competencias que buscan las empresas y las posibilidades de quienes intentan ingresar al mercado plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de transición entre educación y empleo. Las prácticas formativas, los programas de primer trabajo, la capacitación vinculada con perfiles demandados y una revisión de los requisitos de experiencia podrían contribuir a reducir esa brecha.

El relevamiento deja planteado un desafío que involucra tanto al ámbito privado como a las políticas públicas: transformar la disposición de los jóvenes a trabajar y capacitarse en oportunidades reales de contratación. Sin vías efectivas de acceso al primer empleo, una generación que busca desarrollarse profesionalmente corre el riesgo de quedar relegada antes incluso de comenzar su trayectoria laboral.

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La CGT reclamó al Gobierno una nueva prórroga de la jubilación anticipada por desempleo

La Confederación General del Trabajo (CGT) respaldó el reclamo de los trabajadores desocupados mayores de 30 años de aportes y pidió formalmente al Gobierno nacional una nueva prórroga de la Prestación Anticipada por Desempleo, un régimen que permitía acceder a una jubilación antes de la edad ordinaria a quienes habían perdido su empleo pese a cumplir con los requisitos contributivos.

El planteo fue elevado al secretario de Trabajo, Julio Cordero, mediante una presentación firmada por los tres integrantes del triunvirato de conducción sindical: Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello. La central acompañó así la iniciativa del Movimiento de Trabajadores Desocupados con Más de 30 Años de Aportes (MTD+30AA), que busca recuperar una herramienta previsional vencida en septiembre de 2025.

El reclamo tuvo su origen en una reunión realizada el 6 de octubre, cuando Sola recibió a representantes del movimiento para analizar la situación de quienes, después de décadas de actividad y aportes, quedan fuera del mercado laboral sin haber alcanzado la edad necesaria para acceder a la jubilación ordinaria.

La prestación fue creada mediante el Decreto 674/2021 y extendida posteriormente por el Decreto 558/2023. Permitía anticipar hasta cinco años el acceso al beneficio jubilatorio: a partir de los 55 años para las mujeres y de los 60 para los hombres, siempre que acreditaran 30 años de aportes y se encontraran desocupados. No se trataba de una moratoria, sino de un mecanismo dirigido a trabajadores que ya habían cumplido con los requisitos contributivos.

En su presentación, la CGT advirtió sobre la vulnerabilidad de este grupo, que enfrenta obstáculos crecientes para conseguir un nuevo empleo debido a su edad y, al mismo tiempo, todavía no reúne las condiciones para jubilarse por el régimen ordinario. Desde el movimiento describen esa realidad como la de los nuevos «NI-NI»: personas que no son consideradas suficientemente jóvenes para reinsertarse laboralmente ni tienen la edad requerida para acceder a una jubilación.

La central obrera calificó la prestación como una herramienta transitoria, pero necesaria, para evitar que quienes acumularon más de tres décadas de aportes queden sin ingresos al perder su fuente de trabajo. Por eso, reclamó una nueva disposición del Poder Ejecutivo que permita recuperar el régimen y atender las necesidades de este universo de trabajadores.

El pedido también vuelve a poner en discusión otras demandas del movimiento, entre ellas la posibilidad de acceder a la cobertura del PAMI y establecer un mecanismo de devolución de los fondos percibidos anticipadamente. Según lo informado por la organización, esas propuestas tampoco obtuvieron hasta ahora una respuesta oficial.

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