Según la UCA, uno de cada seis trabajadores no logra alimentarse adecuadamente
Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA) reveló que el 15% de los asalariados del país padece inseguridad alimentaria, es decir, dificultades para acceder de forma estable y suficiente a los alimentos. La incidencia alcanza al 24% de los trabajadores informales, al 9,8% de los empleados registrados y al 14,1% del sector público. El estudio expone que el fenómeno ya no distingue entre empleo y exclusión, y refleja el deterioro estructural del poder adquisitivo y las condiciones de vida en la Argentina.
El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) difundió un informe que enciende luces de alarma sobre una problemática que crece incluso entre quienes tienen trabajo: la inseguridad alimentaria. Según los datos relevados, el 15% de los asalariados no logra garantizar una alimentación adecuada para sí o para su familia.
El dato es particularmente preocupante porque incluye a empleados formales, que hasta hace pocos años constituían un segmento relativamente protegido del deterioro social. Entre ellos, el 9,8% padece inseguridad alimentaria, mientras que en el sector público la incidencia trepa al 14,1%. En el sector informal, en tanto, el porcentaje asciende al 24%, lo que demuestra la profundidad del fenómeno entre quienes carecen de protección laboral y social.
“La afectación entre trabajadores formales y públicos refleja un problema que trasciende la mera inserción laboral”, advierte el informe, que analiza el impacto del deterioro salarial, la inflación persistente y la informalidad creciente.
Educación, pobreza y región: las brechas más marcadas
El estudio identifica tres factores centrales que amplifican la vulnerabilidad: el nivel educativo, la condición de pobreza y la región geográfica.
Entre quienes no completaron el nivel secundario, la inseguridad alimentaria alcanza un 34%, mientras que entre los trabajadores con formación universitaria o superior apenas llega al 4,6%.
En los trabajadores pobres, el impacto es abrumador: el 38,6% sufre inseguridad alimentaria, frente a un 6,9% entre los no pobres.
En el Conurbano bonaerense, el fenómeno registra los valores más altos del país (18,9%), seguido por el interior (14,8%) y la Ciudad de Buenos Aires (7,1%).
El factor tiempo: los subocupados, los más golpeados
El informe también detecta una correlación entre las horas trabajadas y la capacidad de acceso a los alimentos. Los subocupados —personas con menos de 35 horas semanales— son los más afectados (21,1%), por encima incluso de los sobreocupados (13,3%) y quienes trabajan jornada completa (12%). Esto sugiere que la cantidad de horas no garantiza estabilidad económica cuando los ingresos son bajos o irregulares.
Género, edad y sindicalización
Otras variables también fueron consideradas. La diferencia por género resulta mínima: 15,5% de las mujeres frente a 15% de los hombres. En cambio, la edad sí marca una tendencia: los trabajadores de entre 35 y 54 años —en plena etapa productiva— son los más afectados (17,1%).
Un dato positivo lo aporta la sindicalización: el ODSA detecta que los trabajadores afiliados a sindicatos tienden a presentar mayor seguridad alimentaria, probablemente por mejores convenios y capacidad de negociación salarial.
El informe de la UCA vuelve a exponer una realidad estructural: en la Argentina actual, tener empleo no garantiza escapar de la pobreza ni del hambre. La erosión del poder adquisitivo, la inflación alimentaria y la precarización del mercado laboral profundizan la distancia entre ocupación y bienestar.
En este contexto, el trabajo dejó de ser un escudo contra la exclusión y se convirtió, para millones, en una condición insuficiente para vivir dignamente. El desafío, advierten los especialistas, es reconstruir un modelo económico que restituya al empleo su función social: la de asegurar no sólo ingresos, sino también seguridad alimentaria y calidad de vida.
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El FreSU reclamó un salario mínimo de $3,25 millones y convocó a profundizar la unidad sindical
El planteo fue presentado durante el 75° Congreso Nacional Ordinario Aceitero y Desmotador, realizado en Rosario. El frente sindical sostiene que ese monto permitiría cubrir las nueve necesidades vitales previstas en la legislación argentina y denunció una pérdida de poder adquisitivo superior a los $78,5 billones desde la asunción de Javier Milei.
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) reclamó que el Salario Mínimo, Vital y Móvil alcance los $3.251.462, una cifra que, según el cálculo de las organizaciones que integran el espacio, permitiría cubrir las necesidades esenciales de un trabajador y su familia. La propuesta fue presentada durante el cierre del 75° Congreso Nacional Ordinario Aceitero y Desmotador, realizado en Rosario, donde distintos referentes gremiales también plantearon la necesidad de coordinar un plan de lucha nacional frente a las políticas económicas del Gobierno.
El monto corresponde a una estimación para octubre y supera ampliamente el salario mínimo vigente. Su fundamento se encuentra en las nueve necesidades contempladas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo: alimentación, vivienda, educación, vestimenta, salud, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión social.
El cálculo contempla partidas de $691.291 para alimentación, $661.124 para vivienda y $397.377 para salud. También incorpora $295.463 destinados a educación y cultura, $697.646 para transporte, vacaciones y esparcimiento, $150.900 para vestimenta y $357.661 para previsión social. Para el FreSU, la distancia entre esta estimación y el ingreso mínimo actual refleja la magnitud del deterioro de las condiciones económicas de los trabajadores.
Un frente sindical que busca ampliar su capacidad de acción
Durante el encuentro, el secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora, Daniel Yofra, convocó a construir un paro nacional y sostuvo que la respuesta al rumbo económico requiere mayor organización del movimiento obrero. Además, manifestó la disposición del FreSU a incorporar nuevas organizaciones y ampliar su representación.
En la misma dirección, Pablo Biró, titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), defendió la coordinación entre distintos sectores de la actividad económica y los servicios públicos. Planteó la posibilidad de articular medidas que involucren puertos, universidades, hospitales, rutas y aeropuertos, y reclamó que cualquier proyecto político futuro presente definiciones concretas sobre el rumbo económico y la recuperación de los derechos laborales.
Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó el impacto del ajuste sobre los ingresos y sostuvo que la recuperación salarial y previsional debe ocupar un lugar central en la agenda sindical. También reivindicó la conformación del frente como una herramienta para coordinar reclamos y acciones entre organizaciones de distintas centrales obreras.
La presidenta de FESPROSA, María Fernanda Boriotti, llamó a profundizar la movilización y avanzar en una propuesta política y social con horizonte en 2027. A su vez, representantes de CONADU, UTA y el gremio de Molineros coincidieron en la necesidad de elaborar un programa común y definir medidas para defender las condiciones laborales.
Las cifras de la pérdida salarial
El FreSU también difundió estimaciones sobre el retroceso de los ingresos desde noviembre de 2023. Según sus cálculos, la pérdida acumulada de los trabajadores asalariados supera los $78,5 billones. El relevamiento distingue una caída real del 21% en los salarios estatales y del 7% en los ingresos del sector privado.
En términos individuales, las organizaciones estimaron que cada trabajador privado perdió, en promedio, $3.342.251, mientras que el deterioro para cada empleado estatal alcanzó los $17.454.606 durante el período considerado.
El planteo salarial retoma los lineamientos del programa «Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria», aprobado el 1° de mayo durante el primer plenario de delegados del frente. La iniciativa busca establecer una agenda compartida entre gremios industriales, estatales, docentes, aeronáuticos, sanitarios y de otros sectores.
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Primer empleo: el 92,5% de los jóvenes busca trabajo, pero solo el 43,3% está ocupado
Un relevamiento de Junior Achievement y ManpowerGroup expuso las dificultades de inserción laboral de las nuevas generaciones en Argentina. La falta de experiencia previa aparece como una de las principales barreras, mientras que los jóvenes reclaman mejores salarios, posibilidades de crecimiento y oportunidades de capacitación.
El acceso al mercado laboral se convirtió en uno de los principales desafíos para los jóvenes argentinos. Aunque la voluntad de incorporarse al mundo del trabajo es ampliamente mayoritaria, las posibilidades concretas de conseguir un puesto siguen siendo limitadas: el 92,5% busca empleo activamente, pero apenas el 43,3% logró insertarse laboralmente, según un estudio de Junior Achievement y ManpowerGroup.
Los resultados exponen una brecha significativa entre las expectativas de quienes intentan iniciar o consolidar una trayectoria profesional y las oportunidades que ofrece el mercado. La dificultad para acceder al primer empleo aparece como uno de los factores centrales, especialmente por la exigencia de antecedentes laborales en los procesos de selección. Para quienes todavía no pudieron incorporarse a una empresa, acreditar experiencia se convierte en una condición difícil de cumplir y, en muchos casos, en un obstáculo que prolonga la búsqueda.
El diagnóstico también permite identificar qué esperan las nuevas generaciones de un puesto de trabajo. El crecimiento profesional encabeza las prioridades, señalado por el 62,6% de los consultados, mientras que el 50,6% considera fundamental alcanzar una remuneración adecuada. La capacitación ocupa un lugar relevante para el 35,4%, en tanto que el 33,7% prioriza contar con condiciones laborales flexibles.
Las respuestas muestran que la demanda juvenil no se limita a conseguir una ocupación. También existe una expectativa de desarrollo, aprendizaje y mejores perspectivas económicas, aspectos que influyen cada vez más en la elección de una oportunidad laboral.
Formación y tecnología, dos herramientas para competir
Frente a las dificultades de contratación, una parte importante de los jóvenes busca fortalecer sus credenciales. El 48,1% afirmó que cursa estudios adicionales o dispone de certificaciones complementarias, una señal de la importancia que adquiere la formación continua para mejorar las posibilidades de inserción.
A ese proceso se suma la incorporación de herramientas digitales. El 91,7% manifestó utilizar inteligencia artificial, un dato que refleja la rápida adopción de estas tecnologías entre quienes buscan empleo y se preparan para responder a las nuevas demandas profesionales.
También cambian los canales de búsqueda. LinkedIn es utilizado por el 75% de los encuestados, seguido por las redes sociales, con el 56,8%, y los portales especializados, con el 50,3%. Sin embargo, la multiplicación de plataformas no garantiza que las postulaciones se conviertan en oportunidades concretas ni resuelve las dificultades que aparecen durante la selección.
La distancia entre las competencias que buscan las empresas y las posibilidades de quienes intentan ingresar al mercado plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de transición entre educación y empleo. Las prácticas formativas, los programas de primer trabajo, la capacitación vinculada con perfiles demandados y una revisión de los requisitos de experiencia podrían contribuir a reducir esa brecha.
El relevamiento deja planteado un desafío que involucra tanto al ámbito privado como a las políticas públicas: transformar la disposición de los jóvenes a trabajar y capacitarse en oportunidades reales de contratación. Sin vías efectivas de acceso al primer empleo, una generación que busca desarrollarse profesionalmente corre el riesgo de quedar relegada antes incluso de comenzar su trayectoria laboral.
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La CGT reclamó al Gobierno una nueva prórroga de la jubilación anticipada por desempleo
La Confederación General del Trabajo (CGT) respaldó el reclamo de los trabajadores desocupados mayores de 30 años de aportes y pidió formalmente al Gobierno nacional una nueva prórroga de la Prestación Anticipada por Desempleo, un régimen que permitía acceder a una jubilación antes de la edad ordinaria a quienes habían perdido su empleo pese a cumplir con los requisitos contributivos.
El planteo fue elevado al secretario de Trabajo, Julio Cordero, mediante una presentación firmada por los tres integrantes del triunvirato de conducción sindical: Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello. La central acompañó así la iniciativa del Movimiento de Trabajadores Desocupados con Más de 30 Años de Aportes (MTD+30AA), que busca recuperar una herramienta previsional vencida en septiembre de 2025.
El reclamo tuvo su origen en una reunión realizada el 6 de octubre, cuando Sola recibió a representantes del movimiento para analizar la situación de quienes, después de décadas de actividad y aportes, quedan fuera del mercado laboral sin haber alcanzado la edad necesaria para acceder a la jubilación ordinaria.
La prestación fue creada mediante el Decreto 674/2021 y extendida posteriormente por el Decreto 558/2023. Permitía anticipar hasta cinco años el acceso al beneficio jubilatorio: a partir de los 55 años para las mujeres y de los 60 para los hombres, siempre que acreditaran 30 años de aportes y se encontraran desocupados. No se trataba de una moratoria, sino de un mecanismo dirigido a trabajadores que ya habían cumplido con los requisitos contributivos.
En su presentación, la CGT advirtió sobre la vulnerabilidad de este grupo, que enfrenta obstáculos crecientes para conseguir un nuevo empleo debido a su edad y, al mismo tiempo, todavía no reúne las condiciones para jubilarse por el régimen ordinario. Desde el movimiento describen esa realidad como la de los nuevos «NI-NI»: personas que no son consideradas suficientemente jóvenes para reinsertarse laboralmente ni tienen la edad requerida para acceder a una jubilación.
La central obrera calificó la prestación como una herramienta transitoria, pero necesaria, para evitar que quienes acumularon más de tres décadas de aportes queden sin ingresos al perder su fuente de trabajo. Por eso, reclamó una nueva disposición del Poder Ejecutivo que permita recuperar el régimen y atender las necesidades de este universo de trabajadores.
El pedido también vuelve a poner en discusión otras demandas del movimiento, entre ellas la posibilidad de acceder a la cobertura del PAMI y establecer un mecanismo de devolución de los fondos percibidos anticipadamente. Según lo informado por la organización, esas propuestas tampoco obtuvieron hasta ahora una respuesta oficial.
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