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Mientras la CGT y las dos CTA expresan su rechazo, el Gobierno de Javier Milei acelera el debate por la reforma laboral, que se discutirá tras la renovación legislativa del 10 de diciembre. El proyecto, que busca “modernizar las normas de trabajo”, ya divide aguas entre los gobernadores, incluidos varios del peronismo. Con el sindicalismo en franca minoría parlamentaria, el Ejecutivo se encamina a un debate con correlación de fuerzas favorable.

La discusión sobre la flexibilización laboral avanza por distintos frentes: el Consejo de Mayo, las legislaturas provinciales y el Congreso de la Nación, donde el oficialismo presentará formalmente su proyecto una vez renovadas las bancas legislativas. La iniciativa, que promete ser uno de los ejes centrales del programa económico del gobierno de Javier Milei, ya despertó reacciones encontradas tanto en el sindicalismo como entre los mandatarios provinciales.

Desde las principales organizaciones gremiales —la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos CTA (de los Trabajadores y Autónoma)— la postura fue inmediata: rechazo total a cualquier intento de ampliar la jornada laboral o flexibilizar derechos adquiridos. Pero el debate se trasladó a las provincias, donde la posición de los gobernadores será determinante, tanto en términos políticos como en el comportamiento de sus bloques en el Congreso.

Desde la Provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof salió a marcar diferencias con dureza. Su ministro de Trabajo, Walter Correa, calificó el proyecto de Milei como “fuera de época” y remarcó que “lo que hoy se discute en el mundo es la reducción de la jornada laboral, no su ampliación a 12 o 13 horas diarias”. La postura bonaerense busca marcar un límite político y simbólico frente al avance de un modelo que considera regresivo en materia de derechos laborales.

Sin embargo, el rechazo no es unánime dentro del peronismo. Dos gobernadores de esa extracción, Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), salieron públicamente a respaldar la necesidad de una actualización normativa.

Jaldo, que ya acompañó con votos legislativos varias iniciativas del oficialismo, sostuvo que “las normas laborales deben modernizarse porque la tecnología avanzó y la realidad productiva cambió”. Aclaró que “no se trata de quitar derechos, sino de adaptarlos a los tiempos actuales” y que los “derechos adquiridos no se tocan”, una línea discursiva que busca equilibrar pragmatismo político y resguardo simbólico del legado justicialista.

En sintonía, Jalil planteó que una reforma podría ser “una herramienta para promover la inversión y el empleo”, sumándose a un grupo de mandatarios que ven en el debate una oportunidad para atraer capital y reactivar economías provinciales golpeadas.

El respaldo también se extiende a gobernadores de otras fuerzas políticas. El radical Maximiliano Pullaro (Santa Fe) valoró el “cambio de actitud del Gobierno tras las elecciones” y se comprometió a trabajar “en unidad para sacar el país adelante”, siempre que las reformas “sirvan para impulsar la producción y formalizar el empleo”.

Su correligionario cordobés, Martín Llaryora, reclamó que el nuevo clima de diálogo “incluya a los gobernadores, la industria y las instituciones representativas del trabajo y la producción”, advirtiendo sobre los riesgos de un debate cerrado entre tecnócratas y despachos nacionales.

Entre los apoyos previsibles también figuran el sanjuanino Marcelo Orrego (Producción y Trabajo), el entrerriano Rogelio Frigerio (PRO) y el salteño Gustavo Sáenz (Identidad Salteña), quienes manifestaron su disposición a acompañar los proyectos del Ejecutivo en nombre de la gobernabilidad y la competitividad regional.

El mapa político que se configura anticipa un Congreso favorable al oficialismo, especialmente tras la renovación legislativa del 10 de diciembre, que dejará a las fuerzas opositoras tradicionales con menor representación sindical. En la nueva composición, el bloque gremial se reduce a figuras como Sergio Palazzo (La Bancaria), Hugo Yasky (docentes), Vanesa Siley (judiciales) y el ingreso de Hugo Moyano (h.), abogado del sindicato de Camioneros. La izquierda, en tanto, perdió una banca, acentuando el desequilibrio.

La reforma laboral que promueve el Gobierno de Milei abre un debate que excede el plano técnico y toca el núcleo del modelo de relaciones laborales argentino. Mientras el sindicalismo resiste y los gobernadores miden costos y beneficios, el oficialismo aprovecha su nuevo peso parlamentario y un contexto económico adverso para instalar la idea de “modernización” como sinónimo de competitividad.

Pero más allá de los discursos, el desafío político será definir si esa modernización implica una actualización equilibrada de derechos o una reconfiguración estructural del trabajo que modifique la relación histórica entre el capital y el movimiento obrero.

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JetSMART desembarca en San Juan y suma cinco vuelos semanales a Buenos Aires

La aerolínea de bajo costo comenzará a operar este jueves 19 de noviembre. El primer servicio llegará al aeropuerto de Las Chacritas pasado el mediodía, mientras que los pasajes se comercializan desde $78.000 por tramo, con impuestos incluidos.

San Juan incorporará desde este jueves una nueva alternativa para viajar a Buenos Aires. JetSMART iniciará sus operaciones en la provincia con una conexión directa que tendrá cinco frecuencias semanales, de lunes a viernes, y cuyo primer vuelo está previsto para alrededor de las 13 en el aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, en Las Chacritas.

El desembarco de la compañía introduce una nueva opción en el mercado aerocomercial sanjuanino, especialmente para quienes necesitan trasladarse con regularidad hacia la Ciudad de Buenos Aires. La frecuencia diaria durante los días hábiles permitirá ampliar las alternativas disponibles y sumar competencia en una ruta de importancia para la actividad económica, turística e institucional de la provincia.

Los pasajes ya pueden adquirirse a través del sitio oficial de JetSMART y en agencias de viajes. De acuerdo con los valores informados por la empresa, las tarifas comienzan en $78.000 finales por tramo, con impuestos y tasas incluidos. El precio constituye una tarifa de referencia y puede variar según la fecha elegida, la disponibilidad y las condiciones de compra.

La llegada a la provincia forma parte del proceso de expansión que la aerolínea busca consolidar en Argentina y la región. La compañía informó que ya transportó a más de 17 millones de pasajeros en el mercado nacional, una cifra que refleja el crecimiento de su operación desde el inicio de sus actividades en el país.

Para sostener esa expansión, JetSMART utiliza aeronaves Airbus A320 y A321neo, modelos que integran su flota regional. Además, proyecta superar las 20 aeronaves operativas en Argentina hacia el verano de 2027, con la incorporación de diez unidades A321neo.

La puesta en marcha de esta ruta representa una ampliación de la oferta aérea para San Juan. Su impacto dependerá, entre otros factores, de la continuidad de las frecuencias, la evolución de la demanda y la competitividad de las tarifas. En donde la conectividad resulta relevante para el turismo, los negocios y los vínculos institucionales, la incorporación de un nuevo operador abre una alternativa que podría fortalecer la integración con uno de los principales centros de actividad del país.

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Departamentales

Siete de cada diez argentinos agotan su sueldo antes del día 20 y recurren al crédito para sobrevivir

Un relevamiento de la consultora Zentrix correspondiente a octubre reveló que el 67,7% de la población se queda sin ingresos antes de terminar la tercera semana del mes. El endeudamiento alcanza al 59,4% de los encuestados y más de la mitad de quienes tomaron préstamos los destinó a comprar alimentos o afrontar gastos de salud.

El salario pierde capacidad para sostener los gastos cotidianos y cada vez más hogares argentinos deben recurrir al crédito para atravesar las últimas semanas del mes. Según el Monitor de Opinión Pública elaborado por la consultora Zentrix, el 67,7% de la población agota sus ingresos laborales, como máximo, alrededor del día 20. El dato expone la dificultad de una proporción mayoritaria de los hogares para cubrir sus necesidades con los recursos que perciben regularmente.

El deterioro resulta todavía más evidente al observar que el 35,3% de los consultados se queda sin dinero disponible después del día 15. A partir de entonces, las tarjetas de crédito, los préstamos digitales —entre ellos Mercado Crédito— y las financieras comienzan a funcionar como mecanismos para sostener consumos que ya no pueden financiarse con el salario.

El informe, correspondiente a octubre, muestra que apenas el 31,1% de los argentinos logra llegar al cierre del mes con sus ingresos. Sin embargo, esa proporción tampoco refleja necesariamente una situación holgada: el 23,6% termina el período sin margen para ahorrar y solamente el 7,5% consigue reservar una parte de su dinero.

La clase media también pierde margen

Las dificultades alcanzan con distinta intensidad a todos los estratos sociales, aunque se profundizan entre los hogares de menores recursos. En ese segmento, el 82,4% consume la totalidad de sus ingresos antes del día 20 y el 43,8% se queda sin dinero antes del día 15. Apenas el 16,9% consigue cubrir el mes completo y ninguno de los encuestados de este grupo manifestó tener capacidad de ahorro.

La clase media tampoco escapa a esa dinámica. El 60,6% de sus integrantes agota sus recursos hacia el día 20, frente al 51,4% registrado en septiembre. El salto en un solo mes refleja un deterioro significativo de la capacidad de consumo. Entre quienes logran afrontar todos sus gastos, apenas el 8,3% consigue guardar dinero.

El panorama cambia entre los sectores de mayores ingresos: el 75,6% llega a fin de mes y el 40% tiene posibilidades de ahorrar. Por edades, los jóvenes de entre 18 y 39 años que se sostienen económicamente por sus propios medios aparecen entre los más afectados: tres de cada cuatro se quedan sin recursos antes del día 20 y apenas el 2,1% logra reservar dinero.

Préstamos para comprar alimentos y pagar servicios

Uno de los indicadores más sensibles del relevamiento es la finalidad del endeudamiento. El 59,4% de los encuestados afirmó haber contraído alguna deuda durante los últimos seis meses. Entre quienes recurrieron a ese mecanismo, el 57,7% utilizó el dinero para afrontar gastos esenciales, principalmente alimentos y salud, mientras que otro 18,3% lo destinó al pago de tarifas y servicios.

En los hogares de menores ingresos, la dependencia del crédito para cubrir necesidades básicas asciende al 68,3%. Este comportamiento evidencia una dinámica difícil de revertir: los préstamos permiten resolver urgencias inmediatas, pero las cuotas y los intereses comprometen una parte de los ingresos futuros y reducen todavía más el dinero disponible para el mes siguiente.

La percepción sobre la evolución de los salarios acompaña ese diagnóstico. El 80,6% considera que sus ingresos pierden frente a la inflación, mientras que el 69,6% sostiene que el índice oficial no refleja los aumentos que experimenta en sus gastos cotidianos. Además, el 63,9% evalúa negativamente la situación económica nacional.

Incluso entre los votantes de La Libertad Avanza, el 59% reconoce que sus ingresos no logran acompañar el incremento de los precios, un dato que muestra que la preocupación por el poder adquisitivo atraviesa distintas identificaciones electorales.

En cuanto a las preferencias laborales, el empleo formal continúa siendo la alternativa más valorada: el 67,2% elegiría un puesto registrado en relación de dependencia, frente al 26,9% que optaría por el monotributo y apenas el 1,4% que manifestó preferencia por el trabajo no registrado.

Los resultados dibujan una economía doméstica cada vez más condicionada por la insuficiencia de los ingresos. Cuando el crédito deja de utilizarse para financiar proyectos o consumos extraordinarios y pasa a cubrir alimentos, medicamentos y servicios, el endeudamiento se convierte en una señal de fragilidad económica. La posibilidad de llegar a fin de mes sin recurrir a préstamos aparece, para una mayoría de los hogares, como una dificultad en aumento.

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destacada

ASIJEMIN acordó con Vicuña un aumento salarial del 10% para el personal jerárquico minero

El entendimiento fue firmado en San Juan bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 789/21. Contempla una recomposición del 6% retroactiva a octubre de 2026 y otro incremento del 4% desde enero de 2027, con bases de cálculo correspondientes a los salarios de septiembre y diciembre, respectivamente.

La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) y Vicuña Argentina S.A. alcanzaron un acuerdo paritario que establece una mejora salarial acumulada del 10% para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 789/21. La conformidad se firmó este miércoles 18 de noviembre y contempla dos etapas de aplicación, con incrementos distribuidos entre el último trimestre de 2026 y el comienzo del próximo año.

La primera recomposición será del 6%, con vigencia desde el 1 de octubre de 2026 y calculada sobre los salarios básicos de septiembre. El retroactivo correspondiente será abonado junto con los haberes de noviembre, según lo establecido en el acuerdo.

La segunda actualización alcanzará el 4% y comenzará a regir el 1 de enero de 2027. En este caso, la base de cálculo será el sueldo básico correspondiente a diciembre de 2026. De esta manera, las partes definieron un esquema de actualización escalonado que extiende sus efectos sobre las remuneraciones del personal jerárquico, profesional y técnico alcanzado por el convenio.

Por ASIJEMIN participaron de la negociación el secretario general, Marcelo Mena Muñoz; la secretaria adjunta, Carla Costabile; el director regional Centro, Humberto Coria; los delegados Jorge Omar Pérez y Ulises Bayastro, y el asesor letrado Guillermo Ruiz Giordano.

La representación de Vicuña Argentina estuvo integrada por Gustavo Bufaliza, director de Recursos Humanos; Ángel Rafael Guardia, gerente de Relaciones Laborales; Gonzalo Cáceres, superintendente de Contratos y Asuntos Corporativos, y Javier Adrogué, asesor técnico y letrado.

El pacto constituye un nuevo resultado de la negociación entre la organización sindical y la compañía minera, en una actividad donde la evolución de los proyectos y la incorporación de personal mantienen en primer plano las discusiones sobre condiciones laborales y remuneraciones. La aplicación de los dos tramos acordados marcará la pauta salarial para los trabajadores alcanzados durante los próximos meses.

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