Con una mayoría opositora consolidada, el Senado rechazó los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, que beneficiarán al Hospital Garrahan y al sistema público de salud. El Gobierno de Javier Milei quedó obligado a promulgar ambas normas, en un nuevo revés político pese a los intentos de diálogo con sectores moderados.

Luego de que en Diputados diera media sanción a ambos proyectos por amplia mayoría, la Cámara alta terminó de ratificar la sanción por una votación de 59 afirmativos, 7 negativos, y 3 abstenciones la de emergencia pediátrica y 58 afirmativos, 7 negativos y 4 abstenciones la de financiamiento universitario.

La votación reflejó la consolidación de una mayoría opositora que viene articulando posiciones frente al oficialismo. A pesar de que el presidente Javier Milei buscó en las últimas semanas recomponer puentes con sectores dialoguistas mediante gestos y encuentros políticos, el oficialismo no consiguió reunir los votos necesarios para sostener los vetos.

La consecuencia inmediata es clara: la Casa Rosada tendrá que promulgar las leyes y aceptar la decisión del Congreso, en lo que constituye otro capítulo de la serie de derrotas legislativas que acumula el Gobierno desde el inicio de su mandato. Para el oficialismo, el resultado será leído como un retroceso en su intento por mantener control en el Parlamento.

El temario de la sesión incluyó además otros puntos de relevancia institucional, entre ellos la prórroga de la designación de Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Misiones, y el tratamiento de dos tratados internacionales.

Al mismo tiempo, el cuerpo avanzó en el debate para otorgar media sanción al Programa Alerta Sofía, una herramienta lanzada en 2019 por el Ministerio de Seguridad con el objetivo de difundir de forma urgente casos de desapariciones de menores. La iniciativa, impulsada bajo la gestión de Patricia Bullrich, busca reforzar la capacidad de respuesta ante situaciones críticas que involucran a la niñez.

La sesión dejó al descubierto la fragilidad política del oficialismo en el Senado y la creciente capacidad de articulación de la oposición. El rechazo a los vetos no solo habilita recursos vitales para el sistema universitario y la salud pediátrica, sino que también evidencia los límites del margen de maniobra del presidente Milei en el Congreso. El desenlace confirma un nuevo traspié para el Gobierno y reconfigura el escenario político, con un Poder Legislativo que marca la agenda frente al Ejecutivo.

El Senado se prepara para una sesión decisiva en la que ratificaría el rechazo al veto presidencial contra la ley de financiamiento universitario. Docentes, no docentes y estudiantes aguardan con expectativa un fallo legislativo que podría restituir presupuesto, becas y paritarias. Jaime Barcelona, titular de ADICUS, anticipó una jornada con movilizaciones y vigilias en todo el país.

La tensión en torno al futuro de las universidades nacionales se concentra este jueves en la Cámara de Senadores, que debate la ratificación del rechazo al veto presidencial contra la ley de financiamiento universitario. El panorama anticipa un resultado adverso para el Gobierno, ya que la oposición asegura contar con los votos suficientes para validar la decisión adoptada previamente por la Cámara de Diputados.

Jaime Barcelona, secretario general de la Asociación de Docentes, Investigadores y Creadores de la Universidad Nacional de San Juan (ADICUS), expresó que la sesión es aguardada con gran expectativa por toda la comunidad universitaria. “Entendemos que puede ser la posibilidad para destrabar un conflicto que viene de larga data, producto de la falta de financiamiento y de la ausencia de aumentos salariales acordes a la inflación”, explicó en diálogo con Mundo Laboral SJ.

La norma en discusión establece un presupuesto actualizado en función de la inflación, obliga a convocar a paritarias trimestrales y contempla recomposiciones salariales para docentes y no docentes. También prevé la ampliación de becas estudiantiles, un aspecto central en un escenario de recortes presupuestarios sin precedentes.

Barcelona remarcó que los trabajadores universitarios acumulan una pérdida salarial superior al 40% en términos reales, lo que agrava el malestar en el sector. “Nunca habíamos tenido un recorte de esta magnitud en becas y salarios. La ley es esperada porque llevaría estabilidad a las universidades y a sus trabajadores”, sostuvo.

La sesión, incluirá otros temas de debate, aunque el financiamiento universitario será el punto de mayor atención. Paralelamente, sindicatos, gremios estudiantiles y agrupaciones académicas realizarán movilizaciones frente al Congreso y vigilias en distintas provincias.

En San Juan, la ADICUS y la Federación Universitaria convocaron a la comunidad a participar de una vigilia con transmisión en directo de la sesión desde los jardines del Complejo Universitario Islas Malvinas (CUIM). “Será un espacio de encuentro entre sindicatos, autoridades, agrupaciones estudiantiles y la sociedad en general, para acompañar un reclamo que es de todos”, detalló Barcelona.

El secretario general de AJEPROC San Juan, Claudio Navas, cuestionó las políticas de reducción de personal y la precarización salarial que afectan al Correo Argentino y Radio Nacional. Señaló que los retiros voluntarios golpearon especialmente a los cuadros jerárquicos y advirtió sobre el riesgo de que localidades enteras de la provincia pierdan cobertura postal. También destacó el papel estratégico del Correo en los próximos comicios, garantizando transparencia y trazabilidad.

La Asociación del Personal Jerárquico y Profesional de las Comunicaciones (AJEPROC) de San Juan celebrará un nuevo aniversario este 7 de octubre, en un escenario marcado por la incertidumbre laboral y la amenaza de recortes. Su secretario general, Claudio Navas, expresó con firmeza que las políticas actuales buscan “desaparecer” servicios estatales históricos como el Correo Argentino y Radio Nacional.

“Nos quieren mostrar como una carga, pero nuestro trabajo demuestra lo contrario”, sostuvo. Según el dirigente, estas instituciones cumplen funciones irremplazables en materia de comunicación, integración territorial y garantía democrática, aun en los momentos más difíciles de la historia reciente.

Uno de los ejes más delicados es el impacto de los retiros voluntarios. “Nuestro sindicato agrupa a los cuadros con más experiencia: inspectores, jefes de sucursal, responsables de áreas. Son personas que hicieron toda la carrera postal y hoy están dejando la actividad. Eso nos afecta directamente”, explicó. El resultado inmediato fue una reducción de personal que, paradójicamente, generó superávit en la empresa, aunque a costa de una pérdida de capital humano clave.

Las consecuencias no se limitan a lo económico. Con el cierre de oficinas en localidades pequeñas, se vulnera el derecho a la comunicación de miles de ciudadanos. Navas señaló como ejemplo el caso de Angualasto, donde el gobierno considera “no rentable” mantener una sucursal. “Un kiosco puede ser rentable o no, pero un correo es un servicio. No puede medirse con el mismo criterio que un negocio privado”, enfatizó.

En paralelo, la situación de los medios públicos tampoco está despejada. Según el gremialista, la exclusión de Radio Nacional y del Correo de la Ley Bases dio un respiro, pero no garantiza estabilidad a futuro: “La calma actual es relativa. Estuvimos al borde de que se intentara eliminar Radio Nacional, la TV Pública y los medios estatales. El riesgo sigue latente”.

El plano salarial refleja otra arista del conflicto. Hubo un reconocimiento parcial con incrementos mínimos y una bonificación por servicios electorales, pero Navas cuestionó que gran parte de esas sumas sean “no remunerativas”: “Es un daño silencioso porque no impacta en las jubilaciones. Quien aportó toda su vida se jubila con ingresos muy bajos, y este tipo de decisiones agravan el problema”.

En contraste con ese deterioro, el Correo Argentino se prepara para desplegar una operación crucial en las próximas elecciones legislativas. Los simulacros realizados en todo el país alcanzaron altos niveles de eficacia, y se alista un operativo que incluye traslado de materiales, asistencia en escuelas y transmisión digital de resultados. “En cada elección, en cada catástrofe o situación de emergencia, el Correo está presente. Lo mismo ocurrió durante la pandemia, cuando fuimos esenciales y no paramos un solo día”, recordó Navas.

Para el sindicalista, el debate trasciende lo gremial: “Defender al Correo y a Radio Nacional es defender la cohesión territorial y la democracia. Sin servicios públicos no hay integración real ni elecciones transparentes”.

El testimonio de Claudio Navas sintetiza el dilema actual: mientras el Correo Argentino muestra capacidad para sostener la logística electoral y cumplir con exigencias tecnológicas modernas, la reducción de planteles y la precarización laboral amenazan con erosionar esa fortaleza. La advertencia de AJEPROC San Juan es un llamado de atención: si se sigue debilitando el empleo estatal y la cobertura postal, lo que se pierde no es sólo trabajo, sino también soberanía territorial y calidad democrática.