La petrolera Shell anunció un nuevo aumento en el precio de sus combustibles, totalizando cuatro subas en solo trece días.

En un clima de alta inflación y creciente presión sobre los bolsillos de los argentinos, la petrolera Shell decidió ajustar nuevamente el precio de sus combustibles. Este cuarto aumento en menos de dos semanas se suma a los ya registrados el 31 de agosto, el 6 de septiembre y el 7 de septiembre, lo que generó una notable escalada en los costos para los usuarios.

El precio de la nafta V-Power aumentó significativamente en un corto período de tiempo, pasando de $1.715 el 31 de agosto a $1.752 el 13 de septiembre. Este incremento fue objeto de atención por parte de los conductores y usuarios, quienes registraron la evolución de los precios en las estaciones de servicio.

La frecuencia de los ajustes en los precios de Shell contrasta con la situación de otras compañías del sector, que han registrado aumentos más espaciados en el tiempo. Los combustibles son uno de los rubros con mayores incrementos, lo que se suma a otras subas en servicios esenciales, alquileres y prepagas, constituyendo un escenario complejo para el actual momento socio-económico de gran parte de los argentinos.

El aumento en el precio de los combustibles tiene un impacto directo en la economía de los usuarios, quienes ven cómo su salario no alcanza a cubrir el alto costo de necesidades primordiales para la subsistencia. La situación se vuelve cada vez más complicada para aquellos que dependen del transporte para ir a trabajar o realizar actividades cotidianas.

La contundente victoria del peronismo en la provincia de Buenos Aires abrió un nuevo escenario político de alcance nacional. Marcelo Mena, titular nacional de ASIJEMIN, señaló que el resultado representa un freno a las políticas de Javier Milei, y una oportunidad para reconstruir derechos laborales, fortalecer la obra pública y garantizar la protección de los sectores más vulnerables: “Es un triunfo que permite recomponer los esquemas de trabajo y los derechos de los trabajadores, que habían sido avasallados por políticas neoliberales”.

El dirigente destacó que este resultado refleja un mensaje claro del pueblo: la necesidad de un rumbo basado en empleo, industria, exportación y educación. Mena enfatizó la proyección hacia el futuro: “Octubre y 2027 serán decisivos para que la ciudadanía indique el camino a seguir, priorizando trabajo, desarrollo y oportunidades para todos”.

Renovación y liderazgo sindical

En cuanto a la CGT a nivel nacional, que definirá sus autoridades el próximo 5 de noviembre, Mena sostuvo que es crucial encontrar un equilibrio entre continuidad y renovación: “Debe haber una figura que represente a todos, pero con renovación. La juventud aporta energía, ideas y la cercanía con la realidad diaria de los trabajadores. Los cuadros mayores deben acompañar y asesorar, pero el liderazgo debe reflejar un cambio generacional”.

Mena resaltó que la política sindical debe estar en sintonía con los trabajadores, manteniendo la capacidad de adaptarse a los cambios y garantizar la participación activa de todos los sectores: “La edad es importante, pero más aún lo es el espíritu y las banderas que defienden los jóvenes. Ellos deben estar adelante, mientras los mayores guían con experiencia”.

Minería: empleo local y responsabilidad empresarial

Uno de los ejes centrales de la conversación fue la minería. Mena subrayó que los proyectos mineros deben beneficiar directamente a la provincia y a sus habitantes: “Hemos presentado un expediente al Ministerio de Minería para asegurar que se cumpla la guía de contratación local y empresas nacionales. Es fundamental que los proyectos se desarrollen con responsabilidad social y ambiental”.

Sobre el proyecto Binacional Vicuña, explicó que, si bien está en fase inicial de ingeniería, la etapa de ejecución comenzará con la primavera. El dirigente insistió en la urgencia de generar empleo real y no dilatar procesos: “El trabajo es una necesidad inmediata. No podemos esperar; los proyectos deben traducirse en oportunidades concretas para los sanjuaninos”.

Además, planteó que los yacimientos deben cumplir con la normativa ambiental y logística, respetando a la comunidad y asegurando que la inversión no quede concentrada en intereses externos: “Si quieren avanzar, deben cumplir las normas, integrarse con la economía local y responder a la responsabilidad social que corresponde”.

Mena también analizó el impacto de las políticas nacionales en la economía y la industria: “Se necesita recomponer la estructura productiva y comercial. La política y la industria deben alinearse con la realidad de los trabajadores. No basta con inversión; debe haber compromiso con empleo y desarrollo local”.

El gremialista enfatizó que el sindicalismo debe actuar como interlocutor responsable, promoviendo medidas que protejan a los trabajadores sin caer en confrontaciones estériles, pero marcando límites claros frente a políticas que afectan los derechos: “La política sindical no puede ser pasiva. Debe garantizar condiciones justas, respetar el trabajo local y exigir cumplimiento de las leyes”.

La visión de Marcelo Mena combina política, sindicalismo y desarrollo económico con una mirada estratégica hacia el futuro de San Juan. Desde la renovación en la CGT hasta la exigencia de responsabilidad en la minería, su discurso subraya la necesidad de traducir la inversión y las políticas en empleo real y desarrollo sostenible. La provincia y sus trabajadores exigen resultados concretos: proyectos que respeten normas, generen oportunidades y fortalezcan la economía local, marcando un camino claro hacia la equidad y el progreso.

La FEDUN y el Frente Sindical de Universidades Nacionales denunciaron que la decisión presidencial profundiza la crisis educativa. El paro de este viernes paralizó la actividad académica y administrativa en todo el país y anticipa una nueva marcha federal.

El sistema universitario argentino vivió este viernes una jornada de virtual parálisis. Docentes y trabajadores nodocentes de las casas de estudio de todo el país adhirieron masivamente al paro nacional convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, en rechazo al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. La medida, destinada a garantizar recursos para el funcionamiento de las instituciones y recomponer los salarios del sector, había sido aprobada en el Congreso pero fue bloqueada por el Poder Ejecutivo.

Desde la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), que lidera Daniel Ricci, aseguraron que el acatamiento fue “casi total” y subrayaron que la contundencia de la protesta refleja el malestar generalizado de la comunidad académica. “El gobierno nacional decidió profundizar la crisis en lugar de atender el reclamo de estudiantes y trabajadores”, señaló Ricci, anticipando que el plan de lucha tendrá continuidad con una nueva marcha federal el día que se trate en el Congreso la ratificación o rechazo al veto.

Uno de los ejes centrales de la protesta es la crítica situación de los salarios docentes y nodocentes, que se encuentran entre los más afectados por la inflación. Según datos de los gremios, durante el último año los ingresos perdieron más del 50% de su poder adquisitivo, y los incrementos otorgados en 2024 han quedado muy por debajo del alza de precios. “Mes a mes los sueldos se deterioran, y hoy la universidad pública solo se sostiene gracias al esfuerzo de sus trabajadores”, remarcaron desde FEDUN.

La ley vetada contemplaba un refuerzo presupuestario indispensable para cubrir gastos de funcionamiento, garantizar becas estudiantiles y sostener el nivel académico. Para los sindicatos, su implementación era una respuesta concreta a las demandas de un sistema que consideran “en riesgo de colapso”.

La defensa de la universidad pública se ha convertido en un tema sensible de la agenda política. En palabras de Ricci, “la universidad es la principal herramienta de igualdad y de movilidad social, individual y colectiva. Es respetada por toda la sociedad argentina y constituye un pilar del desarrollo nacional”.

El dirigente gremial reclamó a legisladores y legisladoras que “cumplan con el mandato popular” expresado en las masivas movilizaciones de 2024 y que, al tratarse el veto en el Congreso, voten por su rechazo. La próxima marcha federal, anticiparon, volverá a llenar las calles de estudiantes, docentes y familias en defensa de la educación superior gratuita y de calidad.

Escenario político y expectativas parlamentarias

El paro universitario coincide con un clima político enrarecido tras el reciente traspié electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, lo que otorgó nuevo impulso a la oposición. Con ese telón de fondo, las bancadas contrarias al Gobierno se preparan para la sesión del 17 de septiembre, donde buscarán reunir los dos tercios necesarios para revertir el veto no solo a la ley universitaria, sino también a la norma de emergencia sanitaria pediátrica.

En la votación original, el financiamiento universitario obtuvo 158 votos afirmativos, 75 en contra y cinco abstenciones en la Cámara de Diputados, quedando a apenas dos voluntades de la mayoría especial. Ese antecedente alimenta el optimismo opositor, que confía en lograr el número suficiente para reinstaurar la ley y enviar una señal política contundente al Poder Ejecutivo.

Continuidad del conflicto

Con la protesta de este viernes, la tensión entre el Gobierno y el sistema universitario alcanzó un nuevo punto álgido. El conflicto combina la urgencia salarial de docentes y trabajadores con una disputa política de fondo: el rumbo de la educación pública en la Argentina.

Desde la FEDUN y el Frente Sindical de Universidades Nacionales advirtieron que la lucha no se detendrá hasta que se garantice un financiamiento adecuado. “Seguiremos defendiendo en unidad la universidad pública, gratuita y de calidad, al servicio del pueblo argentino”, remarcaron.

Mientras tanto, la comunidad académica permanece expectante. El desenlace parlamentario del 17 de septiembre no solo definirá el futuro inmediato de las universidades, sino que marcará también el pulso de la relación entre el Ejecutivo y un sector clave de la sociedad que, una vez más, se convierte en actor central de la política nacional.