ASIJEMIN cuestionó los cambios en el RIGI y advirtió por el impacto sobre las PyMEs nacionales
El sindicato que representa a los trabajadores jerárquicos mineros salió al cruce del Decreto que modifica los criterios para reconocer proveedores locales dentro del régimen de grandes inversiones. Advirtió que la nueva normativa puede reducir la participación de empresas argentinas y debilitar el impacto de la minería sobre las economías provinciales.
La modificación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) abrió un nuevo frente de cuestionamientos sindicales. ASIJEMIN rechazó el Decreto 1366/2026 y advirtió que los cambios en la definición de proveedor local podrían favorecer a grandes compañías extranjeras en detrimento de las PyMEs nacionales, con consecuencias sobre el empleo, la industria y las economías de las provincias mineras.
La institución considera que la nueva normativa altera las condiciones de participación de las empresas argentinas en los proyectos alcanzados por el régimen, al permitir que compañías extranjeras compitan bajo la misma categoría que los proveedores nacionales. A juicio del sindicato, esa equiparación puede profundizar las asimetrías entre grandes corporaciones internacionales y firmas regionales que integran las cadenas de abastecimiento de la minería.
El planteo no cuestiona la llegada de capitales ni la expansión de las inversiones mineras, sino la distribución de sus beneficios. «No estamos en contra de las inversiones ni del crecimiento de la minería. Estamos en contra de un modelo que concentra oportunidades, debilita a las empresas nacionales y pone en riesgo el desarrollo productivo de nuestras provincias», sostuvo la entidad.
Para ASIJEMIN, el volumen de capital destinado a los emprendimientos extractivos no constituye, por sí solo, una garantía de desarrollo. La entiadad reclama que esos desembolsos se traduzcan en contratación de trabajadores argentinos, fortalecimiento industrial y participación efectiva de proveedores radicados en las regiones donde se ejecutan los proyectos.
En esa línea, el sindicato exigió revisar y derogar las modificaciones introducidas por el decreto, además de establecer políticas que aseguren condiciones favorables para las pequeñas y medianas empresas, los proveedores regionales y la mano de obra nacional.
La discusión trasciende el alcance de una disposición administrativa y pone en debate el modelo de desarrollo asociado con la expansión minera. La capacidad de las provincias para transformar las inversiones en empleo, producción y encadenamientos industriales depende, en buena medida, de cuánto puedan participar las empresas locales en los grandes emprendimientos.
El comunicado lleva la firma de Marcelo Mena Muñoz, secretario general de ASIJEMIN, junto con la Comisión Directiva Nacional y las delegaciones regionales Centro, Sur y NOA. La organización sintetizó su posición con una definición: «La minería debe generar riqueza para el país, trabajo para los argentinos y desarrollo para nuestras provincias».
La advertencia sindical instala una discusión central para el futuro de la minería argentina: cómo atraer inversiones de gran escala sin relegar a las empresas nacionales que pueden aportar servicios, tecnología, empleo y valor agregado en los territorios donde se desarrolla la actividad.
Departamentales
El deshielo pone bajo vigilancia rutas y puentes de cinco departamentos sanjuaninos
Protección Civil monitorea el aumento de los caudales y evalúa posibles restricciones en caminos de Calingasta, Angaco, Albardón, San Martín y Chimbas. La Ruta 400 ya permanece cortada en la zona cordillerana, mientras los organismos provinciales refuerzan los controles sobre puentes y pasos vulnerables.
El director de Protección Civil, Diego Morales, comunicó que las cuadrillas provinciales supervisan de forma continua el comportamiento hídrico y la resistencia de la infraestructura en riesgo. Si bien los cauces operan hoy dentro de los márgenes normales, se prevé que la continuidad del deshielo incremente de manera importante el caudal.
La ocupación de los terrenos naturales del río San Juan durante los últimos veinte años de sequía representa hoy un problema complejo. Con la actual recuperación de los caudales a niveles inéditos en dos décadas, las viviendas y fincas instaladas en el antiguo cauce obligan a desplegar maquinaria para redirigir el agua y reducir el riesgo de inundaciones o daños.
En ese marco, las autoridades realizan maniobras controladas en los descargadores de fondo del dique Ignacio de la Roza, con liberaciones progresivas de agua destinadas a observar la respuesta del terreno y anticipar eventuales intervenciones.
Los puntos más sensibles en el Gran San Juan
Entre Chimbas y Albardón, uno de los sectores que concentra mayor atención es calle Salta, conexión utilizada para llegar a El Rincón y Las Tapias. Allí, la capacidad de drenaje podría resultar insuficiente ante una crecida importante, con el riesgo de que el agua alcance la calzada e impida el tránsito.
También se encuentra bajo observación el puente de Albardón, cuya respuesta frente a un caudal de esta magnitud deberá ser evaluada por los equipos técnicos. A esto se suman los cruces informales de Villa Observatorio, que serán inhabilitados por el peligro que representa atravesar sectores del lecho con una corriente creciente.
La vigilancia alcanza además a calle Rodríguez, una vía que vincula San Martín con Chimbas y Angaco. Debido a las características de su trazado y a la proximidad del cauce, Protección Civil e Hidráulica analizan la necesidad de establecer restricciones preventivas.
Calingasta, con un corte ya vigente
En la zona cordillerana, las consecuencias del deshielo ya se reflejan en la interrupción total de la Ruta 400, que conecta El Molle con Laguna Blanca y el área del proyecto minero Pachón. El avance del agua impide la circulación segura y obliga a utilizar recorridos alternativos para acceder a los emprendimientos de la zona.
Las empresas mineras pusieron a disposición recursos para colaborar con las tareas de acondicionamiento y reparación de los sectores afectados, según la información difundida.
Controles en diques y cauces
Las medidas preventivas también comprenden las maniobras de erogación desde el dique Cuesta del Viento, cuyo flujo llega hasta el dique Pachimoco. Las autoridades buscan evitar que la formación de espejos de agua en sectores sin infraestructura de seguridad derive en accidentes, especialmente por la presencia de personas que se acercan a bañarse.
En este sentido, Hidráulica desarrolla trabajos de limpieza de sedimentos y mantenimiento en puentes para reducir obstrucciones que puedan alterar el curso del agua. La presencia de corrales y construcciones precarias dentro de los cauces constituye otro factor de preocupación.
Con el deshielo en pleno desarrollo, la prioridad de los organismos provinciales es anticiparse a los efectos de las crecidas, preservar la infraestructura y evitar accidentes. La evolución de los cursos de agua determinará si las advertencias actuales se traducen en nuevas restricciones para la circulación en los departamentos bajo seguimiento.
destacada
La Bancaria elevó el salario inicial por encima de los $2,6 millones tras acordar una suba del 2,2%
El incremento correspondiente a octubre llevó la remuneración inicial, incluida la participación en ganancias, a $2.683.718,55. El acuerdo contempla la continuidad de las actualizaciones mensuales durante noviembre y diciembre, mientras que el bono por el Día del Bancario quedó establecido en más de $2,3 millones.
La Asociación Bancaria acordó con las cámaras empresariales del sector una actualización salarial del 2,2% para octubre de 2026, que elevó el ingreso inicial de la actividad a $2.608.320,16. Al incorporar la participación en las ganancias (ROE), la remuneración total alcanza los $2.683.718,55, de acuerdo con los montos difundidos por el sindicato que conduce Sergio Palazzo.
La recomposición comprende la totalidad de las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas. También alcanza a los adicionales convencionales y no convencionales, por lo que su aplicación se extiende al conjunto de los conceptos salariales contemplados en el acuerdo.
Con esta suba, los ingresos de los trabajadores bancarios acumulan una mejora del 26,3% entre enero y octubre, tomando como referencia los sueldos de diciembre de 2025. El porcentaje consolida una pauta de negociación que el gremio viene sosteniendo mediante revisiones periódicas, con el propósito de adecuar las retribuciones a la evolución de los precios y reducir el deterioro del poder adquisitivo.
Asimismo, lo pactado determina que en los meses de noviembre y diciembre regirá el mismo mecanismo de ajuste mensual y el alcance establecido en los acuerdos anteriores. De este modo, las partes sostienen una instancia de revisión salarial para el último bimestre del año, garantizando la continuidad del diálogo entre el sector gremial y el empleador.
Otro de los puntos informados corresponde a la compensación por el Día del Bancario. El monto inicial del bono fue fijado en $2.325.227,20 y tendrá actualizaciones mensuales hasta su pago, previsto para noviembre de 2027. La suma constituye un componente adicional de la remuneración anual del personal y su valor definitivo dependerá de los ajustes que se apliquen durante ese período.
Departamentales
Sebastián López reclamó diálogo político y reivindicó el papel de los sindicatos en la defensa del trabajo
El dirigente de Judiciales Provinciales y referente de la CGT Regional San Juan valoró el mensaje social del papa León XIV y sostuvo que sus definiciones deben trascender el ámbito religioso para promover consensos, combatir la informalidad y recuperar una agenda centrada en el empleo.
Recomponer los canales de diálogo, darle más fuerza a la representación gremial y poner la creación de empleo en el centro de la agenda pública. Esos fueron los ejes principales que trazó Sebastián López, referente de Judiciales Provinciales y miembro de la Secretaría de Prensa de la CGT Regional San Juan, en una entrevista con Mundo Laboral San Juan.
Durante la charla, el dirigente también resaltó la mirada humanista del papa León XIV y afirmó que sus reflexiones sobre la dignidad del trabajo y la justicia social tienen que reflejarse en el rumbo político y económico de la Argentina.
Para López, las definiciones del pontífice exceden ampliamente la dimensión religiosa. Su relevancia reside, fundamentalmente, en la concepción de una economía al servicio de las personas y en la reivindicación de principios que, a su entender, resultan indispensables para afrontar las dificultades sociales y laborales. En ese sentido, subrayó que la justicia social forma parte de la doctrina social de la Iglesia y no debería quedar reducida a una identificación partidaria o a una consigna de disputa política.
El dirigente también puso de relieve la referencia papal a las organizaciones sindicales, en momentos en que el movimiento obrero enfrenta cuestionamientos y una creciente deslegitimación en distintos ámbitos. Consideró que reconocer la función de los gremios supone comprender su responsabilidad en la defensa de los derechos laborales y en la representación colectiva de quienes dependen de su trabajo. No obstante, admitió que las propias organizaciones deben revisar y fortalecer su desempeño. “Tenemos nuestras virtudes, pero debemos revalorizar nuestra tarea sindical, que consiste en representar los derechos de los trabajadores”, expresó.
Esa exigencia, sostuvo, debe ir acompañada de una actitud capaz de superar la confrontación permanente y abrir instancias de entendimiento. López defendió una participación sindical activa en la búsqueda de respuestas, con propuestas que permitan abordar las dificultades del mercado laboral y no se limiten a expresar desacuerdos. Entre los asuntos que requieren atención prioritaria mencionó la informalidad, la creación de nuevos puestos de trabajo y las demandas que llegan a diario a las entidades gremiales.
Desde esa perspectiva, propuso conformar mesas de trabajo con representación de los distintos actores políticos, económicos y sociales. El objetivo sería identificar los problemas, debatir alternativas y alcanzar acuerdos que puedan convertirse en medidas concretas. También advirtió que el llamado al entendimiento no debe dirigirse exclusivamente al Gobierno nacional: alcanza al conjunto de las fuerzas políticas, cuya responsabilidad institucional resulta decisiva para construir respuestas duraderas.
En el plano provincial, López destacó las recorridas territoriales que la CGT Regional San Juan comenzó a impulsar mediante su Secretaría de Interior, junto con la conducción de la central obrera. La iniciativa busca estrechar el vínculo con las distintas comunidades, conocer las condiciones en las que viven y trabajan sus integrantes y recoger de manera directa las inquietudes que, muchas veces, no llegan a expresarse en los ámbitos formales de representación.
El contacto cotidiano con los trabajadores, remarcó, constituye una condición necesaria para que la acción gremial conserve legitimidad y capacidad de respuesta. “Es muy importante poder bajar a los sectores y estar en contacto permanente con la gente”, señaló, al defender una modalidad de trabajo basada en la presencia territorial y la escucha activa.
Para López, el futuro del sindicalismo exige dos metas urgentes: recuperar el respaldo de la sociedad y volver a apostar por el diálogo frente a las crisis laborales. Advirtió que el valor del trabajo, la formalización y los derechos laborales requieren decisiones reales y no solo buenas intenciones. En este escenario, propuso un sindicalismo con iniciativa propia, capaz de aportar soluciones concretas sin descuidar su rol histórico de proteger a los trabajadores.
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