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La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno derogó la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales. El máximo tribunal rechazó la demanda promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) por considerar que la asociación no tenía legitimación para impulsar el proceso colectivo.

La resolución tiene un alcance preciso: la Corte no se pronunció sobre la legitimidad constitucional de la derogación. El Tribunal sostuvo que antes de analizar el fondo debía existir una parte legitimada y un caso o controversia que habilitara la intervención judicial. Al no encontrar esas condiciones, cerró el proceso sin ingresar al examen de constitucionalidad del DNU.

El efecto práctico, sin embargo, es inmediato. Al quedar sin efecto la sentencia de la Cámara Federal platense, también desaparece la decisión que había impedido aplicar la derogación de la Ley 26.737. De este modo, vuelve a regir el artículo 154 del DNU 70/2023, que establece expresamente: “Derógase la Ley N° 26.737”.

La norma derogada había creado un régimen de protección del dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales. Entre sus disposiciones establecía límites para la adquisición de esos inmuebles por parte de extranjeros y fijaba restricciones vinculadas con determinadas zonas del territorio.

El litigio comenzó a fines de 2023, cuando el CECIM recurrió a la Justicia para cuestionar la derogación y solicitó también que se invalidaran los actos jurídicos realizados al margen del régimen que había establecido la Ley 26.737. La entidad fundamentó su presentación en sus objetivos estatutarios vinculados con la defensa de la soberanía argentina.

En primera instancia, el juez federal Alberto Recondo había rechazado el planteo por falta de legitimación y dejado sin efecto una medida cautelar que había suspendido la aplicación del artículo cuestionado. La Cámara Federal de La Plata revirtió esa decisión en marzo de 2024: reconoció al CECIM como legitimado, admitió la acción colectiva y declaró inconstitucional la derogación.

La Corte tomó ahora un camino diferente. Para el máximo tribunal, la soberanía territorial invocada por el CECIM no constituye un “bien colectivo” en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional que permita habilitar una acción colectiva. La soberanía, sostuvo, integra las competencias propias del Estado sobre un territorio determinado y no puede ser asimilada al tipo de derechos de incidencia colectiva que habilitan este mecanismo judicial.

El pronunciamiento también reivindicó la exigencia constitucional de que exista una causa concreta para la actuación de los tribunales. Según la Corte, la ampliación de la legitimación producida por la reforma constitucional de 1994 no habilita al Poder Judicial a ejercer controles abstractos de constitucionalidad sobre normas.

El fallo se conoce después de que el Congreso tampoco avanzara con una modificación de la legislación sobre tierras rurales impulsada este año por el Gobierno. El proyecto denominado “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” buscaba restringir las limitaciones exclusivamente a Estados extranjeros, empresas públicas y sociedades con participación estatal, pero finalmente no fue tratado por el Senado.

La decisión del máximo tribunal deja así despejado el camino para la aplicación de la derogación dispuesta por el DNU 70/2023, aunque no constituye una validación judicial de su constitucionalidad. La cuestión de fondo queda diferenciada de la resolución procesal adoptada por la Corte y mantiene abierta la discusión institucional sobre los límites de los decretos de necesidad y urgencia y el régimen de propiedad de las tierras rurales.

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El precio de las verduras se disparó: el zapallo aumentó 349% en un año

Cinco productos frescos registraron subas superiores al 20% durante octubre, muy por encima de la inflación general del 2,2%. El zapallo anco encabezó los aumentos, mientras que los precios en supermercados profundizaron la brecha respecto de los valores mayoristas.

El comportamiento de los alimentos frescos volvió a exponer una distancia significativa frente al índice general de inflación. Durante octubre, mientras el nivel general de precios avanzó un 2,2% y el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas registró un incremento del 2%, el zapallo anco trepó 58,2%, la cebolla 25,2% y la papa 24,4%. También el limón y la batata experimentaron aumentos del 21,6%, según los datos relevados por el INDEC.

La magnitud de las subas se refleja en los valores que deben afrontar los consumidores. El kilo de zapallo anco pasó de $2.816,26 en septiembre a $4.454,89 en octubre. La cebolla aumentó de $2.696,23 a $3.375,94, mientras que la papa pasó de $2.201,11 a $2.737,14. Se trata de incrementos concentrados en productos de consumo habitual, cuyo encarecimiento repercute directamente sobre el presupuesto familiar.

La comparación interanual muestra una evolución todavía más pronunciada. El zapallo acumuló un incremento del 349,4%, la cebolla del 266% y la papa del 230,2%. La batata también registró una suba del 105%. Son las cuatro únicas verduras relevadas que más que duplicaron sus valores en doce meses, una evolución que contrasta con el comportamiento de otros alimentos.

La presión sobre los precios también se manifestó en el Mercado Central de Buenos Aires. Su relevamiento mayorista registró un aumento promedio del 6,7% en las hortalizas durante octubre y una variación interanual del 157,8%. Entre los productos con mayores incrementos se destacaron el zapallo, con 71,6%; la batata, con 39,4%, y la papa, con 22,4%.

Las causas no son uniformes. El INDEC relacionó el encarecimiento del zapallo con los efectos de la sequía en el norte chaqueño. En el caso del limón, el precio mayorista avanzó 42,1% por el cierre de la temporada y la menor disponibilidad de mercadería, mientras que las dificultades climáticas durante la floración generan incertidumbre sobre la próxima cosecha.

La evolución en los supermercados agrega otro elemento: la diferencia entre los valores mayoristas y los que finalmente llegan a las góndolas. El promedio de seis hortalizas relevadas aumentó 13,2% mensual, con subas destacadas en el zapallo, la papa, la batata y la cebolla. El indicador ponderado de las cadenas avanzó 15,7%, más del doble que el incremento registrado en el Mercado Central. La brecha entre ambos precios pasó del 105,7% en septiembre al 123,1% en octubre.

No todos los productos siguieron la misma trayectoria. El tomate redondo bajó 11%, la banana retrocedió 8,4%, la lechuga cayó 3,7% y la naranja descendió 3,6%. Estas variaciones reflejan la volatilidad propia de los productos frescos, condicionados por las cosechas, las condiciones climáticas y los niveles de oferta.

En este panorama, el semáforo de economías regionales de Coninagro ubicó a la horticultura en amarillo durante septiembre. La entidad registró entonces un incremento mensual del 34% en los precios del rubro y señaló que el productor recibió el 39% del valor final, cinco puntos por encima de su promedio histórico. También advirtió que las importaciones de hortalizas crecieron un 30% interanual, frente a un avance del 25% en las exportaciones.

La recuperación parcial de los valores que perciben los productores convive, así, con un encarecimiento considerable para quienes compran. Entre las dificultades de abastecimiento, los costos de comercialización y las diferencias entre los precios mayoristas y minoristas, el comportamiento de las frutas y verduras vuelve a mostrar que el promedio inflacionario no siempre representa la evolución de los productos esenciales en la mesa de las familias.

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La crisis universitaria suma otra semana de protesta por salarios y presupuesto

La medida se extenderá hasta el miércoles 18 de noviembre y exige el pago de la deuda salarial y presupuestaria derivada del incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Los gremios también anticiparon nuevas protestas durante el debate del Presupuesto 2027 y no descartan afectar los exámenes de diciembre.

Los gremios docentes y nodocentes de las universidades nacionales iniciaron una nueva semana de paro para exigir al Gobierno de Javier Milei el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición de los salarios y la transferencia de los fondos adeudados al sistema público. La medida, que se extenderá hasta el miércoles 18 de noviembre, profundiza un conflicto que amenaza con proyectarse sobre el cierre del ciclo académico y el funcionamiento de las instituciones durante 2027.

La decisión de la CONADU Histórica fue aprobada por amplia mayoría durante su Congreso Extraordinario del 6 de noviembre, con la participación de 81 representantes de asociaciones de base de todo el país. Allí se resolvió sostener el plan nacional de lucha ante la falta de respuestas oficiales y reclamar la regularización de los compromisos salariales y presupuestarios.

Desde los sindicatos advierten que el deterioro de los ingresos acumulado equivale, según sus estimaciones, a haber trabajado sin cobrar durante un año de los últimos tres. A esa pérdida se suma la preocupación por el proyecto de Presupuesto 2027, cuya asignación para las universidades consideran insuficiente y contraria a las obligaciones establecidas por la legislación vigente.

La protesta no será la única medida prevista. La federación resolvió convocar a otra jornada de huelga de 24 horas cuando el Congreso trate el Presupuesto 2027 y someter a consulta nacional la posibilidad de afectar los exámenes de diciembre. También comenzará a debatir nuevas acciones para el inicio del próximo ciclo lectivo si persiste el incumplimiento de la ley.

La advertencia gremial coincide con los planteos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Su presidente, Franco Bartolacci, sostuvo que las universidades enfrentarán serias dificultades para funcionar el próximo año si no se modifica sustancialmente la previsión presupuestaria durante el debate parlamentario. El rector reclamó a los legisladores y al Poder Judicial celeridad para resolver la controversia sobre la aplicación de la norma.

Bartolacci también retomó el mensaje del papa León XIV en defensa de la educación, la formación profesional, las universidades y la investigación. Consideró que las palabras del pontífice sobre las dificultades de los jóvenes para construir su futuro en el país deben traducirse en decisiones concretas y políticas públicas que fortalezcan las oportunidades educativas.

El conflicto vuelve a colocar a la universidad pública en el centro de la disputa presupuestaria nacional. Para los gremios, la recomposición salarial y el financiamiento institucional son condiciones indispensables para garantizar el funcionamiento académico, mientras que las autoridades universitarias advierten que la falta de recursos compromete la continuidad de actividades esenciales.

Con una semana de huelga en marcha y nuevas medidas en evaluación, la negociación entre el Gobierno y la comunidad universitaria enfrenta un momento decisivo. La discusión ya no se limita a la recuperación de los ingresos docentes y nodocentes: también involucra la capacidad del sistema para sostener sus actividades, preservar la investigación y garantizar el acceso a la educación superior durante el próximo año.

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La inflación volvió a acelerarse: fue del 2,2% en octubre y acumuló 33,1% en un año

El INDEC informó que el Índice de Precios al Consumidor aumentó 2,2% respecto de septiembre y acumuló una variación interanual del 33,1%. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezaron los incrementos mensuales, con un 4,2%, mientras que el acumulado de los primeros diez meses alcanzó el 26,3%.

La inflación volvió a acelerarse en octubre y alcanzó el 2,2%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El registro representó un incremento respecto del 1,9% de septiembre y llevó la variación acumulada durante los primeros diez meses de 2026 al 26,3%. En la comparación interanual, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 33,1%.

El principal impulso provino del rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que encabezó las variaciones mensuales con un aumento del 4,2%. Le siguió Recreación y cultura, con un 3,3%. En el extremo opuesto, Bebidas alcohólicas y tabaco registró el menor incremento, con 0,8%, mientras que Educación avanzó 1,3%.

Al observar las categorías del índice, los precios estacionales mostraron la mayor variación, con un 5,5%, impulsados principalmente por los aumentos en verduras, tubérculos y legumbres. Los precios regulados subieron 2,9%, con incidencia de los ajustes en gas y combustibles para vehículos. Por su parte, el IPC Núcleo avanzó 1,5%, con incrementos vinculados, entre otros componentes, a los alquileres y los servicios de restaurantes.

La evolución mensual muestra que, después de alcanzar el 3,4% en marzo, la inflación inició una trayectoria descendente que llegó a su registro más bajo en agosto, con 1,7%. Sin embargo, desde julio comenzaron a alternarse períodos de aceleración y moderación. La secuencia fue de 2,1% en julio, 1,7% en agosto, 1,9% en septiembre y 2,2% en octubre, lo que evidencia una nueva presión sobre el índice.

El dato vuelve a poner en discusión la sostenibilidad de la desaceleración inflacionaria y su impacto sobre el poder adquisitivo. Aunque el acumulado de 2026 se ubica en 26,3%, la variación mensual de octubre muestra que los precios todavía no consolidan un sendero descendente y que los gastos vinculados con la vivienda y los servicios continúan ejerciendo presión sobre los presupuestos familiares.

El desempeño del próximo trimestre será clave para confirmar si el aceleramiento de octubre respondió a un fenómeno transitorio o a un cambio de tendencia. En este escenario, la dinámica inflacionaria se mantiene como el principal condicionante del poder adquisitivo, el nivel de consumo y la estabilidad financiera de los hogares.

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