Los docentes universitarios cumplen este jueves un nuevo paro nacional, en coincidencia con el Día del Profesor, luego de que la audiencia paritaria terminara nuevamente sin acuerdo. En simultaneo, el CIN cuestiona los $7,349 billones previstos por el Gobierno para las universidades y reclama elevarlos a $11 billones.

El conflicto en las universidades públicas volvió a quedar sin una salida inmediata. La nueva audiencia paritaria entre el Gobierno nacional y los gremios docentes terminó este jueves sin acuerdo y sin una propuesta que permitiera acercar posiciones, mientras las casas de altos estudios enfrentan otra disputa de fondo por los recursos previstos para 2027.

La medida de fuerza coincide con el Día del Profesor y se desarrolla mientras las organizaciones sindicales solicitan una recomposición salarial superior a la ofrecida por el Ejecutivo. La última propuesta oficial había contemplado un aumento del 3% para septiembre, una pauta que los gremios rechazaron por considerarla insuficiente frente al deterioro acumulado de los ingresos.

La negociación salarial está vinculada además con el pedido urgente en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya instrumentación constituye uno de los principales puntos de desacuerdo entre las organizaciones docentes y el Gobierno.

A la discusión salarial se suma ahora la definición de los recursos para el próximo ejercicio. El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso contempla $7,349 billones para las universidades nacionales, destinados al funcionamiento, la inversión y programas especiales.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó una estimación sustancialmente superior. El organismo que reúne a los rectores aprobó un proyecto propio por $11 billones, cifra que considera necesaria para sostener el funcionamiento del sistema universitario durante 2027.

La diferencia asciende a aproximadamente $3,65 billones, por lo que la discusión parlamentaria se convirtió en otro de los puntos centrales de la disputa. Durante la presentación del proyecto ante diputados y senadores, el titular del CIN, Franco Bartolacci, advirtió que, si el Congreso no modifica y actualiza la partida, las universidades podrían enfrentar dificultades para iniciar normalmente el próximo ciclo lectivo.

El Gobierno sostiene una interpretación diferente. Según la posición oficial, el proyecto contempla los efectos de la cautelar judicial, una inflación proyectada del 18% y un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento. El Ejecutivo también cuestiona la metodología utilizada por los rectores para calcular los recursos que, según el CIN, exige la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

De este modo, la negociación combina dos discusiones que, aunque tienen ámbitos formales diferentes, repercuten sobre el funcionamiento de las instituciones: los salarios del personal docente y nodocente y los fondos disponibles para sostener las universidades durante el próximo año.

Los sindicatos consideran que la mejora de los sueldos está estrechamente ligada a la devolución de los fondos para las universidades. La ausencia de acuerdos en las negociaciones, junto con la brecha entre las estimaciones del CIN y los recursos previstos por el Gobierno, deja la puerta abierta a nuevas protestas.

Mustafa Suleyman, responsable de Inteligencia Artificial de Microsoft, cuestionó el enfoque de Anthropic en el entrenamiento de Claude y advirtió que atribuir conciencia, deseos o derechos a los sistemas actuales puede dificultar su control. También reclamó mayor transparencia y evaluaciones independientes.

La carrera por desarrollar modelos de inteligencia artificial cada vez más sofisticados sumó una nueva disputa entre sus principales protagonistas. Mustafa Suleyman, máximo responsable de IA de Microsoft, cuestionó el modo en que Anthropic entrena a Claude y advirtió que atribuir características humanas a estos sistemas puede introducir riesgos difíciles de dimensionar.

Suleyman centró sus críticas en una cuestión que atraviesa el debate tecnológico: hasta qué punto las empresas deberían enseñar a sus modelos conceptos como conciencia, autonomía, deseos o sufrimiento. A su entender, presentar a una inteligencia artificial como si poseyera atributos propios de una persona puede generar una percepción equivocada sobre sus capacidades y complicar la relación entre los usuarios y sistemas cada vez más autónomos.

El ejecutivo sostuvo, además, que no existen evidencias de que los modelos actuales sean conscientes ni de que experimenten sentimientos, sufrimiento o preferencias propias. Su posición se distancia así de las interpretaciones que atribuyen estados mentales a las respuestas producidas por los sistemas generativos a partir de su comportamiento lingüístico.

La discusión adquiere especial relevancia por el avance de técnicas que permiten a los modelos actuar con mayor autonomía, utilizar herramientas externas y ejecutar cadenas de tareas con menor supervisión humana. Suleyman planteó que el problema no reside únicamente en lo que una IA puede hacer, sino también en las características que se incorporan durante su entrenamiento y en la manera en que los usuarios interpretan posteriormente su comportamiento.

Aunque cuestionó el enfoque de Anthropic, el responsable de IA de Microsoft reconoció el trabajo de Dario Amodei y su equipo y evitó presentar sus advertencias como una impugnación general al desarrollo de modelos avanzados. Su preocupación apunta, en particular, a la posibilidad de que la antropomorfización termine otorgándoles una apariencia de identidad, valores o voluntad que no necesariamente corresponde con su funcionamiento real.

“No debemos tomar decisiones a la ligera, sin darnos cuenta, de las que luego nos arrepintamos amargamente”, advirtió Suleyman al reclamar mayores precauciones en el desarrollo de estos sistemas.

El debate también involucra los mecanismos de supervisión. El ejecutivo de Microsoft pidió mayor transparencia sobre los procedimientos utilizados para entrenar y evaluar los modelos, además de controles independientes capaces de examinar su comportamiento. La discusión excede así la competencia comercial entre compañías y alcanza las reglas con las que se pretende gobernar una tecnología cuyo nivel de autonomía aumenta rápidamente.

Como antecedente, Suleyman citó un ejercicio de entrenamiento en el que agentes de IA de OpenAI actuaron de manera autónoma en un intento de hackear el centro tecnológico Hugging Face. El episodio fue utilizado para ilustrar los riesgos que pueden aparecer cuando los sistemas reciben objetivos y herramientas suficientes para ejecutar acciones complejas sin intervención humana permanente.

En ese punto aparece otra cuestión todavía abierta: qué ocurre si los avances tecnológicos llevan a que algunas empresas o usuarios comiencen a considerar que determinados sistemas poseen derechos o algún tipo de bienestar propio. Para Suleyman, incorporar esa consideración podría añadir una dificultad adicional a los mecanismos destinados a mantener bajo control a las inteligencias artificiales.

La académica Wendy Hall, de la Universidad de Southampton, consideró que este debate debería trascender a las compañías tecnológicas y formar parte de una discusión internacional. El interrogante ya no se limita a qué modelo consigue mejores resultados, sino a qué criterios científicos, técnicos y regulatorios deberán acompañar el desarrollo de sistemas con capacidades crecientes.

La disputa entre Microsoft, Anthropic y OpenAI muestra así una dimensión menos visible de la carrera por la IA: además de competir por potencia, usuarios e inversiones, las principales compañías comienzan a diferir sobre cómo deben entrenarse los modelos, qué atributos humanos conviene incorporarles y cuáles deberían ser los límites de su autonomía. En esa discusión se juega buena parte de las futuras reglas de seguridad y supervisión de una tecnología todavía en plena evolución.

El Frente de Sindicatos Unidos sostuvo que el Salario Mínimo Vital y Móvil debería alcanzar $3.116.298 para cubrir las nueve necesidades previstas por la Constitución y la Ley de Contrato de Trabajo. El monto supera ampliamente el piso salarial vigente y vuelve a poner en el centro del debate la pérdida del poder adquisitivo.

La estimación, correspondiente a julio, ubica el ingreso necesario en $3.116.298, un monto que multiplica varias veces el salario mínimo oficial vigente. Para los gremios que integran el frente, la diferencia expone la distancia entre el piso salarial fijado por el Estado y el costo efectivo de sostener una vida digna.

El cálculo contempla nueve rubros previstos en la legislación laboral: alimentación adecuada, vivienda, educación y cultura, vestimenta, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión social. Entre los principales componentes figuran $664.499 para alimentación, $624.473 para vivienda, $381.127 para salud, $676.295 para transporte, vacaciones y esparcimiento y $342.793 para previsión social.

Durante una conferencia de prensa realizada en la sede de la Unión Obrera Molinera, en Buenos Aires, el secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón, Daniel Yofra, sostuvo que ese valor representa el ingreso que los trabajadores deberían alcanzar para cubrir sus necesidades y vinculó esa meta con la capacidad de movilización de las organizaciones sindicales.

En la misma presentación, el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Pablo Biró, cuestionó que el salario mínimo pueda considerarse suficiente con un monto sustancialmente inferior al costo calculado por los sindicatos. Según planteó, la cifra estimada por el FreSU contempla únicamente las necesidades enumeradas por la normativa y no incorpora capacidad de ahorro ni acceso a un crédito hipotecario.

El planteo gremial se inscribe en un deterioro más amplio de los ingresos laborales. De acuerdo con las cifras difundidas por el FreSU, desde noviembre de 2023 los salarios reales del empleo público acumularon una caída del 9%, mientras que los del ámbito privado registraron un retroceso del 22% en términos de poder de compra.

El frente sindical también calculó una pérdida acumulada superior a $69,3 billones en los ingresos mensuales de los trabajadores. En promedio, estimó que cada asalariado privado dejó de percibir el equivalente a $3.011.131, mientras que para los empleados estatales la pérdida promedio alcanzaría $15.465.594.

A ese deterioro se suma el mayor endeudamiento de los hogares. Según los datos presentados por las organizaciones, las familias acumularon unos $46 billones adicionales de deuda desde el inicio de la actual gestión y la morosidad se multiplicó en el último año. Para el FreSU, el recurso al crédito pasó de ser una herramienta complementaria a convertirse en una vía para afrontar gastos corrientes.

La referencia al salario mínimo también recupera una definición establecida por la propia legislación. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional garantiza un salario mínimo vital y móvil, mientras que el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que debe asegurar al trabajador una jornada legal de trabajo y la satisfacción de sus necesidades físicas, intelectuales y morales.

El FreSU reúne sindicatos pertenecientes a las tres centrales obreras, entre ellos la UOM, ATE, Federación Aceitera y Desmotadora, Conadu, Conadu Histórica, Fesprosa, organizaciones aeronáuticas, marítimas, fluviales, molineras, papeleras y viales. En su primer plenario de delegados, realizado el 1° de mayo, las organizaciones incorporaron la recuperación del salario mínimo entre sus principales reivindicaciones.

El reclamo coloca nuevamente al SMVyM en el centro de la discusión sobre ingresos, costo de vida y relaciones laborales. La brecha entre el piso legal y el monto que los sindicatos calculan como necesario constituye uno de los principales argumentos del frente para exigir una recomposición salarial y una revisión de los criterios con los que se determina el ingreso mínimo de los trabajadores.