La oposición logró abrir en el Congreso el debate por la morosidad de las familias
La Cámara de Diputados fijó fechas para avanzar con iniciativas destinadas a enfrentar la morosidad y el sobreendeudamiento familiar. Hay unos 50 proyectos en estudio y varias propuestas fueron impulsadas por dirigentes sindicales. La CGT, las dos CTA y ATE también reclaman al Gobierno medidas para reducir la carga financiera sobre trabajadores y empresas.
La crisis de endeudamiento de los hogares logró finalmente un lugar definido en la agenda del Congreso. La Cámara de Diputados fijó un cronograma para discutir iniciativas destinadas a aliviar la morosidad de millones de argentinos y estableció como fecha límite el 29 de septiembre para avanzar con los dictámenes que podrían habilitar su tratamiento en el recinto.
La decisión fue adoptada en una jornada en la que la oposición consiguió reunir el quórum necesario y forzó al oficialismo a avanzar con un debate que el Gobierno venía evitando. Para el tratamiento del sobreendeudamiento se convocaron reuniones informativas de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor para los martes 15 y 22 de septiembre, con un cierre previsto para el 29.
En Diputados existen alrededor de 50 proyectos vinculados con la morosidad, las condiciones de acceso al crédito y mecanismos para aliviar las obligaciones de las familias. Entre ellos aparecen varias iniciativas promovidas por legisladores con trayectoria sindical, lo que refleja la creciente intervención del movimiento obrero frente a un problema que ya dejó de circunscribirse al ámbito financiero.
El titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, impulsó tres propuestas durante los últimos meses. Una de ellas busca prohibir el acoso digital vinculado con el cobro de deudas y limitar los mecanismos mediante los cuales los acreedores pueden contactar a familiares, allegados u otras personas del entorno del deudor. Otra procura establecer reglas para los procedimientos de cobro extrajudicial.
La iniciativa de mayor alcance propone crear un Régimen Integral de Protección y Desendeudamiento de las Familias Argentinas, destinado a facilitar la regularización de pasivos y establecer condiciones de financiamiento razonables y transparentes. El proyecto contempla, entre otras medidas, la condonación total de los intereses punitorios para quienes tengan deudas equivalentes a hasta tres canastas básicas totales.
La propuesta también lleva la firma de Hugo Moyano (h), secretario de Asuntos Jurídicos de la Federación de Camioneros. Ambos dirigentes habían acompañado además, junto con el diputado de SMATA Mario Manrique, un proyecto para declarar durante dos años la emergencia crediticia de las familias.
El reclamo sindical también encontró una vía parlamentaria a través de Sergio Palazzo y Carlos Cisneros, referentes de La Bancaria. En enero, Cisneros había presentado junto con legisladores de Unión por la Patria y Encuentro Federal un proyecto para crear un programa de desendeudamiento de las familias argentinas, con participación de la ANSES, frente al avance de las obligaciones generadas por las altas tasas de interés.
La ofensiva gremial no se limitó al Congreso. El 20 de agosto, la CGT y las dos CTA marcharon hasta el Ministerio de Economía para reclamar medidas frente al incremento de la morosidad. Las centrales sindicales sostienen que el deterioro de los ingresos y la pérdida de poder adquisitivo obligaron a numerosos hogares a recurrir al crédito para afrontar gastos corrientes.
La CGT llevó entonces al ministro de Economía, Luis Caputo, un petitorio con tres líneas principales: establecer mecanismos de regulación sobre el costo financiero y las tasas de interés, asistir a las pequeñas y medianas empresas sobreendeudadas y poner en marcha un programa de refinanciación de pasivos.
Desde ATE Nacional, su secretario general Rodolfo Aguiar consideró que el avance legislativo constituye una señal relevante frente a una realidad que, según el dirigente, combina deterioro salarial y creciente dependencia del crédito. El gremialismo sostiene que el endeudamiento comenzó a funcionar como un mecanismo para compensar la pérdida de ingresos reales.
La discusión parlamentaria se produce mientras el oficialismo sostiene que las relaciones crediticias corresponden principalmente al ámbito privado y cuestiona las iniciativas opositoras por su utilización política. En la sesión, el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, defendió el cronograma de comisiones y acusó a la oposición de buscar rédito político.
Con el calendario aprobado, el Congreso quedó obligado a discutir una de las expresiones más visibles del deterioro de los ingresos familiares. Para las organizaciones sindicales, el desafío será transformar el reclamo por la morosidad en instrumentos de alivio financiero; para el Gobierno, la cuestión vuelve a instalar una demanda social que hasta ahora había quedado fuera de sus prioridades legislativas.
Departamentales
Plan de viviendas en San Juan: el lunes arranca la construcción de barrios en toda la provincia
El ministro Fernando Perea confirmó que esta semana se firmarán los contratos con las empresas adjudicataria para iniciar los trabajos el próximo lunes con la construcción de 23 barrios distribuidos en los 19 departamentos. Los siete emprendimientos restantes se sumarían una vez completada la documentación necesaria, según confirmó el ministro de Infraestructura, Agua y Energía.
La medida marca el comienzo de la ejecución de un programa habitacional que comprende 30 barrios y que busca extender las obras a todo el territorio sanjuanino. De acuerdo con el funcionario, la Provincia ya está en condiciones de formalizar la mayor parte de los acuerdos, mientras que los restantes requieren resolver cuestiones administrativas y legales.
«De los 30 barrios, hoy estamos en condiciones de firmar los contratos de 23. Los otros siete, calculo que la semana que viene estaríamos en condiciones de firmarlos», explicó Perea. El ministro ratificó que el inicio de las obras para los primeros emprendimientos está previsto para el prñoximo lunes 2 de noviembre.
La firma de los acuerdos habilitará a las constructoras a avanzar con las tareas iniciales en los terrenos asignados. La incorporación de los siete barrios pendientes dependerá de que se completen los requisitos formales, aunque el Gobierno mantiene la previsión de cerrar esos trámites durante la próxima semana.
Llegó el momento de transformar las promesas en realidades: hay 23 contratos a punto de sellarse y siete en planificación. El desafío de llevar estas obras a los 19 departamentos entra en su etapa decisiva, donde el cumplimiento de la Provincia y de las empresas será la clave del éxito.
destacada
La UOCRA espera que las obras de Orrego reactiven el empleo en San Juan
El gremio recibió con optimismo el anuncio de 30 barrios y la proyección de 4.500 empleos directos. Alberto Tovares pidió acelerar las adjudicaciones y conocer cuántos trabajadores incorporarán las empresas y durante cuánto tiempo.
La construcción sanjuanina aguarda que los anuncios de inversión pública se conviertan en puestos de trabajo concretos. La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) valoró la iniciativa del Gobierno provincial para levantar 30 barrios, con una proyección de alrededor de 4.500 empleos directos, y vinculó esas expectativas con las obras viales previstas en rutas nacionales y provinciales.
Alberto Tovares, secretario gremial de la UOCRA en San Juan, sostuvo que los proyectos representan una oportunidad para revertir más de dos años de dificultades laborales. Sin embargo, advirtió que la recuperación dependerá de que los procedimientos administrativos avancen, se adjudiquen los trabajos y las empresas comiencen a incorporar personal.
También manifestó su expectativa de que parte de las iniciativas pueda comenzar antes de fin de año, según la información que recibió en una reciente reunión con autoridades provinciales.
Las perspectivas del gremio incluyen, además de las viviendas, las intervenciones previstas en las rutas 20 y 40 y otros proyectos de infraestructura que atraviesan distintas instancias administrativas. Su ejecución podría generar oportunidades para trabajadores con diferentes especialidades y extender las contrataciones a lo largo del territorio sanjuanino.
El impacto potencial excede a quienes trabajan directamente en las obras. La compra de materiales, el transporte, los servicios eléctricos y los pequeños comercios forman parte de una cadena que suele activarse con cada emprendimiento. Tovares describió ese efecto a partir de negocios cotidianos, desde las ferreterías hasta los kioscos cercanos a los barrios en construcción, y sostuvo que la inversión puede aportar movimiento a la economía provincial.
No obstante, el sindicato busca que las expectativas estén respaldadas por información precisa. La organización pretende establecer contacto con las empresas adjudicatarias para conocer la duración de cada obra, sus necesidades de personal y los plazos estimados de contratación. Esos datos permitirían dimensionar el alcance laboral de los anuncios y brindar certezas a quienes llevan meses buscando una oportunidad.
Para la UOCRA, el anuncio abre una perspectiva favorable, pero la recuperación no se medirá por la cantidad de proyectos presentados, sino por su puesta en marcha y las incorporaciones efectivas. El paso decisivo será que las inversiones lleguen a los obradores y se traduzcan en ingresos para los trabajadores y en movimiento para la economía sanjuanina.
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La Cámara de la Construcción proyecta 4.000 empleos con los nuevos barrios
Ramón Martínez, titular de la Cámara Argentina de la Construcción en San Juan, estimó que los proyectos anunciados por el Gobierno provincial podrían generar un número muy importante de puestos de trabajo. La cifra permitiría recuperar parte de los empleos perdidos desde 2023, aunque la magnitud del impacto dependerá de los plazos de ejecución y las contrataciones.
La construcción sanjuanina podría recuperar una parte sustancial del empleo perdido durante la retracción de la obra pública. La Cámara Argentina de la Construcción en San Juan calculó que la edificación de 2.240 viviendas, distribuidas en 30 barrios anunciados por el gobernador Marcelo Orrego, tendría capacidad para generar alrededor de 4.000 puestos de trabajo directos.
Ramón Martínez, titular de la entidad, recibió el anuncio como una señal favorable para las empresas locales y los trabajadores. La expectativa, explicó, es que las inversiones se traduzcan en licitaciones, adjudicaciones e inicios de obra capaces de recomponer la ocupación después de uno de los períodos más duros para la actividad.
La dimensión del retroceso ayuda a explicar el alcance potencial de la iniciativa. Según el repaso de Martínez, la construcción pasó de unos 12.000 trabajadores a mediados de 2023 a cerca de 6.000 durante el momento de mayor caída, entre fines de ese año y comienzos de 2024. La recuperación impulsada posteriormente por obras provinciales permitió elevar la cifra hasta aproximadamente 8.000 empleos. La incorporación de otros 4.000 llevaría nuevamente el registro hacia los niveles previos a la retracción, siempre que la proyección se concrete.
El efecto no se limitaría a las plantillas de las constructoras. La compra de cemento, hierro y otros insumos, junto con el transporte, la fabricación de materiales y los servicios asociados, multiplica el alcance económico de cada emprendimiento. Martínez señaló, además, que la vivienda suele requerir más mano de obra que las obras viales y estimó que su construcción demanda, en promedio, dos trabajadores por unidad, aunque la dotación varía según la etapa y el sistema utilizado.
En ese sentido, el dirigente consideró conveniente combinar los proyectos habitacionales con la infraestructura vial para sostener las contrataciones y ampliar las oportunidades para las pequeñas y medianas empresas sanjuaninas. Según indicó, varias firmas ya reúnen la documentación técnica y administrativa necesaria para competir cuando se publiquen los pliegos.
La Cámara también observa alternativas tecnológicas que podrían acortar los tiempos de ejecución. Martínez mencionó el sistema Casaforma, basado en encofrados y hormigón proyectado, utilizado en Mendoza. Su incorporación requiere capacitación, pero puede ofrecer otra vía para acelerar la construcción sin prescindir de la preparación de los trabajadores.
El paso inmediato será conocer las condiciones de contratación y los cronogramas oficiales. Hasta entonces, los 4.000 puestos constituyen una estimación empresarial, no empleos ya confirmados. La reactivación dependerá de la traducción del financiamiento en obras concretas y de la capacidad de las empresas para generar empleo estable.
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