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El Gobierno nacional afirma haber dictado 719 normas de desregulación que modificaron o eliminaron 2.803 disposiciones y 16.771 artículos. Entre las reformas impulsadas desde diciembre de 2023 figuran cambios en prepagas, alquileres, trabajo, transporte, telecomunicaciones, energía, alimentos y controles sanitarios.

Desde la llegada de Javier Milei al Gobierno, la desregulación se convirtió en una de las principales herramientas de transformación económica. El Ministerio de Desregulación, conducido por Federico Sturzenegger, contabiliza 719 normas que modificaron o eliminaron 2.803 disposiciones y 16.771 artículos de distintas regulaciones.

El alcance de las reformas atraviesa 11 grandes áreas, desde agroindustria y finanzas hasta transporte, salud, empleo, energía y vivienda. Detrás de ese volumen normativo hubo cambios que impactaron directamente sobre precios, contratos, derechos laborales y mecanismos de control estatal.

Prepagas y medicamentos

Una de las primeras modificaciones relevantes alcanzó a la medicina privada. En febrero de 2024, la Superintendencia de Servicios de Salud dejó de establecer topes para los aumentos de las cuotas de las prepagas, en aplicación del DNU 70/2023.

Las empresas aplicaron fuertes incrementos durante los meses siguientes. El propio Gobierno terminó recurriendo a la Justicia para denunciar una presunta cartelización y buscar que las compañías retrotrajeran parte de las subas.

En paralelo, la ANMAT amplió progresivamente el listado de medicamentos de venta libre. El cambio también modificó su cobertura por obras sociales y prepagas y habilitó su comercialización fuera de las farmacias.

Alquileres y consumo

La derogación de la Ley de Alquileres mediante el DNU 70/2023 eliminó el plazo mínimo de tres años y dejó librados a las partes aspectos centrales como la duración, la moneda de pago y la periodicidad de las actualizaciones.

En materia de consumo, el Gobierno discontinuó los programas de control de precios y eliminó la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas. También dejó sin efecto el esquema de Cortes Populares, que establecía valores de referencia para determinados cortes de carne.

Otro cambio alcanzó a la yerba mate: el DNU 70/2023 eliminó la facultad del Instituto Nacional de la Yerba Mate para fijar precios mínimos de la hoja verde y la yerba canchada.

Trabajo: cambios en contratación y despidos

La reforma laboral incorporó modificaciones de amplio alcance. Entre ellas, extendió el período de prueba, eliminó determinadas multas vinculadas con el empleo no registrado y creó la figura del trabajador independiente con colaboradores.

También habilitó mecanismos como el banco de horas y modificó reglas sobre vacaciones. A esto se sumó un nuevo esquema para financiar eventuales indemnizaciones y cambios en la regulación de trabajadores de plataformas digitales.

La reforma introdujo además modificaciones sobre los convenios colectivos y la ultraactividad, alterando reglas que durante décadas habían regido las relaciones laborales.

Transporte y telecomunicaciones

La política desreguladora también alcanzó al transporte. En los micros de larga distancia se habilitó a las empresas a establecer recorridos, frecuencias, precios y modalidades con mayor libertad.

En el transporte aéreo, la política de “cielos abiertos” flexibilizó el ingreso de compañías extranjeras y eliminó determinadas restricciones tarifarias.

Las telecomunicaciones atravesaron otro cambio relevante: internet, telefonía celular y televisión por cable dejaron de estar alcanzados por el régimen de regulación de precios como servicios públicos esenciales, permitiendo a las empresas definir sus tarifas con mayor autonomía.

Energía y tarifas

El Gobierno reemplazó el esquema de segmentación de subsidios N1, N2 y N3 por un sistema focalizado en determinados hogares vulnerables. La modificación derivó en mayores costos para numerosos usuarios residenciales.

También se eliminaron los precios máximos obligatorios para las garrafas, reemplazados por valores de referencia. El Programa Hogar continuó para determinados beneficiarios, aunque con modificaciones en las cantidades subsidiadas.

En el mercado eléctrico, la administración nacional avanzó además hacia una mayor participación de contratos directos entre empresas y redujo las facultades de intervención de CAMMESA.

Menos controles sobre alimentos y productos

Otra de las transformaciones más sensibles se produjo en los organismos encargados de fiscalizar alimentos, productos industriales y medicamentos.

El Gobierno flexibilizó mecanismos de importación y permitió, bajo determinadas condiciones, reconocer certificaciones de organismos sanitarios extranjeros. También redujo funciones del SENASA y modificó atribuciones del INTI en materia de certificación y controles técnicos.

Las medidas alcanzaron desde alimentos y productos fitosanitarios hasta autopartes, juguetes, maquinaria y otros bienes sometidos anteriormente a verificaciones específicas.

La discusión sobre estos cambios excede el costo administrativo de los controles: involucra estándares sanitarios, seguridad de productos y capacidad del Estado para fiscalizar bienes que ingresan al mercado argentino.

Tasas de interés y dólar

En marzo de 2024, el Banco Central eliminó el piso obligatorio para las tasas de los plazos fijos. Desde entonces, la tasa de política monetaria pasó a funcionar como referencia y cada entidad definió con mayor libertad la remuneración de los depósitos.

La liberalización cambiaria tuvo otro capítulo relevante en abril de 2025, cuando se eliminó para las personas físicas el límite mensual de US$200 para acceder al mercado oficial y se levantaron determinadas restricciones cruzadas con los mercados financieros.

La modificación no implicó una liberación absoluta para las empresas, que conservaron restricciones sobre determinados stocks de dividendos y obligaciones anteriores.

Una transformación transversal

El alcance de las medidas muestra que la política de desregulación no quedó limitada a una reforma administrativa. Desde el comienzo de la gestión, el Gobierno modificó reglas que incidían sobre salud, vivienda, empleo, consumo, transporte, tarifas, comercio exterior y controles sanitarios.

El resultado es una estructura regulatoria sustancialmente diferente de la vigente antes de diciembre de 2023. La discusión política que ahora atraviesa al oficialismo no pasa solamente por la cantidad de normas eliminadas, sino por una cuestión de fondo: hasta dónde puede avanzar la reducción de controles estatales sin trasladar mayores costos, riesgos o incertidumbre a consumidores, trabajadores y usuarios.

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ASIJEMIN llevó a Santa Cruz el reclamo por mejores condiciones laborales para las mujeres mineras

La Coordinación de Género de ASIJEMIN recorrió yacimientos entre el 6 y el 14 de octubre, organizó talleres con trabajadoras y se reunió con responsables empresariales para discutir condiciones laborales y avanzar en la implementación del convenio de licencias por cuidados.

La mejora de las condiciones laborales de las mujeres mineras y la aplicación efectiva de sus derechos quedaron en el centro de una recorrida sindical por yacimientos de Santa Cruz, donde el sindicato de jerarquicos mineros promovió espacios de diálogo con trabajadoras y representantes de las empresas.

Las visitas se desarrollaron entre el 6 y el 14 de octubre y estuvieron encabezadas por la secretaria adjunta del gremio, Carla Costabile, junto con Julieta Baesa, secretaria general de la Comisión Interna de Cerro Negro, y Eliana Funes, politóloga y asesora sindical.

Durante las jornadas se organizaron talleres para relevar las principales necesidades de las trabajadoras en cada establecimiento y analizar el papel de la organización gremial en la defensa de sus condiciones de empleo. El objetivo fue recoger inquietudes concretas y trasladarlas a una agenda de trabajo sindical.

La delegación también mantuvo encuentros con las gerencias de Recursos Humanos, ante las cuales planteó la necesidad de establecer mesas de diálogo para abordar mejoras laborales y de vida. Uno de los puntos centrales fue la aplicación del convenio de licencias por cuidados suscripto entre ASIJEMIN y la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), cuya implementación, según informó el sindicato, permanece frenada por el Gobierno nacional.

La solicitud enfatiza la importancia de consolidar los consensos alcanzados en garantías laborales efectivas, mediante mecanismos de consulta continua que aseguren la atención de las necesidades del sector.

Desde la organización agradecieron especialmente la recepción y el compromiso de los delegados de Cerro Vanguardia, Cerro Negro y Minera Santa Cruz, además del acompañamiento de la Delegación Regional Sur.

La recorrida refuerza la presencia de ASIJEMIN y la representación de las mujeres en la minería. El próximo paso será concretar respuestas a sus necesidades, en particular sobre licencias de cuidado y ambiente laboral.

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La Legislatura dio luz verde para la obra vial más esperada del sur sanjuanino

La transformación de la Ruta Nacional 40 Sur en autopista superó una instancia decisiva: la Cámara de Diputados de San Juan autorizó por unanimidad el crédito de hasta US$160 millones solicitado a la Corporación Andina de Fomento (CAF). La votación reunió 35 adhesiones y registró una sola ausencia, la del diputado Gabriel Sánchez Barón, quien no concurrió por razones de salud.

El resultado tuvo un componente político relevante: el bloque justicialista acompañó el financiamiento, aunque condicionó su respaldo a que el convenio completo regrese a la Legislatura para una nueva aprobación. Juan Carlos Quiroga Moyano, presidente del bloque, sostuvo que la obra es necesaria para la conectividad provincial y regional, especialmente por su incidencia en el transporte de cargas, la minería, el turismo y los vínculos comerciales con Chile.

Un préstamo a 15 años para dos tramos

El crédito financiará las secciones I y III del proyecto, que suman aproximadamente 48 kilómetros. El primer tramo se extiende desde el límite con Mendoza hasta Tres Esquinas, en Sarmiento; el tercero comprende el recorrido desde Cochagual hasta la intersección de la Ruta 40 con calle 8, en Pocito.

La sección intermedia, de unos 26 kilómetros entre Tres Esquinas y Cochagual, quedará a cargo del Gobierno nacional. De esta manera, la ejecución de los tres tramos dependerá de dos fuentes de financiamiento: el préstamo internacional gestionado por la Provincia y los fondos comprometidos por la Nación.

El acuerdo con la CAF contempla un plazo de devolución de 15 años y un período de gracia de 66 meses para la amortización del capital. Los intereses se calcularán sobre la tasa SOFR a seis meses, más un adicional anual de 1,75 puntos porcentuales, y se abonarán semestralmente. Los desembolsos se realizarán conforme avance la obra y se certifiquen los trabajos ejecutados.

Durante la presentación previa al debate, el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, explicó que, con una SOFR del 4,20%, el costo financiero estimado rondaría el 5,95% anual. La operación tendrá garantía del Estado nacional y contempla la posibilidad de afectar recursos de la coparticipación federal para respaldar las obligaciones.

El próximo paso: las licitaciones

Con la autorización legislativa, el Ejecutivo provincial podrá avanzar en los procedimientos administrativos para licitar las dos secciones financiadas por la CAF. La intención oficial es contratar los tres tramos por separado, pero ejecutar los trabajos en simultáneo, con un plazo estimado de 36 meses.

Durante la sesión también se modificó el artículo 8 del proyecto aprobado. El acompañamiento opositor permitió reunir un respaldo político amplio para el financiamiento, aunque el pedido justicialista de revisar nuevamente el convenio completo introduce una instancia adicional en su instrumentación.

La obra apunta a mejorar la seguridad vial, reducir los tiempos de circulación y fortalecer uno de los principales corredores de conexión entre San Juan y Mendoza. Su concreción, sin embargo, dependerá de que los procedimientos de contratación avancen y de que los fondos nacionales para el tramo central se materialicen en los plazos previstos.

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“Argentina, allá vamos”: el mensaje del Papa que alimenta la expectativa por su visita

Durante un saludo en el Vaticano, el Pontífice respondió “Argentina, allá vamos” a una pareja santafesina que le pidió que visite el país. La gira está prevista del 8 al 11 de noviembre, mientras el Papa retomó sus compromisos tras una cirugía pulmonar y los médicos confirmaron que no necesitará tratamiento adicional.

Los protagonistas son Juan Martín Fontana y Ornella Bontorín, oriundos de Sauce Viejo, quienes viajaron a Italia durante su luna de miel. La pareja logró acercarse al Papa durante la audiencia general del miércoles, en la plaza de San Pedro. El breve diálogo se produjo mientras León XIV saludaba a fieles, diplomáticos y recién casados.

La frase se conoció mientras avanzan los preparativos para la visita apostólica a Sudamérica. De acuerdo con el programa difundido por las autoridades eclesiásticas, León XIV tiene previsto llegar a la Argentina el 8 de noviembre y permanecer hasta el día 11, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. La gira también contempla escalas en Uruguay y Perú.

Recuperación favorable tras la cirugía

El mensaje del Papa llegó pocos días después de su alta médica, tras una intervención realizada el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma. Los cirujanos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho debido a un adenocarcinoma pulmonar.

El informe médico difundido el miércoles 21 de octubre confirmó que el tumor estaba localizado y que, tras la evaluación oncológica y los estudios del tejido extraído, no será necesario ningún tratamiento adicional. La información fue comunicada por el doctor Luigi Carbone, director de la Dirección de Sanidad e Higiene del Vaticano, y el cirujano Stefano Margaritora.

León XIV ya había retomado gradualmente sus compromisos públicos después de recibir el alta el 17 de octubre. Su recuperación y la continuidad de los preparativos para el viaje aportaron nuevas señales favorables, aunque la frase pronunciada ante los argentinos no constituye, por sí sola, un anuncio formal sobre cambios en la agenda.

La visita prevista para noviembre será la primera de un pontífice a la Argentina desde el viaje de Juan Pablo II en 1987. A medida que se acerca la fecha, el mensaje del Papa suma un gesto cercano y espontáneo a una expectativa que trasciende lo religioso y adquiere relevancia institucional para el país.

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