El Gobierno de San Juan abrirá el 2 de septiembre las ofertas para construir un puesto único de control sobre la Ruta Nacional 40. La obra permitirá eliminar el puesto de San Carlos y concentrar en una misma infraestructura las verificaciones de ambas provincias, con lectura de patentes y reconocimiento facial.

San Juan y Mendoza avanzan hacia una modificación sustancial del sistema de controles sobre la Ruta Nacional 40. El Ejecutivo sanjuanino abrirá el próximo 2 de septiembre los sobres de la licitación para construir un puesto unificado que reemplazará los controles consecutivos que actualmente deben atravesar quienes ingresan o salen de ambas provincias.

El secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, confirmó que el proyecto se encuentra en su etapa final y que, tras la apertura de las ofertas, comenzará el proceso de evaluación para seleccionar a la empresa que ejecutará los trabajos. La posterior adjudicación será el paso necesario para iniciar la obra.

La iniciativa surgió de un acuerdo firmado en 2024 por los gobernadores Marcelo Orrego, Alfredo Cornejo y Claudio Poggi, orientado a fortalecer la coordinación en materia de seguridad entre San Juan, Mendoza y San Luis. Posteriormente, San Juan y Mendoza suscribieron un convenio específico que estableció cinco etapas para concretar el nuevo sistema. La licitación constituye la última instancia de ese proceso.

El proyecto contempla la eliminación del puesto de San Carlos y la modificación del control ubicado actualmente en territorio mendocino. Ambos serán reemplazados por una infraestructura común, equipada con cabinas para los ingresos y egresos y espacios destinados a las distintas verificaciones.

La distribución de responsabilidades también quedará definida. Mendoza controlará las salidas de San Juan, mientras que San Juan tendrá a su cargo los ingresos a la provincia. De esta manera, los conductores podrán completar las verificaciones de ambas jurisdicciones en una única detención.

El nuevo puesto permitirá centralizar controles sobre personas, vehículos, patentes, cargas y transporte. Además, incorporará lectores automáticos de matrículas y sistemas de reconocimiento facial, herramientas destinadas tanto a agilizar el tránsito como a reforzar la identificación de quienes circulan por uno de los principales corredores terrestres de Cuyo.

Delgado estimó que, si el proceso de licitación y adjudicación avanza de acuerdo con los plazos previstos, el control podría comenzar a operar antes de finalizar 2026. “Esperemos que antes del fin de año este control unificado ya sea una realidad”, señaló el funcionario.

La experiencia también podría extenderse al límite con San Luis. San Juan analiza avanzar hacia un mecanismo similar para concentrar los controles en un único punto, aunque todavía no existe un convenio específico entre ambas provincias. Esa alternativa deberá ser acordada por Orrego y Poggi una vez concluida la implementación del sistema con Mendoza.

La obra representa un cambio tanto operativo como tecnológico para uno de los corredores más importantes de la región. La eliminación de controles duplicados busca reducir demoras para transportistas y particulares, mientras la incorporación de herramientas digitales permitirá fortalecer las tareas de seguridad y fiscalización.

La apertura de sobres del 2 de septiembre marcará así el inicio de la etapa decisiva para convertir el acuerdo interprovincial en una infraestructura concreta sobre la Ruta 40.

La Corte de Justicia de San Juan notificó formalmente al Consejo de la Magistratura la existencia de seis vacantes que deberán ser cubiertas mediante concursos públicos. La nómina comprende tres cargos de jueces y otros tres correspondientes al Ministerio Público Fiscal, con funciones distribuidas entre la Primera y Segunda Circunscripción Judicial.

El presidente del máximo tribunal, Daniel Olivares Yapur, confirmó la comunicación al organismo encargado de seleccionar a los futuros magistrados. A partir de ahora, el Consejo de la Magistratura deberá establecer el cronograma para poner en marcha los concursos y avanzar con la cobertura de los puestos.

Entre los cargos disponibles figuran dos juzgados de Familia correspondientes a la Primera Circunscripción y un tercer juzgado para la Segunda Circunscripción, con competencia sobre Jáchal e Iglesia. La ampliación apunta a reforzar uno de los fueros con mayor demanda dentro de la Justicia provincial.

Las otras tres vacantes corresponden al Ministerio Público Fiscal. Se trata de una Fiscalía Civil y Laboral de primera instancia, una Fiscalía de Cámara ante el Tribunal de Impugnación y una Asesoría Oficial de Menores e Incapaces destinada al norte sanjuanino.

El origen de las vacantes

No todas las plazas tienen el mismo origen. La Fiscalía Civil y Laboral quedó disponible tras la jubilación de Beatriz Gil, lo que generó la necesidad de iniciar el proceso para designar a su reemplazante.

La Fiscalía de Cámara ante el Tribunal de Impugnación responde a otra circunstancia. Se trata de un cargo previsto por la legislación que instauró el sistema acusatorio y que permanecía sin cobertura. Su incorporación al proceso de selección fue solicitada por el fiscal General de la provincia, Guillermo Baigorrí.

La función tiene relevancia dentro del esquema acusatorio, ya que esos fiscales intervienen en defensa de las acusaciones cuando las resoluciones son apeladas ante el Tribunal de Impugnación.

En cuanto a los nuevos juzgados de Familia, el juzgado de la Segunda Circunscripción y la Asesoría Oficial de Menores e Incapaces, fueron creados por la Cámara de Diputados a partir de un proyecto impulsado por la Corte de Justicia con respaldo del gobernador Marcelo Orrego.

El proyecto original también contemplaba la creación de un nuevo Juzgado de Paz para Caucete, pero esa incorporación fue postergada luego de un acuerdo entre el Poder Judicial y el Ejecutivo provincial.

La apertura de estas seis vacantes inicia ahora una nueva etapa administrativa: el Consejo de la Magistratura deberá organizar los concursos y evaluar a los postulantes. La cobertura de los cargos permitirá reforzar áreas con alta demanda y ampliar la capacidad de respuesta de la Justicia provincial, particularmente en materia de Familia y protección de menores.

La CONSITEL acordó con Movistar, Claro y Personal dos pagos únicos equivalentes al 2,10% de las escalas de julio y una actualización salarial del mismo porcentaje desde octubre. Las partes retomarán la negociación a mediados de septiembre.

Los trabajadores de las telecomunicaciones tendrán nuevos incrementos en los próximos meses luego del acuerdo alcanzado por la Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL) con Movistar, Claro y Personal. El entendimiento contempla pagos extraordinarios durante agosto y septiembre y una suba del 2,10% sobre las escalas salariales a partir de octubre de 2026.

El primer pago será abonado en agosto y equivaldrá al 2,10% de las escalas conformadas correspondientes a julio. En septiembre se repetirá el mismo porcentaje, calculado sobre las escalas de julio, aunque en este caso se incorporará además el impacto asociado a la productividad.

La actualización permanente llegará en octubre, cuando las escalas salariales se incrementen un 2,10%. La distribución será diferente según se trate de trabajadores de telecomunicaciones fijas o móviles.

Para quienes se desempeñan en la telefonía fija, el 1,85% se aplicará sobre las remuneraciones: el 60% se incorporará al salario básico y el 40% al Adicional Especial. El 0,25% restante se trasladará al viático convencional no sujeto a rendición, con los efectos correspondientes sobre los adicionales.

En la telefonía móvil, en cambio, la totalidad del incremento del 2,10% se incorporará al salario básico.

El acuerdo establece además que esta actualización de las escalas será considerada para determinar el pago correspondiente al Día del Trabajador Telefónico de 2027.

La negociación continuará en septiembre

El entendimiento no cierra la discusión paritaria anual. CONSITEL y las empresas acordaron volver a reunirse a mediados de septiembre para evaluar la evolución de los salarios y continuar con la negociación.

El nuevo acuerdo llega después del entendimiento alcanzado en julio, cuando las organizaciones sindicales habían conseguido una actualización del 6,74% sobre las escalas correspondientes a mayo de 2026, aplicada a partir de los salarios de ese mes.

En aquella oportunidad, la distribución también contempló diferencias entre las ramas fija y móvil. Para los trabajadores móviles, el incremento se incorporó íntegramente al básico. En la telefonía fija, el 6% se distribuyó entre el salario básico y el Adicional Especial, mientras que el 0,74% restante se destinó al viático convencional no sujeto a rendición.

CONSITEL había señalado entonces que aquella recomposición buscaba compensar la inflación acumulada del 33,55% correspondiente al período paritario comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026.

Con el nuevo pacto, la negociación incorpora dos pagos extraordinarios y una nueva actualización de las escalas, mientras las partes mantienen abierta la discusión para septiembre. La evolución de los precios y del poder adquisitivo será, nuevamente, uno de los factores centrales para la próxima instancia paritaria.