Luz verde para Vicuña: el Gobierno incorporó al RIGI el mayor proyecto de cobre de San Juan
El Ministerio de Economía confirmó la incorporación del proyecto Vicuña al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. El emprendimiento, que integrará los yacimientos Josemaría y Filo del Sol en San Juan, prevé una inversión cercana a los US$9.700 millones, exportaciones por US$2.600 millones anuales y la generación de 31.700 empleos directos e indirectos.
El Gobierno nacional aprobó la incorporación del proyecto minero Vicuña al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una decisión que habilita el acceso a los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios previstos por la Ley de Bases para uno de los mayores desarrollos cupríferos del país. La iniciativa, impulsada por las compañías BHP y Lundin Mining en San Juan, contempla una inversión total de US$9.737 millones destinada a la explotación de cobre, oro y plata.
La medida fue oficializada este jueves por el Ministerio de Economía y quedó plasmada en la Resolución 1154/2026, que incorporó el emprendimiento al Registro de Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo. La cartera que conduce Luis Caputo sostuvo que la propuesta reúne los requisitos de estabilidad, previsibilidad y magnitud establecidos por el régimen.
El proyecto comprende el desarrollo conjunto de los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, además de la exploración de otras concesiones mineras vinculadas. La iniciativa incluye la construcción de minas a cielo abierto, una planta concentradora, instalaciones de lixiviación, redes eléctricas, sistemas de abastecimiento de agua, caminos de acceso, campamentos e infraestructura de apoyo necesaria para la operación.
Según la documentación presentada por Vicuña Argentina S.A., de la inversión total prevista, US$9.024 millones serán considerados activos computables dentro del RIGI. El cronograma fue dividido en dos etapas: la primera se extenderá desde el 8 de julio de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2026, mientras que la segunda abarcará el período comprendido entre enero de 2027 y diciembre de 2031.
Durante la fase inicial se computarán inversiones por US$1.128 millones y, en la segunda, otros US$7.895 millones. La empresa, además, deberá acreditar inversiones por al menos US$2.009 millones dentro de los dos primeros años posteriores a la notificación de la resolución, superando el umbral mínimo exigido por la normativa. El plazo para cumplir esa condición vencerá el 31 de diciembre de 2028.
El Gobierno estima que, una vez en producción, Vicuña permitirá exportaciones cercanas a los US$2.600 millones anuales y generará alrededor de 31.700 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos, consolidando a San Juan como uno de los principales polos cupríferos de América Latina.
La adhesión al RIGI también habilita la importación de bienes de capital y equipamiento tecnológico con franquicias aduaneras, mientras que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberá asignar una identificación tributaria específica al vehículo del proyecto para aplicar los incentivos previstos por el régimen.
Por su parte, el Banco Central implementará los beneficios cambiarios contemplados para las grandes inversiones, incluidos los vinculados con la disponibilidad de divisas provenientes de las exportaciones. Durante el proceso de evaluación, la autoridad monetaria informó que no encontró objeciones en materia cambiaria, mientras que la Secretaría de Minería será la encargada de supervisar el cumplimiento del cronograma de inversiones y de las obligaciones asumidas por la empresa.
La aprobación de Vicuña representa uno de los pasos más relevantes para la minería argentina desde la creación del RIGI y fortalece la posición de San Juan como destino de inversiones de gran escala, ante el empuje de la transición energética y el avance tecnológico, el cobre cobra un valor estratégico sin precedentes.
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La CGT, las CTA y la UTEP marcharán juntas por San Cayetano en medio de una escalada de protestas
La Confederación General del Trabajo confirmó que participará de la movilización de San Cayetano junto a las dos CTA y la UTEP. La convocatoria, que conmemora una década de la primera marcha realizada en 2016, marcará un nuevo capítulo del cronograma de protestas impulsado por el movimiento sindical y las organizaciones sociales frente a las políticas del Gobierno nacional.
La Confederación General del Trabajo (CGT) oficializó su participación en la tradicional marcha de San Cayetano, que el próximo 7 de agosto volverá a reunir a la central obrera con la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores. La convocatoria tendrá este año una carga simbólica especial al cumplirse diez años de la primera movilización masiva organizada en 2016 bajo la consigna de defender el trabajo, los ingresos y los derechos sociales.
Bajo el lema «A diez años de San Cayetano, seguimos caminando por paz, pan, tierra, techo y trabajo», las organizaciones buscarán exhibir una nueva muestra de unidad entre el sindicalismo tradicional, la economía popular y distintos espacios sociales. La adhesión de la CGT, conducida por Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, ratifica la coordinación alcanzada con las CTA y la UTEP para sostener un calendario de acciones que se extenderá durante las próximas semanas.
La congregación comenzará en el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, con la tradicional bendición de herramientas de trabajo. Desde allí, las columnas recorrerán el trayecto hasta Plaza de Mayo, donde confluirán gremios, organizaciones sociales, estudiantiles, de derechos humanos, feministas y entidades profesionales. Algunas agrupaciones realizarán el recorrido completo, mientras que otras se incorporarán en distintos puntos del trayecto.
La marcha se desarrollará después de varias semanas de creciente conflictividad. En los últimos días, movimientos sociales protagonizaron protestas en accesos a la Ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país, entre ellos Mar del Plata y Rosario. Las manifestaciones coincidieron con la movilización semanal de jubilados frente al Congreso y derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en el Puente Pueyrredón. Uno de los principales reclamos apuntó contra la eliminación del programa Volver al Trabajo, reemplazado por un sistema de vouchers de capacitación dispuesto por el Ministerio de Capital Humano.
La convocatoria de San Cayetano también forma parte de una secuencia de acciones iniciada el 22 de julio, cuando la CGT, las dos CTA, la UTEP y organizaciones de jubilados marcharon al Congreso para reclamar una recomposición de los haberes previsionales y defender el sistema jubilatorio. Aquella protesta significó el relanzamiento de la agenda sindical tras la pausa impuesta por el Mundial de Fútbol.
El cronograma continuará el 3 de agosto con el acompañamiento a la protesta convocada por CTERA contra la Ley de Libertad Educativa impulsada por el Gobierno nacional, jornada que coincidirá con el paro nacional de ATE y una movilización hacia el Ministerio de Economía. Tres días más tarde, diversas organizaciones volverán al Congreso para rechazar el proyecto que habilita la extranjerización de tierras.
Las centrales sindicales ya proyectan nuevas acciones para el resto del trimestre. Entre las iniciativas previstas figuran una manifestación frente a la Secretaría de Trabajo cuando sea convocado el Consejo del Salario, otra protesta frente al Ministerio de Economía para denunciar el creciente endeudamiento de los hogares y un acto por el Día de la Industria junto a representantes de pequeñas y medianas empresas. Además, entre el 4 y el 6 de septiembre participarán de la Semana Social organizada por la Iglesia en Córdoba bajo el lema «Puentes hacia el bien común».
En este sentido, dentro del movimiento obrero comienza a instalarse la posibilidad de una nueva huelga general. El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo «Cachorro» Godoy, sostuvo públicamente que el sindicalismo avanza hacia esa medida, mientras que desde la CGT admiten que la convocatoria podría concretarse entre septiembre y octubre si no hay respuestas a los reclamos vinculados con el empleo, los salarios, las jubilaciones y la producción.
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El gobernador vuelve de Londres tras la tragedia que enluta a San Juan
El gobernador Marcelo Orrego suspendió la agenda oficial que cumplía en Londres y Estados Unidos y emprendió el regreso inmediato a San Juan tras conocerse la tragedia aérea ocurrida este miércoles 29 de julio en Valle Fértil, donde murieron los siete ocupantes de un helicóptero que participaba de una misión vinculada al Sistema Nacional de Manejo del Fuego.
La determinación fue adoptada apenas se confirmó la magnitud del siniestro, que provocó una profunda conmoción en la provincia al cobrar la vida de cuatro funcionarios de la estructura de Seguridad, además del piloto de la aeronave y dos brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE).
Desde el Gobierno provincial informaron que el mandatario encabezará personalmente el acompañamiento a los familiares de las víctimas y a los equipos que compartían funciones con los fallecidos. También seguirá de cerca las actuaciones administrativas y judiciales que buscan establecer las causas del accidente.
Mientras se concreta su retorno, la delegación oficial que acompaña al gobernador continuará con la agenda prevista en el exterior. Según se indicó, las reuniones técnicas y los encuentros institucionales programados en el marco de la misión internacional seguirán desarrollándose bajo la representación del resto de la comitiva.
El accidente se produjo cuando el helicóptero se dirigía a una capacitación del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y cayó en una zona de difícil acceso del departamento Valle Fértil. Tras un amplio operativo de búsqueda y rescate, las autoridades confirmaron el fallecimiento de todos sus ocupantes.
La tragedia motivó además el decreto de tres días de duelo provincial, con banderas a media asta en los edificios públicos y la suspensión de los actos festivos oficiales. En paralelo, los organismos competentes avanzan con las pericias para determinar qué originó la caída de la aeronave, mientras la Provincia concentra sus esfuerzos en el acompañamiento a las familias y en el esclarecimiento de uno de los accidentes más dolorosos registrados en la historia reciente de la administración sanjuanina.
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En agosto las jubilaciones, pensiones y asignaciones aumentarán 1,89 por ciento
La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó un incremento del 1,89% en las asignaciones familiares a partir de agosto. La actualización alcanza a trabajadores registrados, jubilados, pensionados, monotributistas, beneficiarios de la AUH y de la Asignación por Embarazo, mientras que quienes superen un ingreso individual de $3.092.203 quedarán excluidos del beneficio.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este jueves un aumento del 1,89% en los montos, escalas y límites de ingresos de las asignaciones familiares que regirán desde agosto. La medida fue establecida mediante la Resolución 233/2026, publicada en el Boletín Oficial, en cumplimiento del mecanismo de movilidad mensual previsto por el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2024, que ajusta las prestaciones de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.
La actualización alcanza a las prestaciones contempladas en la Ley 24.714 y comprende a trabajadores en relación de dependencia del ámbito público y privado, titulares de la Prestación por Desempleo, beneficiarios del sistema de Riesgos del Trabajo, monotributistas, jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), además de quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE).
La resolución también confirma que el incremento se aplica sobre la totalidad de la escala general de asignaciones familiares, con excepción de las prestaciones por Nacimiento y Adopción, que poseen un mecanismo de actualización específico. En el caso de la Ayuda Escolar Anual, el organismo recordó que su movilidad se realiza una sola vez al año, coincidiendo con el período de pago.
Entre los aspectos ratificados figura la continuidad del criterio que garantiza a los trabajadores temporarios, permanentes discontinuos y al personal rural alcanzado por las Leyes 26.727 y 20.744 que el valor de las asignaciones por Hijo, Hijo con Discapacidad y Prenatal no sea inferior al monto equivalente de la Asignación Universal por Hijo.
Uno de los puntos centrales de la normativa es la actualización de los límites de ingresos que determinan el acceso al beneficio. ANSES estableció que, si cualquiera de los integrantes del grupo familiar registra una remuneración bruta superior a $3.092.203, el hogar quedará automáticamente excluido del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando el ingreso conjunto permanezca por debajo del tope máximo previsto para el grupo.
Ese criterio continúa siendo uno de los principales requisitos de elegibilidad del sistema, ya que el análisis no solo contempla el ingreso total del hogar, sino también la remuneración individual de cada integrante. De esa manera, un salario que supere el límite fijado por la resolución invalida el acceso a la prestación para todo el grupo familiar.
La disposición también establece que, cuando la aplicación de los coeficientes de actualización genere valores con decimales, el organismo realizará el redondeo al número entero inmediato superior para la determinación de los montos correspondientes.
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