Las empresas del transporte aseguran que la crisis financiera obligó a reducir los servicios

La ATAP justificó la reducción de frecuencias aplicada en la Red Tulum al asegurar que el sistema acumula una deuda de $9.750 millones por compensaciones tarifarias. La entidad sostiene que el atraso compromete el funcionamiento del transporte y contradice la postura del Gobierno provincial, que había descartado obligaciones pendientes con las concesionarias.

La disputa entre el Gobierno de San Juan y las empresas concesionarias del transporte público escaló luego de que la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) atribuyera la reducción de frecuencias a una deuda cercana a los $10.000 millones en compensaciones tarifarias. La respuesta empresaria llegó después de que la Provincia anunciara sanciones contra las firmas Mayo y Libertador por disminuir servicios sin autorización.

A través de un comunicado, la entidad sostuvo que la decisión de aplicar un cronograma reducido fue consecuencia de una «grave situación financiera» que, según afirma, pone en riesgo la continuidad del sistema. En ese documento, rechazó la versión oficial de que las empresas no registran acreencias y aseguró que el pasivo asciende exactamente a $9.750.150.676,43.

De acuerdo con ATAP, alrededor del 60% de esa deuda corresponde a obligaciones de la Provincia, mientras que el 40% restante está vinculado a compromisos del Estado nacional. La cámara aclaró además que esos recursos no constituyen subsidios destinados a mejorar la rentabilidad empresarial, sino compensaciones creadas para mantener el valor del boleto por debajo de su costo real y garantizar una tarifa accesible para los usuarios.

Las concesionarias sostienen que la falta de esos fondos produjo un severo desfinanciamiento que dificulta afrontar obligaciones esenciales para el funcionamiento cotidiano del servicio. Entre ellas mencionan la compra de combustible, el pago de salarios, el mantenimiento de las unidades, la adquisición de repuestos y otros costos operativos indispensables para garantizar la circulación de la flota.

Según el detalle difundido por la entidad, el principal concepto reclamado corresponde al Boleto Escolar Único, con una deuda de $2.035.506.850. A ello se suman $1.885.451.564,80 por Atributos Sociales Nacionales de mayo; $1.935.799.687 correspondientes a junio; $823.899.700 por transbordos y $314.136.794,99 vinculados al Boleto Docente.

El reclamo también incorpora más de $560 millones por convenios de pago por kilómetro correspondientes a abril, mayo y junio de 2026; $1.300 millones por mayores costos tarifarios no reconocidos entre septiembre y diciembre de 2025; $610 millones por diferencias registradas durante enero y febrero de este año; $105 millones asociados al reconocimiento del Sueldo Anual Complementario y $179.850.000 por conceptos relacionados con publicidad.

ATAP afirmó que las empresas absorbieron durante meses ese desequilibrio financiero para evitar mayores perjuicios a los pasajeros. Sin embargo, advirtió que la magnitud de la deuda volvió inviable sostener la prestación en las condiciones habituales, razón por la cual resolvieron reducir temporalmente la cantidad de unidades en circulación.

La Institución recordó además que el reclamo fue planteado formalmente el 28 de mayo de 2026 mediante distintos expedientes administrativos, en los que solicitó la conformación de una mesa técnica destinada a revisar el equilibrio económico-financiero de las concesiones. Según manifestó, hasta el momento no obtuvo una respuesta que permitiera revertir el deterioro de la actividad.

La controversia adquiere mayor dimensión porque el Gobierno provincial sostiene una posición opuesta. Mientras la Secretaría de Tránsito y Transporte afirma que las empresas no tienen pagos pendientes que justifiquen la disminución de frecuencias y avanzó con sanciones contra dos concesionarias, la cámara empresaria insiste en que la medida fue consecuencia directa del atraso en las compensaciones tarifarias.

Las presiones por el servicio de la Red Tulum aumentan con los cruces de declaraciones, dado que el Gobierno responsabiliza a las empresas por no cumplir con las frecuencias acordadas, las empresas trasladan el foco al equilibrio económico del sistema y reclaman la regularización de una deuda que consideran indispensable para restablecer las frecuencias habituales. La resolución de esa diferencia será determinante para definir la continuidad del servicio y el impacto que el conflicto tendrá sobre miles de usuarios del transporte público en San Juan.