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La ATAP justificó la reducción de frecuencias aplicada en la Red Tulum al asegurar que el sistema acumula una deuda de $9.750 millones por compensaciones tarifarias. La entidad sostiene que el atraso compromete el funcionamiento del transporte y contradice la postura del Gobierno provincial, que había descartado obligaciones pendientes con las concesionarias.

La disputa entre el Gobierno de San Juan y las empresas concesionarias del transporte público escaló luego de que la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) atribuyera la reducción de frecuencias a una deuda cercana a los $10.000 millones en compensaciones tarifarias. La respuesta empresaria llegó después de que la Provincia anunciara sanciones contra las firmas Mayo y Libertador por disminuir servicios sin autorización.

A través de un comunicado, la entidad sostuvo que la decisión de aplicar un cronograma reducido fue consecuencia de una «grave situación financiera» que, según afirma, pone en riesgo la continuidad del sistema. En ese documento, rechazó la versión oficial de que las empresas no registran acreencias y aseguró que el pasivo asciende exactamente a $9.750.150.676,43.

De acuerdo con ATAP, alrededor del 60% de esa deuda corresponde a obligaciones de la Provincia, mientras que el 40% restante está vinculado a compromisos del Estado nacional. La cámara aclaró además que esos recursos no constituyen subsidios destinados a mejorar la rentabilidad empresarial, sino compensaciones creadas para mantener el valor del boleto por debajo de su costo real y garantizar una tarifa accesible para los usuarios.

Las concesionarias sostienen que la falta de esos fondos produjo un severo desfinanciamiento que dificulta afrontar obligaciones esenciales para el funcionamiento cotidiano del servicio. Entre ellas mencionan la compra de combustible, el pago de salarios, el mantenimiento de las unidades, la adquisición de repuestos y otros costos operativos indispensables para garantizar la circulación de la flota.

Según el detalle difundido por la entidad, el principal concepto reclamado corresponde al Boleto Escolar Único, con una deuda de $2.035.506.850. A ello se suman $1.885.451.564,80 por Atributos Sociales Nacionales de mayo; $1.935.799.687 correspondientes a junio; $823.899.700 por transbordos y $314.136.794,99 vinculados al Boleto Docente.

El reclamo también incorpora más de $560 millones por convenios de pago por kilómetro correspondientes a abril, mayo y junio de 2026; $1.300 millones por mayores costos tarifarios no reconocidos entre septiembre y diciembre de 2025; $610 millones por diferencias registradas durante enero y febrero de este año; $105 millones asociados al reconocimiento del Sueldo Anual Complementario y $179.850.000 por conceptos relacionados con publicidad.

ATAP afirmó que las empresas absorbieron durante meses ese desequilibrio financiero para evitar mayores perjuicios a los pasajeros. Sin embargo, advirtió que la magnitud de la deuda volvió inviable sostener la prestación en las condiciones habituales, razón por la cual resolvieron reducir temporalmente la cantidad de unidades en circulación.

La Institución recordó además que el reclamo fue planteado formalmente el 28 de mayo de 2026 mediante distintos expedientes administrativos, en los que solicitó la conformación de una mesa técnica destinada a revisar el equilibrio económico-financiero de las concesiones. Según manifestó, hasta el momento no obtuvo una respuesta que permitiera revertir el deterioro de la actividad.

La controversia adquiere mayor dimensión porque el Gobierno provincial sostiene una posición opuesta. Mientras la Secretaría de Tránsito y Transporte afirma que las empresas no tienen pagos pendientes que justifiquen la disminución de frecuencias y avanzó con sanciones contra dos concesionarias, la cámara empresaria insiste en que la medida fue consecuencia directa del atraso en las compensaciones tarifarias.

Las presiones por el servicio de la Red Tulum aumentan con los cruces de declaraciones, dado que el Gobierno responsabiliza a las empresas por no cumplir con las frecuencias acordadas, las empresas trasladan el foco al equilibrio económico del sistema y reclaman la regularización de una deuda que consideran indispensable para restablecer las frecuencias habituales. La resolución de esa diferencia será determinante para definir la continuidad del servicio y el impacto que el conflicto tendrá sobre miles de usuarios del transporte público en San Juan.

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El Vea de República del Líbano cerrará a fines de noviembre: qué pasará con sus 12 empleados

El supermercado Vea de República del Líbano y Alvear, en Rawson, cerrará definitivamente a fines de noviembre. La fecha, inicialmente prevista para octubre, fue postergada por la empresa debido a tareas pendientes para desmantelar el establecimiento, según confirmó Mirna Moral, secretaria general del Sindicato Empleados de Comercio (SEC).

La sucursal continuará atendiendo al público durante algunas semanas más, mientras se retiran las instalaciones y los equipos necesarios para entregar el inmueble. Entre los trabajos pendientes figuran el desmontaje de las cajas registradoras, los sistemas de refrigeración y los equipos de aire acondicionado.

La extensión del funcionamiento también prolonga el plazo para definir la situación de los 12 trabajadores que se desempeñan en el local. Algunos ya acordaron su desvinculación, mientras que otros todavía evalúan las alternativas ofrecidas por la compañía, entre ellas la posibilidad de incorporarse a otras sucursales de la cadena.

Desde el SEC siguen las conversaciones para conocer el destino de cada empleado. Las resoluciones dependerán de los acuerdos individuales y no necesariamente serán iguales para toda la plantilla.

Un segundo cierre en Rawson

La decisión se suma al antecedente del supermercado Vea que funcionaba sobre boulevard Sarmiento, en Villa Krause, y que dejó de operar a fines del año pasado. En aquella oportunidad, los 16 empleados resolvieron su situación mediante distintas modalidades: indemnizaciones, retiros voluntarios y traslados a otros establecimientos de la firma.

El cierre de la sucursal había sido comunicado a los trabajadores en septiembre. Desde entonces, las conversaciones entre la empresa y el sindicato se concentraron en acordar las condiciones de salida o continuidad laboral.

Con el nuevo cronograma, el establecimiento tendrá un mes adicional de funcionamiento antes de bajar definitivamente sus persianas. La principal incógnita ya no es la fecha del cierre, sino cuántos de los trabajadores podrán continuar en la cadena y bajo qué condiciones se resolverán las desvinculaciones.

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La fábrica sanjuanina de Poett quedó bajo el control de Molinos Río de la Plata

La adquisición de Clorox por parte de Molinos Río de la Plata abrió una nueva etapa para el negocio de productos de limpieza en el país, pero, al menos en San Juan, no implicará modificaciones en la estructura industrial ni en el empleo. La planta de Chimbas continuará fabricando aerosoles Poett, una producción que, por sus características técnicas, no puede trasladarse al establecimiento bonaerense de la compañía.

La continuidad fue confirmada por el secretario de Industria y Comercio provincial, Alejandro Martín, quien precisó que la fábrica emplea actualmente entre 60 y 70 trabajadores. Según explicó, la instalación sanjuanina concentra la elaboración de aerosoles de esa marca y cuenta con equipamiento específico para un proceso que no está disponible en la planta de Buenos Aires.

La operación quedó en manos de Molinos Río de la Plata, firma perteneciente al Grupo Pérez Companc, e incluye los negocios de Clorox en Argentina, Uruguay y Paraguay. El paquete comprende establecimientos industriales, centros de distribución y marcas reconocidas como Ayudín, Poett y Selton, además de otras líneas comerciales.

Para el grupo comprador, la adquisición representa su desembarco en el mercado de artículos de limpieza y desinfección del hogar, una expansión más allá de su actividad tradicional en alimentos. En San Juan, Molinos ya tenía presencia mediante Granja del Sol, vinculada a la elaboración de hortalizas congeladas.

Martín subrayó que la planta de Chimbas tiene una función productiva específica dentro de la estructura adquirida. «No hay posibilidad de producir aerosoles en la planta de Buenos Aires», señaló, al explicar por qué la continuidad del establecimiento local resulta relevante para sostener el abastecimiento de Poett.

Una operación pendiente de aprobación

Aunque el acuerdo entre las empresas ya fue cerrado, la transferencia debe completar el procedimiento de evaluación ante los organismos correspondientes. De acuerdo con el funcionario, la documentación fue presentada ante la Comisión Nacional de Valores y las autoridades de Defensa de la Competencia para su análisis y autorización.

Mientras avanza esa instancia regulatoria, la información oficial apunta a mantener las operaciones bajo las condiciones actuales. La definición resulta relevante para Chimbas, donde la fábrica constituye una fuente de empleo industrial y concentra una línea de producción que no tiene una alternativa equivalente dentro de la estructura adquirida.

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Más de 80 empresas de San Juan participaron de las rondas de negocios mineros

Más de 80 empresas sanjuaninas participaron en Rosario de las rondas de negocios vinculadas con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), en una convocatoria que reunió a proveedores nacionales, compañías mineras y autoridades de distintas provincias. El gobernador Marcelo Orrego acompañó la apertura y planteó que las inversiones deben traducirse en empleo, desarrollo de proveedores y mayor valor agregado en los territorios donde se llevan adelante los proyectos.

La jornada contó con la presencia de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. También asistieron mandatarios de Córdoba, Mendoza, Catamarca, Jujuy, Entre Ríos, Río Negro y Corrientes, entre otras jurisdicciones.

Orrego integró el panel de gobernadores de provincias mineras titulado “La minería como vector de desarrollo regional”, moderado por el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero. Allí expuso las inversiones en infraestructura que impulsa San Juan para acompañar la expansión minera y mencionó la obtención de más de US$1.000 millones destinados a obras viales, logísticas, eléctricas, hídricas y habitacionales.

Uno de los planteos centrales del mandatario apuntó a la distribución de los beneficios económicos de los grandes emprendimientos. “Las empresas mineras tienen derecho a obtener ganancias, pero los gobiernos provinciales y la sociedad también aspiran a tener beneficios de la generación de empleo y el agregado de valor local que evite el desarraigo y consolide los acuerdos sociales”, sostuvo.

La intervención puso el acento en la necesidad de que las inversiones no se limiten a la extracción de recursos, sino que incorporen a las empresas radicadas en las provincias y amplíen las oportunidades laborales para sus habitantes. En esa línea, la presencia de la delegación sanjuanina en las rondas buscó acercar a firmas locales con operadoras mineras y proveedores de otras regiones del país.

Durante el encuentro también se reunió la Mesa Federal Minera, con participación de autoridades nacionales, gobernadores y cámaras empresariales. La jornada incluyó la firma de un acta de intención destinada a consolidar el desarrollo minero argentino.

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