Barcelona: «El Gobierno tiene que cumplir el fallo de la Corte»

El secretario general de ADICUS, Jaime Barcelona, sostuvo que el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la cautelar sobre la Ley de Financiamiento Universitario obliga al Gobierno nacional a reabrir de inmediato la negociación salarial. Advirtió que la recomposición aún pendiente supera el 25%, denunció el deterioro de la investigación y anticipó que, si no hay cumplimiento, los gremios fortalecerán las medidas de fuerza.

La decisión de la Corte Suprema de dejar firme la medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario modificó el tablero de la negociación entre el Gobierno nacional y las universidades públicas. Con ese nuevo antecedente judicial, los gremios docentes sostienen que la administración nacional ya no tiene margen para postergar la discusión salarial y reclaman una convocatoria inmediata a la mesa paritaria.

En diálogo con Mundo Laboral San Juan, Barcelona, recordó que el último acuerdo firmado el 11 de junio estableció como fecha límite el 10 de septiembre para una nueva reunión salarial. Sin embargo, aclaró que ese compromiso fue asumido antes del pronunciamiento definitivo de la Corte, por lo que consideró que las condiciones cambiaron y la negociación debería adelantarse.

El dirigente explicó que la recomposición que hoy se reclama responde a la deuda acumulada desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Recordó que, tras la cuarta Marcha Federal Universitaria, el Ejecutivo otorgó una actualización salarial del 21,33% para docentes y no docentes, además de incrementar la garantía salarial, actualizar los gastos de funcionamiento y elevar en un 50% las becas Manuel Belgrano. No obstante, afirmó que esas mejoras quedaron lejos de compensar la pérdida del poder adquisitivo.

Según detalló, durante este período los salarios universitarios acumularon un atraso superior al 100% frente a la inflación. En ese sentido, precisó que la recomposición cercana al 25% que hoy calculan rectores y sindicatos corresponde principalmente a montos pendientes de 2024, ya que, de acuerdo con el análisis gremial, ese año sólo se recuperó alrededor del 7% del deterioro salarial. A esa diferencia, añadió, deberá incorporarse la actualización correspondiente al índice de precios de los próximos meses.

Barcelona evitó anticipar cuál será la modalidad de pago que propondrá el Gobierno. Señaló que la discusión pasará por determinar si la deuda salarial será cancelada en una sola cuota o mediante un esquema escalonado, aunque remarcó que el punto central es que la administración nacional cumpla con las obligaciones derivadas de la Ley de Financiamiento Universitario.

El referente de ADICUS consideró que el fallo judicial modifica también la relación de fuerzas entre las partes. A su entender, la resolución de la Corte coloca a los sindicatos en una posición más sólida para sostener futuras medidas de protesta en caso de incumplimiento. De todos modos, manifestó que la prioridad continúa siendo alcanzar una solución mediante la negociación y evitar una profundización del conflicto.

Más allá del debate salarial, Barcelona describió el impacto que el ajuste presupuestario produjo en la Universidad Nacional de San Juan. Indicó que numerosos proyectos de investigación permanecen paralizados, que las obras de infraestructura quedaron limitadas a intervenciones mínimas y que las becas estudiantiles continúan congeladas, con montos que perdieron capacidad de respuesta frente al aumento del costo de vida.

También alertó sobre un fenómeno que comienza a sentirse en las aulas: la salida de docentes hacia otros ámbitos laborales. Explicó que muchos profesores solicitaron licencias en sus cargos universitarios para incorporarse al sistema educativo provincial o al ámbito privado en busca de mejores ingresos, una dinámica que amenaza con afectar la calidad académica y la continuidad de diversas cátedras.

En el tramo final de la entrevista, el dirigente amplió la mirada hacia el resto del sistema científico nacional y expresó la solidaridad de ADICUS con los trabajadores de Vialidad Nacional, CONICET y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), organismos que atraviesan procesos de ajuste y reducción de recursos. Consideró que la defensa de la universidad pública forma parte de un reclamo más amplio en favor del sistema científico y tecnológico argentino.

Con la cautelar ya firme, la discusión universitaria ingresó en una nueva etapa. Mientras el Gobierno dispone hasta el 10 de septiembre para reabrir formalmente la negociación, rectores y gremios consideran que la decisión de la Corte elimina cualquier argumento para seguir postergando la recomposición salarial. La respuesta oficial en las próximas semanas será determinante para definir si el conflicto encuentra una salida negociada o vuelve a trasladarse a las calles y a las aulas.