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El secretario general de ADICUS, Jaime Barcelona, sostuvo que el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la cautelar sobre la Ley de Financiamiento Universitario obliga al Gobierno nacional a reabrir de inmediato la negociación salarial. Advirtió que la recomposición aún pendiente supera el 25%, denunció el deterioro de la investigación y anticipó que, si no hay cumplimiento, los gremios fortalecerán las medidas de fuerza.

La decisión de la Corte Suprema de dejar firme la medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario modificó el tablero de la negociación entre el Gobierno nacional y las universidades públicas. Con ese nuevo antecedente judicial, los gremios docentes sostienen que la administración nacional ya no tiene margen para postergar la discusión salarial y reclaman una convocatoria inmediata a la mesa paritaria.

En diálogo con Mundo Laboral San Juan, Barcelona, recordó que el último acuerdo firmado el 11 de junio estableció como fecha límite el 10 de septiembre para una nueva reunión salarial. Sin embargo, aclaró que ese compromiso fue asumido antes del pronunciamiento definitivo de la Corte, por lo que consideró que las condiciones cambiaron y la negociación debería adelantarse.

El dirigente explicó que la recomposición que hoy se reclama responde a la deuda acumulada desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Recordó que, tras la cuarta Marcha Federal Universitaria, el Ejecutivo otorgó una actualización salarial del 21,33% para docentes y no docentes, además de incrementar la garantía salarial, actualizar los gastos de funcionamiento y elevar en un 50% las becas Manuel Belgrano. No obstante, afirmó que esas mejoras quedaron lejos de compensar la pérdida del poder adquisitivo.

Según detalló, durante este período los salarios universitarios acumularon un atraso superior al 100% frente a la inflación. En ese sentido, precisó que la recomposición cercana al 25% que hoy calculan rectores y sindicatos corresponde principalmente a montos pendientes de 2024, ya que, de acuerdo con el análisis gremial, ese año sólo se recuperó alrededor del 7% del deterioro salarial. A esa diferencia, añadió, deberá incorporarse la actualización correspondiente al índice de precios de los próximos meses.

Barcelona evitó anticipar cuál será la modalidad de pago que propondrá el Gobierno. Señaló que la discusión pasará por determinar si la deuda salarial será cancelada en una sola cuota o mediante un esquema escalonado, aunque remarcó que el punto central es que la administración nacional cumpla con las obligaciones derivadas de la Ley de Financiamiento Universitario.

El referente de ADICUS consideró que el fallo judicial modifica también la relación de fuerzas entre las partes. A su entender, la resolución de la Corte coloca a los sindicatos en una posición más sólida para sostener futuras medidas de protesta en caso de incumplimiento. De todos modos, manifestó que la prioridad continúa siendo alcanzar una solución mediante la negociación y evitar una profundización del conflicto.

Más allá del debate salarial, Barcelona describió el impacto que el ajuste presupuestario produjo en la Universidad Nacional de San Juan. Indicó que numerosos proyectos de investigación permanecen paralizados, que las obras de infraestructura quedaron limitadas a intervenciones mínimas y que las becas estudiantiles continúan congeladas, con montos que perdieron capacidad de respuesta frente al aumento del costo de vida.

También alertó sobre un fenómeno que comienza a sentirse en las aulas: la salida de docentes hacia otros ámbitos laborales. Explicó que muchos profesores solicitaron licencias en sus cargos universitarios para incorporarse al sistema educativo provincial o al ámbito privado en busca de mejores ingresos, una dinámica que amenaza con afectar la calidad académica y la continuidad de diversas cátedras.

En el tramo final de la entrevista, el dirigente amplió la mirada hacia el resto del sistema científico nacional y expresó la solidaridad de ADICUS con los trabajadores de Vialidad Nacional, CONICET y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), organismos que atraviesan procesos de ajuste y reducción de recursos. Consideró que la defensa de la universidad pública forma parte de un reclamo más amplio en favor del sistema científico y tecnológico argentino.

Con la cautelar ya firme, la discusión universitaria ingresó en una nueva etapa. Mientras el Gobierno dispone hasta el 10 de septiembre para reabrir formalmente la negociación, rectores y gremios consideran que la decisión de la Corte elimina cualquier argumento para seguir postergando la recomposición salarial. La respuesta oficial en las próximas semanas será determinante para definir si el conflicto encuentra una salida negociada o vuelve a trasladarse a las calles y a las aulas.

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Las universidades paran el 8 de septiembre por salarios y financiamiento

El Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocó a una huelga de 24 horas para el martes 8 de septiembre. La medida reunirá a docentes y nodocentes y responde al reclamo de una recomposición salarial y de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Las universidades nacionales volverán a parar el martes 8 de septiembre, luego de que los gremios docentes y nodocentes rechazaran la última propuesta salarial del Gobierno y resolvieran profundizar las medidas de fuerza.

La convocatoria fue realizada por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales y reúne a CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, CTERA, FAGDUT, UDA y FATUN. La participación de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales incorpora al personal nodocente, por lo que la huelga alcanzará tanto las tareas académicas como administrativas, técnicas y de servicios.

La nueva huelga de 24 horas se suma a la realizada el pasado miércoles 2 de septiembre. Los dos ejes del reclamo son la recuperación del poder de compra de los salarios y el respeto a la Ley de Financiamiento Universitario

La decisión sindical llegó posterior a la reunión mantenida el 1 de septiembre con representantes del Gobierno. El Ministerio de Capital Humano ofreció un 3% de aumento para septiembre y ratificó otro 3% para octubre. Sin embargo, las organizaciones cuestionaron que el segundo tramo ya había sido acordado en junio y consideraron insuficiente la propuesta frente al deterioro acumulado de los ingresos.

Desde CONADU, conducida por Clara Chevalier, plantearon una recomposición del 31,2%, además de la incorporación de la inflación de agosto y el pago de salarios adeudados. La agenda gremial incluye también reclamos vinculados con el FONID, las escuelas preuniversitarias y la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo.

Para los gremios, la diferencia entre la oferta oficial y sus pretensiones impide cerrar la negociación paritaria. El conflicto salarial se entrelaza, además, con una disputa más amplia por los recursos destinados al sistema universitario y por la implementación de la legislación aprobada para garantizar su financiamiento.

La nueva jornada de lucha trasladará nuevamente el reclamo a las universidades de todo el país y pondrá a docentes y nodocentes bajo una misma medida de fuerza. La continuidad de las huelgas refleja la falta de acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones gremiales sobre salarios y financiamiento, mientras la negociación permanece abierta y sin una fecha cierta de resolución.

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Más de 12.000 personas se anotaron para ingresar al Poder Judicial de San Juan

El concurso de ingreso al Poder Judicial de San Juan cerró este viernes con con una cifra récord de 12.293 inscriptos. Del total, 11.518 corresponden a la Primera Circunscripción y 775 a Jáchal e Iglesia. El proceso tendrá cinco instancias eliminatorias antes de la entrevista final.

El registro finalizó este viernes 4 de septiembre a las 12 y dejó una marcada diferencia entre las dos circunscripciones. 11.518 postulantes corresponden a la Primera Circunscripción Judicial, mientras que 775 se inscribieron para la Segunda, que comprende los departamentos Jáchal e Iglesia.

Concluida la etapa de inscripción, la atención estará puesta ahora en la organización de las evaluaciones. La Escuela Judicial y la Dirección de Recursos Humanos deberán definir el cronograma, los turnos y la distribución de los miles de aspirantes que participarán de las distintas pruebas.

El concurso contempla cinco instancias eliminatorias. La primera será una prueba de dactilografía: cada postulante deberá transcribir correctamente un texto de 100 palabras en un máximo de cuatro minutos. La evaluación exigirá precisión en la reproducción.

La segunda instancia será de ortografía. Los participantes recibirán un texto con errores y dispondrán de cinco minutos para corregirlos. Para continuar deberán resolver correctamente al menos el 70% de las equivocaciones.

Superadas esas pruebas llegará una capacitación obligatoria, organizada como un curso académico asincrónico de nueve módulos sobre estructura y funcionamiento del Poder Judicial, normativa y contenidos jurídicos. Cada módulo tendrá unos 50 minutos de material audiovisual y preguntas de entrenamiento. Será necesario alcanzar un 70% de respuestas correctas en cada uno para completar la capacitación y obtener el certificado habilitante.

La cuarta instancia será el examen de conocimientos, compuesto por 100 preguntas que deberán responderse en 75 minutos. El requisito para aprobar será alcanzar al menos 71 respuestas correctas. Los contenidos estarán incluidos en el manual elaborado por el Poder Judicial y disponible en el micrositio oficial del concurso.

Finalmente, quienes superen todas las evaluaciones accederán a una entrevista personal con el Gabinete Técnico, destinada a completar el proceso de selección mediante la elaboración de un perfil de cada postulante.

Las pruebas se desarrollarán en la sede académica del Poder Judicial ubicada en el edificio del Sirio Libanés, sobre calle Entre Ríos, antes de avenida Libertador. El establecimiento dispone de 40 computadoras conectadas en red, configuradas exclusivamente con el sistema operativo y la plataforma del concurso.

La elevada cantidad de inscriptos obligará a organizar evaluaciones sucesivas en grupos de 40 personas, con turnos durante la mañana y la tarde. Cada postulante recibirá por correo electrónico la fecha y el horario asignados para rendir.

El Poder Judicial también informó que se implementarán adecuaciones para las personas con discapacidad, con el objetivo de garantizar su participación en igualdad de condiciones durante las distintas instancias.

Con los aspirantes registrados, el concurso se convirtió en una de las convocatorias de mayor magnitud de los últimos años dentro de la Justicia sanjuanina. El próximo paso será establecer el cronograma que pondrá en marcha un proceso de selección diseñado para evaluar conocimientos, capacidades técnicas y aptitudes personales antes de definir los nuevos ingresos.

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San Juan apuesta al cobre para atraer inversiones mineras de escala global

San Juan llevó su potencial cuprífero ante representantes del mundo empresario y financiero de Estados Unidos y Argentina, en un foro internacional dedicado a los minerales críticos y a las oportunidades de inversión que abre la creciente demanda global.

El gobernador Marcelo Orrego participó en Buenos Aires del Foro Estados Unidos-Argentina sobre Minerales Críticos, donde presentó a San Juan como uno de los principales destinos para inversiones vinculadas con el cobre. Afirmó que seis de los diez proyectos cupríferos más avanzados del país están en la provincia y que las iniciativas asociadas al RIGI superan los US$33.000 millones anunciados.

El encuentro fue organizado por la U.S. Chamber of Commerce, el US-Argentina Business Council, Citi, AmCham Argentina y la Embajada de Estados Unidos en Argentina, y reunió a representantes públicos y privados de ambos países para analizar la disponibilidad de recursos considerados esenciales para nuevas tecnologías, electrificación y transición energética.

Frente a esa audiencia, Orrego presentó las condiciones que San Juan busca consolidar para captar capitales mineros de gran escala: seguridad jurídica, estabilidad fiscal, desarrollo de infraestructura y avance de proyectos de exploración, además de incentivos vinculados con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El cobre ocupó el centro de su exposición. El mandatario sanjuanino sostuvo que la demanda mundial crecerá impulsada, entre otros factores, por la electrificación y la inteligencia artificial, mientras la oferta enfrenta dificultades para expandirse al mismo ritmo. En ese punto, remarcó que seis de los diez proyectos de cobre más avanzados de la Argentina están ubicados en San Juan, con inversiones proyectadas superiores a US$30.000 millones.

Orrego también apeló a las características geográficas de la provincia para explicar el vínculo histórico con la minería. Resaltó que el 83% de la superficie de San Juan está cubierta por montañas, mientras otro 14% corresponde a zonas desérticas y apenas un 3% resulta cultivable. “Los sanjuaninos no solo debemos hacer minería, sino que queremos hacerlo y, por cierto, sabemos hacerlo”, afirmó.

En materia fiscal, el jefe de Estado provincial destacó el equilibrio de las cuentas públicas provinciales y sostuvo que es posible fortalecer los recursos estatales sin incrementar la presión tributaria. También reivindicó el acompañamiento de San Juan a las políticas nacionales destinadas a recuperar el equilibrio macroeconómico y la sanción del RIGI como herramienta para brindar previsibilidad a los grandes emprendimientos.

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