La UTEP, la CGT y las CTA coordinan protestas tras el cierre de Volver al Trabajo

La decisión del Gobierno nacional de avanzar con la eliminación del programa Volver al Trabajo, tras el fallo judicial que levantó la cautelar que garantizaba su continuidad, derivó en la conformación de un amplio frente de protesta integrado por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la CGT y las dos CTA. El cronograma contempla movilizaciones, cortes de rutas, una Marcha Federal y nuevas acciones coordinadas en todo el país para rechazar una medida que, según las organizaciones, profundizará la crisis social y económica de los sectores de menores ingresos.

La suspensión definitiva del programa Volver al Trabajo abrió uno de los conflictos sociales más relevantes de las últimas semanas y aceleró la convergencia entre organizaciones sociales y el movimiento sindical. La UTEP, la CGT y las dos Centrales de Trabajadores acordaron una agenda común de movilizaciones que se extenderá durante los próximos meses y que buscará instalar el impacto económico del retiro de una asistencia que alcanzaba a cientos de miles de personas en todo el país.

La primera convocatoria será el 22 de julio, cuando las organizaciones acompañen la tradicional protesta de jubilados frente al Congreso Nacional. El calendario continuará el 7 de agosto con la histórica peregrinación de San Cayetano, que este año volverá a convertirse en una manifestación de fuerte contenido político bajo la consigna «Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo», una bandera histórica de los movimientos populares desde la crisis social de comienzos de siglo.

Los dirigentes adelantaron que la protesta no se limitará a concentraciones en la Ciudad de Buenos Aires. También habrá cortes de rutas y movilizaciones en distintas provincias, especialmente en el norte argentino, donde el ingreso de $78.000 mensuales que otorgaba el programa representaba una parte significativa del presupuesto de miles de hogares y contribuía a sostener el consumo en pequeños comercios y economías regionales.

El detonante de la nueva escalada fue la resolución de la Cámara Federal integrada por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, quienes revocaron la medida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a continuar con los pagos hasta la resolución definitiva de la causa. Para los magistrados, mantener las transferencias implicaba anticipar el resultado del proceso principal, criterio que habilitó al Poder Ejecutivo a avanzar con la desactivación del programa y su reemplazo por un esquema de capacitación laboral basado en vouchers.

Desde la UTEP rechazaron con dureza la resolución judicial y confirmaron que presentarán una apelación ante instancias superiores. La organización sostiene que la interrupción del beneficio agravará las condiciones de vulnerabilidad de miles de trabajadores de la economía popular y reducirá significativamente la circulación de recursos en barrios con elevados índices de informalidad laboral.

La secretaria gremial de la organización, Johana Duarte, advirtió que el retiro de esos ingresos tendrá consecuencias que exceden a los beneficiarios directos. Según explicó, la disminución del poder de compra impactará sobre almacenes, verdulerías, kioscos y pequeños comercios de cercanía, cuya actividad depende en gran medida del consumo cotidiano generado por estos programas de asistencia.

En la misma línea, el secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, sostuvo que la coordinación alcanzada con la CGT y las dos CTA busca consolidar una respuesta sostenida frente a la política económica del Gobierno. El dirigente interpretó que la eliminación del programa forma parte de un proceso más amplio de ajuste sobre los sectores populares y planteó la necesidad de ampliar la articulación entre organizaciones sindicales y movimientos sociales.

La agenda de protesta continuará durante agosto con una movilización al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, donde reclamarán una actualización del Salario Social Complementario, congelado frente al deterioro del poder adquisitivo. Posteriormente, las organizaciones marcharán al Ministerio de Economía para denunciar el creciente endeudamiento de los hogares y promoverán un encuentro entre representantes sindicales, empresarios nacionales y cooperativas con motivo del Día de la Industria, en busca de consensos sobre políticas destinadas a sostener el empleo y la producción.

Aunque la CGT todavía no oficializó una nueva huelga nacional, la posibilidad continúa bajo análisis dentro de la conducción cegetista. Diversos referentes admiten que un paro general podría confluir con una Marcha Federal durante octubre si no se modifican las políticas sociales y laborales impulsadas por el Poder Ejecutivo.