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La decisión del Gobierno nacional de avanzar con la eliminación del programa Volver al Trabajo, tras el fallo judicial que levantó la cautelar que garantizaba su continuidad, derivó en la conformación de un amplio frente de protesta integrado por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la CGT y las dos CTA. El cronograma contempla movilizaciones, cortes de rutas, una Marcha Federal y nuevas acciones coordinadas en todo el país para rechazar una medida que, según las organizaciones, profundizará la crisis social y económica de los sectores de menores ingresos.

La suspensión definitiva del programa Volver al Trabajo abrió uno de los conflictos sociales más relevantes de las últimas semanas y aceleró la convergencia entre organizaciones sociales y el movimiento sindical. La UTEP, la CGT y las dos Centrales de Trabajadores acordaron una agenda común de movilizaciones que se extenderá durante los próximos meses y que buscará instalar el impacto económico del retiro de una asistencia que alcanzaba a cientos de miles de personas en todo el país.

La primera convocatoria será el 22 de julio, cuando las organizaciones acompañen la tradicional protesta de jubilados frente al Congreso Nacional. El calendario continuará el 7 de agosto con la histórica peregrinación de San Cayetano, que este año volverá a convertirse en una manifestación de fuerte contenido político bajo la consigna «Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo», una bandera histórica de los movimientos populares desde la crisis social de comienzos de siglo.

Los dirigentes adelantaron que la protesta no se limitará a concentraciones en la Ciudad de Buenos Aires. También habrá cortes de rutas y movilizaciones en distintas provincias, especialmente en el norte argentino, donde el ingreso de $78.000 mensuales que otorgaba el programa representaba una parte significativa del presupuesto de miles de hogares y contribuía a sostener el consumo en pequeños comercios y economías regionales.

El detonante de la nueva escalada fue la resolución de la Cámara Federal integrada por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, quienes revocaron la medida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a continuar con los pagos hasta la resolución definitiva de la causa. Para los magistrados, mantener las transferencias implicaba anticipar el resultado del proceso principal, criterio que habilitó al Poder Ejecutivo a avanzar con la desactivación del programa y su reemplazo por un esquema de capacitación laboral basado en vouchers.

Desde la UTEP rechazaron con dureza la resolución judicial y confirmaron que presentarán una apelación ante instancias superiores. La organización sostiene que la interrupción del beneficio agravará las condiciones de vulnerabilidad de miles de trabajadores de la economía popular y reducirá significativamente la circulación de recursos en barrios con elevados índices de informalidad laboral.

La secretaria gremial de la organización, Johana Duarte, advirtió que el retiro de esos ingresos tendrá consecuencias que exceden a los beneficiarios directos. Según explicó, la disminución del poder de compra impactará sobre almacenes, verdulerías, kioscos y pequeños comercios de cercanía, cuya actividad depende en gran medida del consumo cotidiano generado por estos programas de asistencia.

En la misma línea, el secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, sostuvo que la coordinación alcanzada con la CGT y las dos CTA busca consolidar una respuesta sostenida frente a la política económica del Gobierno. El dirigente interpretó que la eliminación del programa forma parte de un proceso más amplio de ajuste sobre los sectores populares y planteó la necesidad de ampliar la articulación entre organizaciones sindicales y movimientos sociales.

La agenda de protesta continuará durante agosto con una movilización al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, donde reclamarán una actualización del Salario Social Complementario, congelado frente al deterioro del poder adquisitivo. Posteriormente, las organizaciones marcharán al Ministerio de Economía para denunciar el creciente endeudamiento de los hogares y promoverán un encuentro entre representantes sindicales, empresarios nacionales y cooperativas con motivo del Día de la Industria, en busca de consensos sobre políticas destinadas a sostener el empleo y la producción.

Aunque la CGT todavía no oficializó una nueva huelga nacional, la posibilidad continúa bajo análisis dentro de la conducción cegetista. Diversos referentes admiten que un paro general podría confluir con una Marcha Federal durante octubre si no se modifican las políticas sociales y laborales impulsadas por el Poder Ejecutivo.

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El consumo masivo sigue en retroceso: supermercados y mayoristas acumulan ocho meses de caída

Los datos del Indec muestran que las ventas en supermercados bajaron 2,8% entre enero y agosto, mientras que los autoservicios mayoristas retrocedieron 2,9%. Los centros comerciales registraron una mejora interanual del 3,7% en agosto, aunque todavía acumulan una caída en 2026.

El consumo cotidiano continúa sin encontrar una recuperación sostenida. Las ventas en supermercados y autoservicios mayoristas volvieron a caer en agosto y prolongaron una tendencia negativa que contrasta con el crecimiento registrado por los centros comerciales, según los últimos relevamientos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En los supermercados, las ventas disminuyeron 3,7% interanual en agosto y acumularon una contracción del 2,8% durante los primeros ocho meses de 2026. La comparación mensual también fue desfavorable: el indicador retrocedió 0,8% frente a julio. Con este resultado, el rubro completó ocho meses consecutivos de bajas interanuales, después del último registro positivo de diciembre pasado, cuando había avanzado 0,5%.

Los autoservicios mayoristas tampoco lograron revertir la tendencia. Sus ventas cayeron 3,6% frente a agosto de 2025 y acumularon una merma del 2,9% entre enero y agosto. Además, registraron una disminución mensual del 1,2% y sumaron siete meses consecutivos de retrocesos interanuales.

Los precios suben, pero las cantidades no acompañan

La evolución de la facturación nominal contrasta con la caída de las ventas medidas en términos reales. En supermercados, los ingresos a precios corrientes crecieron 24,2% interanual, mientras que en mayoristas aumentaron 23,7%. Esos incrementos, por sí solos, no indican una expansión del consumo: deben distinguirse de las variaciones de precios y de las cantidades efectivamente vendidas.

En los supermercados, el ticket promedio alcanzó los $35.569, con un aumento interanual del 15,8%. Las tarjetas de crédito concentraron el 43% de los pagos, seguidas por las de débito, con el 23,9%, y el efectivo, con el 17%. El resto correspondió a otros medios de pago.

En los mayoristas, el gasto promedio por compra llegó a $47.067, un 29% más que un año antes. Allí, las transferencias, los pagos con QR y otros medios alternativos representaron el 32,7% de las operaciones; las tarjetas de crédito explicaron el 26,8% y el efectivo, el 24,8%.

Los shoppings, la excepción

Los centros comerciales mostraron un comportamiento diferente: sus ventas aumentaron 3,7% interanual en agosto y avanzaron 3,3% respecto de julio. Sin embargo, el balance acumulado de los primeros ocho meses del año continúa en terreno negativo, con una baja del 1,2%.

Los datos dibujan así una evolución desigual del comercio. Mientras los shoppings registran un repunte, supermercados y mayoristas —canales centrales para las compras habituales de los hogares— siguen acumulando retrocesos. La persistencia de esa caída plantea interrogantes sobre la capacidad de recuperación del poder de compra y sobre el ritmo al que podrá reactivarse la demanda interna.

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La provincia amplía el acceso digital con nuevas entregas de equipos escolares

El Gobierno de San Juan distribuyó 1.392 notebooks entre estudiantes de Chimbas, Zonda y Ullum, en una nueva etapa del programa provincial “Maestro de América, Cultivando el Futuro”, destinado a ampliar el acceso a herramientas digitales en las escuelas públicas.
La entrega se realizó en el estadio Aldo Cantoni y estuvo encabezada por el gobernador Marcelo Orrego, acompañado por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, y otras autoridades provinciales.

Del total de equipos, 1.131 fueron asignados a alumnos de quinto grado de escuelas primarias de Chimbas, mientras que otros 151 correspondieron a estudiantes de segundo año de establecimientos secundarios de Zonda y 110 a jóvenes del mismo nivel educativo de Ullum.

Con esta nueva etapa, el programa llegó a aproximadamente 15.400 beneficiarios en lo que va de 2026. El despliegue ya comprendió a estudiantes de Rawson, Capital, Albardón, Jáchal, San Martín, Angaco, 9 de Julio, Pocito, Caucete y Sarmiento, además de escuelas de Vallecito y Bermejo.

La iniciativa también contempla al personal educativo. Durante este año se distribuyeron 3.000 computadoras para docentes de especialidades, celadores, equipos móviles y profesionales de las Unidades Educativas de Primaria para Adultos (UEPA).

El cronograma continuará este viernes con alumnos secundarios de Chimbas y Pocito, y el lunes con estudiantes de los niveles primario y secundario de Santa Lucía.

La política de equipamiento se complementa con propuestas pedagógicas como el programa de alfabetización “Comprendo y Aprendo”, EDUGE, “Transformar la Secundaria” y “Modo Matemática”, además de acciones de formación digital para docentes. La adquisición de los dispositivos contó con el acompañamiento de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) durante los procesos de compra.

La continuidad de las entregas busca extender el acceso a recursos tecnológicos en las aulas. El desafío educativo será convertir esa disponibilidad de equipos en mejores oportunidades de aprendizaje, mediante su integración efectiva a la enseñanza y el acompañamiento pedagógico.

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ASIJEMIN llevó a Santa Cruz el reclamo por mejores condiciones laborales para las mujeres mineras

La Coordinación de Género de ASIJEMIN recorrió yacimientos entre el 6 y el 14 de octubre, organizó talleres con trabajadoras y se reunió con responsables empresariales para discutir condiciones laborales y avanzar en la implementación del convenio de licencias por cuidados.

La mejora de las condiciones laborales de las mujeres mineras y la aplicación efectiva de sus derechos quedaron en el centro de una recorrida sindical por yacimientos de Santa Cruz, donde el sindicato de jerarquicos mineros promovió espacios de diálogo con trabajadoras y representantes de las empresas.

Las visitas se desarrollaron entre el 6 y el 14 de octubre y estuvieron encabezadas por la secretaria adjunta del gremio, Carla Costabile, junto con Julieta Baesa, secretaria general de la Comisión Interna de Cerro Negro, y Eliana Funes, politóloga y asesora sindical.

Durante las jornadas se organizaron talleres para relevar las principales necesidades de las trabajadoras en cada establecimiento y analizar el papel de la organización gremial en la defensa de sus condiciones de empleo. El objetivo fue recoger inquietudes concretas y trasladarlas a una agenda de trabajo sindical.

La delegación también mantuvo encuentros con las gerencias de Recursos Humanos, ante las cuales planteó la necesidad de establecer mesas de diálogo para abordar mejoras laborales y de vida. Uno de los puntos centrales fue la aplicación del convenio de licencias por cuidados suscripto entre ASIJEMIN y la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), cuya implementación, según informó el sindicato, permanece frenada por el Gobierno nacional.

La solicitud enfatiza la importancia de consolidar los consensos alcanzados en garantías laborales efectivas, mediante mecanismos de consulta continua que aseguren la atención de las necesidades del sector.

Desde la organización agradecieron especialmente la recepción y el compromiso de los delegados de Cerro Vanguardia, Cerro Negro y Minera Santa Cruz, además del acompañamiento de la Delegación Regional Sur.

La recorrida refuerza la presencia de ASIJEMIN y la representación de las mujeres en la minería. El próximo paso será concretar respuestas a sus necesidades, en particular sobre licencias de cuidado y ambiente laboral.

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