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El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU-Federal) estimó que en junio un trabajador necesitó $3.000.352 mensuales para cubrir las nueve necesidades básicas contempladas en la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo. La organización sostuvo que esa cifra representa más de ocho veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente y denunció un profundo deterioro del poder adquisitivo, acompañado por un fuerte incremento del endeudamiento de los hogares.

El debate sobre el salario mínimo volvió a instalarse con fuerza tras el informe difundido por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU-Federal), que calculó que un trabajador argentino necesitó en junio de 2026 un ingreso mensual de $3.000.352 para satisfacer las necesidades básicas que establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo. Según la entidad, el monto supera en más de ocho veces el actual Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), fijado por el Gobierno en $328.400, al que calificó como el más bajo de la historia en términos de poder adquisitivo.

El estudio sostiene que la distancia entre el salario legal y el costo de una vida digna se amplió significativamente desde diciembre de 2023. De acuerdo con el FreSU, los trabajadores acumularon una pérdida superior a $67 billones en ingresos laborales desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, producto del desfase entre la evolución de los salarios y el incremento del costo de vida.

La organización afirmó que el deterioro se profundizó durante los últimos siete meses. En ese período, los salarios reales del sector público retrocedieron más del 6%, mientras que los del sector privado registraron una caída superior al 5%, consolidando una nueva pérdida de capacidad de compra pese a la desaceleración de la inflación.

El informe también dimensiona el impacto sobre los ingresos individuales. Según sus cálculos, cada trabajador del sector privado resignó más de $2,5 millones de poder adquisitivo desde el comienzo de la actual administración nacional, mientras que la pérdida acumulada para cada empleado estatal supera los $14 millones.

Como consecuencia de ese proceso, el FreSU advierte que el financiamiento mediante crédito dejó de ser una herramienta coyuntural para convertirse en un mecanismo de supervivencia de los hogares. La entidad sostiene que el endeudamiento de las familias aumentó en $46 billones desde diciembre de 2023, al tiempo que la morosidad en los préstamos se cuadruplicó durante el último año, evidenciando el deterioro de los ingresos reales de los sectores activos y pasivos.

Para fundamentar su estimación sobre el salario mínimo necesario, el frente sindical tomó como referencia las nueve necesidades que la legislación argentina establece como piso para garantizar una vida digna. El cálculo contempla $640.428 para alimentación, $596.339 para vivienda, $268.502 para educación, $148.624 para vestimenta, $365.553 para salud, $650.867 destinados a transporte, esparcimiento y vacaciones, además de $330.039 para previsión social, entre otros componentes que integran el concepto legal del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

El planteo adquiere relevancia en momentos en que la política salarial constituye uno de los principales focos de discusión entre el Gobierno, las organizaciones sindicales y el sector empresario. Mientras el Poder Ejecutivo sostiene que la prioridad es consolidar el proceso de desinflación y preservar el equilibrio fiscal, las centrales obreras reclaman una actualización del salario mínimo que permita recuperar parte del poder adquisitivo perdido y reactivar el consumo interno.

El FreSU reúne a organizaciones sindicales pertenecientes a las tres centrales obreras del país. Entre ellas se encuentran la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ATE, la Federación Aceitera y Desmotadora, CONADU, CONADU Histórica, FESPROSA, sindicatos aeronáuticos, marítimos, fluviales, molineros, papeleros y viales, entre otros.

Durante su primer plenario nacional, realizado el 1° de mayo, el espacio aprobó el documento «Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria», donde ratificó que el salario mínimo debe cumplir con el mandato constitucional de garantizar una existencia digna mediante la cobertura integral de alimentación, vivienda, educación, salud, vestimenta, transporte, recreación, vacaciones y previsión.

El informe vuelve a evidenciar la profunda brecha entre el sueldo básico y los gastos reales de subsistencia. Esa brecha no solo reabre el debate sobre la actualización del SMVM, sino también sobre el rol de las políticas salariales en un contexto donde la desaceleración inflacionaria aún no logra traducirse en una recuperación sostenida del poder de compra, el consumo y la capacidad económica de los trabajadores argentinos.

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Adultos mayores: casi la mitad de los hogares no alcanza a cubrir sus necesidades básicas

Un informe reveló que el 46% de los hogares con personas de 60 años o más tuvo ingresos insuficientes durante 2024-2025. Es el registro más elevado desde el inicio de la serie, en 2017, y las mayores carencias se concentran entre las familias de menores recursos.

La insuficiencia de ingresos alcanzó un máximo histórico en la serie del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina. Durante 2024-2025, el 46% de los hogares con al menos una persona de 60 años o más no logró reunir recursos suficientes para cubrir sus gastos básicos, cinco puntos porcentuales por encima del registro correspondiente a 2022-2023.

El deterioro se profundiza a medida que disminuyen los ingresos. Entre los hogares del estrato socioeconómico muy bajo, la proporción llega al 71,1%, mientras que en el nivel bajo alcanza el 55,2%. El relevamiento contempló dimensiones vinculadas con alimentación, vivienda, servicios, asistencia social y acceso a la atención sanitaria.

Uno de los indicadores más sensibles es la alimentación. La inseguridad alimentaria entre las personas mayores pasó del 12,3% en 2017-2019 al 18,4% en 2024-2025. La distancia entre grupos sociales resulta particularmente pronunciada: afecta al 39,1% de los adultos mayores del estrato muy bajo, frente al 1,1% entre quienes pertenecen al nivel medio alto.

La falta de recursos también repercute sobre los servicios esenciales. Casi uno de cada cinco hogares con personas mayores dejó de pagar alguna factura por dificultades económicas. Entre las familias del estrato muy bajo, el porcentaje trepa al 39,4%.

Salud y medicamentos, entre las principales dificultades

La atención sanitaria aparece como otro de los puntos críticos. El 35,2% de los hogares con adultos mayores postergó consultas médicas o la compra de medicamentos durante 2024-2025 por falta de dinero. Es el valor más alto de la serie y representa un incremento cercano a diez puntos respecto de 2022-2023.

La brecha vuelve a ser considerable entre los distintos niveles sociales: en los hogares más vulnerables, el indicador alcanza al 55%.

El informe también analizó durante 2025 el vínculo de las personas afiliadas con PAMI. Cerca del 74% recurrió al organismo para consultas médicas y alrededor del 70% utilizó sus prestaciones para acceder a medicamentos.

La evaluación de esas prestaciones, sin embargo, presenta diferencias. El 61,7% valoró favorablemente la atención médica, mientras que la aprobación descendió al 49,7% cuando se consultó por la cobertura de medicamentos.

Vivienda y asistencia

Las condiciones habitacionales constituyen otra dimensión de la desigualdad. El 11,8% de las personas mayores reside en viviendas que no reúnen condiciones adecuadas; entre los grupos socioeconómicos más desfavorecidos, la proporción asciende al 27,5%.

La asistencia estatal tampoco alcanza a todos los hogares con necesidades económicas. Aunque el 71,1% de las familias del estrato muy bajo registra ingresos insuficientes, solo el 42,4% recibe algún programa de transferencia de ingresos o asistencia alimentaria.

En el conjunto de los hogares con adultos mayores, la cobertura de estos programas cayó del 30,6% registrado durante la pandemia de Covid-19 al 26,8% en 2024-2025.

Los datos del ODSA-UCA muestran un deterioro marcado en distintas dimensiones de la vida cotidiana de las personas mayores. Ingresos insuficientes, dificultades alimentarias, incumplimiento de servicios y postergación de gastos sanitarios convergen en una población para la que la capacidad de recomponer ingresos suele ser más limitada.

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Gastronómicos actualizaron sus salarios para el segundo semestre

UTHGRA y FEHGRA alcanzaron un acuerdo para el primer tramo de la paritaria 2026-2027 del Convenio Colectivo de Trabajo 389/04. La pauta rige entre junio y septiembre e incorpora sumas no remunerativas durante julio, agosto y septiembre.

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) y la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) acordaron la actualización salarial correspondiente al primer tramo de la paritaria 2026-2027 para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 389/04.

El entendimiento establece nuevas escalas básicas para el período junio-septiembre y contempla, además, sumas fijas no remunerativas que serán abonadas durante julio, agosto y septiembre. Los adicionales tendrán carácter neto, sin descuentos ni aportes.

Los valores varían de acuerdo con la categoría del establecimiento y el nivel asignado a cada puesto. En los establecimientos de categoría D, los básicos parten de $990.555 para el Nivel 1 y llegan a $1.292.025 en el Nivel 6. Las sumas adicionales se ubican entre $68.000 y $88.000 mensuales.

En la categoría C, los salarios básicos oscilan entre $1.013.346 y $1.337.186, mientras que los adicionales van de $69.000 a $91.000. Para los establecimientos B, la escala comienza en $1.038.120 y alcanza los $1.538.297, con sumas no remunerativas de entre $71.000 y $105.000.

Los establecimientos de categoría A tendrán básicos que van desde $1.074.307 hasta $1.840.959, acompañados por adicionales de $74.000 a $126.000. En la categoría Especial se concentra la escala más elevada: los valores parten de $1.206.779 y llegan a $1.970.475, mientras que las sumas complementarias oscilan entre $83.000 y $134.000 por mes.

El convenio distribuye los puestos en siete niveles, desde tareas generales como lavacopas, peones y cadetes hasta funciones de mayor responsabilidad, entre ellas cocineros, mozos de salón, barman, recepcionistas, maîtres y cargos de conducción como jefes de brigada y jefes de recepción.

Las nuevas planillas ya fueron remitidas a las distintas seccionales de UTHGRA, que tendrán a su cargo el seguimiento de la correcta liquidación de los haberes durante la vigencia de este tramo.

El acuerdo permite actualizar los ingresos de los trabajadores comprendidos en uno de los principales convenios de la hotelería y la gastronomía, mientras las partes dejaron abierta la continuidad de las negociaciones para las siguientes etapas de la paritaria 2026-2027.

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ASIJEMIN crea un espacio de apoyo psicológico adaptado al trabajo minero

El Sindicato Jerárquico Minero ASIJEMIN amplió las prestaciones destinadas a sus afiliados con la incorporación de un servicio de acompañamiento psicológico virtual para trabajadores y sus familias. La propuesta fue impulsada por la Secretaría de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, encabezada por Maximiliano Arias, y estará a cargo de la licenciada en Psicología Virginia Pantano (MP 15.686).

La modalidad fue diseñada teniendo en cuenta las particularidades de la actividad minera, especialmente los períodos de trabajo y descanso que atraviesan muchos trabajadores. Los turnos podrán coordinarse de manera virtual para facilitar el acceso a la atención profesional independientemente del lugar donde se encuentre el el operario.

ASIJEMIN cubrirá el costo de la primera consulta. La continuidad del tratamiento, nuevas sesiones o eventuales derivaciones serán acordadas posteriormente entre la profesional y el trabajador o su grupo familiar.

Desde la organización remarcaron además que las consultas tendrán carácter privado y confidencial. El objetivo es generar un espacio profesional en el que los afiliados puedan expresar sus preocupaciones, ser escuchados y recibir orientación ante distintas circunstancias personales o familiares.

Arias destacó que la iniciativa parte de una concepción integral del acompañamiento sindical. “Detrás de cada trabajador hay una persona, una familia y una realidad”, señaló, al remarcar que la tarea gremial también implica atender necesidades que exceden las cuestiones estrictamente laborales, señaló Arias.

La psicóloga Virginia Pantano, responsable del servicio, explicó que la propuesta busca ofrecer escucha y acompañamiento profesional mediante una modalidad compatible con las características de las jornadas y los períodos de permanencia de los trabajadores mineros.

Mediante esta herramienta, ASIJEMIN robustece el catálogo de prestaciones destinadas al desarrollo integral de sus afiliados, maximizando el impacto de sus programas de asistencia.

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