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La decisión de la Corte Suprema de dejar firme la medida cautelar que ordena al Estado nacional actualizar los salarios docentes y no docentes y recomponer las becas estudiantiles, en cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, representa uno de los reveses judiciales más significativos para la política universitaria del Gobierno. El pronunciamiento no sólo ratifica la vigencia de los artículos centrales de la norma, sino que también coloca a la administración nacional frente a la obligación de ejecutar medidas concretas para revertir el deterioro presupuestario que afecta al sistema público de educación superior.

En San Juan, el fallo fue recibido como una reivindicación de un prolongado proceso de movilización sindical y social. Desde la Asociación de Docentes, Investigadores y Creadores de la Universidad Nacional de San Juan (ADICUS), su secretario general, Jaime Barcelona, sostuvo que la resolución judicial constituye «un acto de justicia» después de más de dos años marcados por el ajuste presupuestario, el congelamiento de becas y una sostenida pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios.

Barcelona recordó que los incrementos salariales otorgados durante ese período resultaron insuficientes frente a la inflación, con actualizaciones mensuales que en numerosos casos apenas alcanzaron el uno por ciento. Esa política, afirmó, derivó en una caída superior al 50% del salario real, mientras el deterioro del financiamiento alcanzó también al funcionamiento de las universidades y a programas de asistencia estudiantil, como las becas.

Para el dirigente sindical, la masiva movilización universitaria realizada este año marcó un punto de inflexión político. Según su interpretación, la contundencia de aquella protesta precipitó la reapertura de la negociación salarial y permitió alcanzar un incremento inicial del 21%, además del compromiso oficial de convocar nuevamente a la mesa paritaria antes del 10 de septiembre para continuar la discusión sobre la recomposición salarial.

Sin embargo, advirtió que el fallo judicial, por sí solo, no resuelve el deterioro acumulado. Explicó que la actualización ordenada por la Justicia representa un avance, aunque todavía resta recuperar la diferencia generada por la inflación durante los últimos años. En ese sentido, consideró que la próxima convocatoria paritaria será determinante para evaluar si el Ejecutivo cumple efectivamente con las obligaciones establecidas por la ley.

Desde ADICUS evitaron anticipar medidas de fuerza mientras permanezca vigente el compromiso asumido por el Gobierno. Barcelona sostuvo que el objetivo del gremio no es profundizar el conflicto, sino alcanzar una recuperación real de los salarios y garantizar el funcionamiento adecuado de las universidades públicas. «Si existe una propuesta seria que permita recomponer los ingresos, deberá ser analizada», planteó.

No obstante, el dirigente dejó en claro que el escenario podría modificarse si el Ejecutivo incumple los plazos acordados o posterga nuevamente la negociación. En ese caso, explicó, las federaciones universitarias evaluarán nuevas acciones gremiales y judiciales, ahora fortalecidas por una decisión de la Corte Suprema que obliga al Estado a respetar la legislación vigente.

Barcelona sostuvo además que una eventual desobediencia al fallo podría derivar en responsabilidades legales para los funcionarios encargados de ejecutar la política universitaria, al considerar que el incumplimiento de una resolución del máximo tribunal generaría configurar una violación de los deberes propios de la función pública.

La determinación judicial modifica el tablero político de la problemática universitaria. A partir de ahora, la discusión ya no gira exclusivamente en torno a reclamos gremiales o presupuestarios, sino también sobre el alcance institucional de una decisión de la Corte Suprema cuyo cumplimiento será observado de cerca por las universidades, los sindicatos y amplios sectores de la sociedad que, durante los últimos dos años, hicieron de la defensa de la universidad pública una de las expresiones de movilización más relevantes del país.

Con el plazo del 10 de septiembre como próxima fecha decisiva, el conflicto ingresa en una nueva etapa. El foco ya no estará puesto en la legitimidad del reclamo —respaldada ahora por la Justicia— sino en la voluntad política del Gobierno para cumplir una sentencia que redefine las condiciones de financiamiento del sistema universitario argentino y pone a prueba su relación con uno de los sectores más movilizados del ámbito educativo.

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San Juan busca preparar su infraestructura para dos décadas de expansión minera

En la Cumbre Federal de Logística 2026, el gobernador Orrego advirtió que San Juan deberá prepararse para un flujo de transporte pesado creciente durante las próximas dos décadas. Reivindicó los fondos del Bono San Juan para la Ruta 40 Norte, los US$ 250 millones vinculados a Vicuña y la necesidad de ampliar la infraestructura eléctrica y vial.

Esta fue una de las principales definiciones del gobernador Marcelo Orrego durante la Segunda Cumbre Federal de Logística 2026, organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en Buenos Aires, donde advirtió que las proyecciones para las próximas dos décadas anticipan un flujo de transporte pesado de gran magnitud. “Hasta diría un camión cada 46 segundos de alto porte”, señaló el mandatario al describir la circulación que podría generar el desarrollo de los proyectos mineros. La dimensión de esa demanda, sostuvo, obliga a anticipar inversiones para evitar que las limitaciones de conectividad condicionen la expansión productiva.

Orrego remarcó que San Juan concentra seis de los diez proyectos de cobre de la Argentina y que el 73% de su territorio es montañoso. Esa combinación de potencial geológico y complejidad geográfica exige obras capaces de conectar yacimientos, centros industriales y corredores de transporte.

Vicuña y el Bono San Juan, fuentes de financiamiento

El gobernador vinculó esa preparación con dos instrumentos de financiamiento. Por un lado, mencionó el acuerdo relacionado con el proyecto Vicuña, por US$ 250 millones destinados al desarrollo eléctrico y vial, con beneficios previstos también para otras industrias y el turismo.

Por otro, destacó la colocación del Bono San Juan para financiar obras prioritarias. Según detalló, la Legislatura había autorizado una emisión de US$ 600 millones, pero la colocación recibió ofertas por más de US$ 1.030 millones, un monto equivalente al 72% por encima de la autorización original. Los recursos permitirán financiar trabajos en la Ruta Nacional 40 Norte.

La disponibilidad de fondos, sin embargo, deberá traducirse en obras capaces de responder a las necesidades de transporte que acompañarán el crecimiento minero. La conectividad vial y el abastecimiento energético aparecen entre las condiciones necesarias para sostener nuevas inversiones y ampliar las cadenas de proveedores locales.

Trámites más rápidos y emergencia hídrica

Orrego también defendió la digitalización de la administración pública como una herramienta para acortar plazos sin resignar controles. Según explicó, la simplificación de procedimientos busca agilizar las gestiones vinculadas con proyectos productivos y reducir tiempos administrativos.

A esa agenda sumó la emergencia hídrica provincial. San Juan cuenta con unos 3.000 kilómetros de canales primarios que requieren obras de intervención y mantenimiento, una infraestructura relevante para sostener la producción agrícola en una provincia condicionada por la disponibilidad de agua.

Al referirse a la relación entre minería y sociedad, el gobernador planteó que el desarrollo no puede limitarse a la construcción de caminos y redes eléctricas. “Ya no hablo más de licencia social, sino de compromiso social”, afirmó, al señalar la importancia de que la población confíe en los proyectos y en sus beneficios.

La cumbre, convocada bajo el lema “Hacia una logística competitiva para el desarrollo federal”, reunió a gobernadores, funcionarios, empresarios y especialistas para analizar las necesidades de transporte y conectividad de las provincias.

La expansión cuprífera plantea un desafío logístico prioritario para San Juan: sincronizar el flujo de capitales, el desarrollo de infraestructura y el compromiso social de manera preventiva ante el inminente aumento del transporte de carga. De la resolución estratégica de estas variables dependerá el encadenamiento productivo y el crecimiento industrial de la región.

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Siete de cada diez argentinos consideran mala la economía del país

El relevamiento de septiembre de Latam Pulse, elaborado por AtlasIntel y Bloomberg sobre 2.067 personas, registró una evaluación negativa de la economía nacional para el 71% de los consultados y del mercado laboral para el 75%. Además, el 55% espera que la economía empeore y el 58,5% prevé reducir sus compras de bienes duraderos.

El deterioro percibido también alcanza a las finanzas familiares: seis de cada diez consultados calificaron como mala la economía de sus hogares. Apenas el 20% la consideró buena, mientras que otro 20% la definió como normal. En la evaluación de la economía nacional, el 21% expresó una opinión favorable y el 9% la calificó como normal.

Las expectativas para los próximos seis meses tampoco anticipan una mejora generalizada. El 55% cree que la economía argentina empeorará, frente al 31% que espera una recuperación y el 14% que no prevé cambios. Respecto del empleo, el 57% pronostica un deterioro, mientras que el 31% espera una mejora y el 12% considera que permanecerá sin variaciones.

La perspectiva sobre los ingresos familiares es algo menos negativa, aunque predomina la cautela: el 48% espera que la economía de su hogar empeore, el 32% confía en una mejora y el 20% no anticipa modificaciones.Menos compras y mayor preocupación por los precios
La incertidumbre también se traduce en decisiones concretas de consumo. El 58,5% de los encuestados prevé reducir las compras de bienes duraderos, como electrodomésticos y otros productos de mayor valor, mientras que el 27,3% mantendría su nivel de adquisiciones y apenas el 14,2% planea aumentarlo.

La proporción de quienes anticipan un recorte en esas compras creció 11,3 puntos porcentuales frente a agosto. El dato refleja una mayor disposición a postergar gastos que no se consideran inmediatos, una conducta que puede repercutir sobre las ventas comerciales y la producción vinculada al mercado interno.

En materia de precios, el indicador de percepción de la inflación actual pasó de 27,9 puntos en agosto a 30,6 en septiembre. Las expectativas inflacionarias para el semestre siguiente también subieron, de 8,8 a 9,1 puntos.

Corrupción y desempleo, al frente de las preocupaciones

La encuesta también identificó los principales problemas que preocupan a la población. La corrupción encabezó las respuestas, con el 50,3%, seguida por el desempleo, con el 44%. La impunidad y el sistema judicial reunieron el 34,6%; la economía, el 32,2%; y los altos precios y la inflación, el 27,8%.

El debilitamiento de la democracia y las instituciones, junto con la educación, obtuvo el 20,2% en cada caso, mientras que la inseguridad alcanzó el 18,9%.

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Naturgy deberá presentar cronogramas para completar las obras eléctricas pendientes

El organismo regulador intimó a Naturgy San Juan a presentar cronogramas ejecutivos y completar las interconexiones pendientes antes del período de mayor consumo. Una auditoría de septiembre verificó un avance del 83% sobre los $28.011 millones presupuestados para la primera etapa de inversiones.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) solicitó a Naturgy San Juan a acelerar las obras que acumulan demoras y precisar los plazos para completar las instalaciones necesarias antes del verano. La exigencia apunta a que los transformadores y otros equipos incorporados a la red puedan entrar en servicio sin que las tareas pendientes posterguen el refuerzo del suministro durante los meses de mayor demanda.

Además el organísmo estatal, anticipó que mantendrá auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los plazos y comprobar que las inversiones se traduzcan en mejoras efectivas de la capacidad y confiabilidad del sistema eléctrico provincial.

Una inversión de $28.011 millones

La auditoría correspondiente a septiembre de 2026 constató un avance equivalente al 83% del monto presupuestado para la primera fase del programa de inversiones 2026-2031, que contempla $28.011.221.140 financiados mediante créditos nacionales y fondos provinciales.

Entre las intervenciones relevadas figura el Campo de Transformación N.º 2 de la estación Albardón-Chimbas, cuyo nuevo transformador permanece en fabricación. También se verificaron avances en las estaciones San Juan Sur e Ischigualasto.

En materia de infraestructura edilicia, las obras de Sargento Cabral, en Rivadavia; Pistacho, en 25 de Mayo; Cerrillo, en Sarmiento; Casa de Gobierno; y Caleras/Termas, en Albardón, se encuentran terminadas o próximas a concluir. El montaje de celdas eléctricas de 33 kV y 13,2 kV alcanzó el 98% en Sargento Cabral y el 100% en la estación Olivos.

La distribuidora también avanzó en la adquisición de equipamiento y en la provisión de transformadores destinados a distintas localidades de San Juan.

Más capacidad y conectividad para la red

El programa comprende, además, la normalización de la estación transformadora Huaco, la construcción de un alimentador de 33 kV entre CAVIC y Pueyrredón y la instalación de antenas satelitales de órbita baja para mejorar la conectividad de instalaciones ubicadas en áreas alejadas.

La intimación del EPRE obliga a priorizar los plazos regulatorios. Con obras pendientes, el desafío es poner en funcionamiento las nuevas instalaciones antes del verano para soportar el aumento del consumo eléctrico.

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