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La decisión de la Corte Suprema de dejar firme la medida cautelar que ordena al Estado nacional actualizar los salarios docentes y no docentes y recomponer las becas estudiantiles, en cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, representa uno de los reveses judiciales más significativos para la política universitaria del Gobierno. El pronunciamiento no sólo ratifica la vigencia de los artículos centrales de la norma, sino que también coloca a la administración nacional frente a la obligación de ejecutar medidas concretas para revertir el deterioro presupuestario que afecta al sistema público de educación superior.

En San Juan, el fallo fue recibido como una reivindicación de un prolongado proceso de movilización sindical y social. Desde la Asociación de Docentes, Investigadores y Creadores de la Universidad Nacional de San Juan (ADICUS), su secretario general, Jaime Barcelona, sostuvo que la resolución judicial constituye «un acto de justicia» después de más de dos años marcados por el ajuste presupuestario, el congelamiento de becas y una sostenida pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios.

Barcelona recordó que los incrementos salariales otorgados durante ese período resultaron insuficientes frente a la inflación, con actualizaciones mensuales que en numerosos casos apenas alcanzaron el uno por ciento. Esa política, afirmó, derivó en una caída superior al 50% del salario real, mientras el deterioro del financiamiento alcanzó también al funcionamiento de las universidades y a programas de asistencia estudiantil, como las becas.

Para el dirigente sindical, la masiva movilización universitaria realizada este año marcó un punto de inflexión político. Según su interpretación, la contundencia de aquella protesta precipitó la reapertura de la negociación salarial y permitió alcanzar un incremento inicial del 21%, además del compromiso oficial de convocar nuevamente a la mesa paritaria antes del 10 de septiembre para continuar la discusión sobre la recomposición salarial.

Sin embargo, advirtió que el fallo judicial, por sí solo, no resuelve el deterioro acumulado. Explicó que la actualización ordenada por la Justicia representa un avance, aunque todavía resta recuperar la diferencia generada por la inflación durante los últimos años. En ese sentido, consideró que la próxima convocatoria paritaria será determinante para evaluar si el Ejecutivo cumple efectivamente con las obligaciones establecidas por la ley.

Desde ADICUS evitaron anticipar medidas de fuerza mientras permanezca vigente el compromiso asumido por el Gobierno. Barcelona sostuvo que el objetivo del gremio no es profundizar el conflicto, sino alcanzar una recuperación real de los salarios y garantizar el funcionamiento adecuado de las universidades públicas. «Si existe una propuesta seria que permita recomponer los ingresos, deberá ser analizada», planteó.

No obstante, el dirigente dejó en claro que el escenario podría modificarse si el Ejecutivo incumple los plazos acordados o posterga nuevamente la negociación. En ese caso, explicó, las federaciones universitarias evaluarán nuevas acciones gremiales y judiciales, ahora fortalecidas por una decisión de la Corte Suprema que obliga al Estado a respetar la legislación vigente.

Barcelona sostuvo además que una eventual desobediencia al fallo podría derivar en responsabilidades legales para los funcionarios encargados de ejecutar la política universitaria, al considerar que el incumplimiento de una resolución del máximo tribunal generaría configurar una violación de los deberes propios de la función pública.

La determinación judicial modifica el tablero político de la problemática universitaria. A partir de ahora, la discusión ya no gira exclusivamente en torno a reclamos gremiales o presupuestarios, sino también sobre el alcance institucional de una decisión de la Corte Suprema cuyo cumplimiento será observado de cerca por las universidades, los sindicatos y amplios sectores de la sociedad que, durante los últimos dos años, hicieron de la defensa de la universidad pública una de las expresiones de movilización más relevantes del país.

Con el plazo del 10 de septiembre como próxima fecha decisiva, el conflicto ingresa en una nueva etapa. El foco ya no estará puesto en la legitimidad del reclamo —respaldada ahora por la Justicia— sino en la voluntad política del Gobierno para cumplir una sentencia que redefine las condiciones de financiamiento del sistema universitario argentino y pone a prueba su relación con uno de los sectores más movilizados del ámbito educativo.

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Elecciones 2027: el PRO se distancia de Milei y rechaza eliminar las PASO

El jefe del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling, advirtió que La Libertad Avanza no tendría hoy los votos necesarios para eliminar las PASO y defendió su continuidad. Mientras negocia una eventual alianza con el oficialismo, el partido de Mauricio Macri ratificó que pretende competir con una candidatura propia en 2027.

La relación entre el PRO y La Libertad Avanza atraviesa una etapa de negociación en la que el respaldo parlamentario al Gobierno no implica, por ahora, un acuerdo electoral. El macrismo comenzó a marcar sus propias condiciones de cara a 2027 y anticipó dos posiciones centrales: preservar las PASO y presentar una candidatura presidencial propia.

El jefe del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling, consideró que el oficialismo tendrá dificultades para reunir los votos necesarios para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. “En el Senado no hay mayorías para eliminarlas”, sostuvo, al anticipar que la reforma política requerirá una negociación amplia cuando llegue al debate en comisión.

La postura fue ratificada dentro de la conducción partidaria. Goerling defendió la continuidad de las primarias y cuestionó que el sistema electoral sea modificado cada dos años. Para el dirigente, cualquier reforma de ese alcance debería surgir de un acuerdo político y no de una decisión coyuntural.

El planteo adquiere relevancia porque la eliminación de las PASO forma parte de las iniciativas que el oficialismo pretende impulsar dentro de su reforma política. Sin embargo, el Gobierno necesitará construir consensos en ambas cámaras para modificar las reglas electorales.

Con este cuadro, el PRO busca evitar que las conversaciones con La Libertad Avanza terminen diluyendo su identidad. Goerling afirmó que el partido debe reconstruirse y llegar a las elecciones presidenciales con un candidato propio, aunque reconoció que todavía no existe una definición sobre quién encabezaría esa boleta.

En esa discusión, Mauricio Macri conserva un lugar central. El senador lo definió como “el mejor candidato” que podría presentar el PRO, aunque dejó abierta la posibilidad de que, si el expresidente decide no competir, la fuerza deba encontrar otra alternativa.

La eventual alianza con el oficialismo tampoco aparece cerrada. Goerling relativizó la importancia de las recientes reuniones entre dirigentes de ambos espacios y consideró prematuro hablar de un acuerdo electoral cuando todavía falta más de un año para los comicios y ni siquiera está definido el sistema que regirá la elección.

El PRO mantiene, mientras tanto, su respaldo parlamentario al Gobierno. La posición expresada por Goerling combina apoyo a las iniciativas que considera necesarias con diferencias frente a determinadas propuestas de La Libertad Avanza.

La discusión sobre las PASO funciona así como una primera señal de autonomía política. Mientras el oficialismo busca consolidar una estructura electoral propia para 2027, el PRO procura preservar capacidad de negociación, identidad partidaria y una candidatura competitiva antes de resolver si habrá una alianza.

El dato político de fondo es que la relación entre ambos espacios todavía transita por dos carriles diferentes: cooperación legislativa en el presente y competencia por el liderazgo opositor y oficialista de cara a la próxima elección presidencial.

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El mapa de la destrucción del empleo formal: qué ramas fueron las más golpeadas

Los registros oficiales muestran que entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 desaparecieron 241.176 puestos asalariados privados registrados. La industria manufacturera explicó 85.561 de esas bajas, mientras que la construcción aportó otras 62.747. En paralelo, más de 30.000 empresas dejaron de estar registradas desde el comienzo de la actual gestión.

La industria manufacturera es la rama que más empleo registrado perdió desde el inicio del gobierno de Javier Milei. De acuerdo con los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 desaparecieron 241.176 puestos asalariados privados en todo el país. De ese total, 85.561 correspondieron a establecimientos industriales, el 35,5%.

La magnitud del retroceso ubica a la producción fabril muy por encima de otras ramas de la economía. La construcción aparece en segundo lugar, con 62.747 puestos menos. Entre ambas explican el 61,5% de toda la reducción del empleo privado registrado durante el período analizado.

Si la comparación se realiza con el máximo de ocupación industrial alcanzado en agosto de 2023, la pérdida asciende a 89.667 puestos, equivalente a una contracción del 7,5%. El deterioro atraviesa distintas cadenas productivas y alcanza desde textiles y calzado hasta metalmecánica, autopartes, productos químicos, plásticos y bienes tecnológicos.

Los rubros con mayores pérdidas

El mayor retroceso dentro de la manufactura se produjo en textiles, confecciones, cuero y calzado, que redujeron su dotación en 28.088 trabajadores desde agosto de 2023, una caída del 23%.

La metalmecánica también sufrió un fuerte ajuste, con 21.384 empleos menos, mientras que automotores y neumáticos perdieron otros 9.552 puestos. Madera, papel e impresión registraron una baja de 6.241 trabajadores y química y petroquímica, de 5.453.

Incluso la industria de alimentos y tabaco, que mostró mayor resistencia que otras ramas, terminó con un saldo negativo: 856 empleos menos respecto del período de referencia.

El deterioro del empleo registrado convive, además, con una mayor informalidad. Un informe del Observatorio Económico Social de la Universidad Nacional de Rosario señaló que la proporción de trabajadores informales dentro de la industria manufacturera pasó del 32,2% en 2016 al 40,8% en el primer trimestre de 2026.

Menos empresas y mayor informalidad

La contracción también se refleja en la cantidad de firmas que permanecen activas. Según el Monitor mensual de empresas de Fundar, en mayo de 2026 había 30.633 empresas menos que en noviembre de 2023, una reducción cercana al 6% del tejido productivo registrado.
Sólo entre abril y mayo dejaron de registrarse 2.371 compañías, mientras que la comparación interanual arroja una disminución de 16.560 empresas, equivalente al 3,3%.

Los mayores descensos se concentraron en transporte y almacenamiento, con una baja del 17,05%; actividades inmobiliarias, con 13,81%; y construcción, con 9,34%.

El retroceso tuvo alcance nacional: 23 de las 24 jurisdicciones registraron menos empresas, con Neuquén como única excepción. La expansión de la minería y de la actividad vinculada con Vaca Muerta aparece como uno de los factores que explican su comportamiento diferencial.

Los datos configuran así una transformación relevante del mercado laboral argentino: mientras algunas ramas vinculadas con los recursos naturales mantienen capacidad de expansión, buena parte de la industria orientada al mercado interno continúa reduciendo empleo y empresas. La evolución de la demanda, la inversión y la producción determinará si esa pérdida comienza a revertirse o se consolida como una de las principales marcas del actual ciclo económico.

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La UNSJ abre un laboratorio para investigar rastros de ADN suspendidos en el aire


La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) se prepara para ingresar en una línea de investigación que todavía cuenta con pocos desarrollos a nivel mundial: el estudio del ADN presente en el aire para reconstruir información sobre las personas y organismos que estuvieron en un determinado lugar. Los primeros ensayos están previstos para comienzos de 2027.

El nuevo laboratorio de Biología Molecular contará con equipamiento obtenido a través de un proyecto de la Unión Europea, en el que participan la UNSJ y otras 13 universidades europeas. La institución sanjuanina es, además, la representante argentina de la iniciativa.

La investigación estará encabezada por el biólogo e investigador del CONICET Leonardo Díaz Nieto, quien explicó que el aire contiene pequeñas partículas biológicas que pueden ser recuperadas y analizadas. Escamas de piel, pelos, células y pequeñas gotas de saliva liberadas al hablar, respirar o estornudar pueden permanecer suspendidas y convertirse en material de estudio.

El objetivo es extraer ese material genético, obtener fragmentos, secuenciarlos y determinar su procedencia. En una investigación forense, la metodología podría aportar información para establecer cuántas personas estuvieron en un lugar o identificar características biológicas de quienes pasaron por allí.

La propuesta incorpora una dimensión todavía más novedosa: no limitarse al ADN humano. El equipo buscará analizar también microorganismos y otros rastros biológicos presentes en el ambiente. Cada persona transporta una microbiota asociada con los lugares que frecuenta, por lo que esa combinación podría aportar una suerte de huella biológica ambiental.

Para interpretar las muestras será fundamental la bioinformática. El proyecto cuenta con especialistas extranjeros en secuenciación masiva y análisis de genomas, además de una investigadora que llegó a la Argentina mediante una beca María Curie.

Los primeros experimentos están previstos para comienzos de 2027. Antes, el equipo deberá completar la revisión bibliográfica, diseñar protocolos y realizar ensayos en ambientes controlados. La investigación requerirá distintas etapas de prueba y validación antes de determinar si la metodología puede trasladarse a una investigación judicial real.

En ese punto será importante el vínculo que la UNSJ mantiene con la Corte de Justicia de San Juan. La universidad ya trabaja con el Poder Judicial en entomología forense, mediante estudios de insectos asociados con cuerpos para aportar información en investigaciones sobre fallecimientos. Ese convenio podría facilitar, en una etapa posterior, el acceso a casos reales para evaluar la eficacia del análisis de ADN ambiental.

La particularidad del nuevo laboratorio no reside solamente en su equipamiento. San Juan ya dispone de tecnología de Biología Molecular, como equipos de PCR en tiempo real utilizados en el sistema sanitario. La diferencia estará en disponer de infraestructura propia para desarrollar investigaciones de secuenciación y nuevas aplicaciones.

El espacio tampoco quedará reservado exclusivamente al proyecto de ADN del aire. Podrá ser utilizado por investigadores, estudiantes de grado y posgrado y otros grupos de la universidad. También permitirá ampliar trabajos vinculados con microorganismos, control biológico de plagas y otras investigaciones de interés provincial, además de ofrecer eventualmente servicios de secuenciación.

Para la UNSJ, la incorporación representa además una oportunidad para profundizar la cooperación científica internacional. En un momento de fuertes restricciones para la investigación y de dificultades para incorporar nuevos científicos al sistema público, los proyectos con universidades extranjeras adquieren un peso creciente para sostener líneas de trabajo y acceder a equipamiento de alta complejidad.

Si los primeros ensayos avanzan según lo previsto, San Juan podría convertirse en uno de los primeros puntos de la región en desarrollar una metodología capaz de transformar partículas invisibles del aire en información útil para la ciencia y, eventualmente, para la Justicia.

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