Aceiteros rompió el límite impuesto por el Gobierno y elevó el salario inicial a $2,7 millones
Tras semanas de conflicto, huelgas y negociaciones al borde de un nuevo paro nacional, la Federación Aceitera y el SOEA San Lorenzo impusieron una recomposición que supera la pauta oficial. El acuerdo con las principales cámaras agroexportadoras incorpora aumentos escalonados, pagos retroactivos y vuelve a instalar el debate sobre el salario como herramienta para preservar el poder adquisitivo frente al proceso inflacionario y las reformas laborales impulsadas por la Casa Rosada.
La paritaria del complejo agroexportador terminó convirtiéndose en mucho más que una discusión salarial. Después de más de un mes de confrontación, con medidas de fuerza, conciliación obligatoria y audiencias que se prolongaron hasta la madrugada, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo lograron quebrar la estrategia empresaria de limitar las actualizaciones a la evolución del índice de inflación y alcanzaron una recomposición que vuelve a ubicar a la actividad entre las mejores remuneradas del país.
El entendimiento, suscripto con la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), la Cámara de la Industria de Aceites Vegetales y Aditivos (CIAVEC) y la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), establece un nuevo piso salarial para la categoría inicial de peón de $2.578.400 desde el 1 de julio, mientras que a partir del 1 de septiembre ascenderá a $2.719.040. A ese esquema se suma una compensación retroactiva correspondiente a mayo y junio, que será liquidada junto con los haberes del sexto mes del año.
La magnitud del resultado trasciende las cifras. En un contexto donde el Gobierno nacional procura contener las negociaciones colectivas dentro de parámetros compatibles con su política de desaceleración inflacionaria, la paritaria aceitera terminó consolidándose como uno de los pocos acuerdos capaces de perforar ese límite y modificar sustancialmente el ingreso real de los trabajadores del sector.
Una pulseada que mantuvo en vilo al principal complejo exportador
La negociación fue llevada a una escalada progresiva de confrontación al límite. La huelga nacional iniciada el 27 de mayo, la conciliación obligatoria, las prórrogas dispuestas por la Secretaría de Trabajo y las audiencias sin avances concretos mantuvieron bajo presión al principal complejo agroindustrial generador de divisas de la Argentina.
La disputa se concentró en dos modelos antagónicos para determinar los incrementos salariales. Las cámaras empresarias procuraban atar las actualizaciones al Índice de Precios al Consumidor (IPC), siguiendo la lógica de las previsiones oficiales y del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central. Los sindicatos, en cambio, rechazaron esa metodología al sostener que consolidaba la pérdida del poder adquisitivo y defendieron un esquema basado en el costo efectivo que demanda sostener un hogar trabajador.
Ese desacuerdo mantuvo paralizada la negociación durante semanas. Incluso cuando vencía la conciliación obligatoria, la posibilidad de una nueva paralización total de las terminales portuarias aparecía como un escenario prácticamente inevitable.
La audiencia decisiva comenzó el jueves por la mañana y se extendió durante doce horas consecutivas. Recién cerca de las dos de la madrugada del viernes, sin consenso definitivo, las autoridades laborales dispusieron un cuarto intermedio hasta este lunes para evitar una inmediata reanudación de la huelga.
Durante ese lapso, los gremios suspendieron las medidas de fuerza como gesto hacia la continuidad del diálogo, aunque dejaron en claro que regresarían con mandato de asamblea para retomar el plan de lucha si las empresas insistían en mantener la pauta inflacionaria como único criterio de actualización.
El salario como eje del debate sindical
Lejos de presentar el acuerdo exclusivamente como un incremento económico, las organizaciones sindicales buscaron darle una dimensión institucional y constitucional al resultado alcanzado.
En el documento difundido tras la firma del convenio, sostuvieron que toda la negociación estuvo respaldada por el principio del Salario Mínimo, Vital y Móvil previsto en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Bajo ese criterio, remarcaron que la remuneración debe garantizar el acceso efectivo a alimentación adecuada, vivienda, educación, salud, transporte, vestimenta, recreación, vacaciones y previsión social, rechazando la idea de que el salario quede subordinado exclusivamente a variables macroeconómicas o financieras.
La reforma laboral volvió a ocupar el centro de la escena
El comunicado conjunto también inscribió la negociación dentro del clima político que atraviesa el movimiento obrero.
Los sindicatos advirtieron que el acuerdo fue alcanzado en medio de un proceso de confrontación con el Gobierno nacional y cuestionaron las modificaciones laborales impulsadas por la administración de Javier Milei, al considerar que representan un retroceso sobre derechos históricos y restringen el ejercicio constitucional de la huelga.
Asimismo, denunciaron la existencia de campañas destinadas a desacreditar las demandas sindicales y defendieron la legitimidad del conflicto que precedió al acuerdo.
Para la conducción aceitera, la contundencia de la huelga nacional realizada el 27 de mayo constituyó el elemento determinante que modificó la relación de fuerzas durante la negociación y terminó abriendo el camino hacia un entendimiento más favorable para los trabajadores.
La experiencia deja además una señal de alcance nacional. Mientras buena parte de las negociaciones colectivas continúan condicionadas por la estrategia oficial de moderación salarial, el convenio alcanzado por los aceiteros vuelve a colocar sobre la mesa una discusión de fondo: hasta dónde pueden las paritarias preservar el poder adquisitivo frente a la inflación y cuál será el margen de acción del sindicalismo en un cuadro marcado por la ofensiva gubernamental sobre las relaciones laborales. Más allá de los porcentajes pactados, la pulseada del complejo agroexportador se convirtió en uno de los precedentes sindicales más relevantes del año.
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Siete de cada diez argentinos consideran mala la economía del país
El relevamiento de septiembre de Latam Pulse, elaborado por AtlasIntel y Bloomberg sobre 2.067 personas, registró una evaluación negativa de la economía nacional para el 71% de los consultados y del mercado laboral para el 75%. Además, el 55% espera que la economía empeore y el 58,5% prevé reducir sus compras de bienes duraderos.
El deterioro percibido también alcanza a las finanzas familiares: seis de cada diez consultados calificaron como mala la economía de sus hogares. Apenas el 20% la consideró buena, mientras que otro 20% la definió como normal. En la evaluación de la economía nacional, el 21% expresó una opinión favorable y el 9% la calificó como normal.
Las expectativas para los próximos seis meses tampoco anticipan una mejora generalizada. El 55% cree que la economía argentina empeorará, frente al 31% que espera una recuperación y el 14% que no prevé cambios. Respecto del empleo, el 57% pronostica un deterioro, mientras que el 31% espera una mejora y el 12% considera que permanecerá sin variaciones.
La perspectiva sobre los ingresos familiares es algo menos negativa, aunque predomina la cautela: el 48% espera que la economía de su hogar empeore, el 32% confía en una mejora y el 20% no anticipa modificaciones.Menos compras y mayor preocupación por los precios
La incertidumbre también se traduce en decisiones concretas de consumo. El 58,5% de los encuestados prevé reducir las compras de bienes duraderos, como electrodomésticos y otros productos de mayor valor, mientras que el 27,3% mantendría su nivel de adquisiciones y apenas el 14,2% planea aumentarlo.
La proporción de quienes anticipan un recorte en esas compras creció 11,3 puntos porcentuales frente a agosto. El dato refleja una mayor disposición a postergar gastos que no se consideran inmediatos, una conducta que puede repercutir sobre las ventas comerciales y la producción vinculada al mercado interno.
En materia de precios, el indicador de percepción de la inflación actual pasó de 27,9 puntos en agosto a 30,6 en septiembre. Las expectativas inflacionarias para el semestre siguiente también subieron, de 8,8 a 9,1 puntos.
Corrupción y desempleo, al frente de las preocupaciones
La encuesta también identificó los principales problemas que preocupan a la población. La corrupción encabezó las respuestas, con el 50,3%, seguida por el desempleo, con el 44%. La impunidad y el sistema judicial reunieron el 34,6%; la economía, el 32,2%; y los altos precios y la inflación, el 27,8%.
El debilitamiento de la democracia y las instituciones, junto con la educación, obtuvo el 20,2% en cada caso, mientras que la inseguridad alcanzó el 18,9%.
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Naturgy deberá presentar cronogramas para completar las obras eléctricas pendientes
El organismo regulador intimó a Naturgy San Juan a presentar cronogramas ejecutivos y completar las interconexiones pendientes antes del período de mayor consumo. Una auditoría de septiembre verificó un avance del 83% sobre los $28.011 millones presupuestados para la primera etapa de inversiones.
El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) solicitó a Naturgy San Juan a acelerar las obras que acumulan demoras y precisar los plazos para completar las instalaciones necesarias antes del verano. La exigencia apunta a que los transformadores y otros equipos incorporados a la red puedan entrar en servicio sin que las tareas pendientes posterguen el refuerzo del suministro durante los meses de mayor demanda.
Además el organísmo estatal, anticipó que mantendrá auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los plazos y comprobar que las inversiones se traduzcan en mejoras efectivas de la capacidad y confiabilidad del sistema eléctrico provincial.
Una inversión de $28.011 millones
La auditoría correspondiente a septiembre de 2026 constató un avance equivalente al 83% del monto presupuestado para la primera fase del programa de inversiones 2026-2031, que contempla $28.011.221.140 financiados mediante créditos nacionales y fondos provinciales.
Entre las intervenciones relevadas figura el Campo de Transformación N.º 2 de la estación Albardón-Chimbas, cuyo nuevo transformador permanece en fabricación. También se verificaron avances en las estaciones San Juan Sur e Ischigualasto.
En materia de infraestructura edilicia, las obras de Sargento Cabral, en Rivadavia; Pistacho, en 25 de Mayo; Cerrillo, en Sarmiento; Casa de Gobierno; y Caleras/Termas, en Albardón, se encuentran terminadas o próximas a concluir. El montaje de celdas eléctricas de 33 kV y 13,2 kV alcanzó el 98% en Sargento Cabral y el 100% en la estación Olivos.
La distribuidora también avanzó en la adquisición de equipamiento y en la provisión de transformadores destinados a distintas localidades de San Juan.
Más capacidad y conectividad para la red
El programa comprende, además, la normalización de la estación transformadora Huaco, la construcción de un alimentador de 33 kV entre CAVIC y Pueyrredón y la instalación de antenas satelitales de órbita baja para mejorar la conectividad de instalaciones ubicadas en áreas alejadas.
La intimación del EPRE obliga a priorizar los plazos regulatorios. Con obras pendientes, el desafío es poner en funcionamiento las nuevas instalaciones antes del verano para soportar el aumento del consumo eléctrico.
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Las empresas proyectan aumentos salariales del 22% para 2027
Las empresas argentinas presupuestan aumentos salariales del 22,8% para 2027, con una previsión de inflación del 22,4%, según una encuesta de la consultora WTW. El relevamiento, presentado durante su Seminario Anual sobre Compensaciones y Beneficios, muestra que las compañías comenzaron a definir sus pautas de actualización para el personal fuera de convenio, con incrementos que, en esta primera etapa, se mantienen prácticamente alineados con los precios esperados. El 76% prevé distribuir los aumentos en dos o tres instancias, mientras que la mayoría no planea modificar los presupuestos de 2026.
El 56% de las empresas ya trabaja en el presupuesto salarial para el próximo año, mientras que el 44% todavía no inició esa tarea. Entre las compañías que avanzaron con las estimaciones, tanto la inflación proyectada como los ajustes salariales tienen una mediana del 22%, aunque los promedios se ubican en 22,4% y 22,8%, respectivamente.
Dos o tres aumentos concentrarían la mayoría de los ajustes
La modalidad de actualización también comienza a definirse. El 76% de las compañías prevé aplicar dos o tres incrementos durante 2027: el 38% contempla dos revisiones y otro 38%, tres.
Para el primer trimestre, la mediana del aumento acumulado previsto es del 10%, mientras que para el primer semestre alcanza el 10,1%. La referencia anual se mantiene en el 22%, aunque los porcentajes finales dependerán de la evolución económica y de las decisiones que adopte cada empleador.
Las previsiones presentan diferencias según la rama de actividad. Los servicios profesionales encabezan las estimaciones, con una mediana del 24%. Consumo, química, plásticos y pintura, y alta tecnología proyectan subas del 23%. En el extremo inferior, energía prevé un 20% y bancos y entidades financieras, un 21%.
Cautela para el cierre de 2026
Las decisiones pendientes sobre los salarios de este año reflejan una conducta más conservadora. El 58% de las empresas no prevé modificar el presupuesto salarial de 2026, mientras que el 34% todavía evalúa posibles cambios y apenas el 8% anticipa una revisión.
También permanece abierta la posibilidad de aplicar un ajuste compensatorio —conocido como catch up— al comienzo de 2027 para recuperar diferencias frente a la inflación. El 49% de las compañías descarta esa alternativa, el 39% la mantiene bajo análisis y el 12% confirmó que la implementará. Entre estas últimas, la mediana del incremento adicional previsto es del 5%.
Las cifras de WTW corresponden a proyecciones empresariales y no constituyen aumentos acordados ni garantizados para el conjunto de los trabajadores. Su evolución estará condicionada por la inflación efectiva, el desempeño de cada compañía y las decisiones que se adopten durante las negociaciones salariales.
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