La Justicia frenó un artículo de la reforma laboral al considerar que perjudica a quienes recurren a la Justicia
La Justicia laboral de Tucumán dictó la primera sentencia que declara inconstitucional una de las disposiciones medulares de la Ley N.º 27.802. El fallo invalidó el artículo 55, que modificó el sistema de actualización de los créditos laborales judicializados, al considerar que genera un trato desigual entre trabajadores y provoca una pérdida sustancial del valor de las indemnizaciones. La resolución introduce un precedente con proyección nacional y anticipa una nueva disputa judicial sobre uno de los pilares de la reforma impulsada por el Gobierno.
La reforma laboral comenzó a atravesar su primer examen de constitucionalidad en los tribunales. En una decisión que podría extender sus efectos mucho más allá del caso analizado, el Juzgado del Trabajo de Tucumán declaró inaplicable el artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral N.º 27.802 al entender que vulnera garantías constitucionales al imponer un mecanismo de actualización que deteriora el crédito de los trabajadores que debieron acudir a la Justicia para reclamar derechos incumplidos.
La sentencia, firmada por el juez Carlos Frascarolo, constituye el primer pronunciamiento de estas características en la provincia y se incorpora a una corriente de decisiones que comienza a emerger en distintos tribunales del país respecto de algunos aspectos de la reforma laboral. El eje del cuestionamiento no se concentra únicamente en la metodología de actualización monetaria, sino en el tratamiento diferencial que la norma dispensa a quienes judicializaron sus reclamos frente a empleadores que incumplieron sus obligaciones.
Un litigio individual que derivó en un debate constitucional
El expediente tuvo origen en la demanda presentada por un embalador de citrus que trabajó durante más de dos décadas bajo la modalidad de empleo temporario en establecimientos ubicados en García Fernández y Lules. En noviembre de 2023, mientras atravesaba el receso propio de la actividad citrícola, recibió un preaviso de despido que puso fin a una relación laboral superior a los veinte años.
La empresa abonó inicialmente $962.000 en concepto de liquidación final. El trabajador aceptó ese pago ante la necesidad inmediata de ingresos, aunque posteriormente promovió una demanda al sostener que existían importantes diferencias salariales e indemnizatorias derivadas de una incorrecta registración laboral.
Durante la tramitación del juicio, la producción de prueba modificó sustancialmente el panorama del expediente. Declaraciones testimoniales y pericias contables respaldaron la antigüedad invocada por el demandante, mientras que la negativa empresaria a exhibir registros digitales y planillas de asistencia terminó operando en su contra. El fallo también concluyó que el operario percibía remuneraciones inferiores a las previstas por la normativa aplicable para la actividad.
El artículo 55, bajo la lupa
La controversia adquirió una dimensión institucional con la entrada en vigencia de la Ley N.º 27.802, promulgada el 6 de marzo de 2026, que reformuló distintos aspectos del régimen laboral argentino.
Entre sus modificaciones, el artículo 55 estableció que los créditos laborales sometidos a proceso judicial debían actualizarse mediante la aplicación de la tasa pasiva del Banco Central. Según el magistrado, ese mecanismo produce un deterioro significativo del valor real de las acreencias en un escenario de inflación persistente y termina afectando exclusivamente a quienes se vieron obligados a litigar para obtener el reconocimiento de sus derechos.
En su resolución, Frascarolo sostuvo que la disposición introduce una diferenciación incompatible con el principio de igualdad previsto en el artículo 16 de la Constitución Nacional, ya que trabajadores que poseen créditos de idéntica naturaleza reciben un tratamiento diferente únicamente por haber recurrido a la vía judicial.
El juez también consideró que el esquema cuestionado restringe indirectamente el acceso a la jurisdicción, al imponer una consecuencia económica desfavorable para quien decide reclamar judicialmente frente al incumplimiento patronal.
Una pérdida superior al 25% sobre créditos alimentarios
Uno de los aspectos de mayor peso argumental de la sentencia fue la cuantificación del perjuicio que generaba la aplicación del artículo impugnado. De acuerdo con los cálculos incorporados al expediente, la utilización de la tasa prevista por la reforma hubiera reducido más del 25% el monto que finalmente correspondía percibir al trabajador.
Para el magistrado, semejante disminución resulta incompatible con la tutela reforzada que la Constitución Nacional otorga a los créditos laborales mediante el artículo 14 bis, por tratarse de acreencias de naturaleza alimentaria.
En esa línea, rechazó trasladar al derecho del trabajo doctrinas elaboradas para contextos de emergencia económica, como la denominada teoría del «esfuerzo compartido», al entender que los principios protectores que rigen la relación laboral impiden trasladar al trabajador el costo financiero derivado de la prolongación del proceso judicial.
IPC más interés puro
Luego de declarar la inconstitucionalidad del artículo 55, el tribunal dispuso que la deuda sea actualizada mediante la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), complementada con un interés puro anual del 3%, criterio que, según la sentencia, preserva el valor real del crédito sin producir enriquecimientos indebidos.
Con esa metodología, la empresa fue condenada a abonar $13.640.254,69, suma integrada por capital e intereses.
Un precedente que puede extenderse a miles de expedientes
Más allá de la reparación económica reconocida en este caso, el alcance institucional del pronunciamiento trasciende ampliamente el conflicto individual.
La resolución abre una discusión de fondo sobre la constitucionalidad del sistema de actualización incorporado por la reforma laboral y podría convertirse en un argumento relevante para miles de procesos que actualmente tramitan en los tribunales laborales del país.
El fallo también acompaña un debate que comienza a instalarse en distintas jurisdicciones, entre ellas Santa Fe, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde ya surgieron objeciones judiciales respecto de diversos aspectos de la Ley N.º 27.802.
Mientras la validez del nuevo régimen probablemente continúe recorriendo las instancias superiores del Poder Judicial, la decisión adoptada en Tucumán marca el primer límite concreto a uno de los componentes más sensibles de la reforma laboral y reinstala una discusión de fuerte trascendencia jurídica, sindical y económica: hasta dónde puede el legislador modificar el mecanismo de actualización de los créditos laborales sin comprometer la protección constitucional que ampara los derechos de los trabajadores.
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El FreSU reclamó un salario mínimo de $3,25 millones y convocó a profundizar la unidad sindical
El planteo fue presentado durante el 75° Congreso Nacional Ordinario Aceitero y Desmotador, realizado en Rosario. El frente sindical sostiene que ese monto permitiría cubrir las nueve necesidades vitales previstas en la legislación argentina y denunció una pérdida de poder adquisitivo superior a los $78,5 billones desde la asunción de Javier Milei.
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) reclamó que el Salario Mínimo, Vital y Móvil alcance los $3.251.462, una cifra que, según el cálculo de las organizaciones que integran el espacio, permitiría cubrir las necesidades esenciales de un trabajador y su familia. La propuesta fue presentada durante el cierre del 75° Congreso Nacional Ordinario Aceitero y Desmotador, realizado en Rosario, donde distintos referentes gremiales también plantearon la necesidad de coordinar un plan de lucha nacional frente a las políticas económicas del Gobierno.
El monto corresponde a una estimación para octubre y supera ampliamente el salario mínimo vigente. Su fundamento se encuentra en las nueve necesidades contempladas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo: alimentación, vivienda, educación, vestimenta, salud, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión social.
El cálculo contempla partidas de $691.291 para alimentación, $661.124 para vivienda y $397.377 para salud. También incorpora $295.463 destinados a educación y cultura, $697.646 para transporte, vacaciones y esparcimiento, $150.900 para vestimenta y $357.661 para previsión social. Para el FreSU, la distancia entre esta estimación y el ingreso mínimo actual refleja la magnitud del deterioro de las condiciones económicas de los trabajadores.
Un frente sindical que busca ampliar su capacidad de acción
Durante el encuentro, el secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora, Daniel Yofra, convocó a construir un paro nacional y sostuvo que la respuesta al rumbo económico requiere mayor organización del movimiento obrero. Además, manifestó la disposición del FreSU a incorporar nuevas organizaciones y ampliar su representación.
En la misma dirección, Pablo Biró, titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), defendió la coordinación entre distintos sectores de la actividad económica y los servicios públicos. Planteó la posibilidad de articular medidas que involucren puertos, universidades, hospitales, rutas y aeropuertos, y reclamó que cualquier proyecto político futuro presente definiciones concretas sobre el rumbo económico y la recuperación de los derechos laborales.
Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó el impacto del ajuste sobre los ingresos y sostuvo que la recuperación salarial y previsional debe ocupar un lugar central en la agenda sindical. También reivindicó la conformación del frente como una herramienta para coordinar reclamos y acciones entre organizaciones de distintas centrales obreras.
La presidenta de FESPROSA, María Fernanda Boriotti, llamó a profundizar la movilización y avanzar en una propuesta política y social con horizonte en 2027. A su vez, representantes de CONADU, UTA y el gremio de Molineros coincidieron en la necesidad de elaborar un programa común y definir medidas para defender las condiciones laborales.
Las cifras de la pérdida salarial
El FreSU también difundió estimaciones sobre el retroceso de los ingresos desde noviembre de 2023. Según sus cálculos, la pérdida acumulada de los trabajadores asalariados supera los $78,5 billones. El relevamiento distingue una caída real del 21% en los salarios estatales y del 7% en los ingresos del sector privado.
En términos individuales, las organizaciones estimaron que cada trabajador privado perdió, en promedio, $3.342.251, mientras que el deterioro para cada empleado estatal alcanzó los $17.454.606 durante el período considerado.
El planteo salarial retoma los lineamientos del programa «Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria», aprobado el 1° de mayo durante el primer plenario de delegados del frente. La iniciativa busca establecer una agenda compartida entre gremios industriales, estatales, docentes, aeronáuticos, sanitarios y de otros sectores.
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Primer empleo: el 92,5% de los jóvenes busca trabajo, pero solo el 43,3% está ocupado
Un relevamiento de Junior Achievement y ManpowerGroup expuso las dificultades de inserción laboral de las nuevas generaciones en Argentina. La falta de experiencia previa aparece como una de las principales barreras, mientras que los jóvenes reclaman mejores salarios, posibilidades de crecimiento y oportunidades de capacitación.
El acceso al mercado laboral se convirtió en uno de los principales desafíos para los jóvenes argentinos. Aunque la voluntad de incorporarse al mundo del trabajo es ampliamente mayoritaria, las posibilidades concretas de conseguir un puesto siguen siendo limitadas: el 92,5% busca empleo activamente, pero apenas el 43,3% logró insertarse laboralmente, según un estudio de Junior Achievement y ManpowerGroup.
Los resultados exponen una brecha significativa entre las expectativas de quienes intentan iniciar o consolidar una trayectoria profesional y las oportunidades que ofrece el mercado. La dificultad para acceder al primer empleo aparece como uno de los factores centrales, especialmente por la exigencia de antecedentes laborales en los procesos de selección. Para quienes todavía no pudieron incorporarse a una empresa, acreditar experiencia se convierte en una condición difícil de cumplir y, en muchos casos, en un obstáculo que prolonga la búsqueda.
El diagnóstico también permite identificar qué esperan las nuevas generaciones de un puesto de trabajo. El crecimiento profesional encabeza las prioridades, señalado por el 62,6% de los consultados, mientras que el 50,6% considera fundamental alcanzar una remuneración adecuada. La capacitación ocupa un lugar relevante para el 35,4%, en tanto que el 33,7% prioriza contar con condiciones laborales flexibles.
Las respuestas muestran que la demanda juvenil no se limita a conseguir una ocupación. También existe una expectativa de desarrollo, aprendizaje y mejores perspectivas económicas, aspectos que influyen cada vez más en la elección de una oportunidad laboral.
Formación y tecnología, dos herramientas para competir
Frente a las dificultades de contratación, una parte importante de los jóvenes busca fortalecer sus credenciales. El 48,1% afirmó que cursa estudios adicionales o dispone de certificaciones complementarias, una señal de la importancia que adquiere la formación continua para mejorar las posibilidades de inserción.
A ese proceso se suma la incorporación de herramientas digitales. El 91,7% manifestó utilizar inteligencia artificial, un dato que refleja la rápida adopción de estas tecnologías entre quienes buscan empleo y se preparan para responder a las nuevas demandas profesionales.
También cambian los canales de búsqueda. LinkedIn es utilizado por el 75% de los encuestados, seguido por las redes sociales, con el 56,8%, y los portales especializados, con el 50,3%. Sin embargo, la multiplicación de plataformas no garantiza que las postulaciones se conviertan en oportunidades concretas ni resuelve las dificultades que aparecen durante la selección.
La distancia entre las competencias que buscan las empresas y las posibilidades de quienes intentan ingresar al mercado plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de transición entre educación y empleo. Las prácticas formativas, los programas de primer trabajo, la capacitación vinculada con perfiles demandados y una revisión de los requisitos de experiencia podrían contribuir a reducir esa brecha.
El relevamiento deja planteado un desafío que involucra tanto al ámbito privado como a las políticas públicas: transformar la disposición de los jóvenes a trabajar y capacitarse en oportunidades reales de contratación. Sin vías efectivas de acceso al primer empleo, una generación que busca desarrollarse profesionalmente corre el riesgo de quedar relegada antes incluso de comenzar su trayectoria laboral.
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La CGT reclamó al Gobierno una nueva prórroga de la jubilación anticipada por desempleo
La Confederación General del Trabajo (CGT) respaldó el reclamo de los trabajadores desocupados mayores de 30 años de aportes y pidió formalmente al Gobierno nacional una nueva prórroga de la Prestación Anticipada por Desempleo, un régimen que permitía acceder a una jubilación antes de la edad ordinaria a quienes habían perdido su empleo pese a cumplir con los requisitos contributivos.
El planteo fue elevado al secretario de Trabajo, Julio Cordero, mediante una presentación firmada por los tres integrantes del triunvirato de conducción sindical: Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello. La central acompañó así la iniciativa del Movimiento de Trabajadores Desocupados con Más de 30 Años de Aportes (MTD+30AA), que busca recuperar una herramienta previsional vencida en septiembre de 2025.
El reclamo tuvo su origen en una reunión realizada el 6 de octubre, cuando Sola recibió a representantes del movimiento para analizar la situación de quienes, después de décadas de actividad y aportes, quedan fuera del mercado laboral sin haber alcanzado la edad necesaria para acceder a la jubilación ordinaria.
La prestación fue creada mediante el Decreto 674/2021 y extendida posteriormente por el Decreto 558/2023. Permitía anticipar hasta cinco años el acceso al beneficio jubilatorio: a partir de los 55 años para las mujeres y de los 60 para los hombres, siempre que acreditaran 30 años de aportes y se encontraran desocupados. No se trataba de una moratoria, sino de un mecanismo dirigido a trabajadores que ya habían cumplido con los requisitos contributivos.
En su presentación, la CGT advirtió sobre la vulnerabilidad de este grupo, que enfrenta obstáculos crecientes para conseguir un nuevo empleo debido a su edad y, al mismo tiempo, todavía no reúne las condiciones para jubilarse por el régimen ordinario. Desde el movimiento describen esa realidad como la de los nuevos «NI-NI»: personas que no son consideradas suficientemente jóvenes para reinsertarse laboralmente ni tienen la edad requerida para acceder a una jubilación.
La central obrera calificó la prestación como una herramienta transitoria, pero necesaria, para evitar que quienes acumularon más de tres décadas de aportes queden sin ingresos al perder su fuente de trabajo. Por eso, reclamó una nueva disposición del Poder Ejecutivo que permita recuperar el régimen y atender las necesidades de este universo de trabajadores.
El pedido también vuelve a poner en discusión otras demandas del movimiento, entre ellas la posibilidad de acceder a la cobertura del PAMI y establecer un mecanismo de devolución de los fondos percibidos anticipadamente. Según lo informado por la organización, esas propuestas tampoco obtuvieron hasta ahora una respuesta oficial.
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