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El máximo tribunal rechazó el recurso del Poder Ejecutivo y mantuvo vigente la cautelar que exige aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución fortalece la posición de docentes, no docentes y estudiantes, mientras profundiza el revés judicial sobre la estrategia oficial para frenar la norma aprobada por el Congreso.

La controversia entre el Estado y las casas de estudio sumó un nuevo capítulo con alto voltaje institucional. La Corte Suprema de Justicia dejó firme la medida cautelar que obliga al Estado a ejecutar de manera inmediata los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, una decisión que ratifica la obligación de actualizar las remuneraciones de docentes y trabajadores no docentes, además de recomponer las becas destinadas a estudiantes de todo el país.

El pronunciamiento representa un nuevo revés para la estrategia judicial del Poder Ejecutivo frente a una norma que el Congreso sancionó con una mayoría agravada tras revertir el veto presidencial. Al desestimar el recurso extraordinario presentado por la administración nacional, el máximo tribunal entendió que la resolución cuestionada carecía del carácter de sentencia definitiva requerido para habilitar su revisión, por lo que la cautelar continúa plenamente vigente mientras avanza el debate sobre el fondo del expediente.

La polémica abarca aspectos que van más allá de lo económico. El caso pone a prueba el margen de maniobra del Ejecutivo frente a una ley ratificada por el Parlamento y consolida, al menos de manera provisoria, la posición de las universidades nacionales que reclamaban el cumplimiento efectivo de una norma cuya aplicación había quedado condicionada por el decreto 759/2025.

La demanda fue promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto con distintas casas de altos estudios, luego de que el Gobierno supeditara la ejecución de la ley a la identificación de nuevas fuentes de financiamiento. Tanto el juzgado de primera instancia como la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal coincidieron en que existían fundamentos suficientes para ordenar su cumplimiento inmediato, criterio que ahora quedó respaldado por la Corte Suprema.

En sus resoluciones previas, la Cámara había advertido que la falta de actualización salarial podía comprometer el funcionamiento del sistema universitario y afectar el ejercicio efectivo del derecho a enseñar y aprender. Los magistrados también señalaron que el ahorro fiscal derivado de incumplir la ley resultaba marginal frente al presupuesto nacional, argumento que debilitó la justificación económica presentada por el Ejecutivo.

Respaldo institucional al reclamo gremial

La decisión fue recibida como un espaldarazo por las organizaciones sindicales del sector universitario, que desde hace meses sostienen que la pérdida del poder adquisitivo deterioró gravemente las condiciones laborales y académicas.

La secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, sostuvo que «al Gobierno nacional ya no le quedan excusas» para incumplir la legislación vigente y remarcó que la resolución judicial constituye también el resultado de la movilización sostenida por docentes, trabajadores no docentes y estudiantes en defensa de la universidad pública.

La dirigente afirmó además que el conflicto permanecerá abierto hasta que el Ejecutivo materialice plenamente las obligaciones establecidas por la ley, al considerar que el pronunciamiento del máximo tribunal consolida jurídicamente un reclamo que ya contaba con amplio respaldo político y social.

Una resolución que reconfigura la negociación

El fallo llega en un momento de relativa distensión luego del entendimiento alcanzado entre el Gobierno, el Consejo Interuniversitario Nacional y las federaciones sindicales, acuerdo que contempla una recomposición de la masa salarial del 24,33%, un incremento del 20% para gastos de funcionamiento de las universidades, mayores partidas para hospitales universitarios y una suba del 50% en las Becas Manuel Belgrano.

Ese consenso reduce parcialmente el efecto económico inmediato de la cautelar, aunque no modifica el significado político de la decisión judicial. La Corte reafirma que una ley sancionada y ratificada por el Congreso conserva plena eficacia mientras no sea declarada inconstitucional, limitando así el margen del Ejecutivo para diferir su aplicación mediante decisiones administrativas.

La cautelar no comprende la totalidad de la Ley de Financiamiento Universitario, ya que quedaron fuera de esta instancia aspectos vinculados con la recomposición integral del presupuesto universitario correspondiente a los ejercicios 2024 y 2025. No obstante, el pronunciamiento fortalece la posición procesal de las universidades y de las organizaciones gremiales de cara a la resolución definitiva del litigio.

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Elecciones 2027: 11 provincias ya anticiparon el desdoblamiento, mientras que San Juan aún no comunicó una decisión definitiva

La organización electoral de 2027 comienza a delinear un calendario que podría extenderse durante buena parte del año. Al menos 11 provincias anunciaron que separarán sus comicios locales de las elecciones presidenciales previstas para el 24 de octubre, aunque por ahora solo Neuquén y Tucumán formalizaron sus convocatorias mediante decretos. La definición de los demás distritos dependerá de decisiones políticas y administrativas que todavía están pendientes.

Neuquén será el primer distrito en votar: el gobernador Rolando Figueroa estableció el 14 de febrero como fecha para elegir autoridades provinciales y municipales. Tucumán concurrirá a las urnas el 9 de mayo, mientras Santa Fe anunció primarias para el 18 de abril y elecciones generales para el 13 de junio. En Salta, el gobierno provincial proyecta los comicios para el 16 de mayo, aunque la convocatoria aún debe formalizarse.

También confirmaron su intención de desdoblar Chubut, Río Negro, Chaco, Mendoza, Corrientes, Jujuy y Tierra del Fuego. En varios de esos distritos todavía no se estableció una fecha. Corrientes, que renovó la gobernación en 2025, elegirá cargos legislativos y locales, mientras que Tierra del Fuego tiene disposiciones electorales propias que determinan la separación respecto de los comicios nacionales.

En sentido contrario, Catamarca confirmó que votará el 24 de octubre, en simultáneo con la elección presidencial. La Rioja todavía no definió su modalidad. Santiago del Estero, por su parte, no tendrá elecciones provinciales durante 2027, ya que renovó la gobernación y la Legislatura en 2025.

Actualmente, San Juan se encuentra entre las jurisdicciones que todavía no oficializaron una resolución. Dicha falta de definición comprende también a Córdoba, Misiones, Entre Ríos, San Luis, La Pampa, Formosa y Santa Cruz, entre otros distritos

Las mayores incógnitas se concentran en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Axel Kicillof y Jorge Macri aún no comunicaron si convocarán a elecciones separadas o si unificarán sus calendarios con el nacional. La definición bonaerense también estará atravesada por el futuro de las PASO, cuya eliminación o suspensión forma parte de la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional.

Con las primeras fechas ya establecidas y numerosas convocatorias todavía pendientes, la disputa electoral comenzará a desarrollarse en distintos momentos del año. La modalidad que adopte cada provincia no solo determinará cuándo votarán sus ciudadanos: también condicionará los tiempos de armado de candidaturas, las alianzas partidarias y la articulación de las campañas locales con la competencia presidencial.

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La paritaria docente volvió a trabarse y el aumento salarial quedó pendiente hasta diciembre

La negociación salarial docente de San Juan volvió a quedar sin acuerdo. Los representantes de UDAP, UDA y AMET rechazaron el ofrecimiento del Gobierno provincial durante la tercera sesión de la Comisión Paritaria Negociadora y presentaron una contrapropuesta que amplía los reclamos hasta enero de 2027. La falta de coincidencias obligó a postergar la resolución salarial y fijar una nueva reunión para el 10 de diciembre.

El encuentro se desarrolló en el Centro Cívico con la participación de la ministra de Educación, Silvia Fuentes; el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem. Por la representación sindical asistieron Patricia Quiroga, por UDAP; Karina Navarro, por UDA, y Adrián Ruiz, por AMET.

Los sindicttos plantearon que el valor índice de los salarios se actualice de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior para noviembre, diciembre y enero. A ese mecanismo sumaron tres demandas concretas para el primer mes de 2027: seis puntos adicionales en todos los cargos del nomenclador docente, diez puntos más en el ítem E60 y una mejora en el concepto de conectividad.

La respuesta oficial no modificó el ofrecimiento vigente. El Ejecutivo argumentó que la inflación de octubre, que alcanzó el 2,2%, y la proximidad de los plazos administrativos para liquidar los haberes de noviembre y diciembre impedían formular una nueva propuesta. En consecuencia, ratificó el incremento del valor índice para noviembre según el IPC del mes anterior, publicado por el INDEC.

La decisión dejó sin respuesta los reclamos gremiales para los meses siguientes y mantuvo abierta la discusión sobre los adicionales. Frente a la distancia entre ambas posiciones, la parte empleadora propuso pasar a un cuarto intermedio, aceptado por los representantes sindicales.

La próxima audiencia quedó establecida para el 10 de diciembre a las 14 horas, cuando las partes deberán retomar la discusión sobre los salarios de diciembre y enero. Hasta entonces, la negociación permanecerá sin un acuerdo que defina la pauta de actualización para el cierre del año y el comienzo de 2027.

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YPF aumentó los combustibles en San Juan: llenar un tanque de Súper cuesta $111.950

La petrolera aplicó una suba de entre el 1% y el 1,5% en sus estaciones de servicio. La nafta Súper llegó a $2.239 por litro, mientras que la Infinia alcanzó los $2.445. El incremento también impactó en los precios del gasoil.

Los precios de los combustibles volvieron a subir en San Juan. YPF actualizó sus valores desde el viernes 13 de noviembre, con incrementos de entre el 1% y el 1,5% que modificaron el costo de cargar nafta y gasoil. Con la nueva tarifa, completar un tanque de 50 litros de nafta Súper demanda $111.950, unos $1.200 más que antes de la actualización.

La suba más visible se registró en la variedad Súper, que pasó de $2.215 a $2.239 por litro. La diferencia representa una suba de $24 por litro, equivalente al 1,08%. En tanto, la nafta Infinia quedó en $2.445, mientras que el Diesel 500 se comercializa a $2.425 y la Infinia Diesel llegó a $2.615.

El impacto se refleja también en el gasto que deben afrontar los conductores según la capacidad del tanque y el combustible elegido. Una carga de 40 litros de nafta Súper cuesta ahora $89.560, mientras que completar 50 litros requiere $111.950. Para quienes utilizan Infinia, los importes ascienden a $97.800 y $122.250, respectivamente.

En el caso del gasoil, llenar un tanque de 50 litros representa un desembolso de $121.250 con Diesel 500 y de $130.750 con Infinia Diesel.

La actualización se produce en un mercado en el que los valores pueden presentar diferencias entre estaciones de servicio. YPF aplica un sistema de precios dinámicos o micropricing, que contempla variables como la demanda, la ubicación, la competencia y las franjas horarias. A estos factores se suman los costos vinculados con el petróleo, el tipo de cambio y la carga impositiva.

Más allá de las variaciones que puedan registrarse en cada establecimiento, el nuevo ajuste vuelve a elevar el gasto de los usuarios que dependen del vehículo para trabajar o trasladarse diariamente. También incorpora mayores costos para las actividades vinculadas con el transporte y la distribución, en una cadena donde el combustible constituye un componente relevante de los gastos operativos.

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