CONÉCTATE CON NOSOTROS

Con 130 votos afirmativos, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen para proyectos tecnológicos y digitales de gran escala. La iniciativa reduce la carga tributaria, garantiza estabilidad normativa por tres décadas —prorrogables a cuarenta años— y habilita el arbitraje internacional. Especialistas y legisladores advierten que el esquema reproduce las limitaciones del RIGI original: escasa generación de empleo, concentración económica y mayores condicionamientos para la política ambiental.

El oficialismo consiguió en la Cámara de Diputados la media sanción del denominado Súper RIGI, un régimen de promoción destinado a grandes inversiones en infraestructura tecnológica y digital que amplía los beneficios otorgados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones aprobado con la Ley Bases. El proyecto, que ahora deberá ser tratado por el Senado, establece condiciones excepcionales para emprendimientos superiores a los 1.000 millones de dólares, con un esquema de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios de largo plazo que reavivó el debate sobre el rumbo del modelo productivo argentino.

La iniciativa contempla una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35% al 15%, elimina aranceles para la importación de bienes de capital, habilita la libre disponibilidad de divisas —hasta alcanzar el 100% desde el tercer año— y garantiza estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y de seguridad social durante 30 años, con posibilidad de extender ese plazo a 40. Además, habilita que eventuales controversias sean resueltas en tribunales arbitrales internacionales, incluido el CIADI.

Durante el debate parlamentario surgieron fuertes cuestionamientos sobre el alcance del régimen. El diputado Maximiliano Ferraro sostuvo que se trata de «un régimen de excepción quizás nunca visto» y aseguró que la iniciativa parece diseñada para beneficiar a grandes conglomerados tecnológicos internacionales, en alusión al empresario Peter Thiel.

El análisis también se apoya en los resultados obtenidos por el RIGI vigente desde 2024. Lejos de impulsar una diversificación de inversiones, la mayor parte de los proyectos aprobados se concentró en minería, petróleo y gas. De los primeros siete emprendimientos autorizados, seis pertenecen a actividades extractivas, mientras que ramas con mayor capacidad de generación de empleo continúan mostrando dificultades. La industria manufacturera permanece entre 5,5% y 6% por debajo de los niveles registrados a fines de 2024 y la construcción acumula una caída superior al 24%, de acuerdo con los datos citados durante el debate.

La generación de puestos de trabajo aparece como uno de los principales focos de discusión. Los 16 proyectos aprobados hasta el momento, que representan inversiones cercanas a los 30.000 millones de dólares, proyectan alrededor de 54.500 empleos directos e indirectos, una cifra reducida frente al volumen de recursos comprometidos y muy inferior al empleo que sostiene la industria manufacturera, que reúne cerca de un millón de trabajadores registrados.

Diversos especialistas sostienen que el régimen favorece actividades intensivas en capital, con baja demanda de mano de obra y escasos encadenamientos con proveedores nacionales. Desde el centro de estudios Misión Productiva advirtieron que el nuevo esquema profundiza un modelo de economía segmentada, donde un reducido grupo de grandes inversiones opera bajo reglas fiscales excepcionales, mientras las pequeñas y medianas empresas enfrentan mayores costos y pérdida de competitividad.

Las objeciones también alcanzan el plano ambiental. Buena parte de las inversiones promovidas se desarrollan sobre áreas de alta sensibilidad ecológica, como salares, cuencas hídricas y regiones cordilleranas vinculadas a la extracción de litio, cobre y oro. Los críticos señalan que la estabilidad regulatoria garantizada durante tres décadas limita la posibilidad de introducir futuras exigencias ambientales sin afectar los derechos adquiridos por los inversores. Durante la sesión, el diputado Carlos Castagneto advirtió que el régimen consolida un esquema de explotación de recursos naturales con elevados costos ambientales y escasos beneficios distributivos.

El nuevo programa incorpora además proyectos vinculados con centros de datos, inteligencia artificial, telecomunicaciones e infraestructura digital, actividades que requieren importantes consumos de energía y agua, pero generan una demanda relativamente reducida de empleo permanente.

El tratamiento parlamentario coincidió además con la aprobación del pago de 171 millones de dólares a los fondos Attestor y Bainbridge, una decisión que volvió a instalar el debate sobre las prioridades económicas del Gobierno. El contraste también aparece en los indicadores de inversión extranjera directa, que entre enero y noviembre de 2025 registraron un saldo negativo de 1.521 millones de dólares, reflejando procesos de desinversión y salida de capitales pese a la vigencia del RIGI.

Con la media sanción obtenida en Diputados, el Súper RIGI abre una nueva etapa del debate sobre el plan de desarrollo impulsado por el Gobierno. Mientras el oficialismo sostiene que el régimen permitirá atraer inversiones de gran escala y acelerar proyectos estratégicos, sus detractores advierten que la ampliación de beneficios fiscales y regulatorios consolida un esquema con baja capacidad para generar empleo, escaso impacto sobre el entramado industrial y mayores condicionamientos para la administración futura de los recursos naturales.

destacada

Siete de cada diez argentinos consideran mala la economía del país

El relevamiento de septiembre de Latam Pulse, elaborado por AtlasIntel y Bloomberg sobre 2.067 personas, registró una evaluación negativa de la economía nacional para el 71% de los consultados y del mercado laboral para el 75%. Además, el 55% espera que la economía empeore y el 58,5% prevé reducir sus compras de bienes duraderos.

El deterioro percibido también alcanza a las finanzas familiares: seis de cada diez consultados calificaron como mala la economía de sus hogares. Apenas el 20% la consideró buena, mientras que otro 20% la definió como normal. En la evaluación de la economía nacional, el 21% expresó una opinión favorable y el 9% la calificó como normal.

Las expectativas para los próximos seis meses tampoco anticipan una mejora generalizada. El 55% cree que la economía argentina empeorará, frente al 31% que espera una recuperación y el 14% que no prevé cambios. Respecto del empleo, el 57% pronostica un deterioro, mientras que el 31% espera una mejora y el 12% considera que permanecerá sin variaciones.

La perspectiva sobre los ingresos familiares es algo menos negativa, aunque predomina la cautela: el 48% espera que la economía de su hogar empeore, el 32% confía en una mejora y el 20% no anticipa modificaciones.Menos compras y mayor preocupación por los precios
La incertidumbre también se traduce en decisiones concretas de consumo. El 58,5% de los encuestados prevé reducir las compras de bienes duraderos, como electrodomésticos y otros productos de mayor valor, mientras que el 27,3% mantendría su nivel de adquisiciones y apenas el 14,2% planea aumentarlo.

La proporción de quienes anticipan un recorte en esas compras creció 11,3 puntos porcentuales frente a agosto. El dato refleja una mayor disposición a postergar gastos que no se consideran inmediatos, una conducta que puede repercutir sobre las ventas comerciales y la producción vinculada al mercado interno.

En materia de precios, el indicador de percepción de la inflación actual pasó de 27,9 puntos en agosto a 30,6 en septiembre. Las expectativas inflacionarias para el semestre siguiente también subieron, de 8,8 a 9,1 puntos.

Corrupción y desempleo, al frente de las preocupaciones

La encuesta también identificó los principales problemas que preocupan a la población. La corrupción encabezó las respuestas, con el 50,3%, seguida por el desempleo, con el 44%. La impunidad y el sistema judicial reunieron el 34,6%; la economía, el 32,2%; y los altos precios y la inflación, el 27,8%.

El debilitamiento de la democracia y las instituciones, junto con la educación, obtuvo el 20,2% en cada caso, mientras que la inseguridad alcanzó el 18,9%.

Continúe Leyendo

destacada

Naturgy deberá presentar cronogramas para completar las obras eléctricas pendientes

El organismo regulador intimó a Naturgy San Juan a presentar cronogramas ejecutivos y completar las interconexiones pendientes antes del período de mayor consumo. Una auditoría de septiembre verificó un avance del 83% sobre los $28.011 millones presupuestados para la primera etapa de inversiones.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) solicitó a Naturgy San Juan a acelerar las obras que acumulan demoras y precisar los plazos para completar las instalaciones necesarias antes del verano. La exigencia apunta a que los transformadores y otros equipos incorporados a la red puedan entrar en servicio sin que las tareas pendientes posterguen el refuerzo del suministro durante los meses de mayor demanda.

Además el organísmo estatal, anticipó que mantendrá auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los plazos y comprobar que las inversiones se traduzcan en mejoras efectivas de la capacidad y confiabilidad del sistema eléctrico provincial.

Una inversión de $28.011 millones

La auditoría correspondiente a septiembre de 2026 constató un avance equivalente al 83% del monto presupuestado para la primera fase del programa de inversiones 2026-2031, que contempla $28.011.221.140 financiados mediante créditos nacionales y fondos provinciales.

Entre las intervenciones relevadas figura el Campo de Transformación N.º 2 de la estación Albardón-Chimbas, cuyo nuevo transformador permanece en fabricación. También se verificaron avances en las estaciones San Juan Sur e Ischigualasto.

En materia de infraestructura edilicia, las obras de Sargento Cabral, en Rivadavia; Pistacho, en 25 de Mayo; Cerrillo, en Sarmiento; Casa de Gobierno; y Caleras/Termas, en Albardón, se encuentran terminadas o próximas a concluir. El montaje de celdas eléctricas de 33 kV y 13,2 kV alcanzó el 98% en Sargento Cabral y el 100% en la estación Olivos.

La distribuidora también avanzó en la adquisición de equipamiento y en la provisión de transformadores destinados a distintas localidades de San Juan.

Más capacidad y conectividad para la red

El programa comprende, además, la normalización de la estación transformadora Huaco, la construcción de un alimentador de 33 kV entre CAVIC y Pueyrredón y la instalación de antenas satelitales de órbita baja para mejorar la conectividad de instalaciones ubicadas en áreas alejadas.

La intimación del EPRE obliga a priorizar los plazos regulatorios. Con obras pendientes, el desafío es poner en funcionamiento las nuevas instalaciones antes del verano para soportar el aumento del consumo eléctrico.

Continúe Leyendo

destacada

Las empresas proyectan aumentos salariales del 22% para 2027

Las empresas argentinas presupuestan aumentos salariales del 22,8% para 2027, con una previsión de inflación del 22,4%, según una encuesta de la consultora WTW. El relevamiento, presentado durante su Seminario Anual sobre Compensaciones y Beneficios, muestra que las compañías comenzaron a definir sus pautas de actualización para el personal fuera de convenio, con incrementos que, en esta primera etapa, se mantienen prácticamente alineados con los precios esperados. El 76% prevé distribuir los aumentos en dos o tres instancias, mientras que la mayoría no planea modificar los presupuestos de 2026.

El 56% de las empresas ya trabaja en el presupuesto salarial para el próximo año, mientras que el 44% todavía no inició esa tarea. Entre las compañías que avanzaron con las estimaciones, tanto la inflación proyectada como los ajustes salariales tienen una mediana del 22%, aunque los promedios se ubican en 22,4% y 22,8%, respectivamente.

Dos o tres aumentos concentrarían la mayoría de los ajustes

La modalidad de actualización también comienza a definirse. El 76% de las compañías prevé aplicar dos o tres incrementos durante 2027: el 38% contempla dos revisiones y otro 38%, tres.

Para el primer trimestre, la mediana del aumento acumulado previsto es del 10%, mientras que para el primer semestre alcanza el 10,1%. La referencia anual se mantiene en el 22%, aunque los porcentajes finales dependerán de la evolución económica y de las decisiones que adopte cada empleador.

Las previsiones presentan diferencias según la rama de actividad. Los servicios profesionales encabezan las estimaciones, con una mediana del 24%. Consumo, química, plásticos y pintura, y alta tecnología proyectan subas del 23%. En el extremo inferior, energía prevé un 20% y bancos y entidades financieras, un 21%.

Cautela para el cierre de 2026

Las decisiones pendientes sobre los salarios de este año reflejan una conducta más conservadora. El 58% de las empresas no prevé modificar el presupuesto salarial de 2026, mientras que el 34% todavía evalúa posibles cambios y apenas el 8% anticipa una revisión.
También permanece abierta la posibilidad de aplicar un ajuste compensatorio —conocido como catch up— al comienzo de 2027 para recuperar diferencias frente a la inflación. El 49% de las compañías descarta esa alternativa, el 39% la mantiene bajo análisis y el 12% confirmó que la implementará. Entre estas últimas, la mediana del incremento adicional previsto es del 5%.

Las cifras de WTW corresponden a proyecciones empresariales y no constituyen aumentos acordados ni garantizados para el conjunto de los trabajadores. Su evolución estará condicionada por la inflación efectiva, el desempeño de cada compañía y las decisiones que se adopten durante las negociaciones salariales.

Continúe Leyendo

Tendencias