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El reciente acuerdo paritario puso fin a meses de conflicto y otorgó una recomposición del 24,33%, pero los gremios sostienen que el deterioro acumulado sigue lejos de resolverse. Según un informe de FEDUN, los docentes todavía necesitan recuperar 32,6% para volver al poder adquisitivo que tenían al inicio de la gestión de Javier Milei. La próxima negociación ya tiene fecha: 15 de septiembre.

La firma del acuerdo salarial entre el Gobierno y los gremios universitarios desactivó temporalmente uno de los conflictos más prolongados de la educación pública. Sin embargo, la tregua está lejos de significar el cierre de la disputa. Los sindicatos sostienen que la recomposición obtenida representa apenas una parte del terreno perdido y anticipan que volverán a la mesa paritaria con un reclamo de fondo: recuperar más de 30 puntos de salario real.

El dato surge del último informe elaborado por la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) junto al Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia y Tecnología (CIICTI). Aunque el trabajo fue confeccionado antes de la firma del acta de entendimiento, sus conclusiones permiten dimensionar la magnitud del deterioro acumulado.

Según el estudio, incluso incorporando el incremento del 24,33% acordado para junio y octubre, los salarios universitarios deberían aumentar otro 32,6% para recuperar el nivel de poder adquisitivo que tenían en noviembre de 2023.

La cifra revela la profundidad de la pérdida sufrida por docentes y nodocentes durante los últimos dos años y medio. Hasta mayo, los salarios del sector habían registrado diecinueve meses consecutivos de caída real. En términos acumulados, el retroceso alcanzó el 34,7% respecto de noviembre de 2023, mientras que el nivel salarial quedó incluso por debajo de los registros observados a comienzos de la década del 2000.

El acuerdo firmado días atrás fue valorado por las organizaciones sindicales porque rompió una dinámica de negociaciones esporádicas y estableció la reapertura trimestral de las paritarias. Esa cláusula es considerada estratégica por los gremios, que buscan impedir nuevos atrasos frente a la inflación.

Daniel Ricci, secretario general de FEDUN, confirmó que la primera revisión bajo el nuevo esquema se realizará el próximo 15 de septiembre. Allí, explicó, el Frente Sindical de Universidades Nacionales exigirá una actualización vinculada a la evolución de los precios durante junio, julio y agosto, además de reclamar el cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario.

Detrás de la discusión salarial aparece otro frente de conflicto que preocupa tanto a rectores como a sindicatos: el financiamiento del sistema universitario. El informe advierte que, aun contemplando las partidas adicionales acordadas recientemente —incluidos 50.000 millones de pesos destinados a hospitales universitarios—, el presupuesto proyectado para 2026 profundizaría el ajuste sobre las casas de estudio.

Según los cálculos de FEDUN, el financiamiento universitario registrará una caída real del 17,8% durante el próximo año. De confirmarse esa tendencia, el sistema habrá perdido el 38% de sus recursos respecto de 2023 y el presupuesto destinado a universidades representará apenas el 0,422% del Producto Bruto Interno, muy por debajo del 0,718% que alcanzaba hace tres años.

La entidad también puso el foco sobre la masa salarial del sector. De mantenerse las proyecciones actuales de inflación y gasto público, los trabajadores universitarios habrán resignado el equivalente a 5,79 billones de pesos constantes entre 2024 y 2026. Sólo durante este año la pérdida estimada asciende a 2,61 billones de pesos.

El diagnóstico se extiende además al sistema científico. El reporte sostiene que la inversión nacional en ciencia y tecnología continúa retrocediendo y podría cerrar 2026 en mínimos históricos en relación con el PBI. En paralelo, investigadores, becarios y personal científico acumulan pérdidas salariales que en algunos casos superan el 40%.

Con los exámenes finales y el receso invernal por delante, el conflicto universitario ingresará en una etapa de relativa calma. Pero tanto en las conducciones sindicales como en las universidades admiten que la discusión de fondo permanece intacta. El acuerdo alcanzado permitió contener la emergencia, aunque no modificó el eje central de la disputa: la recuperación de los salarios y la recomposición de un presupuesto que continúa lejos de los niveles reclamados por el sistema universitario.

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Siete de cada diez argentinos consideran mala la economía del país

El relevamiento de septiembre de Latam Pulse, elaborado por AtlasIntel y Bloomberg sobre 2.067 personas, registró una evaluación negativa de la economía nacional para el 71% de los consultados y del mercado laboral para el 75%. Además, el 55% espera que la economía empeore y el 58,5% prevé reducir sus compras de bienes duraderos.

El deterioro percibido también alcanza a las finanzas familiares: seis de cada diez consultados calificaron como mala la economía de sus hogares. Apenas el 20% la consideró buena, mientras que otro 20% la definió como normal. En la evaluación de la economía nacional, el 21% expresó una opinión favorable y el 9% la calificó como normal.

Las expectativas para los próximos seis meses tampoco anticipan una mejora generalizada. El 55% cree que la economía argentina empeorará, frente al 31% que espera una recuperación y el 14% que no prevé cambios. Respecto del empleo, el 57% pronostica un deterioro, mientras que el 31% espera una mejora y el 12% considera que permanecerá sin variaciones.

La perspectiva sobre los ingresos familiares es algo menos negativa, aunque predomina la cautela: el 48% espera que la economía de su hogar empeore, el 32% confía en una mejora y el 20% no anticipa modificaciones.Menos compras y mayor preocupación por los precios
La incertidumbre también se traduce en decisiones concretas de consumo. El 58,5% de los encuestados prevé reducir las compras de bienes duraderos, como electrodomésticos y otros productos de mayor valor, mientras que el 27,3% mantendría su nivel de adquisiciones y apenas el 14,2% planea aumentarlo.

La proporción de quienes anticipan un recorte en esas compras creció 11,3 puntos porcentuales frente a agosto. El dato refleja una mayor disposición a postergar gastos que no se consideran inmediatos, una conducta que puede repercutir sobre las ventas comerciales y la producción vinculada al mercado interno.

En materia de precios, el indicador de percepción de la inflación actual pasó de 27,9 puntos en agosto a 30,6 en septiembre. Las expectativas inflacionarias para el semestre siguiente también subieron, de 8,8 a 9,1 puntos.

Corrupción y desempleo, al frente de las preocupaciones

La encuesta también identificó los principales problemas que preocupan a la población. La corrupción encabezó las respuestas, con el 50,3%, seguida por el desempleo, con el 44%. La impunidad y el sistema judicial reunieron el 34,6%; la economía, el 32,2%; y los altos precios y la inflación, el 27,8%.

El debilitamiento de la democracia y las instituciones, junto con la educación, obtuvo el 20,2% en cada caso, mientras que la inseguridad alcanzó el 18,9%.

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Naturgy deberá presentar cronogramas para completar las obras eléctricas pendientes

El organismo regulador intimó a Naturgy San Juan a presentar cronogramas ejecutivos y completar las interconexiones pendientes antes del período de mayor consumo. Una auditoría de septiembre verificó un avance del 83% sobre los $28.011 millones presupuestados para la primera etapa de inversiones.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) solicitó a Naturgy San Juan a acelerar las obras que acumulan demoras y precisar los plazos para completar las instalaciones necesarias antes del verano. La exigencia apunta a que los transformadores y otros equipos incorporados a la red puedan entrar en servicio sin que las tareas pendientes posterguen el refuerzo del suministro durante los meses de mayor demanda.

Además el organísmo estatal, anticipó que mantendrá auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los plazos y comprobar que las inversiones se traduzcan en mejoras efectivas de la capacidad y confiabilidad del sistema eléctrico provincial.

Una inversión de $28.011 millones

La auditoría correspondiente a septiembre de 2026 constató un avance equivalente al 83% del monto presupuestado para la primera fase del programa de inversiones 2026-2031, que contempla $28.011.221.140 financiados mediante créditos nacionales y fondos provinciales.

Entre las intervenciones relevadas figura el Campo de Transformación N.º 2 de la estación Albardón-Chimbas, cuyo nuevo transformador permanece en fabricación. También se verificaron avances en las estaciones San Juan Sur e Ischigualasto.

En materia de infraestructura edilicia, las obras de Sargento Cabral, en Rivadavia; Pistacho, en 25 de Mayo; Cerrillo, en Sarmiento; Casa de Gobierno; y Caleras/Termas, en Albardón, se encuentran terminadas o próximas a concluir. El montaje de celdas eléctricas de 33 kV y 13,2 kV alcanzó el 98% en Sargento Cabral y el 100% en la estación Olivos.

La distribuidora también avanzó en la adquisición de equipamiento y en la provisión de transformadores destinados a distintas localidades de San Juan.

Más capacidad y conectividad para la red

El programa comprende, además, la normalización de la estación transformadora Huaco, la construcción de un alimentador de 33 kV entre CAVIC y Pueyrredón y la instalación de antenas satelitales de órbita baja para mejorar la conectividad de instalaciones ubicadas en áreas alejadas.

La intimación del EPRE obliga a priorizar los plazos regulatorios. Con obras pendientes, el desafío es poner en funcionamiento las nuevas instalaciones antes del verano para soportar el aumento del consumo eléctrico.

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Las empresas proyectan aumentos salariales del 22% para 2027

Las empresas argentinas presupuestan aumentos salariales del 22,8% para 2027, con una previsión de inflación del 22,4%, según una encuesta de la consultora WTW. El relevamiento, presentado durante su Seminario Anual sobre Compensaciones y Beneficios, muestra que las compañías comenzaron a definir sus pautas de actualización para el personal fuera de convenio, con incrementos que, en esta primera etapa, se mantienen prácticamente alineados con los precios esperados. El 76% prevé distribuir los aumentos en dos o tres instancias, mientras que la mayoría no planea modificar los presupuestos de 2026.

El 56% de las empresas ya trabaja en el presupuesto salarial para el próximo año, mientras que el 44% todavía no inició esa tarea. Entre las compañías que avanzaron con las estimaciones, tanto la inflación proyectada como los ajustes salariales tienen una mediana del 22%, aunque los promedios se ubican en 22,4% y 22,8%, respectivamente.

Dos o tres aumentos concentrarían la mayoría de los ajustes

La modalidad de actualización también comienza a definirse. El 76% de las compañías prevé aplicar dos o tres incrementos durante 2027: el 38% contempla dos revisiones y otro 38%, tres.

Para el primer trimestre, la mediana del aumento acumulado previsto es del 10%, mientras que para el primer semestre alcanza el 10,1%. La referencia anual se mantiene en el 22%, aunque los porcentajes finales dependerán de la evolución económica y de las decisiones que adopte cada empleador.

Las previsiones presentan diferencias según la rama de actividad. Los servicios profesionales encabezan las estimaciones, con una mediana del 24%. Consumo, química, plásticos y pintura, y alta tecnología proyectan subas del 23%. En el extremo inferior, energía prevé un 20% y bancos y entidades financieras, un 21%.

Cautela para el cierre de 2026

Las decisiones pendientes sobre los salarios de este año reflejan una conducta más conservadora. El 58% de las empresas no prevé modificar el presupuesto salarial de 2026, mientras que el 34% todavía evalúa posibles cambios y apenas el 8% anticipa una revisión.
También permanece abierta la posibilidad de aplicar un ajuste compensatorio —conocido como catch up— al comienzo de 2027 para recuperar diferencias frente a la inflación. El 49% de las compañías descarta esa alternativa, el 39% la mantiene bajo análisis y el 12% confirmó que la implementará. Entre estas últimas, la mediana del incremento adicional previsto es del 5%.

Las cifras de WTW corresponden a proyecciones empresariales y no constituyen aumentos acordados ni garantizados para el conjunto de los trabajadores. Su evolución estará condicionada por la inflación efectiva, el desempeño de cada compañía y las decisiones que se adopten durante las negociaciones salariales.

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