La Justicia suspendió la privatización de AySA y complica el programa de ventas del Gobierno

Un fallo judicial frenó la transferencia del 90% de las acciones de la empresa de agua y saneamiento hasta que se determine su pasivo ambiental. La decisión agrega incertidumbre sobre uno de los procesos más sensibles del plan de privatizaciones impulsado por Javier Milei.

El programa de privatizaciones del Gobierno nacional recibió un nuevo revés judicial. El juez en lo Contencioso Administrativo N°2 de La Plata, Mariano López, ordenó suspender el proceso de venta del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) hasta que se establezca con precisión el pasivo ambiental de la compañía, un aspecto que, según advirtió, no fue contemplado adecuadamente en la documentación elaborada para avanzar con la operación.

La medida cautelar fue dictada tras una presentación del Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, quien cuestionó que el esquema diseñado para la transferencia de la empresa omite elementos considerados esenciales para garantizar el acceso al agua potable y no incorpora una evaluación integral de las obligaciones ambientales acumuladas en el territorio donde presta servicios.

En su resolución, el magistrado sostuvo que cualquier modificación en la gestión de una compañía responsable de la provisión de agua y saneamiento para millones de usuarios requiere analizar previamente los impactos que podrían derivarse sobre derechos protegidos por la Constitución Nacional, entre ellos el acceso al agua y la preservación ambiental. El fallo también alertó sobre la posibilidad de que una futura concesión reduzca exigencias regulatorias o postergue inversiones consideradas estratégicas.

La decisión judicial introduce un obstáculo relevante para una de las operaciones más emblemáticas del programa de reformas impulsado por la administración de Javier Milei. AySA constituye una de las principales empresas de servicios públicos del país y su eventual privatización se ubica entre los proyectos de mayor impacto económico y político dentro del plan de reorganización estatal.

El expediente, además, se inscribe en una secuencia de cuestionamientos que alcanzan a otros procesos de transferencia de activos públicos. En este sentido, la Justicia Federal de General Roca analiza planteos vinculados a la concesión de las represas hidroeléctricas del Comahue, otro de los activos estratégicos incluidos en la agenda oficial.

La controversia también alcanzó al Tribunal de Tasaciones de la Nación, organismo responsable de intervenir en la valuación de bienes estatales. En el centro de las observaciones aparece su presidente, Julio Roberto Villamonte, quien reconoció haber informado al Ministerio de Economía sobre la imposibilidad de avanzar con tasaciones vinculadas a empresas como AySA, Transener, Nucleoeléctrica Argentina, Belgrano Cargas e Intercargo sin una consulta previa al resto de los integrantes del cuerpo.

Esa admisión abrió interrogantes sobre el procedimiento utilizado para avanzar en operaciones de alta relevancia patrimonial. El reglamento interno del organismo otorga al presidente la representación institucional, aunque establece que los asuntos de especial importancia deben contar con acuerdo previo del cuerpo colegiado. La discusión jurídica gira ahora en torno a si compañías estratégicas para la infraestructura energética, el transporte y los servicios públicos pueden quedar fuera de esa categoría.

Uno de los casos más sensibles es el de Nucleoeléctrica Argentina. La compañía, que opera las centrales nucleares del país y mantiene resultados económicos positivos, continúa sin una definición sobre su valuación. De acuerdo con información difundida por especialistas consultados por medios económicos, su valoración podría ubicarse entre los 10.000 y los 11.000 millones de dólares, una cifra que refleja la magnitud de los activos involucrados y la necesidad de procedimientos técnicos rigurosos antes de cualquier decisión sobre su futuro.

Las objeciones no se limitan a cuestiones administrativas. Diversos cuestionamientos apuntan a la posibilidad de que organismos externos al Tribunal de Tasaciones hayan asumido funciones para las cuales no cuentan con equipos especializados en valuación de activos complejos, especialmente en áreas vinculadas a infraestructura energética y servicios públicos.

Mientras el Gobierno busca acelerar su programa de desinversión estatal, la intervención de la Justicia incorpora una variable capaz de modificar los tiempos previstos para varias operaciones. El fallo sobre AySA no resuelve la discusión de fondo sobre la privatización, pero establece una condición previa que podría convertirse en un antecedente para otros expedientes en marcha: antes de transferir activos estratégicos, el Estado deberá demostrar con precisión cuál es el valor económico, ambiental y patrimonial de los bienes que pretende poner en el mercado.