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Un fallo judicial frenó la transferencia del 90% de las acciones de la empresa de agua y saneamiento hasta que se determine su pasivo ambiental. La decisión agrega incertidumbre sobre uno de los procesos más sensibles del plan de privatizaciones impulsado por Javier Milei.

El programa de privatizaciones del Gobierno nacional recibió un nuevo revés judicial. El juez en lo Contencioso Administrativo N°2 de La Plata, Mariano López, ordenó suspender el proceso de venta del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) hasta que se establezca con precisión el pasivo ambiental de la compañía, un aspecto que, según advirtió, no fue contemplado adecuadamente en la documentación elaborada para avanzar con la operación.

La medida cautelar fue dictada tras una presentación del Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, quien cuestionó que el esquema diseñado para la transferencia de la empresa omite elementos considerados esenciales para garantizar el acceso al agua potable y no incorpora una evaluación integral de las obligaciones ambientales acumuladas en el territorio donde presta servicios.

En su resolución, el magistrado sostuvo que cualquier modificación en la gestión de una compañía responsable de la provisión de agua y saneamiento para millones de usuarios requiere analizar previamente los impactos que podrían derivarse sobre derechos protegidos por la Constitución Nacional, entre ellos el acceso al agua y la preservación ambiental. El fallo también alertó sobre la posibilidad de que una futura concesión reduzca exigencias regulatorias o postergue inversiones consideradas estratégicas.

La decisión judicial introduce un obstáculo relevante para una de las operaciones más emblemáticas del programa de reformas impulsado por la administración de Javier Milei. AySA constituye una de las principales empresas de servicios públicos del país y su eventual privatización se ubica entre los proyectos de mayor impacto económico y político dentro del plan de reorganización estatal.

El expediente, además, se inscribe en una secuencia de cuestionamientos que alcanzan a otros procesos de transferencia de activos públicos. En este sentido, la Justicia Federal de General Roca analiza planteos vinculados a la concesión de las represas hidroeléctricas del Comahue, otro de los activos estratégicos incluidos en la agenda oficial.

La controversia también alcanzó al Tribunal de Tasaciones de la Nación, organismo responsable de intervenir en la valuación de bienes estatales. En el centro de las observaciones aparece su presidente, Julio Roberto Villamonte, quien reconoció haber informado al Ministerio de Economía sobre la imposibilidad de avanzar con tasaciones vinculadas a empresas como AySA, Transener, Nucleoeléctrica Argentina, Belgrano Cargas e Intercargo sin una consulta previa al resto de los integrantes del cuerpo.

Esa admisión abrió interrogantes sobre el procedimiento utilizado para avanzar en operaciones de alta relevancia patrimonial. El reglamento interno del organismo otorga al presidente la representación institucional, aunque establece que los asuntos de especial importancia deben contar con acuerdo previo del cuerpo colegiado. La discusión jurídica gira ahora en torno a si compañías estratégicas para la infraestructura energética, el transporte y los servicios públicos pueden quedar fuera de esa categoría.

Uno de los casos más sensibles es el de Nucleoeléctrica Argentina. La compañía, que opera las centrales nucleares del país y mantiene resultados económicos positivos, continúa sin una definición sobre su valuación. De acuerdo con información difundida por especialistas consultados por medios económicos, su valoración podría ubicarse entre los 10.000 y los 11.000 millones de dólares, una cifra que refleja la magnitud de los activos involucrados y la necesidad de procedimientos técnicos rigurosos antes de cualquier decisión sobre su futuro.

Las objeciones no se limitan a cuestiones administrativas. Diversos cuestionamientos apuntan a la posibilidad de que organismos externos al Tribunal de Tasaciones hayan asumido funciones para las cuales no cuentan con equipos especializados en valuación de activos complejos, especialmente en áreas vinculadas a infraestructura energética y servicios públicos.

Mientras el Gobierno busca acelerar su programa de desinversión estatal, la intervención de la Justicia incorpora una variable capaz de modificar los tiempos previstos para varias operaciones. El fallo sobre AySA no resuelve la discusión de fondo sobre la privatización, pero establece una condición previa que podría convertirse en un antecedente para otros expedientes en marcha: antes de transferir activos estratégicos, el Estado deberá demostrar con precisión cuál es el valor económico, ambiental y patrimonial de los bienes que pretende poner en el mercado.

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El EPRE prepara la red eléctrica ante el impacto del “Super Niño”

El EPRE reunió a Hidráulica, Protección Civil, Policía, EPSE y Naturgy San Juan para preparar la respuesta ante posibles contingencias durante el verano 2026/2027. Las distribuidoras deberán garantizar enlaces operativos las 24 horas y contar con equipamiento crítico para restablecer rápidamente el suministro.

El organismo puso en marcha una mesa de coordinación para reforzar la continuidad del servicio eléctrico durante el verano 2026/2027, período en el que San Juan prevé mayores riesgos asociados a tormentas severas y a los efectos del fenómeno El Niño.

La reunión se realizó dentro del Plan Operativo de Emergencia del Comité de Crisis Provincial y convocó a representantes del Departamento de Hidráulica, Protección Civil, Policía de San Juan, Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), Naturgy San Juan y el propio organismo regulador.

La prioridad definida es acortar los tiempos de respuesta frente a eventuales cortes o daños en la infraestructura. Para ello, el EPRE estableció que las distribuidoras deberán disponer de enlaces operativos las 24 horas, los siete días de la semana, que permitan una comunicación inmediata entre los organismos que deban intervenir ante una emergencia.

El dispositivo también contempla la disponibilidad inmediata de equipamiento crítico, entre ellos hidroelevadores, torres de iluminación para trabajos nocturnos y grupos electrógenos de respaldo. La preparación busca evitar que una contingencia climática derive en interrupciones prolongadas o dificulte las tareas de recuperación.

Uno de los puntos centrales será además el restablecimiento prioritario del suministro en hospitales y centros de salud, instalaciones de bombeo de agua potable y domicilios de personas electrodependientes. Estos servicios fueron incorporados como destinos críticos dentro de los esquemas de recuperación.

La coordinación adquiere especial relevancia ante el pronóstico de una temporada con mayor disponibilidad hídrica en la cordillera y la posibilidad de episodios meteorológicos severos. El fenómeno El Niño puede modificar las condiciones hidrológicas y atmosféricas, aunque su evolución concreta dependerá de la intensidad y distribución de las precipitaciones y del deshielo.

El operativo busca que esa mayor variabilidad climática encuentre a los organismos con protocolos de comunicación, recursos técnicos y responsabilidades previamente definidos. La preparación se extenderá durante toda la temporada estival, con la meta de preservar la seguridad y la capacidad de recuperación de la red eléctrica provincial.

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León XIV en Argentina: el 9 de noviembre será feriado nacional

El Decreto 1103/2026 estableció un feriado nacional para el lunes 9 de noviembre y otros dos con alcance territorial limitado: el martes 10 en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires. La medida fue adoptada para facilitar la seguridad, la logística y la circulación durante la visita de León XIV.

El esquema fue definido en función de los desplazamientos y las actividades previstas durante la estadía del Pontífice, que se extenderá del 8 al 11 de noviembre. Según el decreto, la decisión busca facilitar los operativos de seguridad, la organización logística y el ordenamiento de la circulación en los lugares alcanzados.

Así queda el calendario

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país.
Martes 10 de noviembre: feriado en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.
Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires.

El dictamen también establece que las declaraciones alcanzan a los organismos, dependencias y actividades sujetos a jurisdicción nacional que funcionen dentro de los territorios comprendidos. El objetivo es facilitar una aplicación coordinada de las medidas de seguridad y organización durante las jornadas de mayor concentración de personas.

Qué pasa con quienes tengan que trabajar

Al tratarse de feriados, para los trabajadores alcanzados rige el régimen establecido por la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 166 dispone que quienes presten servicios durante un feriado nacional deben cobrar la remuneración normal correspondiente a ese día más una suma igual, es decir, el equivalente al pago doble previsto para estas jornadas.

Por lo tanto, esa regla será aplicable al 9 de noviembre en todo el país, al 10 en Córdoba y CABA y al 11 en la provincia de Buenos Aires, siempre dentro del ámbito territorial establecido por el decreto.

La diferencia con un día no laborable también resulta relevante. En estos últimos casos, la prestación laboral es optativa para el empleador y, si se trabaja, corresponde el salario simple. El Decreto 1103/2026, en cambio, utiliza expresamente la figura de feriado, por lo que corresponde aplicar el régimen específico de la Ley 20.744.

Además de establecer los feriados, el Gobierno creó en el ámbito de la Jefatura de Gabinete la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”. El organismo tendrá a su cargo coordinar las acciones de la Administración Pública Nacional vinculadas con la organización de la visita y podrá funcionar hasta un máximo de 12 meses.

El decreto fue dictado el 25 de septiembre y publicado en el Boletín Oficial el 28 de septiembre. La visita papal, prevista del 8 al 11 de noviembre, tendrá así un dispositivo extraordinario que combina medidas laborales, de circulación y coordinación estatal en las jurisdicciones directamente involucradas.

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Concesionarias en alerta: despidos y retiros voluntarios ante el nuevo mapa del mercado

El mercado automotor acumula una caída cercana al 13% y las concesionarias enfrentan una combinación de menor volumen, mayor competencia y márgenes más estrechos. En las últimas semanas se multiplicaron los despidos, retiros voluntarios y cierres de sucursales, mientras las agencias buscan reducir costos y adaptar sus estructuras a un mercado con más marcas y menos operaciones.

El ajuste comenzó a hacerse visible en las concesionarias de automóviles después de varios meses de contracción de las ventas y de una transformación acelerada de la oferta. El mercado automotor se encamina a cerrar 2026 por debajo de las 550.000 unidades, según las estimaciones citadas por el informe de A Rodar Post, lejos de las 700.000 unidades que algunos ejecutivos proyectaban a comienzos del año.

La reducción del volumen comercial se trasladó al empleo. De acuerdo con un relevamiento realizado entre concesionarias, al menos la mitad de las agencias consultadas reconoció haber reducido personal durante los últimos dos meses. Entre los casos mencionados aparecen grupos empresarios de la zona norte del Gran Buenos Aires, con operaciones en Pilar, Escobar y Zárate, donde unas 40 personas habrían sido desvinculadas, y otro grupo de trayectoria en el sur del conurbano, que habría prescindido de alrededor de 15 trabajadores.

La magnitud del proceso resulta difícil de cuantificar porque buena parte de las salidas se canaliza mediante retiros voluntarios y acuerdos individuales, sin intervención directa de los sindicatos. Las desvinculaciones se concentran, según fuentes del mercado, especialmente entre empleados incorporados durante los últimos dos o tres años, cuando las redes comerciales habían vuelto a ampliar sus dotaciones.

El fenómeno tiene una particularidad: las concesionarias de vehículos no enfrentan solamente una caída de la demanda, sino un cambio en la composición de la oferta. La incorporación de nuevas marcas, especialmente de origen chino, y el regreso de fabricantes importados ampliaron la competencia en segmentos donde históricamente predominaban las terminales con producción local.

Ese desplazamiento modificó la participación de las marcas tradicionales. Mientras algunas automotrices radicadas industrialmente en la Argentina registran retrocesos de sus patentamientos, varias compañías sin producción local muestran una evolución positiva. El resultado es un mercado con más competidores disputando un volumen menor de operaciones.

La presión se trasladó directamente a la rentabilidad de las agencias. Las terminales fijan objetivos comerciales que, según fuentes del sector, en algunos casos resultan difíciles de alcanzar con el ritmo actual de patentamientos. Para sostener las ventas, las concesionarias recurren a descuentos cada vez mayores y reducen el margen por unidad, con la expectativa de compensarlo mediante bonificaciones asociadas al cumplimiento de objetivos.

La alternativa es todavía más costosa: mantener vehículos sin vender implica financiar inventarios con tasas elevadas. Por eso, algunas agencias comenzaron a cuestionar los volúmenes de unidades que las terminales les solicitan adquirir y optaron por reducir sus compras para evitar una acumulación de stock que presione sobre sus cuentas.

Hasta hace pocos meses, parte de ese ajuste podía absorberse mediante la redistribución de empleados dentro de los propios grupos empresarios. El personal de las marcas con peor desempeño era trasladado hacia operaciones que mostraban mayor dinamismo. Esa posibilidad se redujo a medida que la contracción alcanzó a una mayor cantidad de redes.

La evolución también empieza a modificar la estructura física de las empresas. Algunas concesionarias avanzan con el cierre de sucursales y puntos de venta, concentrando operaciones en establecimientos principales para reducir alquileres, costos administrativos y dotaciones.

La diferencia con el período 2020-2023 es significativa. Durante aquellos años, las restricciones a las importaciones limitaron la disponibilidad de vehículos y redujeron el volumen de unidades comercializadas, pero la escasez permitió sostener precios y márgenes elevados en determinadas operaciones. Con una oferta ahora mucho más amplia, esa ecuación se modificó: hay más vehículos disponibles, más marcas compitiendo y una presión creciente sobre los precios de transacción.

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