La motosierra vuelve sobre el Estado y amenaza con agravar la disputa laboral
Equipos del Ministerio de Desregulación recorren dependencias nacionales para evaluar estructuras, funciones y plantillas de personal. La iniciativa forma parte de una nueva etapa del plan de reducción estatal impulsado por Javier Milei. Los sindicatos denuncian un avance sobre áreas sensibles de la administración pública y advierten que responderán con medidas de fuerza.
La reducción del aparato estatal ingresa en una nueva instancia. Mientras el Gobierno celebra los resultados fiscales obtenidos a partir del recorte del gasto público, en distintos organismos nacionales comenzó a instalarse una creciente preocupación por la posibilidad de una nueva ola de despidos que impactaría durante la segunda mitad del año.
La avanzada está encabezada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger. Funcionarios y equipos técnicos recorren oficinas, entes descentralizados y reparticiones nacionales con una consigna clara: revisar estructuras, analizar funciones y determinar qué áreas pueden operar con menos personal.
La tarea forma parte de la estrategia oficial destinada a profundizar el proceso de achicamiento estatal iniciado en diciembre de 2023. Según trascendió, cada relevamiento busca establecer cuántos trabajadores cumplen funciones en cada dependencia, cuál es su nivel de actividad y qué puestos podrían ser eliminados bajo criterios de reorganización administrativa.
Sin embargo, dentro de la propia administración nacional aparecen voces que observan con preocupación las consecuencias de una nueva ronda de recortes. La advertencia es que determinadas áreas ya funcionan con dotaciones reducidas y que nuevas bajas podrían afectar prestaciones esenciales, controles, fiscalizaciones y servicios que dependen directamente del Estado.
Los sindicatos preparan la respuesta
La posibilidad de nuevas cesantías activó rápidamente las alarmas en el universo gremial estatal.
Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar aseguró que el sindicato no permanecerá inmóvil frente a una profundización del ajuste y anticipó una etapa de confrontación con la Casa Rosada.
La organización considera que el Gobierno busca avanzar sobre organismos que ya fueron afectados por sucesivos recortes presupuestarios y reducciones de personal. Además, vincula el conflicto con el deterioro salarial que atraviesan los trabajadores estatales, cuyos ingresos continúan perdiendo terreno frente al costo de vida.
La reapertura de las negociaciones paritarias aparece como uno de los principales reclamos sindicales. En ATE sostienen que la discusión salarial se encuentra rezagada respecto de la evolución de los precios y advierten que la combinación entre despidos y pérdida de poder adquisitivo configura un escenario de creciente malestar dentro de la administración pública.
Preocupación también en UPCN
La inquietud no se limita a los sectores más confrontativos del sindicalismo estatal.
Desde la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), encabezada por Andrés Rodríguez, también expresaron reparos frente a la continuidad de los recortes. Aunque el gremio mantiene una estrategia más moderada respecto del Gobierno, sus dirigentes reconocen que existe preocupación por el impacto que las cesantías pueden tener sobre el funcionamiento de organismos estratégicos.
La entidad sostiene que las desvinculaciones alcanzaron incluso a trabajadores con una extensa trayectoria y experiencia acumulada dentro de la administración pública, una situación que —afirman— debilita capacidades técnicas difíciles de reemplazar en el corto plazo.
Asimismo, UPCN cuestiona una visión que, a su entender, confunde modernización con desmantelamiento. La organización considera legítimo discutir mecanismos para mejorar la eficiencia estatal, pero rechaza cualquier esquema que reduzca la capacidad de respuesta de organismos encargados de brindar servicios, asistencia y controles.
Un segundo semestre cargado de disputas
El debate sobre el tamaño y el rol del Estado vuelve así a ubicarse en el centro de la agenda política.
Para el oficialismo, la reducción de estructuras constituye una condición indispensable para sostener el equilibrio fiscal y avanzar con su programa económico. Para los sindicatos, en cambio, el proceso ya comenzó a mostrar consecuencias que exceden el plano administrativo y afectan directamente el empleo, los salarios y la capacidad operativa de numerosos organismos.
Con miles de puestos eliminados desde el inicio de la gestión libertaria y nuevos relevamientos en marcha, el conflicto parece lejos de encontrar un punto de equilibrio.
Todo indica que el segundo semestre no sólo estará cruzado por la discusión salarial. También pondrá en disputa dos concepciones opuestas sobre el Estado: la de un Gobierno decidido a profundizar su reducción y la de organizaciones sindicales que consideran que detrás de cada recorte se debilitan funciones esenciales para la vida social y económica del país.
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El PJ sanjuanino apeló a la unidad, pero la celebración del 17 de octubre mostró sus diferencias
El peronismo de San Juan conmemoró el Día de la Lealtad con tres convocatorias separadas y ausencias que alimentaron las señales de fragmentación interna. Mientras la conducción del Partido Justicialista (PJ) encabezó homenajes en su sede central y en Chimbas, la CGT organizó un acto propio, con Eduardo Cabello como principal referente. La jornada volvió a exponer las diferencias entre la dirigencia partidaria y el movimiento obrero en un momento en que ambos espacios buscan recuperar competitividad electoral.
La ausencia más significativa fue la del senador nacional Sergio Uñac, quien no participó de ninguna de las convocatorias y envió una nota para disculparse. Tampoco estuvieron el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, ni Fabián Gramajo, presidente de San Juan Te Quiero. En el homenaje realizado en la sede partidaria faltaron, además, intendentes de ocho departamentos: Rawson, Caucete, Albardón, 25 de Mayo, Jáchal, Valle Fértil, Calingasta y San Martín. Desde el PJ señalaron que algunos jefes comunales organizaron actos en sus respectivas juntas departamentales.
Las actividades partidarias fueron encabezadas por el presidente del PJ, Juan Carlos Quiroga Moyano, la vicepresidenta primera, Graciela Seva, y el vicepresidente segundo, Fabián Aballay. También participaron el exgobernador José Luis Gioja, el diputado nacional Cristian Andino, Facundo Perrone, Matías Sotomayor y los legisladores provinciales Mario Herrero y Marisa López.
La segunda convocatoria se trasladó a la avenida Costanera Juan Domingo Perón, en Chimbas, donde la intendenta Daniela Rodríguez encabezó la reinauguración del busto de Juan Domingo Perón, restaurado después de sufrir daños por vandalismo. Allí también estuvo Jorge «Koki» Chica, ausente en la ceremonia de la sede central. La elección del departamento no fue menor: Chimbas concentra un caudal electoral relevante para las aspiraciones del peronismo de cara a 2027.
Ante la dispersión de los homenajes, Quiroga Moyano recurrió reiteradamente al término «diversificación» para describir la organización de la jornada. La expresión buscó presentar como una distribución de actos lo que también dejó a la vista la falta de una convocatoria común, especialmente por la decisión de la CGT de celebrar por separado.
Aballay, en tanto, vinculó el significado histórico del 17 de octubre de 1945 con las dificultades que atraviesa el justicialismo. Aunque reconoció las diferencias internas, sostuvo su expectativa de que una eventual unidad permita al partido volver a competir con posibilidades en las elecciones de 2027.
La mirada sindical fue más crítica. Desde la CGT, Eduardo Cabello reivindicó el papel del movimiento obrero en la identidad peronista y cuestionó las divisiones de la dirigencia política, a las que atribuyó parte de la responsabilidad por la pérdida de los gobiernos provincial y municipales. Su planteo ubicó a los sindicatos como actores centrales de una eventual reconstrucción partidaria y marcó diferencias con la lectura de la conducción del PJ.
A 81 años de la movilización que reclamó la liberación de Perón y se convirtió en una fecha fundacional del movimiento, la conmemoración sanjuanina dejó una señal política concreta: la unidad continúa siendo una aspiración compartida, pero todavía no se traduce en una conducción capaz de reunir a sus principales referentes. La disputa por el protagonismo y la reconstrucción electoral seguirá condicionando la relación entre el partido, los intendentes y el sindicalismo.
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La CGT de San Juan celebró el Día de la Lealtad y reclamó recuperar la identidad peronista
La división del peronismo sanjuanino quedó expuesta este17 de octubre y tuvo una de sus expresiones más directas en la sede de la CGT. Allí, Eduardo Cabello, cuestionó la falta de entendimiento entre los dirigentes políticos y reivindicó al sindicalismo como garante de la identidad histórica del movimiento.
“La política hoy no se pudo poner de acuerdo”, afirmó Cabello durante el acto realizado pasadas las 12.00, en alusión a la multiplicación de convocatorias por el Día de la Lealtad. La ceremonia se desarrolló sin representantes de la actual conducción del Partido Justicialista sanjuanino, mientras el PJ organizó su propia celebración y hubo otra convocatoria en Chimbas.
La dispersión de los encuentros volvió visible una fractura que excede las diferencias de organización. En una fecha central para el peronismo, los distintos espacios no confluyeron en una celebración común, una ausencia de unidad que el referente sindical convirtió en el centro de su discurso.

“El 17 de octubre también fue por los derechos y la dignidad”
Cabello llamó a revisar el sentido de la conmemoración y advirtió sobre el riesgo de reducirla a una evocación del pasado. “¿Vamos a ser fanáticos y vivir de nostalgias o vamos a tener valores?”, planteó ante los presentes.
Para el dirigente, la movilización del 17 de octubre de 1945, que reclamó la liberación de Juan Domingo Perón, dejó una enseñanza que trasciende el recuerdo histórico. “El 17 no fue solamente para que dejen a Perón libre, fue decir que hay derechos, que hay dignidad”, sostuvo.
También definió aquella jornada como una expresión colectiva que debe traducirse en representación para quienes no encuentran canales para hacer oír sus reclamos. Habló de un “calor que se puede y debe transformar en una cualidad para llegar a los que no tienen voz”, en una reivindicación del compromiso social que atribuye a los orígenes del movimiento.
El sindicalismo, en el centro de la identidad peronista
El titular de la Regional San Juan reafirmó la pertenencia doctrinaria del movimiento obrero y defendió el papel de los gremios en la representación de los trabajadores. “Tenemos la doctrina escrita en el corazón. No nos equivoquemos. Los sindicatos vamos a ser la luz y la sal de cada trabajador sanjuanino”, expresó.
La jornada incluyó un llamado a los afiliados y trabajadores, con choripanes y gaseosas, en una celebración que combinó el homenaje histórico con un mensaje político hacia la dirigencia justicialista.
El acto de la CGT dejó así una doble señal: la voluntad sindical de reivindicar su protagonismo dentro del peronismo y el cuestionamiento a una dirigencia que, al menos en esta conmemoración, no logró compartir una convocatoria. La discusión por la unidad vuelve a instalarse con una pregunta de fondo: qué lugar ocupará el movimiento obrero en la reorganización política del justicialismo.
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Paritarias: los bancarios elevaron el salario inicial a $2,63 millones
La Asociación Bancaria acordó con las cámaras empresarias del sistema financiero una actualización salarial del 1,9% para septiembre, con la que el ingreso inicial de los trabajadores bancarios pasó a superar los $2,6 millones. El entendimiento, encabezado por el gremio que conduce Sergio Palazzo, contempla además un bono mínimo superior a $2,2 millones y la continuidad de las revisiones salariales durante el último trimestre del año.
La nueva escala fija un salario inicial de $2.552.560,34, al que se suma un concepto de Participación en las Ganancias (ROE) de $73.786,55. De esta manera, la remuneración inicial global alcanza los $2.626.346,89 para septiembre.
El incremento se aplica sobre las remuneraciones mensuales brutas, habituales y normales, tanto remunerativas como no remunerativas, además de los adicionales establecidos en el convenio colectivo y aquellos otorgados por fuera de sus disposiciones.
Con esta actualización, La Bancaria informó que la recomposición acumulada durante los primeros nueve meses de 2026 alcanza el 23,6%, tomando como referencia las escalas salariales vigentes en diciembre de 2025.
Bono por el Día del Bancario
El enetendimiento también establece el monto mínimo de la gratificación correspondiente al Día del Bancario, que tendrá un piso de $2.275.519,25.
Las entidades financieras deberán depositar ese concepto como fecha límite el 6 de noviembre, jornada en la que tradicionalmente no hay atención bancaria al público en todo el país por la celebración del día de los trabajadores de la actividad.
El monto funciona como un piso garantizado, por lo que la cifra final puede variar de acuerdo con las condiciones salariales y los adicionales correspondientes a cada trabajador.
Revisiones hasta diciembre y nueva negociación en enero
El pacto no se agota en la actualización de septiembre. Las partes acordaron mantener durante octubre, noviembre y diciembre el mismo mecanismo de revisión periódica utilizado hasta ahora, con idénticos alcances sobre las remuneraciones y adicionales.
Además, la representación sindical y las cámaras empresarias establecieron que volverán a reunirse formalmente para discutir la paritaria durante la segunda quincena de enero de 2027.
La continuidad de las revisiones permite que la negociación permanezca abierta frente a la evolución de los precios y evita que la escala salarial quede congelada durante varios meses. Para La Bancaria, el mecanismo constituye una herramienta para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores frente al costo de vida.
El acuerdo vuelve a colocar a la paritaria bancaria entre las negociaciones salariales de mayor magnitud nominal: con un ingreso inicial que ya supera los $2,6 millones, un bono anual con piso de $2,27 millones y revisiones previstas hasta fin de año, el gremio mantiene una política de actualización frecuente que tendrá una nueva instancia formal en enero de 2027.
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