La nueva ola privatizadora avanza sobre sectores estratégicos y reactiva el recuerdo de los años noventa
La administración de Javier Milei profundiza su programa de desregulación y desprendimiento de activos estatales con la venta y concesión de empresas vinculadas a energía, infraestructura, transporte y servicios esenciales. Mientras el Gobierno apuesta a obtener divisas y reducir la participación estatal, sindicatos y especialistas advierten sobre pérdida de soberanía, deterioro del empleo y riesgo de concentración privada en áreas sensibles.
La frase de Rodolfo Dromi que marcó el ciclo de privatizaciones de los años noventa vuelve a resonar con fuerza en la Argentina actual. “Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado”, sintetizaba entonces el exfuncionario menemista que encabezó uno de los procesos de transferencia de activos públicos más profundos de la historia reciente. Tres décadas después, el gobierno de Javier Milei retoma buena parte de aquella lógica y acelera un esquema de ventas, concesiones y reprivatizaciones que vuelve a colocar en el centro de la discusión el rol del Estado en áreas estratégicas.
La publicación de los pliegos para desprenderse de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) terminó de confirmar una orientación que ya venía tomando forma desde el inicio de la gestión libertaria. Energía, rutas nacionales, logística ferroviaria, infraestructura vial, servicios públicos y hasta sectores vinculados al desarrollo nuclear aparecen dentro de un programa oficial que busca reducir la participación estatal y, al mismo tiempo, generar ingresos extraordinarios para fortalecer las reservas y afrontar compromisos financieros.
Según estimaciones difundidas en ámbitos oficiales y económicos, la Casa Rosada proyecta recaudar cerca de 3.000 millones de dólares antes de fin de año mediante concesiones, licitaciones y ventas de activos públicos.
La estrategia no se limita únicamente a una política de ajuste fiscal. También implica un rediseño profundo del esquema de administración pública construido durante décadas, particularmente en sectores considerados históricamente sensibles para la autonomía energética, el transporte y la prestación de servicios esenciales.
Uno de los capítulos que mayor resistencia sindical generó es el vinculado al sistema energético. La decisión de avanzar sobre Transener y el intento de privatizar parte del paquete accionario de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima encendieron fuertes cuestionamientos de gremios y especialistas del área.
Carlos Minucci, titular de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), advirtió que el retiro del Estado del control energético implica resignar capacidad estratégica en un sector determinante para el desarrollo nacional. La preocupación también alcanza a trabajadores nucleares y científicos ligados a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
Desde ATE, el investigador Rodolfo Kempf alertó sobre un “desmembramiento” del sistema nuclear argentino. El dirigente cuestionó especialmente la posibilidad de privatizar áreas vinculadas a la minería de uranio, la producción de radioisótopos destinados a la salud y el freno al proyecto CAREM, uno de los desarrollos tecnológicos más importantes del país en materia nuclear.
“El área nuclear constituye un sector de alta complejidad tecnológica donde Argentina posee capacidades reconocidas internacionalmente”, remarcan desde el sindicato estatal, que prepara nuevas medidas de protesta para rechazar el avance privatizador.
La ofensiva oficial también alcanzó a la infraestructura vial. En los últimos días, el Ministerio de Economía adjudicó distintos corredores nacionales bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje, profundizando un esquema que reduce progresivamente el papel operativo de Vialidad Nacional.
La Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) denunció que las rutas “no pueden quedar subordinadas a intereses privados” y sostuvo que la infraestructura vial constituye una herramienta central para la integración territorial, la producción y la conectividad federal.
El gremio cuestionó además la utilización de garantías estatales para respaldar financieramente futuras concesiones privadas. Según la organización sindical, el Gobierno está transfiriendo recursos públicos para sostener negocios privados mientras se debilita la estructura técnica y operativa del organismo vial.
El caso de AySA terminó por darle visibilidad masiva a un proceso que ya venía avanzando en distintas áreas. La empresa responsable del servicio de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires volverá a quedar bajo control privado si prospera el esquema diseñado por la administración nacional.
El plan contempla una primera etapa de venta del paquete mayoritario a operadores privados mediante licitación internacional y posteriormente la colocación del resto de las acciones en mercados bursátiles. El Estado conservaría únicamente una participación minoritaria, mientras que los trabajadores mantendrían el 10 por ciento a través del Programa de Propiedad Participada.
La decisión reabrió viejos cuestionamientos sobre la gestión privada de servicios esenciales. Sectores opositores y referentes vinculados al saneamiento recuerdan las dificultades registradas durante la anterior concesión privada del servicio en los años noventa, cuando las deficiencias operativas, la falta de inversiones y el deterioro de la prestación derivaron finalmente en la reestatización impulsada durante el gobierno de Néstor Kirchner.
“El problema no es solamente económico; también está en discusión quién garantiza el acceso a servicios básicos”, señalan desde distintos espacios sindicales y técnicos que siguen de cerca el proceso.
La avanzada privatizadora ya tuvo antecedentes concretos durante los primeros meses de gestión libertaria. La venta de IMPSA marcó el inicio formal del proceso, mientras que las concesiones hidroeléctricas del Comahue permitieron al Gobierno obtener más de 700 millones de dólares.
Ahora, la lista de empresas bajo análisis continúa ampliándose. Intercargo, Belgrano Cargas y Logística, centrales térmicas, el astillero Tandanor y la Casa de la Moneda aparecen entre los activos que podrían quedar bajo control privado en los próximos meses.
Para el oficialismo, el objetivo central es reducir el peso del Estado y abrir espacios de participación privada en áreas donde considera que la administración pública resultó ineficiente o económicamente inviable. Para los sindicatos, en cambio, se trata de una reedición de políticas que en el pasado dejaron pérdida de empleo, deterioro de servicios estratégicos y concentración económica.
El debate, en definitiva, trasciende la discusión presupuestaria. Lo que vuelve a ponerse en juego es el modelo de país: hasta dónde debe llegar el Estado, qué sectores pueden quedar sujetos exclusivamente a la lógica empresarial y cuál es el costo social de una transformación estructural que vuelve a dividir aguas en la Argentina.
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Ir al dentista se vuelve un privilegio: el 65% de los argentinos tiene caries sin tratar
El encarecimiento de los tratamientos y las dificultades para acceder a coberturas médicas alejan a miles de personas de los consultorios odontológicos. Una consulta inicial ronda los $60.000, una restauración simple cuesta $95.000 y un implante puede alcanzar los $700.000.
La atención odontológica comienza a convertirse en un gasto difícil de afrontar para una parte creciente de la población argentina. El costo de los tratamientos, la reducción de las coberturas privadas y las dificultades económicas de los hogares están modificando los hábitos de cuidado bucal: cada vez más personas postergan los controles preventivos y recurren al profesional cuando el dolor o una infección ya no permiten seguir esperando.
Las cifras del sector reflejan la dimensión del problema. Más del 65% de los argentinos convive con caries sin tratar o enfermedades en las encías, mientras que apenas cuatro de cada diez concurren al odontólogo al menos una vez al año. La atención preventiva pierde terreno frente a las urgencias, una tendencia que incrementa el riesgo de complicaciones y tratamientos de mayor complejidad.
Los valores de la atención privada permiten dimensionar las barreras económicas. Una consulta inicial con control y fichado ronda los $60.000; una restauración por una caries simple alcanza los $95.000 y una limpieza dental se ubica en torno a los $120.000. Cuando se requieren intervenciones más complejas, los importes aumentan considerablemente: una extracción simple cuesta aproximadamente $137.500, un tratamiento de conducto llega a $280.000 y un implante dental puede demandar $700.000 por pieza. El conjunto de perno y corona alcanza los $750.000.
La ortodoncia también representa un desembolso significativo. Los tratamientos con alineadores invisibles se cotizan alrededor de los 1.100 dólares para la primera etapa, mientras que los brackets metálicos rondan los 1.300 dólares. Son montos que quedan fuera del alcance de numerosos presupuestos familiares, especialmente cuando deben afrontarse sin reintegros ni cobertura médica.
Detrás de estos valores existe una estructura de costos que también presiona sobre los profesionales. Los insumos descartables, los materiales odontológicos y buena parte del equipamiento dependen de componentes importados, mientras que el mantenimiento de los consultorios exige gastos permanentes. Según las entidades del sector, el valor de referencia de la hora odontológica supera los $71.000, una cifra que refleja el esfuerzo económico necesario para sostener la atención.
A esa dificultad se suma el desfasaje entre los aranceles reconocidos por obras sociales y empresas de medicina prepaga y los costos reales de cada prestación. Las organizaciones profesionales advierten que numerosos convenios dejaron de resultar sostenibles, lo que llevó a odontólogos a interrumpir acuerdos, establecer copagos o limitar la atención a determinados planes. Entre las coberturas afectadas por estas dificultades aparecen PAMI e IOMA.
La pérdida de capacidad de pago de los pacientes también profundiza el problema. Los aumentos de las cuotas de medicina prepaga llevaron a numerosos usuarios a modificar sus planes o abandonar esas prestaciones, mientras que otros debieron recurrir a obras sociales con dificultades para garantizar turnos y servicios. El resultado es una mayor demanda sobre los establecimientos públicos y universitarios.
En hospitales-escuela y centros municipales de atención primaria, las consultas y las filas para conseguir asistencia evidencian la presión sobre el sistema. Sin embargo, la atención de guardia tiene alcances limitados: permite aliviar el dolor o tratar una infección puntual, pero no necesariamente resolver la enfermedad que originó el cuadro.
Departamentales
Tía Maruca cambia de dueño: qué pasará con la planta industrial de San Juan
La compañía del grupo Pérez Companc acordó adquirir la tradicional marca de galletitas y sus derechos comerciales en Argentina y otros mercados regionales. La fábrica Dilexis, ubicada en Albardón, quedó expresamente fuera de la operación, una aclaración relevante para la estructura industrial sanjuanina.
El mercado argentino de alimentos registró un nuevo movimiento empresario con la incorporación de Tía Maruca al portafolio de Molinos Río de la Plata. La compañía presidida por Luis Pérez Companc firmó un acuerdo para adquirir el 100% de la tradicional marca de galletitas, en una operación que comprende sus derechos comerciales en Argentina y determinados mercados de la región. Sin embargo, la transacción no incluye la planta industrial Dilexis, ubicada en Albardón, San Juan.
La aclaración tiene especial relevancia para la provincia, debido a la trayectoria que la marca construyó alrededor de su establecimiento industrial sanjuanino. Según precisaron fuentes consultadas por medios locales, el acuerdo comprende exclusivamente la marca y no contempla la transferencia de la fábrica. De esta manera, la adquisición anunciada por Molinos no implica un cambio de titularidad de la planta de Albardón.
La operación representa un nuevo avance de Molinos en el negocio de las galletitas, una categoría en la que busca ampliar su participación y competir con empresas de fuerte presencia en las góndolas. El movimiento se produce pocos días después de que completara la adquisición de un complejo industrial en Banda del Río Salí, Tucumán, que incorporó activos productivos y personal a su estructura. La combinación de capacidad industrial y una marca reconocida le permite avanzar en el desarrollo de esta nueva línea comercial.
Fundada en 1998, Tía Maruca construyó su identidad a partir de productos tradicionales como pepas, surtidos y bizcochos, con una propuesta orientada al consumo masivo. Su recorrido empresarial, sin embargo, estuvo atravesado por dificultades financieras: en 2019 ingresó en concurso preventivo y posteriormente atravesó un proceso de reorganización. En 2024, Argensun Foods asumió el control operativo y estratégico de la compañía, en una etapa de recuperación y reposicionamiento de la marca.
Desde Molinos, su CEO, Agustín Llanos, destacó el reconocimiento que conserva Tía Maruca entre los consumidores y afirmó que el objetivo será preservar su identidad y potenciarla mediante las capacidades industriales, comerciales y de construcción de marcas de la compañía. Por la parte vendedora, Pablo Tamburo consideró que el proceso de recuperación permitió reposicionar a la firma y abrir una nueva etapa para su desarrollo.
La incorporación amplía el catálogo de una empresa que ya comercializa marcas tradicionales como Matarazzo, Lucchetti, Granja del Sol, Gallo, Exquisita, Cocinero, Blancaflor y La Salteña. La concreción definitiva del acuerdo, no obstante, permanece sujeta a las autorizaciones regulatorias correspondientes y al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de transacciones.
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San Juan reunirá a más de 320 empresas en el FNS Forum 2026 y busca atraer nuevas inversiones
La provinicia se prepara para una nueva instancia de vinculación empresarial con una convocatoria que anticipa una intensa agenda de negociaciones comerciales y oportunidades de inversión. El FNS Forum 2026 llegará a su tercera edición con 333 participantes inscriptos y 321 reuniones individuales confirmadas, en una propuesta que busca conectar la producción provincial con compradores, compañías e inversores de distintos mercados.
La actividad se desarrollará el jueves 19 de noviembre, de 8 a 15, en el Centro Cultural Conte Grand, como parte de la programación de la Fiesta Nacional del Sol. Uno de los aspectos más relevantes de esta convocatoria es la participación de empresas provenientes de otras provincias y del exterior, una presencia que amplía las posibilidades de vinculación para los emprendimientos y proyectos productivos sanjuaninos.
De acuerdo con los registros del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, la Ronda de Inversiones concentra 259 participantes, de los cuales 140 pertenecen a firmas de otras jurisdicciones o mercados internacionales. Esa participación representa el 54% del total de inscriptos en esta instancia. Hasta el momento, se coordinaron 186 encuentros individuales, orientados a vincular proyectos con potenciales inversores y entidades de financiamiento.
La agenda se completa con la Ronda de Negocios de Alimentos y Bebidas, que reúne a 74 participantes y tiene 135 reuniones comerciales confirmadas. Allí confluirán productores y elaboradores locales con representantes de cadenas de supermercados y compradores nacionales e internacionales. La organización informó que los encuentros confirmados representan el 64% de las agendas solicitadas.
Las reuniones fueron organizadas de manera individual, de acuerdo con los perfiles comerciales y las posibilidades concretas de vinculación entre las partes. En el espacio de inversiones estarán representadas actividades como minería, agroindustria, energía, economía del conocimiento, infraestructura, turismo y servicios, áreas que concentran proyectos y oportunidades de expansión para la economía provincial.
Con el lema “Diversidad y competitividad para conectar, inspirar y pensar en nuestro futuro”, el foro busca trascender la agenda institucional de la Fiesta Nacional del Sol y convertirse en una plataforma de negocios. La expectativa oficial es que los contactos establecidos puedan transformarse en operaciones comerciales, financiamiento para nuevos emprendimientos y proyectos de inversión capaces de ampliar la capacidad productiva y generar empleo en San Juan.
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