La UNSJ profundiza sus reclamos y alerta por un deterioro financiero que compromete salarios, obras e investigación
En la antesala de una nueva marcha federal universitaria, autoridades de la Universidad Nacional de San Juan advirtieron sobre la gravedad de la situación presupuestaria que atraviesa la institución. Salarios que pierden contra la inflación, programas de infraestructura eliminados y fuertes recortes en investigación configuran un panorama que, según denuncian, amenaza el funcionamiento del sistema universitario público.
La Universidad Nacional de San Juan volverá este martes a las calles junto al resto del sistema universitario argentino en una movilización que busca exponer el deterioro presupuestario que afecta a las casas de altos estudios de todo el país. La convocatoria, impulsada en el marco de una nueva marcha federal universitaria, encuentra a la institución sanjuanina atravesada por crecientes dificultades financieras, pérdida salarial y restricciones que impactan directamente sobre áreas estratégicas como infraestructura, ciencia y permanencia estudiantil.
En la previa de la protesta, el secretario administrativo de la UNSJ, Ricardo Coca, brindó un diagnóstico severo sobre la situación económica de la universidad y advirtió que los recursos transferidos por el Gobierno nacional resultan insuficientes para sostener el funcionamiento normal de la institución.
“Tenemos la esperanza de que la marcha sea una muestra de unidad frente a una situación presupuestaria muy compleja”, sostuvo el funcionario al referirse a la movilización que volverá a reunir a docentes, estudiantes, investigadores, no docentes y autoridades universitarias en distintos puntos del país.
Según detalló Coca, la UNSJ había solicitado alrededor de 220 mil millones de pesos para afrontar el ciclo lectivo y garantizar el funcionamiento institucional, pero recibió apenas 120 mil millones.
La brecha adquiere mayor dimensión si se considera que el presupuesto nacional fue confeccionado bajo una proyección inflacionaria ampliamente superada por la realidad económica. Desde la universidad sostienen que la actualización de partidas quedó rápidamente desfasada frente al incremento sostenido de costos operativos, servicios y salarios.
“Necesitaríamos un incremento cercano al 45 por ciento para volver, al menos, a los niveles de funcionamiento que teníamos en 2023”, advirtió Coca, dejando en evidencia la magnitud del ajuste que denuncian las universidades nacionales.
Uno de los aspectos más sensibles del conflicto es el deterioro salarial que atraviesan docentes y trabajadores no docentes. La pérdida del poder adquisitivo aparece como una de las principales preocupaciones dentro de la comunidad universitaria, especialmente en un presente donde los incrementos salariales quedan sistemáticamente por debajo de la inflación.
El secretario administrativo ejemplificó esa situación con los últimos índices oficiales: mientras la inflación mensual alcanzó el 3,4 por ciento, los aumentos otorgados al sector universitario apenas llegaron al 1,7 por ciento. “Existe una reducción salarial manifiesta. Mes a mes los salarios docentes se siguen deteriorando”, remarcó.
La situación no sólo afecta el ingreso de los trabajadores, sino que además comienza a repercutir sobre la estabilidad académica y el sostenimiento de equipos profesionales vinculados a la docencia, la investigación y la extensión universitaria.
El impacto de los recortes también alcanza a la infraestructura. Coca denunció que el Gobierno nacional eliminó el programa específico destinado a obras universitarias, una decisión que dejó a las instituciones obligadas a afrontar con recursos propios cualquier tarea de mantenimiento, ampliación o mejora edilicia.
La paralización de proyectos de infraestructura no es un dato menor para universidades que requieren inversiones permanentes en laboratorios, aulas, equipamiento técnico y espacios destinados a prácticas académicas y científicas. En muchas instituciones, además, las obras suspendidas formaban parte de programas de expansión educativa y modernización tecnológica.
Otro de los sectores golpeados por la reducción de fondos es el sistema científico universitario. De acuerdo con los datos aportados por la UNSJ, la universidad destinó alrededor de 1.200 millones de pesos para sostener proyectos de investigación, mientras que el aporte nacional apenas alcanzó los 166 millones.
La nueva movilización universitaria encuentra así a las casas de altos estudios inmersas en una discusión que trasciende lo estrictamente presupuestario. Lo que está en debate es el alcance del financiamiento estatal sobre la educación superior, el lugar de la ciencia dentro de las prioridades nacionales y la capacidad del sistema universitario público para sostener sus funciones esenciales en un contexto económico cada vez más restrictivo.
En la UNSJ, como en gran parte de las universidades argentinas, la preocupación ya no se limita únicamente a la falta de recursos coyunturales. Las autoridades advierten sobre un desgaste progresivo que compromete salarios, investigación, infraestructura y permanencia estudiantil, pilares centrales de una universidad pública que históricamente funcionó como herramienta de movilidad social, producción científica y desarrollo regional.
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Ir al dentista se vuelve un privilegio: el 65% de los argentinos tiene caries sin tratar
El encarecimiento de los tratamientos y las dificultades para acceder a coberturas médicas alejan a miles de personas de los consultorios odontológicos. Una consulta inicial ronda los $60.000, una restauración simple cuesta $95.000 y un implante puede alcanzar los $700.000.
La atención odontológica comienza a convertirse en un gasto difícil de afrontar para una parte creciente de la población argentina. El costo de los tratamientos, la reducción de las coberturas privadas y las dificultades económicas de los hogares están modificando los hábitos de cuidado bucal: cada vez más personas postergan los controles preventivos y recurren al profesional cuando el dolor o una infección ya no permiten seguir esperando.
Las cifras del sector reflejan la dimensión del problema. Más del 65% de los argentinos convive con caries sin tratar o enfermedades en las encías, mientras que apenas cuatro de cada diez concurren al odontólogo al menos una vez al año. La atención preventiva pierde terreno frente a las urgencias, una tendencia que incrementa el riesgo de complicaciones y tratamientos de mayor complejidad.
Los valores de la atención privada permiten dimensionar las barreras económicas. Una consulta inicial con control y fichado ronda los $60.000; una restauración por una caries simple alcanza los $95.000 y una limpieza dental se ubica en torno a los $120.000. Cuando se requieren intervenciones más complejas, los importes aumentan considerablemente: una extracción simple cuesta aproximadamente $137.500, un tratamiento de conducto llega a $280.000 y un implante dental puede demandar $700.000 por pieza. El conjunto de perno y corona alcanza los $750.000.
La ortodoncia también representa un desembolso significativo. Los tratamientos con alineadores invisibles se cotizan alrededor de los 1.100 dólares para la primera etapa, mientras que los brackets metálicos rondan los 1.300 dólares. Son montos que quedan fuera del alcance de numerosos presupuestos familiares, especialmente cuando deben afrontarse sin reintegros ni cobertura médica.
Detrás de estos valores existe una estructura de costos que también presiona sobre los profesionales. Los insumos descartables, los materiales odontológicos y buena parte del equipamiento dependen de componentes importados, mientras que el mantenimiento de los consultorios exige gastos permanentes. Según las entidades del sector, el valor de referencia de la hora odontológica supera los $71.000, una cifra que refleja el esfuerzo económico necesario para sostener la atención.
A esa dificultad se suma el desfasaje entre los aranceles reconocidos por obras sociales y empresas de medicina prepaga y los costos reales de cada prestación. Las organizaciones profesionales advierten que numerosos convenios dejaron de resultar sostenibles, lo que llevó a odontólogos a interrumpir acuerdos, establecer copagos o limitar la atención a determinados planes. Entre las coberturas afectadas por estas dificultades aparecen PAMI e IOMA.
La pérdida de capacidad de pago de los pacientes también profundiza el problema. Los aumentos de las cuotas de medicina prepaga llevaron a numerosos usuarios a modificar sus planes o abandonar esas prestaciones, mientras que otros debieron recurrir a obras sociales con dificultades para garantizar turnos y servicios. El resultado es una mayor demanda sobre los establecimientos públicos y universitarios.
En hospitales-escuela y centros municipales de atención primaria, las consultas y las filas para conseguir asistencia evidencian la presión sobre el sistema. Sin embargo, la atención de guardia tiene alcances limitados: permite aliviar el dolor o tratar una infección puntual, pero no necesariamente resolver la enfermedad que originó el cuadro.
Departamentales
Tía Maruca cambia de dueño: qué pasará con la planta industrial de San Juan
La compañía del grupo Pérez Companc acordó adquirir la tradicional marca de galletitas y sus derechos comerciales en Argentina y otros mercados regionales. La fábrica Dilexis, ubicada en Albardón, quedó expresamente fuera de la operación, una aclaración relevante para la estructura industrial sanjuanina.
El mercado argentino de alimentos registró un nuevo movimiento empresario con la incorporación de Tía Maruca al portafolio de Molinos Río de la Plata. La compañía presidida por Luis Pérez Companc firmó un acuerdo para adquirir el 100% de la tradicional marca de galletitas, en una operación que comprende sus derechos comerciales en Argentina y determinados mercados de la región. Sin embargo, la transacción no incluye la planta industrial Dilexis, ubicada en Albardón, San Juan.
La aclaración tiene especial relevancia para la provincia, debido a la trayectoria que la marca construyó alrededor de su establecimiento industrial sanjuanino. Según precisaron fuentes consultadas por medios locales, el acuerdo comprende exclusivamente la marca y no contempla la transferencia de la fábrica. De esta manera, la adquisición anunciada por Molinos no implica un cambio de titularidad de la planta de Albardón.
La operación representa un nuevo avance de Molinos en el negocio de las galletitas, una categoría en la que busca ampliar su participación y competir con empresas de fuerte presencia en las góndolas. El movimiento se produce pocos días después de que completara la adquisición de un complejo industrial en Banda del Río Salí, Tucumán, que incorporó activos productivos y personal a su estructura. La combinación de capacidad industrial y una marca reconocida le permite avanzar en el desarrollo de esta nueva línea comercial.
Fundada en 1998, Tía Maruca construyó su identidad a partir de productos tradicionales como pepas, surtidos y bizcochos, con una propuesta orientada al consumo masivo. Su recorrido empresarial, sin embargo, estuvo atravesado por dificultades financieras: en 2019 ingresó en concurso preventivo y posteriormente atravesó un proceso de reorganización. En 2024, Argensun Foods asumió el control operativo y estratégico de la compañía, en una etapa de recuperación y reposicionamiento de la marca.
Desde Molinos, su CEO, Agustín Llanos, destacó el reconocimiento que conserva Tía Maruca entre los consumidores y afirmó que el objetivo será preservar su identidad y potenciarla mediante las capacidades industriales, comerciales y de construcción de marcas de la compañía. Por la parte vendedora, Pablo Tamburo consideró que el proceso de recuperación permitió reposicionar a la firma y abrir una nueva etapa para su desarrollo.
La incorporación amplía el catálogo de una empresa que ya comercializa marcas tradicionales como Matarazzo, Lucchetti, Granja del Sol, Gallo, Exquisita, Cocinero, Blancaflor y La Salteña. La concreción definitiva del acuerdo, no obstante, permanece sujeta a las autorizaciones regulatorias correspondientes y al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de transacciones.
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San Juan reunirá a más de 320 empresas en el FNS Forum 2026 y busca atraer nuevas inversiones
La provinicia se prepara para una nueva instancia de vinculación empresarial con una convocatoria que anticipa una intensa agenda de negociaciones comerciales y oportunidades de inversión. El FNS Forum 2026 llegará a su tercera edición con 333 participantes inscriptos y 321 reuniones individuales confirmadas, en una propuesta que busca conectar la producción provincial con compradores, compañías e inversores de distintos mercados.
La actividad se desarrollará el jueves 19 de noviembre, de 8 a 15, en el Centro Cultural Conte Grand, como parte de la programación de la Fiesta Nacional del Sol. Uno de los aspectos más relevantes de esta convocatoria es la participación de empresas provenientes de otras provincias y del exterior, una presencia que amplía las posibilidades de vinculación para los emprendimientos y proyectos productivos sanjuaninos.
De acuerdo con los registros del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, la Ronda de Inversiones concentra 259 participantes, de los cuales 140 pertenecen a firmas de otras jurisdicciones o mercados internacionales. Esa participación representa el 54% del total de inscriptos en esta instancia. Hasta el momento, se coordinaron 186 encuentros individuales, orientados a vincular proyectos con potenciales inversores y entidades de financiamiento.
La agenda se completa con la Ronda de Negocios de Alimentos y Bebidas, que reúne a 74 participantes y tiene 135 reuniones comerciales confirmadas. Allí confluirán productores y elaboradores locales con representantes de cadenas de supermercados y compradores nacionales e internacionales. La organización informó que los encuentros confirmados representan el 64% de las agendas solicitadas.
Las reuniones fueron organizadas de manera individual, de acuerdo con los perfiles comerciales y las posibilidades concretas de vinculación entre las partes. En el espacio de inversiones estarán representadas actividades como minería, agroindustria, energía, economía del conocimiento, infraestructura, turismo y servicios, áreas que concentran proyectos y oportunidades de expansión para la economía provincial.
Con el lema “Diversidad y competitividad para conectar, inspirar y pensar en nuestro futuro”, el foro busca trascender la agenda institucional de la Fiesta Nacional del Sol y convertirse en una plataforma de negocios. La expectativa oficial es que los contactos establecidos puedan transformarse en operaciones comerciales, financiamiento para nuevos emprendimientos y proyectos de inversión capaces de ampliar la capacidad productiva y generar empleo en San Juan.
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